• ¿CÓMO TRABAJÓ LA COMISIÓN DE LA VERDAD
  EN COLOMBIA?
• HOW DID THE COLOMBIA TRUTH COMMISSION WORK?

Manuel Cardozo Ruidiaz / Thomas Fischer / Carolina López Giraldo / Salima Cure / Laly Catalina Peralta González / Diana Marcela Gómez Correal

Introducción

El 6 de julio de 2022 en la Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlín, República Federal de Alemania, fue presentado el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición del Conflicto en Colombia (en adelante CEV o Comisión) al público alemán. La cual acababa de cumplir su mandato el pasado 28 de junio. Fue el comisionado Leyner Palacios Asprilla el encargado de introducir el extenso trabajo de la Comisión, hablando de las afectaciones que el conflicto armado ha tenido sobre los pueblos étnicos colombianos. Palacios, oriundo del Chocó, una de las regiones más afectadas por la guerra en Colombia, víctima del conflicto que aún persiste y líder social, resaltó en su discurso la importancia del proceso de escucha que llevó a cabo la Comisión de la Verdad. Durante tres años y medio la Comisión escuchó más de 30 mil testimonios; se hicieron entrevistas individuales y colectivas con víctimas, pero también con responsables de hechos victimizantes y tercerxs civiles, entre lxs cuales se encontraban empresarios y políticos involucrados directa e indirectamente en la guerra. A los presentes en el evento se les explicó que estos testimonios constituían la base para reconstruir la verdad del pasado violento en Colombia, una verdad a la que se le sumaron más de diez mil informes de organizaciones de víctimas y de derechos humanos que le fueron entregados a la Comisión y que juntó con material documental de archivos institucionales y bibliografía. El resultado de la enorme tarea de la Comisión fue un monumental informe compartimentado en diez volúmenes, además de una plataforma transmedia digital, todo de acceso y descarga libre. Nunca antes una Comisión de la Verdad había sido comisionada por mandato para esclarecer un período tan extenso (1958 a 2016) que debía ser abordado en tres años y medio, muy poco tiempo en términos de planeación y ejecución investigativa, pero largo en términos de duración de estas instituciones transitorias. De hecho, esta ha sido la Comisión de la Verdad con duración más larga de las más de veinte comisiones que han sido creadas en el mundo después de 1983.

Como vemos, la CEV, si bien es una Comisión con todas las características que se le asignan conceptualmente a estas instituciones, como lo explica Thomas Fischer en el primer texto de este Foro de Debate, es a su vez una Comisión de la Verdad con múltiples singularidades, que ciertamente marcan una diferencia con las anteriores, sobre todo por el tipo de verdad que le fue comisionada y ciertamente en un país con una historia reciente no exenta de convulsión política y crisis humanitaria. La pandemia del COVID 19, la continuación del conflicto y un gobierno de evidente oposición a los acuerdos de paz del 2016 son solo algunos de los escenarios contextuales a los que se enfrentó la CEV.

Como lo expone Fischer, el punto de partida para las futuras comisiones fue la Comisión sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). En Argentina resulta el comienzo formal de este tipo de herramienta para reconstruir la violencia de dictaduras y guerras civiles. La CEV entonces es evidentemente una Comisión que ha aprendido de sus hermanas en otros países del mundo, aunque también, de anteriores comisiones de investigación en Colombia. Esto, además, queda en evidencia con la planeación estratégica de sus enfoques metodológicos, en los que los aportes del comisionado Alfredo Molano (Q.E.P.D.) fueron fundamentales por su conocimiento del país y las dinámicas del conflicto armado en Colombia. El cómo se construiría la verdad quedó plasmado en un texto que se hizo público en el 2019 con el título: “Lineamientos Metodológicos: escuchar, reconocer, y comprender para transformar”. En línea con los acuerdos firmados, la Comisión propuso unos enfoques estratégicos que, según sus propios diagnósticos, le aseguraría alcanzar los objetivos planteados de esclarecimiento, reconocimiento, convivencia, y no repetición. Para garantizar la inclusión de aquellas voces que no la había tenido y abarcar la mayor cantidad de víctimas, los comisionados propusieron un enfoque diferencial, con esto se aseguraban de no cometer el error de otras comisiones, de dejar por fuera de la narrativa de la verdad a víctimas como las mujeres, miembros de la comunidad LGTBIQ+, comunidades indígenas y negras, niñas, niños, adolescentes y los repertorios de violencia que los afectaron. Algunos de esos enfoques y estrategias metodológicas son tratados en este Foro de Debate por académicos que abordan, desde los ángulos teóricos y conceptuales de las disciplinas que representan y sus experiencias investigativas y laborales, las formas como se ejecutaron estas metodologías en las comunidades, no solo mostrando el lado humano de la tecnocracia transicional, sino también los grados de autonomía e imaginación burocrática en la agencia de sus miembros y las dinámicas con las comunidades locales.

El enfoque territorial, transversal a la Comisión y a los textos de este Foro de Debate, es abordado por Carolina López Giraldo, quien muestra en su texto cómo se constituyeron y ejecutaron los procesos para cumplir con los objetivos de reconocimiento y convivencia en la territorial del Eje Cafetero. La autora demuestra la importancia de la colaboración de movimientos sociales. No solo se trató de un trabajo de investigación, sino que se establecieron otros procesos de construcción de paz paralelos de enfoque psicosocial como los acuerdos y compromisos de convivencia y no repetición con diferentes sectores sociales a nivel territorial.

En el tercer texto, Salima Cure aborda el enfoque étnico de la CEV, su trabajo tomando los testimonios de mujeres indígenas de violencia sexual no solo le permitió comunicar el dolor de aquellas víctimas, visibilizando estas formas de violencia, sino que demuestra como la verdad surge de las interacciones sociales de confianza y afecto entre funcionarios y testimoniantes.

El enfoque de género, otro aspecto que destaca de esta Comisión, lo aborda Diana Marcela Gómez Correal, quien, a través de una lectura crítica del informe final, expone las contribuciones de la CEV al esclarecimiento de las violencias sufridas por las mujeres durante el conflcito armado en Colombia. Anexo a la exposición de hallazgos sobre los esclarecimientos de responsables y repertorios, la autora profundiza su análisis crítico señalando las debilidades en las formas de aplicar la perspectiva de género y la interseccional, y a la marcada prevalencia dentro de la narrativa de una mirada centrada casi exclusivamente en el patriarcado.

El quinto texto, es de Laly Catalina Peralta. Ella pone de relieve otro aporte novedoso de la CEV que va inspirar a las futuras comisiones de la verdad: los reconocimientos públicos de actos victimizantes de los responsables a sus víctimas. Laly Peralta trabaja la performancia pública de estos encuentros por la verdad, una estrategia comunicativa heredada de la Comisión sudafricana establecida en el año de 1998, pero que no solo sirve como estrategia comunicativa para sensibilizar a la población, sino como herramienta de tipo restaurativo para víctimas, familiares, pero también, como lo demuestra la autora, para los responsables de los hechos a recononocer.

Por último, tenemos el texto de Manuel Cardozo Ruidiaz quien aporta a este debate el concepto de elasticidad metodológica, a través de la exposición de cómo fueron estos lineamientos metodológicos de carácter general, adaptados e implementados por los equipos en los territorios. Cardozo identifica y caracteriza tres modelos que construye e implementa la CEV para cumplir con su mandato en los trabajos de investigación y esclarecimiento con las comunidades afectadas y los demás actores involucrados a nivel nacional.

Los organizadores de este Foro de Debate estamos conscientes de la existencia de otros temas que también valdrían la pena abordar. Por ejemplo, esta es la primera Comisión que trabajó el fenómeno del exilio y la injerencia internacional en un conflicto armado, y es también la primera vez que una Comisión tenía que enfrentarse al reto de construir e implementar estrategias digitales de divulgación para redes sociales y plataformas virtuales. Sin embargo, en esta ocasión, lo que proponemos desde este foro, es abrir con algunos ensayos ejemplares un debate en torno a la pregunta: ¿cómo trabajó la Comisión de la Verdad en Colombia? Como se verá, la CEV no era un cuerpo técnico que simplemente copió los saberes e instrumentos heredados de otras comisiones, sino también desarrolló sus propios enfoques y métodos a través de las práticas ajustadas a las múltiples realidades colombianas. De esta manera la CEV nos deja un legado con mucho potencial innovador. Esperamos generar discusiones y motivar otras investigaciones alrededor de un tema tan complejo íntimamente relacionado con la justicia transicional, la memoria, la historia y la construcción de paz.

Manuel Cardozo Ruidiaz /
Thomas Fischer

COMISIONES DE LA VERDAD, DE ARGENTINA A COLOMBIA

Siempre que actores influyentes quieran poner fin a una guerra civil o a una dictadura, hay que definir la relación con la violencia cometida en el pasado. Esto puede hacerse mediante una amnistía o el enjuiciamiento de algunos o, si es posible, de todos los responsables de violaciones de derechos humanos. Además, se suelen tomar en consideración otras medidas, como las reparaciones materiales o las lustraciones. En la scientific community también ha prevalecido la opinión de que hay que escuchar a las víctimas y hacerles justicia de esta manera. El instrumento con el que se ha hecho esto durante casi cuatro décadas son las llamadas “comisiones de la verdad”. De hecho, los agentes de los procesos de transición consideran que la verdad, junto con la justicia, no sólo es un medio indispensable de recuperar la dignidad para cada víctima, sino también una base común para la democratización de las sociedades. ¿Cómo se desarrollaron las comisiones de la verdad como instrumento para afrontar el pasado, qué son las comisiones de la verdad y cuál es su modus operandi? Me gustaría explorar estas tres preguntas en lo que sigue, partiendo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP, 1983-1984) de Argentina, que fue considerada por casi todas las comisiones de la verdad posteriores como la primera real y, de allí, como referente.

La CONADEP, como su nombre indica, surgió principalmente, como todas las posteriores, de necesidades locales. En el caso argentino la necesidad consistía en saber qué había pasado con lxs desaparecidxs durante la dictadura. Hasta entonces no existía una teoría y/o un concepto sobre la utilidad, el diseño y el impacto de las comisiones de la verdad. Los miembros de la CONADEP entonces no conocían un modelo al que pudieran referirse explícitamente y aplicarlo. Según Emilio Ariel Crenzel, quien está publicando sobre esta entidad desde la edición de su monografía en 2008, el presidente electo Raúl Alfonsín pretendió haber desarrollado la idea él mismo. Aunque las circunstancias exactas del surgimiento de esta Comisión no se han podido esclarecer con precisión hasta el día de hoy, se puede resaltar que su composición, su duración y su mandato fueron determinados por un círculo relativamente pequeño de responsables legitimados democráticamente. Los 13 miembros que finalmente asumieron el trabajo eran, cómo alega Crenzel en un ensayo del año de 2016 “figuras públicas prestigiosas del mundo del periodismo, el derecho, la cultura, y la ciencia y los religiosos representaban a tres cultos significativos, el católico, el protestante y el judío”.

Alfonsín dio a la CONADEP una base legal con el decreto presidencial n.º 187 del 15 de diciembre de 1983. Entre otras cosas, en este documento se esbozaba el mandato, la relación con el poder judicial, las autoridades, el gobierno y el parlamento, la elección de un presidente de la Comisión y el establecimiento de secretarías temáticas. Sin embargo, los procedimientos se mantuvieron en gran medida abiertos, de modo que la sede en el Centro Cultural San Martín de la Ciudad de Buenos Aires y las seis secretarías temáticas gozaron de una libertad relativamente grande para llevar a cabo su tarea. La CONADEP no trabajó a escala nacional de manera sistemática –los recursos humanos, financieros y de tiempo eran insuficientes para ello– pero, eso sí, se esforzó por realizar también investigaciones sobre el terreno en muchas partes del país. De hecho, a lo largo de los 280 días disponibles (tras una prórroga de 100 días), con el apoyo de 90 funcionarios y delegaciones, recogió pruebas de los registros policiales y carcelarios, así como testimonios de sobrevivientes, familiares, otros testigos y organizaciones de derechos humanos (algunas de las cuales se mostraron escépticas al principio sobre las posibilidades de éxito de la Comisión, aunque la mayoría cooperó). En adición, La CONADEP, muchas veces acompañada por testigos presenciales sobrevivientes, visitó varios lugares donde se iniciaron o cometieron los crímenes, especialmente los Centros Clandestinos de Detención (o lo que quedó de ellos). Aquí es donde las víctimas habían sido llevadas, donde habían sido torturadas y a menudo asesinadas. También buscó en los cementerios los nombres de las personas desaparecidas. Esto amplió la lista de los desaparecidos.

Una vez llevado a cabo los testimonios y recogido otros documentos, había que ordenar los materiales. La primera categorización se basó en los lugares de los crímenes, los Centros Clandestinos de Detención. En un segundo paso, el material se clasificó en función de las víctimas y los victimarios, por lo que los actos se asignaron a un delito legalmente utilizable cometido por una persona o una institución. En este proceso, el trabajo preliminar de las organizaciones de derechos humanos y de sobrevivientes servía de guía y marco. A continuación, la documentación se recopiló, según Crenzel, en “paquetes” y, en seguida, el “corpus probatorio” se puso a disposición de la justicia civil. La colección y la organización de pruebas de los crímenes cometidos durante la dictadura y para comprender los hechos, tenía también una dimensión material, ya que se utilizaron procesadores informáticos de textos y reconocimientos de imágenes.

El trabajo de escuchar testimonios y de documentar y clasificar los materiales conformó la base para la redacción del informe final “Nunca Más”. Esta publicación mostró por primera vez el alcance de los graves delitos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad. El prefacio dejaba claro que no se trataba de excesos individuales, sino de un proyecto con “una metodología del terror planificada por los altos mandos”. Debido al gran eco en el país y en el extranjero, poderosos responsables se vieron sentados en el banquillo de los acusados, primero moralmente, y en 1985 también en los procesos judiciales. Tras las condenas ejemplares, los crímenes cometidos también se enmarcaron en términos de Estado de Derecho.

La CONADEP es percibida por la mayoría de la comunidad epistemológica de las comisiones de la verdad como el inicio de una fase mundial de transiciones democráticas marcada, entre otras medidas tomadas, por las comisiones de la verdad. Podríamos decir que cada vez más existe un consenso que los procesos de democratización suelen ser acompañados por comisiones de la verdad. Con respecto a América Latina, Crenzel incluso asume que la CONADEP era un modelo para las siguientes comisiones. Puntualiza en el texto que ya mencioné que esta entidad haya establecido “técnicas de investigación” adoptadas por las comisiones de la verdad posteriores. Aparte de la CONADEP, la South African Truth and Reconciliation Commission (TRC, 1996-1998) es otra Comisión que sigue siendo un referente importante para las y los especialistas. La TRC adquirió notoriedad debido a sus poderes especiales, ya que se le permitió ofrecer amnistía a los delincuentes a cambio de contar la verdad. Esto significaba que la fuerza moral de la verdad publicada en situaciones específicas de transición se consideraba más importante y sostenible que castigar a los delincuentes privándolos de su libertad. Sobre todo, esta innovación originó, dice Anne Krüger en su monografía sobre las comisiones de la verdad publicada en el año de 2014, que la TRC sería también “un modelo a seguir por las comisiones”. La misma autora constata que al tratar el pasado violento de las comisiones de la verdad se hallan difundidos a nivel global con “un estándar generalizado en el repertorio de posibles medidas”. Según ella y Stefan Scheuzger eso se debía gracias a la formación de una comunidad transnacional y una red de expertos, la institucionalización de los conocimientos y el acordarse de un lenguaje y categorías en común. De hecho, las Naciones Unidas empezaron a recomendar explícitamente las comisiones de la verdad como componentes de su enfoque de justicia transicional a más tardar a finales de la primera década del nuevo milenio. Además, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, en conjunto con la Comisión de la Verdad de Brasil y la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil en Brasilia, publicaron en el año de 2013 una especie de guía para el establecimiento e implementación gradual de una comisión de la verdad.

Se pueden entonces mencionar las siguientes características que casi todas las comisiones de la verdad tienen en común:

• Las comisiones de la verdad son entidades temporales –normalmente entre uno y tres años– que gozan de una relativa autonomía.
• Su legitimidad deriva del hecho de que gobiernos elegidos nombran sus miembros (aunque, como muestran, por ejemplo, los casos de Marruecos, El Salvador y Guatemala, la presión y la participación internacional puede ser considerable).
• El proceso de establecer comisiones tiene una base jurídica.
• Por lo general las comisiones de la verdad están compuestas por un limitado grupo de personas que representan sectores de la sociedad civil y, además, son expertas y expertos en temas que abarcan estas entidades, en su mayoría abogadas y abogados, politólogas y politólogos y a veces antropólogas y antropólogos y/o etnólogas y etnólogos.
• Para cumplir con su mandato los miembros de las comisiones deben concertarse acerca de cómo se toman las decisiones.
• Además, se ponen de acuerdo de una metodología que se adopta, conforme con los conocimientos previos de sus miembros. El desarrollo de la metodología está influido también por otros factores: las personas que se contratan y con las que se colabora, los lugares y las condiciones de trabajo para llevar a cabo las actividades, los espacios de conocimientos y saberes en los que se mueven, la colaboración con terceros, y la comunicación hacia adentro y afuera.
• En búsqueda de la verdad de lo que ha pasado, es crucial cómo las comisiones escuchan a las víctimas y organizan, clasifican y documentan sus testimonios.
• Juntos con los testimonios de otros testigos y perpetradores, así como de movimientos sociales y organizaciones reconstruyen los hechos violentos cometidos en el pasado, siempre cooperando con las autoridades, el gobierno, el parlamento, los tribunales, las organizaciones no gubernamentales, particulares y entidades trans e internacionales.
• Dan a conocer en actos públicos, oficiales y simbólicos, así como a través de publicaciones lo que han encontrado. Ponen de relieve a las víctimas agraviadas y los daños físicos, emocionales y materiales que se les ha causado. Tras reconocer la injusticia que les ha pasado quieren devolverles algo de la dignidad que han perdido o que nunca han tenido.
• No pueden dictar sentencias judiciales en contra de los autores de los crímenes, pero como instrumento de justicia transicional son complementarias a las medidas legales.
• Las comisiones de la verdad no sólo se dirigen a las víctimas, sino que intentan influir con su informe final en la percepción y conciencia de toda la población.
• Los informes finales son una síntesis de los hechos reconstruidos a través del trabajo de las comisiones. Para elaborar, escribir y redactarlas los miembros de las comisiones tienen que ponerse de acuerdo sobre la división de trabajo, la composición de la obra y su lenguaje.
• Más allá de la recopilación de hechos, los informes de la verdad suelen dar una interpretación oficial de la historia. En su narrativa las comisiones de la verdad quieren explicar a la población por qué los conflictos estallaron y cómo los crímenes se produjeron, qué formas y dimensiones adoptó la violencia, quiénes fueron los autores principales y quiénes las víctimas. Dado que la verdad absoluta no existe, sus relatos tienden a seguir una lógica de compromiso. En ello los imprevistos y las disputas internas y con actores externos también juegan un papel. De este modo, reconstruyen y construyen la verdad al mismo tiempo. Es decir, proporcionan la verdad posible dentro del marco temporal, personal, financiero y político dado.
• Al hacer público los resultados de sus investigaciones, las comisiones entonces quieren invalidar la interpretación impuesta por la fuerza (intimidación, censura, persecución de periodistas críticos) y reforzar la interpretación reprimida y/o silenciada al no darles voz a las víctimas. Se asume que la ampliación de los espacios de posibilidad de las víctimas mediante el establecimiento de narrativas alternativas es un requisito importante para los intentos de superar los traumas individuales y colectivos, la recuperación de la confianza de los afectados para una configuración conjunta del futuro y los posteriores procesos de reconciliación.
• Se aspira a que los informes finales de las comisiones de la verdad se reciban y se difundan por los gobiernos y el aparato administrativo estatal y que las recomendaciones formuladas en ellos se implementen para proporcionar reparaciones materiales a las víctimas y prevenir futuras violaciones a través de reformas estructurales. No obstante, es probable que las tensiones y las luchas por el pasado persistan. Las interpretaciones de los violentos y sus seguidores pueden seguir circulando como “verdades alternativas”.
• Junto a otras medidas como la creación de monumentos conmemorativos, la denominación de lugares y calles, la apertura de exposiciones en museos y la redacción de guías para enseñar la historia reciente en las escuelas para las futuras generaciones, las comisiones de la verdad son iniciativas y referentes con los que se pretende una transformación sostenible de la memoria colectiva y la consciencia de toda la población, especialmente también de las y los jóvenes. Son –en la terminología de la Justicia Transicional– un componente central para el establecimiento del orden entendido como justo conforme con los criterios de la justicia restaurativa.

De la presencia a nivel mundial de las comisiones de la verdad con las características que acabamos de mencionar, algunas investigaciones, como las ya mencionadas de Anne Krüger y Stefan Scheuzger, deducen que estas siguen un patrón cada vez más estandarizado. Otra línea de investigación, que da prioridad a los estudios de casos, hace hincapié en las diferencias específicas de cada país, determinadas por las dinámicas locales. Como demostraron las investigaciones de Priscilla Hayner, las comisiones posteriores a la argentina variaron considerablemente en cuanto a legitimidad política, diseño institucional, financiación, mandato, personal, funcionamiento y duración de la misión, debido a las diferentes exigencias locales y condiciones iniciales. Los estudios de casos, que tienden a ser etnográficos, densamente descriptivos y a menudo adaptando una perspectiva local, destacan por tanto las especificidades del contexto.

Las contribuciones publicadas en este Foro de Debate sobre el ejemplo de La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) en Colombia están comprometidas con esta última perspectiva. La decisión de fundar la CEV fue tomada en las negociaciones entre la guerrilla FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana que terminaron con el Tratado de Paz de 2016. La CEV se considera como pilar importante en el Sistema Integral de Paz. Los ensayos de este Foro intentan destacar las especificidades y dinámicas nacionales y locales (“territoriales” en la terminología colombiana) de la Comisión, comprometidas con las comunidades afectadas, relacionadas con el género, la etnia, la juventud, así como las institucionales. Al hacerlo, no hay que olvidar la larga experiencia de la comunidad de expertos y expertas colombianos con diferentes entidades nacionales en tiempos pasados para afrontar los conflictos violentos, que en este país parecen eternos. También se incluyen perspectivas transnacionales e internacionales. Con todo, las autoras y los autores de este Foro de Debate, al centrarse en la evolución del método y las prácticas debidos, se interesan por las particularidades y los aspectos innovadores de la CEV.

Thomas Fischer

ENFOQUE TERRITORIAL DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD
COLOMBIANA EN EL EJE CAFETERO

El enfoque territorial guio el trabajo de la de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en los procesos de esclarecimiento y reconocimiento de la verdad. Este enfoque planteó un despliegue nacional de la CEV en macroterritoriales, con el fin de llegar a los lugares de conflicto, permitiéndole la comprensión de estos territorios y la escucha de las víctimas y, además los responsables y la sociedad en su conjunto. Este enfoque permitió, la participación ampliada de diferentes actores sociales e institucionales y esclarecer los patrones y contextos explicativos de la violencia ejercida y sufrida que influyeron en las dinámicas del conflicto armado y los hechos de victimización. Los territorios fueron concebidos por la CEV como un espacio de interacción social donde tenían (y en varios espacios siguen teniendo) lugar los conflictos y donde se espera que se consolide la convivencia, la no repetición y la lucha permanente por la construcción de paz.

La CEV tenía su sede principal en Bogotá. Su despliegue territorial fue dinámico y cambió durante su periodo de mandato, en un comienzo se organizó en nueve macro territorios. Esta organización espacial terminó en la creación de casas de la verdad repartidas en 11 macroterritoriales y un nodo internacional (como puede verse en: https://web.comisiondelaverdad.co/en-los-territorios/despliegue-territorial). Además, la noción de territorio se usa también para entidades geográficas más pequeñas que tienen algunas particularidades acerca del conflicto y los esfuerzos de superarlo en común. Lo territorial entonces es un concepto heurístico y pragmático con el que se quieren tener en cuenta las realidades y necesidades locales. Dicho eso, mi objetivo es describir los alcances y retos de la implementación de este enfoque en una de estas territoriales, la del Eje Cafetero, adscrita a la macroterritorial Antioquia-Eje Cafetero, la cual estuvo coordinada por el comisionado Alejandro Valencia Villa y la cual trabajó muy de cerca con la macroterritorial del Magdalena Medio, coordinada por la comisionada Lucía González, debido a que estas macro territoriales compartían dinámicas de afectación por grupos armados involucrados en el conflicto dinámicas de articulación que se llevaron a cabo a través de una Casa de la Verdad con sede en Pereira, Risaralda y otra Casa de la Verdad con sede en La Dorada, Caldas.

El Eje Cafetero es una región conformada por tres departamentos: Caldas, Quindío y Risaralda, constituidos por 53 municipios de los cuales 27 corresponden a Caldas, 12 a Quindío y 14 a Risaralda. Es una región que históricamente ha fundamentado su economía en la producción de café, aunque también dispone de gran riqueza minera, hídrica, y tierras fértiles para la producción agropecuaria y agroindustrial. En el Eje Cafetero según el Registro Único de Víctimas RUV 257.703 personas son víctimas del conflicto armado interno, los hechos de victimización más frecuentes fueron: desplazamiento forzado, homicidios, desaparición forzada, reclutamiento ilícito, entre otros. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras reconoce las víctimas desde el 1 de enero de 1985 y hasta la actualidad.

En las montañas del Eje Cafetero, territorios que se caracterizan por el negacionismo y el silenciamiento de las dinámicas e impactos del conflicto armado interno; silenciamientos impuestos desde las élites políticas y económicas de la región, y los medios de comunicación nacionales, regionales y locales, se abrió paso el proceso de esclarecimiento de la verdad a inicios del 2020. En el Eje Cafetero se había conformado un proceso organizativo denominado Plataforma por la Verdad, espacio de confluencia de organizaciones de víctimas, Derechos Humanos, sociales y académicas. Desde este proceso participe activamente en el desarrollo de una estrategia de incidencia política a través de diferentes eventos, reuniones estratégicas y eventos públicos de visibilización de las dinámicas y afectaciones del conflicto armado en la región del Eje Cafetero, todos con participación de algunos comisionadxs y funcionarixs de la CEV. Eso sucedió en un territorio reconocido nacionalmente como un “remanso de paz” o un “laboratorio de paz”, en donde el conflicto armado nunca había existido. El resultado del proceso de incidencia fue la aprobación de un equipo territorial de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para la región del Eje Cafetero. Este logro permitió descentralizar el trabajo macroterritorial entre Antioquia y el Eje Cafetero, abrir una Casa de la Verdad en Pereira, capital del departamento de Risaralda, y crear un equipo humano encargado de liderar el proceso de esclarecimiento y reconocimiento en los departamentos de la región del Eje Cafetero: Caldas, Quindío y Risaralda.

Dentro de los alcances de este enfoque territorial estuvo la posibilidad de trabajar con las organizaciones de base, instituciones y líderes que conformaron una red de aliados. Así se aseguró que su participación fuese activa y plural en el proceso de construcción de verdad, garantías de no repetición y construcción de paz territorial. El funcionamiento territorial y descentralizado de las instituciones del Estado era un intento para reconstruir la confianza, legitimidad y credibilidad en las instituciones después de más de 60 años en los cuales se dieron dinámicas muy complejas de abandono o ausencia del Estado, militarización de la vida social, violación de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cooptación del Estado por parte de grupos paramilitares o guerrillas que ordenaron, controlaron y gobernaron muchos municipios y departamentos.

Para las víctimas y sus familiares, romper el silencio implicaba necesariamente la labor de apalabrar el dolor, la ausencia, el daño, la tristeza, la incertidumbre, entre otros sentimientos y emociones que devienen como consecuencia directa de la victimización sufrida. Recuperar la voz, la capacidad de nombrar, contar lo vivido, dialogar con las instituciones y actores sociales diversos, y hacer visible lo que pasó en estos territorios que no han sido silenciosos, sino silenciados por los actores del conflicto.

En el documento de la CEV Lineamientos metodológicos. Escuchar, reconocer y comprender para transformar del año 2019, página 12, se establecieron los siguientes objetivos de la Comisión: esclarecimiento de la verdad, reconocimiento de víctimas y de los responsables, e impulsar la convivencia y la no repetición de lo sucedido. Para cumplir estos objetivos se planteó el enfoque territorial ya mencionado que permitiera al organismo tener presencia en las zonas afectadas por la guerra. Al respecto se anota en los Lineamientos (2019:58): “La dimensión territorial es un elemento central en los objetivos de la Comisión. Se trata de una comprensión de los territorios para promover el esclarecimiento de la verdad; es allí donde debe escucharse a las víctimas. Por eso, la Comisión enfatiza la importancia de esta dimensión para su trabajo misional y asume el territorio como un espacio que se transforma en medio de un proceso histórico y que enfatiza su condición dinámica, su heterogeneidad y el reconocimiento de sus fronteras como móviles y fluidas”. De esta forma podemos ver que entiende la CEV por territorio, un concepto que parece contener varios elementos, uno geográfico y otro histórico social que hace referencia a la apropiación de lo geográfico por parte de las comunidades que habitan los espacios. Estos son diversos social y culturalmente, donde el conflicto ha tenido diferentes afectaciones sobre ellos dependiendo el periodo histórico y los actores armados que ejercieron control.

A nivel de trabajo con las comunidades, la implementación de este enfoque implicó un proceso de organización interna en el equipo territorial de la CEV en el Eje Cafetero. Se decidió que una parte del equipo se dedicara al liderazgo del primer objetivo relacionado con el esclarecimiento de la verdad, la escucha plural y la elaboración de una explicación comprensiva sobre la gravedad de lo sucedido. Debería enunciar hipótesis, patrones y contextos explicativos como insumos para la construcción de una narrativa de la verdad. La otra parte del equipo se enfocó en los objetivos de reconocimiento y dignificación de las víctimas, las responsabilidades individuales y colectivas y el reconocimiento de la sociedad en su conjunto. Debía promover la convivencia y aportar contribuciones para la no repetición. Para la implementación de los procesos de reconocimiento la CEV creó una serie de estrategias como los actos públicos y privados de reconocimiento, encuentros por la verdad y el diálogo social. A continuación, hago referencia especialmente a la estrategia de encuentros por la verdad y diálogo social, dado que se implementaron significativamente en territorio herramientas metodológicas tales como mesas de diálogo social y El Baúl de la Esperanza. El objetivo de esclarecimiento implicó labores relacionadas con la centralización, revisión y análisis de diferentes archivos y documentos de fuentes secundarias relacionadas con el conflicto armado, la violencia, y la construcción de paz. Se realizaron entrevistas individuales y colectivas a víctimas, responsables, académicos, líderes, organizaciones, y funcionarios que aportaron desde las experiencias vividas, los estudios e investigaciones realizados para la documentación de los contextos, dinámicas, causas, responsables, impactos y afectaciones del conflicto armado interno en Caldas, Quindío y Risaralda. Posteriormente se triangularon fuentes primarias y secundarias de información. El trabajo liderado por el equipo territorial de la CEV implicó que desde el principio se establecieran hipótesis explicativas y comprensivas de la persistencia, continuidad y múltiples reconfiguraciones del conflicto armado en el Eje Cafetero. Estas hipótesis que iluminaron el proceso de esclarecimiento de la verdad fueron: existencia de repertorios diferenciales del conflicto armado en contextos territoriales diversos, en los cuales se han configurado expresiones locales, regionales y nacionales de la guerra; correlación entre legalidad e ilegalidad como insumo generador del conflicto armado y violencia; cooptación de la institucionalidad; mimesis adaptativa de los actores ilegales en la vida política y social de la región; elites ilegales invisibles; invisibilización regional de la guerra y sus impactos. Este trabajo liderado desde el equipo de la Comisión en el Eje Cafetero, y desde la macroterritorial en articulación con Antioquía, fue contrastado y retroalimentado de manera constante con mesas asesoras de académicos e investigadores de Caldas, Quindío y Risaralda.

El grupo de reconocimiento, generó Encuentros por la Verdad y Diálogo Social con las comunidades. Asimismo, la Comisión en el territorio convocó a la consolidación de mesas de diálogo social entre diversos actores sociales e institucionales para posibilitar el encuentro desde el reconocimiento, reflexión y acción colectiva. Algunas de las mesas de diálogo social en el Eje Cafetero fueron: Niñas, Niños y Adolescentes; Mujeres; y Criminalidad Estatal. Fueron espacios de escucha, pedagogía y construcción de rutas de trabajo donde memorias, voces y pensamientos diferentes se encontraban. Allí se emplearon el arte, la poesía, la música y el teatro como medios para esclarecer y reconocer la verdad, acoger la esperanza del cambio, y reafirmar el compromiso con las garantías de no repetición.

El diálogo social en el territorio, se articulaba a su vez con actividades planeadas a nivel nacional por la CEV como los Diálogos para la No Continuidad y la No Repetición del conflicto armado. En el Eje Cafetero se priorizaron los siguientes diálogos: Conflictos territoriales: una guerra silenciada; Ejecuciones extrajudiciales: Una verdad silenciada en el Eje Cafetero; Larga vida a líderes y lideresas: reflexiones sobre su situación en el Eje Cafetero; Diálogo de no repetición sobre violencia urbana. La metodología general contenida en los Lineamientos implicó la priorización y conversación con diferentes actores sociales e institucionales de los territorios acerca de algunos de los principales factores de persistencia del conflicto armado, así como las amenazas y sus riesgos de continuidad: conflictos territoriales, violencia política, ejecuciones extrajudiciales, y violencia urbana fueron los factores identificados. Esta persistencia del conflicto es quizás uno de los mayores retos, no de la CEV, sino de la sociedad colombiana en su camino hacia la consolidación de una paz estable y duradera en el territorio. El equipo territorial de la CEV orientó estos diálogos hacia la profundización de los fenómenos, el reconocimiento de los conflictos irresueltos, los contextos explicativos de los patrones continuados de violencia, y el reconocimiento de los impactos y afectaciones, así como de las múltiples formas de resistencia, resiliencia y afrontamiento positivo de la conflictividad desde las personas, organizaciones y comunidades.

En respuesta a los objetivos de la Comisión: reconocimiento, promoción de la convivencia y contribuciones a la no repetición, el equipo territorial de la CEV en el Eje Cafetero creó e implementó “El Baúl de la Esperanza”, una herramienta metodológica con gran acogida en el territorio. Fue empleada para resguardar la esperanza del porvenir a través de la discusión de ideas, propuestas, compromisos, y demandas al Estado para que el conflicto armado nunca más se repita en la región. Esta iniciativa estuvo mediada por la metáfora del baúl, para materializarla se empleó una caja de madera fina en la que nuestros abuelos y abuelas en el pasado reciente guardaron bajo llave las cosas más importantes y significativas de ellos mismos y sus familias: fotografías, documentos, ropa y zapatos para ocasiones especiales, entre otros. El baúl se constituyó en un elemento simbólico por medio del cual se convocó a la comunidad a participar en un proceso en el que a través de múltiples formatos, entre ellos: videos, audios, cartas, poesías, documentos, canciones, etc. se hicieron significativos aportes para construir agendas de no repetición para el territorio (véase la página web El Baúl de la Esperanza: https://elbauldelaesperanza.co/).

Las cumbres por la verdad que se realizaron en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda a finales del 2021, permitieron reconocer los avances preliminares del trabajo de la CEV en el Eje Cafetero, y escalar la discusión entre diferentes sectores e instituciones de la sociedad frente a las implicaciones y retos de no repetición. Este proceso participativo, contribuyó a que se gestará una iniciativa de incidencia social y política denominada Pacto por la No Continuidad y No Repetición del conflicto armado. Se trata de un documento que recoge los ejes, retos y desafíos que implican la confluencia y compromiso de organizaciones sociales, víctimas, Derechos Humanos, étnicas, academia, instituciones del Estado, líderes sociales, ambientales, sindicales que participaron y firmaron los acuerdos de convivencia y compromisos de no repetición. Los ejes de este Pacto por la No Repetición eran: compromiso por la superación de los conflictos asociados a uso, acceso y propiedad de la tierra; compromisos para la superación de la violencia en contextos rurales y urbanos; compromiso para la protección y reconocimiento de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y población LGTBIQ+; compromiso cultural, pedagógico y comunicativo; compromiso institucional en los territorios; compromiso para la apropiación del legado de la Comisión de la Verdad.

En el volumen territorial del informe final de la CEV Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado se incluye el informe final del Eje Cafetero. Es un documento que busca contribuir al esclarecimiento y entendimiento de las causas, contextos, dinámicas y configuraciones del conflicto armado en la región desde mediados de los años cuarenta hasta la actualidad https://www.comisiondelaverdad.co/colombia-adentro-1.

Con todo, puede resumirse que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad ha cumplido su periodo y ha entregado a Colombia y al mundo un informe final profundo que permite mirar hacia el pasado, con la mirada fija en el presente, y una apuesta comprometida con un futuro en paz en el territorio colombiano. En palabras del padre Francisco de Roux, presidente de la CEV en la Declaración del informe final el pasado 28 de junio

Un mensaje de verdad para detener la tragedia intolerable de un conflicto en el que el ochenta por ciento de las víctimas han sido civiles no combatientes y en el que menos del dos por ciento de las muertes ha ocurrido en combate (…) No podemos aceptar la alternativa de seguir acumulando vidas despedazadas, desaparecidas, excluidas y exiliadas. No podemos seguir en el conflicto armado que se transforma todos los días y nos devora. No podemos postergar, como ya hicimos después de millones de víctimas, el día en que “la paz sea un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento”, como lo expresa nuestra Constitución.

Sin embargo, apropiar socialmente este informe y hacer de la verdad un bien público dentro y fuera del territorio nacional, es un gran reto. De hecho, continuar con la labor de la CEV, Trabajo en Red con Aliados (TRA), es uno de los principales retos. La CEV contribuyó a generar oportunidades de encuentro, reconocimiento entre actores sociales diversos de los diferentes municipios y subregiones de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, además de movilizar diálogos sociales regionales a nivel Eje Cafetero. Este avance aporta a la reconstrucción del tejido social e interinstitucional, la confianza, reconocimiento y posibilidades de trabajo articulado para la consolidación de la paz territorial. Desde los hallazgos y recomendaciones del informe final de la CEV es importante concertar agendas territoriales de investigación, formación, acción social y política, agendas que sean apropiadas por los diferentes aliados, tejiendo redes de apoyo en los niveles local y regional.

Un reto social es continuar el trabajo de la CEV a través de encuentros por la verdad y el diálogo social. La verdad no llega con el informe final, pues este se constituye en el punto de partida para motivar conversaciones públicas, debates, y reflexiones individuales y colectivas que conlleven a que la sociedad tenga una comprensión frente a verdades que expliquen algunas de las cuestiones pendientes: ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quiénes lo hicieron, cuál es su responsabilidad? y ¿Qué hacer para que no siga pasando? Realmente, esta es la oportunidad para territorializar la verdad a través de diferentes eventos por la verdad que vinculen a la sociedad colombiana en los territorios. Entendiendo las particularidades de la región, lo cual implica necesariamente asumir que la mayoría de la gente no tienen hábitos de lectura, y en no pocas veces la población campesina, indígena y muchas otras personas no tienen conocimientos básicos para leer, ni escribir, así que deben explorarse múltiples lenguajes para llegar a la gente, y el arte y la cultura que tienen ilimitadas posibilidades de creación deben tener un lugar especial en este gran reto.

Es importante señalar que en la región del Eje Cafetero no ha sido posible consolidar iniciativas orientadas al reconocimiento, encuentro y diálogo entre víctimas y responsables directos e indirectos del conflicto armado. Este es un reto que conlleva necesariamente un llamado a liderar y generar iniciativas. Se debe dar continuidad a los espacios de diálogo social generados por la comisión puesto que resultan indispensables para documentar, hacer monitoreo permanente e incidencia social y política sobre los factores de persistencia y los procesos de reconfiguración del conflicto armado en el Eje Cafetero.

Lo territorial le dio la posibilidad al organismo de adaptarse al contexto político social con el que se enfrentó, de diagnosticar el conflicto tanto a nivel nacional como local. Si bien existe una metodología general, los grupos de la Comisión en los territorios contaron con la posibilidad de crear herramientas más específicas y adecuadas para el trabajo comisionado, que se adaptaran mejor a la diversidad y singularidad de los contextos de las comunidades. El Baúl de la Esperanza es un claro ejemplo de la adaptación metodológica. Como retos principales están la continuación de los procesos y el cumplimiento de los compromisos establecidos para la construcción de paz en el territorio.

Carolina López Giraldo

LA VERDAD DESDE LAS HUELLAS CORPORALES

La violencia sexual en la Amazonía se inscribe en el contínuum de violencias que viven las mujeres al interno de una sociedad machista como la colombiana. En el contexto del conflicto, ésta fue multicausal, operando tanto como estrategia definida por un grupo armado, como sucedió con la seducción y el enamoramiento para reclutar jóvenes, o como la violencia reproductiva obligando a la planificación, esterilización o abortos forzados en las filas guerrilleras, o como estrategia de aniquilación ejecutadas por grupos paramilitares para la destrucción del enemigo. En esos casos se evidenció una racionalidad que instrumentalizó la violencia sexual para alcanzar ventajas militares con diversas finalidades como las de dominar, regular, castigar, cohesionar. Así mismo, la violencia sexual operó como una práctica no determinada, oportunista, ampliamente tolerada y fomentada entre pares, sin que esto correspondiera necesariamente a órdenes. Ocurrió también que ejércitos estatales ubicados en cercanías de comunidades indígenas ejercieron esas violencias sexuales contra mujeres en forma de enamoramientos y acosos sexuales, quedando muchas niñas y jóvenes embarazadas y criando sus hijos solas.

Las afectaciones de estas violencias se dieron tanto a nivel individual: en lo emocional, lo físico, lo psicológico, la frustración de proyectos de vida y la victimización de hijas e hijos, como a nivel colectivo, incidiendo en desplazamientos forzados, territorios abandonados y cargados con connotaciones de peligro. Las violencias sexuales contra las mujeres indígenas, como ellas mismas lo han dicho, fueron ejercitadas en ese sentido contra el mismo territorio; territorio que fue ocupado, desgarrado, desestructurado en sus vivencias cotidianas.

Me dedicaré en las próximas páginas a un entramado más íntimo de la exploración realizada junto con las mujeres, a quienes, aunque no escribo sus nombres, les dedico estas líneas de admiración por la dignidad con la cual han afrontado lo vivido.

Sin un lugar fijo ni oficial. El equipo del que hacía parte era multidisciplinar y copiosamente femenino, integrado por 12-14 personas. Considerando que nos ocupábamos de toda la Amazonía, o bien, seis extensos departamentos del país y de no fácil recorrido, el equipo era pequeño, lo que influyó en las capacidades humanas, y capitales, para lograr hacer más itinerarios y encuentros con más gente. La gran mayoría del equipo estaba en Bogotá, y otros estábamos entre Putumayo y Amazonas. Yo trabajaba en la ciudad de Leticia, allí no había una casa de la verdad, o bien, un lugar institucional que representara a la Comisión como si había en otros territorios, me tocaba apoyarme en la Personería o en la Pastoral Social para realizar las entrevistas. Pero, cuando las personas no lograban ir en los horarios de oficina, los invitaba a venir a mi casa, por lo que no siempre fue posible lograr una separación entre el espacio público e íntimo para la elaboración de las afectaciones que conlleva compartir dolores. Y esto, más que ser una señalación personal, indica que muchos de los que trabajábamos en la Comisión tuvimos que vivir en soledad malestares emocionales sin mucha preparación. Dificultad de no poca envergadura porque estábamos trabajando con personas que habían pasado por situaciones bastante difíciles, por lo que la empatía, la escucha atenta y el cuidado debían prevalecer sobre cualquier otra cosa. Me preguntó ¿cómo habrán afrontado mis colegas ese agotamiento que produce abrirse a los dolores de los otros sin sucumbir? Además, porque existe el riesgo de no querer escuchar más cuando nos colmamos de historias fatídicas como las que componen la gran narrativa del conflicto armado colombiano.

Afortunadamente, mi formación en antropología me ha permitido entrenarme en el arte de la escucha atenta como acto fundamental para la comprensión de diversos sentidos de mundo, sin embargo, al no estar realizando una investigación académica, con la posibilidad de discernir sobre tiempos y espacios para realizar las entrevistas en toda su complejidad, afrontaba, haciéndolo al interno de una institución, retos emocionales y metodológicos para lograr encontrar, en un rango de tiempo corto, un máximo de personas afectadas por una diversidad de violencias. En lo que respecta al tema de la violencia sexual, fue aún más difícil lidiar con los plazos fijos institucionales, pues la construcción de esa confianza requiere tiempos más extensos. Jugaron a mi favor los casi 10 años de vida, estudio y trabajo en Leticia que me permitieron tejer redes con un sinnúmero de mujeres indígenas que fueron fundamentales para entrar en contacto con otras mujeres que habían sufrido dichas violencias.

Ahora bien, vale la penar evidenciar que, no obstante los formatos para realizar las entrevistas estaban bien hechos, en cuanto permitían una conversación abierta que no se detenía en el detalle del hecho o los hechos ocurridos, sino que permitía contextualizar la trayectoria de la persona, de la comunidad, la historicidad de los eventos y las respuestas agenciadas ante las violencias, no lograba plasmar en ellos la intensidad de las huellas que las violencias sexuales habían dejado en los cuerpos y las vidas de las mujeres que encontré. Igualmente, no permitía evidenciar con suficiencia, las perspectivas particulares de las mujeres indígenas para expresar en sus propios lenguajes las violencias sexuales sufridas.

Sumémosle a esto que el segundo año de trabajo se desarrolló en el contexto de la pandemia del Covid 19, lo que imposibilitó la realización de entrevistas presenciales, por lo que debieron hacerse en formato virtual o telefónicamente. Nada más frío que conversar sobre violencias sexuales en dichos modos, a veces no sabía cómo preguntar o nombrar las cosas ante la carencia de cuerpos físicos, los silencios eran aún más intensos. Me pregunto sobre esa verdad, esas verdades, que salieron de esos encuentros y cómo poder expresarla desde la corporeidad de esas mujeres? Intento en las próximas páginas ahondar sobre estos cuestionamientos.

Huellas en el cuerpo. El volumen testimonial del informe final la Comisión, llamado En ese tiempo los pájaros no contaban, (2022) editado por el comisionado Alejandro Castillejo, constituye un valioso esfuerzo por enunciar las personas y sus historias desde ángulos diversos, desde los silencios, desde palabras o frases sugestivas que develan sentidos profundos sobre las experiencias de violencia vividas, así como en el modo de afrontarlas. Me inspiró en ese intento para exteriorizar en huellas corporales la violencia sexual sufrida por algunas mujeres con quien conversé.

Cabello en la cara. Era la primera vez que ella testimoniaba los hechos vividos ante una funcionaria institucional. La entrevista fue en mi casa pues antes de las 5 pm no lograba salir del trabajo. Llegó con su hijo pequeño. Su esposo la acompañó, y antes de irse, él me recomendó que ella no había hablado antes y que esperaba poder tener algún apoyo con eso. Esa era una expectativa común entre diversas personas, qué tipo de reparación económica o ayuda institucional podrían recibir. Por más que explicará que la Comisión no era la Unidad de Víctimas, es decir, no hacía parte de sus funciones conceder el estatus de víctima y en cuanto tal, otorgar el reconocimiento de algunos derechos, para muchos interlocutores no era muy clara esa diferenciación. Y es comprensible. La Amazonia, particularmente, la oriental, ha sido poco documentada en el marco del conflicto y hay mucha gente sin testimoniar. Durante décadas, muchas víctimas no fueron reconocidas, lo que las llevó a una situación de desamparo frente al Estado, literalmente no sabían a quién acudir para denunciar lo padecido.

Ella era una mujer murui, de unos 40 años, al inicio no me hablaba, mirada baja y todo el tiempo con el cabello sobre su rostro, no recuerdo sus facciones de hecho. Compartimos una aromática, su hijo jugaba con el mío, y, a través de nuestra maternidad compartida empezamos a conversar sobre dificultades que vivimos las mujeres para conciliar trabajos en casa y fuera de ésta. Al improviso empezó a relatarme el abuso sexual del que fue víctima cuando habitaba en La Chorrera, municipio amazónico, cometido por un miliciano de la guerrilla de las FARC. Hubo llanto, y el cabello de la cara no se movía, sentía vergüenza de lo que contaba. Su dolor era grande y se veía en su cuerpo tenso, su voz entrecortada.

Luego de lo sucedido, abandonó su comunidad y tuvo que dejar sus hijos pequeños con su madre, algo que le pesaba mucho, sentía una profunda culpa por los problemas que sus hijos vivían ya siendo grandes. Quiso hablar de cada uno de ellos, de sus vidas.

Se detuvo también en sus enfermedades, constate dolor de cabeza y de útero, éste último relacionado con la violación. Hablaba, hablaba, no me sentía capaz de interrumpirla, sabía que necesitaba desahogarse. En ningún momento retiró el cabello de su cara, era como un escudo de protección ante la exposición de su intimidad frente a una desconocida. Pasaron más de tres horas, comimos y se fue, quedamos de volvernos a ver. No sucedió, murió algunos días después por una complicación en su útero. Fui a despedirla en el cementerio, agradeciéndole la confianza y deseándole un buen viaje. Me quedó grabada la imagen del cabello que le cubría constantemente la cara.

Venas cortadas. Ella era una mujer mestiza, hija de madre indígena y padre oriundo de la región de Boyacá. Joven, en su rostro se leían las aflicciones vividas. Madre de 5 hijos, con una vida familiar complicada desde niña y abusada sexualmente diversas veces y desde muy joven, la primera vez, cometida por un miliciano de la otrora guerrilla de las FARC en el municipio amazónico de Puerto Santander, la marcó particularmente porque fue auspiciada por una joven que decía ser su amiga y desde ahí sintió que no podía confiar en nadie. De esa violación quedó embarazada y sin apoyo de su familia se fue a vivir con un novio que cuando se emborrachaba la golpeaba, si bien lo denunció ante la guerrilla y logró protegerse de sus abusos, tuvo que salir de la comunidad. Huyó a Bogotá y fue violada por un taxista que parecía querer ayudarla. Se prostituyó para sobrevivir y mantener a sus pequeños hijos, se metió en el mundo del tráfico de cocaína y sobre su cuerpo se ejercitaron variados ultrajes. Intentó suicidarse cortándose las venas con una botella de vidrio. Me mostró las cicatrices. Lloró y tremó, la abracé porque temía que se sintiera peor, preferí no decirle nada, acogiéndola entre mis brazos, susurrándole que todo estaba bien. Pasó un tiempo, no quiso que grabara más y almorzamos en mi casa. Más tranquila, me contó sobre la fuerza que le dan sus hijos e hijas para seguir adelante y hacer todo lo posible para que ellos no vivan lo que a ella le tocó vivir. Mientras la escuchaba, veía esas profundas cicatrices en los pulsos, sintiendo una profunda admiración de su enorme fortaleza.

Calvicie. Mujer ticuna, más o menos 45 años. Con ella las conversaciones fueron por video llamada de WhatsApp, la pésima conexión de internet en Leticia no permitía hacerlas por otra plataforma. Estábamos en el momento más restrictivo de las medidas de aislamiento por covid 19, y yo estaba en Bogotá. Cada vez que nos veíamos, el color del cabello era diferente, fue por eso que detallé su calvicie. Ella lloraba mucho en las conversaciones, muchas veces parábamos para retomar en otra ocasión. Cuando la confianza fue mayor, y ya con la voz más tranquila me contó trayectos de su vida y sobre las violaciones vividas, ninguna de éstas denunciadas. La muerte de sus padres a temprana edad, la dejaron en una posición de abandono que la llevaron a unirse a un grupo guerrillero de las antiguas FARC que operaban en la región del río Cotué, en el Putumayo.

No entró en detalles sobre lo que fue su vida dentro de la organización, enfatizó en cambio en lo mucho que padeció por los maltratos y abusos sexuales ejercidos por algunos compañeros del grupo. Estaba convencida que esos sufrimientos le habían provocado el cáncer que tenía.

Por mucho tiempo no habló con nadie, guardaba en silencio sus aflicciones. Afortunadamente empezó a contárselo a algunas amigas, construyendo con ellas una red de apoyo, sintiéndose fortalecida, al punto de ser capaz de contárselo a sus dos hijos, fruto de las violaciones sufridas.

Un día que hablamos estaba con una peluca azul y muy maquillada, estaba contenta, me agradeció por las charlas y la cercanía. Me dijo que su relato era una prueba de vitalidad que le quería enviar a quienes quisieron destruirla, para decirles, aquí estoy, estoy viva.

Ese día iba a un baile indígena en la maloca urbana de Leticia. Con el grupo de mujeres del cabildo urbano, CAPIUL, se sentía bien, compartían comida, hacían sus bailes, reían y compartían tristezas, recreando un gran cuerpo colectivo de resistencia. La fuerza de las prácticas culturales en los procesos de sanación corporal, territorial, espiritual, es poderosa.

Llanto descontrolado. Mujer ticuna, con una importante trayectoria de liderazgo en el posicionamiento de las voces de las víctimas de la región amazónica, sobre todo las de las mujeres. Ella estaba acostumbrada a hablar en público, compartiendo diversas afectaciones del conflicto en su vida. Era quien me ayudaba a contactar y encontrar otras mujeres, me llamaba, insistiendo en que algunas estaban solas y poco escuchadas. Lo que llamaba mi atención es que ella no manifestaba mayor interés en ser entrevistada, hasta que formalmente se lo solicité. Quiso que fuera en mi casa. Al inicio de la conversación, empezó con un relato bien estructurado, esos aprendidos a memoria de tanto contarlo y que son en gran medida confeccionados para las instituciones, con palabras precisas sobre lo que ha significado el conflicto en la región amazónica.

Insistí en saber más sobre ella, sobre su vida anterior a la de ser líder. Una fisura se abrió en la narración y las lágrimas aparecieron cuando recordó que siendo niña fue violada por su abuelo. Me tocó profundamente la generosidad con la cual me compartió esa pena guardada. Nos abrazamos.

El relato continúo en serenidad, llegando posteriormente a sucesos específicos sobre el conflicto armado que ya le había escuchado en otras ocasiones, si bien, los narraba desde una posición distinta, menos dentro de la representatividad de quien lidera procesos de víctimas, y más, desde la vulnerabilidad que finalmente todos somos.

Nuestro último encuentro fue en su casa, con mujeres de la asociación que lidera, MUVIDESFOR, con nuestras familias, compartiendo pescado asado, fariña, masato de yuca y afectos.

La verdad pasa también por los afectos y confianzas construidas.

Puntadas para un cierre. Tiempo después de realizar las entrevistas, volví a conversar con algunas de ellas, hablábamos sobre cómo estaban enfrentando la pandemia del Covid 19, pues en Leticia, la enfermedad golpeó fuerte, o mejor, la precariedad del sistema de salud no logró acudir a las muchas personas afectadas. Me contaban que se estaban cuidando con plantas y otras prácticas de cura, creando redes de apoyo entre ellas y otras personas para poder comprar comida, tabapocas y algunas medicinas.

Luego de escribir el documento sobre violencias sexuales en la Amazonía, que en fragmentos aparece en el informe final dedicado a la territorial Amazonas, pensé mucho sobre las huellas que las conversaciones con esas mujeres dejaron en mí, en mis emociones de rabia, tristeza, en mis sentimientos de indignación, dolor y reconsideración de mis privilegios.

El camino que abre el informe final de la Comisión de la Verdad debe permitirnos en gran medida eso, vernos y comprendernos desde las huellas, cicatrices, remiendos que esta inmunda guerra ha producido en nuestros cuerpos y nuestras existencias.

Salima Cure Valdivieso

RECONOCIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD: UNA MIRADA DESDE LOS EXCOMBATIENTES FARC

La Comisión de la Verdad colombiana (CEV) orientó su trabajo a partir de cuatro temas gruesos: el esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición. Para el caso de los reconocimientos de responsabilidades individuales o colectivas, la Comisión diseñó diferentes modalidades de encuentros y diálogo, siendo los Encuentros por la Verdad espacios concebidos para que los responsables realizarán pronunciamientos de cara a las víctimas y a la sociedad, con un aporte significativo a la verdad sobre lo que ocurrió, la responsabilidad en su autoría e impactos individuales y colectivos sobre grupos, sectores y regiones. En tres años y seis meses de operación (2019-2022), la Comisión adelantó un total de 51 procesos de reconocimiento, de los cuales solo 37 terminaron siendo públicos; 520 víctimas y 86 responsables participaron de estos procesos, de los cuales 41 eran de excombatientes FARC.

El propósito de este texto es presentar los encuentros por la Verdad: “Construyendo caminos de dignificación y no repetición en Acevedo, Huila” que se realizaron en septiembre de 2021 en el corregimiento de San Adolfo del municipio de Acevedo, departamento del Huila, en la región andina del suroeste de Colombia. Este evento fue el resultado de un largo proceso de preparación que inició a finales de 2019 con víctimas del municipio y excombatientes FARC que operaba en el sur del Huila. Aun cuando el centro de la CEV son las víctimas, este artículo revisa otro actor que resulta clave para garantizar procesos de convivencia: los firmantes del Acuerdo de Paz. En este texto nos referiremos de manera indistinta a excombatientes FARC y firmantes. firmantes se refiere a los miembros de las extintas FARC que firmaron el Acuerdo de Paz liderado por el Presidente Santos en 2016. Este artículo explora la experiencia y los desafíos que afrontaron los excombatientes FARC que participaron de este Encuentro por la Verdad en Acevedo y así mismo presenta algunas dimensiones que permiten que este Encuentro tuviera una dimensión restaurativa para los firmantes.

En la década de los ochenta, San Adolfo era el principal centro poblado del Huila. Su desarrollo estaba en vía de consolidarlo como un nuevo municipio gracias a sus actividades productivas, su crecimiento poblacional y cultural y sus aportes a la economía del departamento. Era un territorio próspero que aprovechaba su clima y ubicación para la producción agrícola (fuerte producción cafetera) y su oferta turística. Con el recrudecimiento del conflicto y el control territorial de las FARC (décadas de 1980 y 1990), un corregimiento próspero y rico, se convirtió en un lugar temido, donde los comerciantes no podían llevar a cabo su labor, las familias agricultoras y comerciantes tuvieron que abandonar sus tierras por miedo a que sus hijos fueran reclutados o que ellos fueran asesinados al no poder cumplir con las exigencias económicas que hacían las FARC. Con este retroceso el sueño de constituirse como municipio se desvaneció.

El fuerte arraigo de la población, amarrado a la fe católica y a las actividades económicas que desarrollaban, permitió que después de los hechos violentos que sufrió San Adolfo algunas personas no se desplazarán y permanecieron en el territorio, asumiendo una posición de resistencia frente a las imposiciones de las FARC. En este contexto, el plebiscito por la paz en 2016 perdió mayoritariamente en Acevedo: el 77% de los electores votaron por el no. En este contexto de rechazo tanto a las FARC como al proceso de la paz, la CEV inició el proceso de acercamiento con la comunidad en 2019, cuando Acevedo fue reconocido como el primer sujeto colectivo de reparación no étnico del país. De este acercamiento, se adelantó todo un proceso preparatorio que, para el caso particular de los firmantes, tuvo una preparación documental y otra performativa y emocional.

Entre septiembre y diciembre de 2020, de manera participativa se seleccionaron los seis casos de violencia más significativos para la comunidad de San Adolfo. Respecto a la preparación documental de estos casos, los firmantes, expresaron su voluntad y decisión clara de responder a las demandas de verdad de las víctimas, a pesar de su desconocimiento total sobre los casos en particular. Para ellos era clarísimo el peso de la responsabilidad colectiva por encima de la responsabilidad individual. Aunque todos los excombatientes que participaron en el reconocimiento no eran perpetradores directos de los casos seleccionados, entendían que su pertenencia a las FARC los hacía responsables de esos hechos criminales: “Independiente de que yo haya sido responsable o no, tengo todavía una responsabilidad por ser parte de la organización que firmó el Acuerdo. Yo lo asumo… es una responsabilidad colectiva”.

Por no ser responsables directos, la posibilidad de contribuir a la verdad, no implicaba la acción individual de recordar o rememorar hechos del pasado; dicha contribución requería indagar diferentes fuentes. Su estrategia fue la de ir “atando nudos”. Para ello, los firmantes revisaron informes antiguos de las FARC (informes que no son tan minuciosos como los informes que puede tener un Ejército regular) y se apoyaron con los analistas de contexto del área que trabajan el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, la mayor fuente de información fueron antiguos camaradas. La mayoría de los comprometidos con el reconocimiento pertenecían al Bloque Sur que había operado en la zona, pero jamás había transitado por esa zona; por eso la primera tarea fue contactar camaradas que podían tener información relevante. Está tarea se vio obstaculizada porque muchos de ellos ya habían muerto y otros ya habían olvidado hechos, episodios y detalles: “No encontrábamos con quien levantar esa verdad”. El mayor impulso al proceso de esclarecimiento llegó por casualidad a finales de 2020, cuando un día en Pitalito (Huila) un antiguo miliciano de las FARC se le acercó a una de las firmantes comprometidas con el reconocimiento, la identificó y le confesó que hacía parte del Frente responsable de varios hechos por los que ella había estado preguntando. Posteriormente los abogados encargados de la defensa lo contactaron y lograron esclarecer que la mayoría de los responsables eran milicianos que colaboraban con ellos. Según su relato, la mayor responsabilidad de la FARC había sido la falta de control sobre la operación de sus unidades.

A medida que avanzaba el tiempo, la CEV propició reuniones internas con diferentes firmantes que se fueron sumando al proceso. En esas reuniones, empezaron a reconstruir la historia del Frente 61 “Cacique Timanco” con otros compañeros que habían operado en el área: los más veteranos empezaron a reconstruir la historia: ¿quiénes fueron los comandantes?, ¿cuándo llegó al área?, ¿cuándo fue recogido?, ¿qué se conocía de la identidad de las víctimas? Cuando se reunían, siempre recordaban algo nuevo; cuando alguien decía algo, otro recordaba detalles que había olvidado. Hicieron un equipo coordinado de búsqueda de información. Para los firmantes, la voluntad y el compromiso ayudó a superar todas las dificultades de la reconstrucción.

Entre enero de 2021 y junio de 2022 se dio un primer encuentro virtual y privado entre víctimas y responsables, reunión en la que los firmantes presentaron los avances (siempre incompleta) que habían logrado en el esclarecimiento de los casos seleccionados, se eligieron voceros para presentar los hallazgos a las víctimas, para cada caso seleccionado se tenía un firmante responsable. Esta reunión es recordada por los firmantes como tensa y difícil emocionalmente. Algunas víctimas se sintieron satisfechas con la información aportada y con la sinceridad expresada por el firmante que había presentado su caso, estás víctimas sentían que las palabras, los gestos y las maneras expresaban un arrepentimiento real. Pero no fue este el caso de todas las víctimas, algunas reprocharon la falta de elocuencia y emociones, y por tanto rechazaron el reconocimiento de algunos firmantes. A pesar de las dificultades y las diferencias, en ese evento se decidió llevar el proceso a un evento de reconocimiento público, pero para ese evento, algunos firmantes fueron reemplazados por otros que habían tenido mayor acogida por parte de las víctimas. Este relevo en los voceros que presentaban los hallazgos ante las víctimas, remite a otra dimensión clave de la preparación previa: la performativa y la emocional. Los firmantes que tuvieron que ser reemplazados fueron excluidos del proceso público porque sus relatos nos resultaban lo suficientemente creíbles. Aun cuando la información fáctica que iba a ser presentada por el nuevo firmante era la misma, la diferencia radicaba en las expresiones que acompañaron la puesta en escena del relato.

Por esta razón, el proceso de reconstrucción factual estuvo acompañado por un proceso emocional y performativo liderado por la CEV; en este proceso los excombatientes iban comprendiendo a qué se iban a enfrentar y aprendían herramientas para hacerlo de manera satisfactoria. En esta preparación el acompañamiento profesional e interdisciplinario fue clave. Los abogados asesoraron y acompañaron todo en términos jurídicos, y el acompañamiento psicosocial los preparó para lo que emocionalmente implicaban los encuentros con las víctimas, así como también los entrenaba para usar las palabras precisas y adecuadas. Este último punto fue fundamental. En entrevistas realizadas a los firmantes ellos destacaron su origen rural y campesino; muchos de ellos no tienen ningún grado de escolaridad, por tanto, el vocabulario para expresar emociones difíciles como el arrepentimiento, la vergüenza o el dolor, es muy pobre. Las formas lingüísticas que usaron en la guerra no eran válidas en el escenario transicional, es por ello indispensable que se apropien de una gramática de la reconciliación: no se habla de errores, se habla de horrores; no se habla de retenciones, se habla de secuestros, etc. (Muchas de estas reflexiones surgen del diálogo permanente con mis colegas Iván Orozco y Gonzalo Sánchez, a quién agradezco mucho sus comentarios y aportes). Las palabras de una de las firmantes expresan bien lo que implicó este proceso:

Yo les decía que yo era muy chambona, machetera para hablar, mi estilo campesino todavía lo tengo. Yo no tenía cómo hablar con esa terminología, que es la adecuada. Me dijeron que palabras usar. Nos hicieron entender que la palabra “errores” no se podía mencionar. Porque lo ocurrido fueron hechos que causaron mucho dolor. Yo les agradezco mucho el acompañamiento … nos ayudaban a acomodar las palabras. Lo repetíamos 3 veces al día… pero no es lo mismo el simulacro, porque estar en frente de las víctimas genera mucho miedo, estas al frente de una persona que ha sufrido mucho.

En el caso de Acevedo, los tres firmantes que asumieron la responsabilidad de presentar los casos seleccionados, durante el evento público leyeron textos previamente escritos con la supervisión de los profesionales que acompañaron el proceso, esto como una forma de mitigar la incertidumbre y los nervios del momento:

El día del reconocimiento, yo no sé si llegué con los sentidos bien o llegué loca. Llegué a ese colegio y sentía que andaba por el aire del susto. Yo no quería hacerla sentir más mal que la vez pasada. Yo la miraba y me temblaba todo el cuerpo. Cuando me nombraron, me quedaba alto el micrófono, yo primero lo que hice cuando me paré ahí enfrente, fue mirarlos a los ojos a ellos no me quitaban la mirada de encima. La familia de Zuleima toda llegó de Antioquia. Todos estaban ahí. Tenía los nervios de punta.

Junto con los retos y desafíos que implicó la reconstrucción de verdad y la incertidumbre y la ansiedad del evento público, vale la pena también destacar las condiciones y momentos que permitieron que estos espacios de reconocimiento tuvieran una dimensión restaurativa para los firmantes.

Las víctimas son el centro de los mecanismos transicionales dispuestos en Colombia mediante el Acuerdo Final firmado en 2016. Sin embargo, no sé puede perder de vista que la justicia restaurativa (como principio orientador del Sistema Integral de Paz) remite al restablecimiento de vínculos quebrantados por la guerra, y la idea de vínculos remite a diferentes actores (no únicamente las víctimas como protagonistas). Se propone que una condición fundamental para que estos procesos lleguen a ser restaurativos, es que los firmantes cuenten con las (i) condiciones de seguridad mínima para continuar vivos. Garantizado este mínimo, la experiencia de (ii) “ser creídos” por las víctimas y (iii) establecer vínculos de cercanía con ellos, resulta profundamente restaurativo para los excombatientes.

Desde la firma del Acuerdo hasta julio de 2022, han asesinado en Colombia a 321 excombatientes. El Sistema Integral de Paz ha visibilizado este fenómeno y ha tomado medidas encaminadas a garantizar la seguridad. En marzo de 2020, la CEV organizó un evento llamado “Espacios de Escucha: asesinatos de exintegrantes de FARC y garantías de seguridad”, en donde los firmantes relataron su visión y comprensión respecto al asesinato de exguerrilleros ocurridos desde 2016. En esta misma línea, en septiembre de 2021, ante la grave condición de seguridad que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP adoptó medidas cautelares colectivas que buscaban proteger a los comparecientes forzosos ante la JEP, robusteciendo las acciones desplegadas para proteger a los excombatientes y sus familias.

Tanto el evento extrajudicial como las medidas judiciales, expresan una primera condición básica pero fundamental para adelantar procesos restaurativos: garantizar el derecho a la vida de todos aquellos que participen en dichos procesos. La posibilidad de restaurar, pasa por garantizar la existencia misma de los excombatientes y las víctimas. En particular, para el caso del Municipio de Acevedo Huila implicó graves riesgos para un excombatiente que operó en la zona y que la población del municipio creía que ya estaba muerto. Para este firmante, su vida estaba más segura si la gente de la zona lo seguía dando por muerto, sin embargo, la CEV lo convocó al proceso y él valientemente aceptó reconocer ante ellos que seguía vivo y que estaba dispuesto a reconocer su responsabilidad por los hechos del pasado. El desplazamiento de este firmante a Acevedo implicó graves riesgos de seguridad, que la CEV trató de controlar con el acompañamiento de la Fuerza Pública. Estás restricciones de seguridad hicieron que el tiempo disponible para compartir con las víctimas se limitará considerablemente. En este sentido, los firmantes que participan de estos procesos de reconocimiento deben muchas veces asumir que su participación puede poner en peligro su propia vida o las de su familia; ellos conocen una verdad que es incómoda para muchos actores, actores que siguen teniendo el poder de las armas. Las CEVs están pensadas para que su implementación se de en un contexto donde el conflicto armado ha finalizado, sin embargo, en Colombia, la CEV operó en medio de un conflicto armado vigente; es por ello que la seguridad física de los firmantes era el requisito indispensable para que su participación en mecanismos transicionales pueda llegar en algún punto a ser restaurativa.

Por otra parte, “ser creído por las víctimas” es lo que resulta realmente restaurador para los firmantes, en este sentido, el reto no es sólo de cara al público, sino de cara a su propio proceso personal. Para ellos, el sentir que sus palabras, su aporte, sus gestos son de buen recibo por parte de las víctimas es muy gratificante, tal vez su mayor anhelo en este proceso. Una de las firmantes entrevistadas señalaba insomnio y profunda ansiedad la noche anterior al reconocimiento público, pero de la misma forma indicaba la enorme felicidad que experimentó cuando el evento finalizó y vio satisfechas a las víctimas con su relato. La incertidumbre que generó la recepción de los relatos por parte de las víctimas era causa de angustias profundas por parte de los excombatientes, sin embargo, era igual de intensa la experiencia de gratificación cuando se tenía la certeza de que las víctimas acogían sus palabras y creían la sinceridad de sus palabras.

Otra dimensión profundamente restaurativa para los firmantes son los vínculos interpersonales que se van gestando en torno al proceso de reconocimiento de responsabilidad. Por voluntad de los firmantes en Acevedo, simultáneo al proceso de esclarecimiento, se adelantó un plan de trabajo concreto con la comunidad para responder a necesidades inmediatas que tenían las víctimas: se pintaron las paredes del colegio y de la Iglesia con un mural grande y se taparon cunetas. Para los firmantes esto era un ejemplo de trabajo comunitario, no solo por las actividades que se habían realizado sino por los vínculos que se crearon en estos espacios. Estos vínculos que se fueron creando en espacios paralelos al proceso de reconocimiento hicieron más exigente y demandantes las expectativas de las víctimas. Ya quién iba a reconocer la responsabilidad por los hechos del pasado no era un desconocido, ni un ajeno, era alguien que empezaba a ser amigo. Al respecto, en una entrevista una firmante indicó lo siguiente:

Pero cuando me toca hablar, cuando anunciaron mi caso, fue muy fuerte, porque ya teníamos una cercanía, una amistad de organizar cosas juntas, ella me dijo “¿le tocó a usted el caso de mi papá?” “Si… me toco a mi…” Eso fue fuerte. Habíamos hechos cosas en el territorio juntas. Ella se quedó mirando a los ojos, siempre mirándome a los ojos, pensó que yo me iba a salir por la tangente, cuando el evento se acabó... me agradeció que yo le hubiera dicho la verdad.

Resumiendo, se puede decir que los Encuentros por la Verdad liderados por la CEV, buscaban que los aportes de verdad y reconocimientos de responsabilidad por los excombatientes tengan una dimensión restaurativa para quienes participan de ellos. Sin embargo, esta pretensión enfrenta muchos desafíos significativos: el anhelo de verdad de las víctimas es infinito, no existe relato o explicación que responda de manera exhaustiva las preguntas que ellas tienen. Por tanto, la información aportada por los firmantes es siempre incompleta e insatisfactoria; de hecho, en este tipo de eventos, la promesa por seguir buscando e indagando está siempre presente, parece que fuera una promesa eterna, un recurso recurrente para lidiar lo siempre insuficiente de la verdad aportada. Es por ello que lo que hace suficiente un reconocimiento, no es tanto lo completa que resulte la información proporcionada sino lo genuino y sincero del relato y de los actos previos que han adelantado para recabar información y construir la respuesta. Desde la perspectiva de los antiguos guerrilleros, también existen desafíos significativos: el reconocimiento de responsabilidad no siempre lo asume el perpetrador directo de los hechos, muchos de los que asumen responsabilidad en el presente, en el pasado no estaban en la zona donde ocurrieron los crímenes, muchos ni siquiera se habían vinculado a las FARC para el momento de los hechos. Por otra parte, por su formación militar y sus experiencias de vida, son escasos los recursos con los que disponen para poner en palabras los hechos o expresar dolor o arrepentimiento. Es por ello que tanto reconocer responsabilidad como contribuir a la verdad exigen procesos preparatorios amplios y complejos. En el artículo se han hablado de dimensiones de esos procesos preparativos: la factual y la perfomativa. Aunque son diferentes, las dos apuntan a ser creíble el relato que el firmante presenta; las expresiones y las palabras que se usan para revelar detalles desconocidos son fundamentales en esa labor de convencer a la audiencia (en especial a las víctimas) de lo genuino del arrepentimiento. A pesar de los muchos retos que implica, este texto ha destacado tres aspectos que pueden hacer restaurativo el proceso de reconocimiento para los firmantes. Es indispensable que se estudie con mayor profundidad los vínculos y puntos de articulación entre la justicia transicional y los procesos de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración), y en esto la justicia restaurativa tiene muchos elementos para aportar.

Laly Catalina Peralta

“MI CUERPO ES LA VERDAD”: CONTRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD AL ESCLARECIMIENTO DE LAS VIOLENCIAS
EXPERIMENTADAS POR LAS MUJERES EN MEDIO DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

Las distintas violencias experimentadas en Colombia han tenido como uno de sus objetivos centrales el cuerpo. El cuerpo ha sido ignorado por mucho tiempo por los saberes más dominantes de Occidente, para el cual este se convirtió en un aspecto secundario de la realidad y la vida cotidiana pese a la importancia que tiene para el despliegue y la constitución de la vida y el mundo. Las miradas feministas, ya desde hace algunas décadas, han invitado a observar el cuerpo como un espacio esencial de la experiencia, como un lugar privilegiado de la violencia y la resistencia, y cada vez más como un tiempo-espacio de producción de conocimiento.

El título del capítulo de género del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en adelante CEV): “Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado”, nos invita a contemplar el cuerpo desde esos tres ángulos: como locus de experiencia, de violencia-resistencia y de producción de conocimiento. El capítulo de género de la CEV del año 2022: “Hay futuro si hay verdad” está dividido en dos partes. La primera aborda las violencias contra las mujeres, y la segunda las experimentadas por la población LGBTIQ+. Este artículo se centra en la primera parte, y en específico en los apartados: ¿Qué pasó? Significados y magnitudes de lo sucedido, y ¿Por qué pasó? Dimensiones del patriarcado.

La primera parte del capítulo, dedicada a las mujeres, está compuesta, adicionalmente, por un Preludio que discute el porqué de la necesidad de un capítulo de género en el informe final; por una sección titulada ¿Qué pasó con lo que pasó?, la cual aborda los impactos del conflicto armado y de las violencias de larga duración en las mujeres y los afrontamientos que estás hicieron a esas violencias; por un Epílogo en el que se identifican los factores de persistencia del conflicto armado; por las Conclusiones y por las Recomendaciones para la no repetición.

Este texto tiene la intención de visibilizar algunas de las principales contribuciones que realiza el capítulo de género al esclarecimiento de la verdad en Colombia en torno a las distintas violencias experimentadas por las mujeres. Luego de esta introducción, abordo este punto y posteriormente cierro con algunos asuntos que quedan pendientes luego de la lectura de los aportados ya señalados. Las siguientes líneas las escribo articuladas a investigaciones que realizamos con un equipo transdisciplinar en torno a Comisiones de la Verdad, género y recomendaciones para la no repetición desde una perspectiva feminista descolonial desde el 2018, trabajo que nos permitió tender un puente de diálogo y articulación con el Grupo de Trabajo de Género (en adelante GTG).

Es importante recordar que la introducción de la perspectiva de género en el trabajo de la Comisión de la Verdad responde a varios procesos internacionales y nacionales. Por un lado, tenemos la incorporación del género en la justicia transicional y las comisiones de la verdad gracias al accionar de los movimientos y las académicas feministas y su implementación en un contexto cercano al colombiano como es el caso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú (en adelante CVR). Por el otro, este capítulo de género es el resultado de la incidencia de los movimientos de mujeres y feministas durante todo el proceso de paz con las FARC-EP, la cual logró la creación de la Sub-Comisión de Género y la inclusión de la perspectiva de género en el Acuerdo final de forma transversal. En relación con la CEV, esto se materializó primero en el Decreto que ordenaba su creación; y posteriormente en la elección de una comisionada proveniente de los movimientos de mujeres y feministas, Alejandra Miller; en la conformación del GTG, en la transversalización del enfoque en el quehacer de la Comisión y en otras políticas institucionales.

Sin duda alguna el trabajo del GTG que hoy se plasma en el capítulo de género contribuye a la materialización de los derechos de las mujeres victimizadas, al trabajo de las organizaciones feministas y de mujeres, a la producción teórica feminista y a las investigaciones sobre la guerra y la construcción de paz en Colombia y en el mundo. Parte de lo que hoy hace este capítulo es aportar a la pluralización de las miradas sobre el pasado, aspecto sumamente relevante para comprender qué violencias se infringieron contra las mujeres y otros sujetos feminizados y porqué.

Las contribuciones del capítulo de género al esclarecimiento de la verdad giran en torno a distintos aspectos, entre estos de gran importancia el reconocimiento de: a. las violencias experimentadas por las mujeres, b. las identidades de las mujeres que fueron convertidas en objetivo militar, c. los actores responsables de las violencias, d. las razones detrás de estas, e. las consecuencias de las violencias en la vida cotidiana de las mujeres y sus entornos, f. las distintas formas de resistencia de las mujeres; y g. la explicación de las violencias experimentadas por ellas. En esta sección me centraré sobre todo en la identificación de algunas de las violencias ejercidas contra las mujeres, las identidades violentadas, las razones detrás de esas violencias y la explicación global que hace la CEV sobre estas. Un significativo aporte de la CEV tiene que ver con la tarea de desnaturalizar las violencias contra las mujeres, con el propósito como señala el capítulo de identificarlas, comprenderlas y denunciarlas. En especial esto es cierto en el caso de las violencias sexuales (en adelante VS), permitidas e incluso avaladas por una sociedad que ha callado frente a la apropiación del cuerpo, la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres.

En sintonía con otras comisiones de la verdad que incluyeron la perspectiva de género y una preocupación explícita por identificar las violencias contra las mujeres, y que dieron gran importancia a las VS, la CEV dedicó una parte significativa de su análisis a estas. Esto se corresponde además con uno de los énfasis que le han dado algunas de las organizaciones de los movimientos feministas y de mujeres en Colombia a su trabajo en torno a la construcción de paz, los derechos de las víctimas y la memoria sobre lo ocurrido a las mujeres.

Los siguientes son algunos de los hallazgos más relevantes que identifica el GTG sobre las VS: i. son “hechos devastadores que recorren todas las esferas de la vida humana. Son un ataque a la intimidad y la integridad de quienes las han sufrido y dejan una huella permanente que se proyecta, persiste” (p. 66). ii. Las violencias reproductivas (anticoncepción, esterilización forzadas, embarazos y abortos forzados, tortura durante el embarazo, maternidades o crianzas forzadas) son una materialización de la VS (p. 67). Con esta se intentaba destruir o controlar a las mujeres al negarles la libre decisión y anularon la capacidad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. iii. Las VS se ejecutaron para compensar a los combatientes y “se utilizaron para obtener ventajas y beneficios relacionados con los intereses estratégicos de los bandos en contienda y no solo para “satisfacer el deseo sexual” de estos” (p. 73). iv. Estas violencias, presentes en “tiempos de paz”, se agudizan en la guerra, “se degradan, se extienden y se establecen como parte de la cotidianidad de las mujeres. Son cometidas con una crueldad exacerbada, sin tener en cuenta la edad o las circunstancias de las víctimas” (p. 73). v. Las VS se convirtieron en un arma. Los actores armados las ejercieron como “forma de castigo y para dar una lección” a aquellas mujeres que optaban por opciones políticas diversas a las suyas. También se empleó para castigar a las mujeres que eran percibidas como aliadas de los adversarios (guerrilleras o paramilitares), o familiares o parejas de los actores armados. vi. Las VS contra las mujeres se emplearon en medio de la disputa y consolidación territorial, para producir el desplazamiento forzado y controlar determinadas zonas. vii. Estas violencias buscaron infundir terror, destruir las comunidades, sus mecanismos y los lazos sociales, así como romper los tejidos humanos de las comunidades “dirigiendo el ataque al corazón de esas poblaciones, dado el papel central de las mujeres en la vida familiar y comunitaria” (p. 197). viii. Todos los actores armados llevaron a cabo VS. El actor que más las cometió fueron los paramilitares, seguidos por la guerrilla y el Estado. Sobre este último actor, la CEV identifica que la institución con más responsabilidad es el Ejército Nacional y luego la policía.

En relación con los hallazgos sobre VS quisiera hacer dos observaciones: Uno, es importante tener presente que existe un sub-registro importante en términos de las VS perpetuadas por el Estado. Esto se explica por el lugar que ocupa en la sociedad esta estructura al ser la institución frente a la cual se debe denunciar; y porque el trabajo de recolección de información de la CEV se llevó a cabo en medio de la persistencia del conflicto armado y la violencia sociopolítica en la que el Estado ha continuado operando como un actor más. Este es un contexto distinto al de la CVR, en la que se logró establecer una alta responsabilidad por parte de agentes del Estado en este tipo de violencia. Dos, las violencias reproductivas deben también incluir la transformación de los proyectos de vida de las mujeres, quienes “optaron”, en medio de las nuevas realidades que vivían como víctimas, por no tener hijxs, así esto hubiese sido parte de sus proyectos antes de la ocurrencia de los hechos de violencia.

Investigadoras como Bueno-Hansen en el libro Feminist and Human Rights Struggles in Peru: Decolonizing Transitional Justice, publicado en 2015, han señalado como la VS se convirtió en la principal violencia abordada en la CVR al investigar lo ocurrido con las mujeres en medio del conflicto armado. Este también fue el caso de otras Comisiones. Sin que necesariamente fuera el objetivo, este énfasis terminó por: desconocer otras violencias perpetuadas contra las mujeres, reproducir una mirada de las mujeres como sujetos pasivos y apolíticos, y obturar el reconocimiento de las distintas identidades y posiciones de sujeto que ocupan las mujeres en medio de la guerra.

El capítulo de género de la CEV contrarresta en cierta medida esta tendencia inicial de las comisiones de la verdad que han incorporado la perspectiva de género al investigar los distintos tipos de violencia que se cometieron contra las mujeres como el asesinato, el secuestro, las amenazas, la tortura, el exilio y el desplazamiento, entre otros. Adicionalmente lo hace reconociendo a las mujeres como víctimas y como parte de los actores armados, y evidenciando los cruces existentes entre una y otra posicionalidad. En este aspecto el capítulo reconoce el impacto del conflicto armado en las familias de las combatientes, y plantea que independientemente “de la manera en que las mujeres ingresaron a las filas de los grupos armados, sus familias resultaron directamente afectadas” (p. 111).

En el capítulo se abordan las violencias que las mujeres tuvieron que vivir por ocupar posiciones de sujeto relacionadas con el ejercicio de la prostitución. Así mismo analizan lo que ocurrió con mujeres que hicieron parte de partidos políticos, fueron funcionarias públicas o asumieron cargos de elección popular. Si bien en general en el capítulo se asocia sobre todo la política con los partidos, la representación electoral y el Estado, el GTG reconoce el importante rol que han jugado las mujeres en la participación política. Un hallazgo significativo del informe es que en términos de la militancia política de las mujeres los partidos más afectados fueron el Liberal (40,7%) y la Unión Patriótica (33,9%).

El informe concluye que las mujeres que asumieron espacios en lo público desde los partidos y el Estado fueron victimizadas por todos los actores armados y fueron víctimas principalmente de amenazas, desplazamientos y homicidios. Estas violencias menguaron la participación de las mujeres expulsándolas de la democracia. Esto afectó la calidad de este sistema político al impactar “los procesos de democratización” (p. 103). Así mismo se plantea que las violencias ejercidas contra ellas tuvieron un sesgo de género que incluyeron las amenazas a sus familiares.

Si bien el informe plantea que la convergencia entre sociedad, sistema y conflicto armado configuró una triada que ha expulsado, “mediante diversos mecanismos de violencia, a las mujeres” (p. 102) de la política, es notoria la ausencia de un análisis más profundo sobre el funcionamiento de la democracia, su carácter patriarcal, racista y clasista que ha sido excluyente no solo de la mujer como sujeto universal, sino también de ellas en sus diferencias y desigualdades y de otros sujetos. La pregunta sobre la democracia debe ahondar no solo en los efectos de la guerra en esa forma de organización política, sino también en las raíces que la estructuran y en sus efectos en contextos como el latinoamericano que permitieron en un país como Colombia la convergencia entre violencia sociopolítica y democracia.

El capítulo de género llega a unas conclusiones interesantes para explicar las violencias en contra de las mujeres. Sobre esto, las siguientes son algunas de las principales: i. Las mujeres fueron “quienes organizaron la vida en medio de la precariedad” y han sido el “sostén familiar y comunitario” por las tareas de cuidado que realizan en la cotidianeidad (p. 19). ii. Controlarlas a ellas era hacerlo con todo “lo que quedaba por fuera del campo de batalla” (p. 19). iii. Dañar a las mujeres era una estrategia contra el enemigo: “debilitaba las relaciones comunitarias”, ayudaba a disciplinar moralmente el territorio y a controlarlo (p. 16). iv. Para ejercer ese control se requería sujetar a las mujeres, controlar su vida y su cuerpo, y romper el tejido social (p. 19). El control supuso usar el cuerpo de las “mujeres como lugar de conflicto, botín de guerra, fuente de placer, entretenimiento o compensación; como fuerza de trabajo, como espacio para dejar mensajes” (p. 19). v. El control de los cuerpos de las mujeres también tuvo lugar en lo urbano. Para controlar estos territorios “los armados impusieron órdenes paralelos en la vida familiar y comunitaria, se repartieron los barrios y, con ellos, a las mujeres, convirtiendo sus vidas y cuerpos en una extensión del poder armado” (p. 63). vi. Muchas mujeres fueron vistas como enemigas por su activismo político, su liderazgo social o el cuidado del medio ambiente.

Si bien se reconoce a las mujeres como actoras políticas, por momentos la lectura sobre las razones de la violencia ejercida contra ellas se queda en el plano de lo instrumental, lo que hace que se pierda de vista que su rol en la creación, mantenimiento y defensa de los lazos sociales, de la relacionalidad y el tejido social es en sí mismo un acto político que las hace participes del mundo de la política fuera de los partidos y del Estado; así como parte activa de las relaciones de poder y de fuerza que se establecieron en Colombia, y del campo de batalla que terminó por ser, aunque así no siempre ni todxs lo percibiéramos, en omnipresente.

Tal como se observa en las líneas anteriores, el capítulo de género del informe final de la CEV se constituye en un aporte significativo para el esclarecimiento de las violencias experimentadas por las mujeres en Colombia; al tiempo que contribuye a avanzar en la incorporación de una perspectiva de género en las comisiones de la verdad abordando algunos de los vacíos y límites de experiencias previas. Reconocido esto, quisiera detenerme en las últimas líneas en un asunto que a mi modo de ver el capítulo de género de la CEV deja pendiente. Durante todo su trabajo el GTG y la CEV reconocieron la importancia de los enfoques diferenciales, entre ellos el étnico-racial, y de perspectivas como la interseccional. A lo largo de su trabajo fue visible un esfuerzo por entablar un diálogo plural con la diversidad que constituye al país y por la incorporación de lo étnico y lo interseccional. Sin embargo, en el capítulo de género este esfuerzo no se traduce con fuerza. Dimensiones de la dominación como lo racial y la clase se articulan en el nivel descriptivo del informe, pero no en el explicativo.

El capítulo de género privilegió una mirada clásica feminista sobre las violencias ejercidas contra las mujeres que se centra en el patriarcado. Al respecto plantea que el “patriarcado se expresa en diferentes dimensiones, entre las cuales la CEV subraya tres: la primera es el contínuum de violencias; la segunda, el mandato de la masculinidad guerrera y su relación con el militarismo, y por último la desprotección por parte del Estado” (p. 116).

A pesar de las interpelaciones de distintas mujeres y de investigaciones como las que nombré al inicio de este texto que se guiaron por un enfoque descolonial, el patriarcado fue considerado como la estructura de dominación principal o casi que la única que explica las violencias contra las mujeres. Con esta decisión, sin darse cuenta, el informe reifica la idea de un sujeto mujer universal, al tiempo que equipara género con mujeres y población LGBTIQ+. Aunque en el informe se menciona que el “patriarcado se entrecruza con otras discriminaciones, como el racismo o el clasismo” (p. 115), no se logra explicar de forma clara cómo y por qué ocurre esto. La perspectiva interseccional se traduce en una suma de opresiones, forma incorrecta de entenderla que ha sido cuestionada por varias estudiosas académicas y activistas. Así mismo, si bien hay un subtítulo sobre violencias racistas hacia mujeres negras y afrodescendientes, el lugar de lo racial queda reducido a la explicación que dan estas mujeres de las violencias que sufrieron, pero no se articula de forma estructural a la explicación del fenómeno de las violencias contra las mujeres.

De esta forma el patriarcado, pese a todos los debates latinoamericanos, de los feminismos negros, indígenas, comunitarios y de(s)coloniales, termina por ser el lente analítico privilegiado para explicar las violencias contra las mujeres. Como lo analizó Crenshaw (1989) cuando propuso la interseccionalidad como una postura epistemológica, las mujeres negras eran entendidas por el Estado, el derecho y la sociedad o como mujeres o como negras, pero no como ambas cosas. En algunos de los apartados de este informe ocurre esto, privilegiando el ser mujer.

Por último, para cerrar, quisiera anotar que la mirada explicativa propuesta en este capítulo desde el patriarcado parece situarlo por momentos como una estructura externa a la guerra, y no como uno, entre otros, de sus fundamentos. Por fuera se queda el colonialismo, el capitalismo, el imperialismo, el antropocentrismo, la heteronormatividad, centrales para comprender, en su amalgama con el patriarcado, las violencias que se han desplegado en medio de la consolidación de un proyecto civilizatorio moderno-colonial que usó la democracia para perpetuarse desde el ejercicio de la violencia misma. Dado que esta es una lectura inicial del informe en general y del capítulo de género en particular, queda aún tiempo para seguir profundizando tanto en sus contribuciones como en los pendientes de un recuento analítico sobre lo que nos ha pasado como nación.

Diana Gómez Correal

ELASTICIDAD METODOLÓGICA EN LAS PRÁCTICAS
DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD EN COLOMBIA 2019-2021

Las Comisiones de la Verdad se han convertido en un organismo obligatorio en los sistemas de Justicia Transicional. Sobre ellas se ha generado una abundante literatura que las define y estudia desde diferentes enfoques. Si bien lxs académicxs interesadxs en el tema, parecen manejar una definición general de lo que es una Comisión de la Verdad y cuáles son sus principales características, existen todavía múltiples vacíos que dificultan comprender su funcionamiento operativo, o sus formas de seleccionar lo que deberá ser contado y lo que no, los intereses, tensiones y sesgos en las interacciones de los actores sociales involucrados en el proceso, o cuáles son los métodos empleados en la construcción narrativa de un informe final y su relación con la escritura de la historia nacional, y por ende, su contribución a la construcción de identidad; estos, entre otros, aparecen como los elementos menos estudiados de estas “máquinas de la verdad”, así las llama Richard Wilson (2001) experto en esto organismos. Los mandatos imponen una misión, pero cada Comisión debe establecer sus normas y tácticas operativas en un campo en el que siempre aprende de las experiencias anteriores y las dinámicas propias que impone el terreno propio de investigación. La Comisión colombiana por ejemplo, estableció unas estrategias metodológicas para no caer en errores que han cometido otras Comisiones, como centrarse en delitos específicos que dejan fuera otros tipos de violencia y en consecuencia víctimas son excluidas de estas iniciativas, o la necesidad de emplear un sistema de información digitalizado y centralizado que brinde acceso seguro y fácil a los miembros de la Comisión, la creación de una aproximación territorial de enfoque diferencial y una estrategia digital, son solo algunas de las innovaciones de esta última Comisión de la verdad en el mundo.

En este artículo describo y analizo la praxis metodológica que ha implementado la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en adelante CEV), para construir una narrativa sobre lo acontecido en el conflicto armado en Colombia. Sus formas de aproximación al pasado, un camino al que denomino, de aprendizaje, debido a las dinámicas de adaptación metodológica que he logrado identificar en el proceso de esclarecimiento del pasado de este organismo. El estudio sobre las metodologías de una Comisión resulta importante, porque la forma como estas se aproximen al pasado, define la naturaleza de la verdad construida. Este texto está basado en mi labor investigativa sobre el proceso de esclarecimiento de la verdad a nivel territorial, en la cual he empleado el método etnográfico, y herramientas de recolección de información como la observación participante y entrevistas semiestructuradas realizadas a analistas expertos de la Comisión, y personal de coordinación a nivel local y nacional, durante el segundo semestre del 2021 y principios del 2022, entrevistadxs que permanecerán anónimxs debido a su solicitud y al frágil contexto de violencia política que persiste en el país y a los cuales agradezco su tiempo y disposición para responder a mis preguntas.

El Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición (en adelante SIVJRNR) creado por el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en el 2016, y del que hace parte la CEV, establece que “El Sistema Integral tendrá un enfoque territorial, diferencial y de género, que corresponde a las características particulares de la victimización en cada territorio y cada población y en especial a la protección y atención prioritaria de las mujeres y de los niños y niñas víctimas del conflicto armado. El enfoque de género y diferencial se aplicará a todas las fases y procedimientos del Sistema, en especial respecto a todas las mujeres que han padecido o participado en el conflicto” (Acto Legislativo 1, 2017, 2). Para que estos enfoques generales puedan ser aplicados en el campo de la investigación, requieren un proceso de construcción más específico. La misma ley establece que los comisionadxs deben ser los encargados de construir la metodología más conveniente para conseguir los objetivos planteados. Esto dio como resultado que los comisionadxs, basados en el marco legal del acuerdo y en diálogo con organizaciones y comunidades, construyeran e hicieran público a mediados del 2019 los “Lineamientos metodológicos escuchar, reconocer, y comprender para transformar” (CEV, 2019). Sobre esta guía metodológica resulta importante destacar el desarrollo conceptual que expone y que sustenta el trabajo de la CEV. Un texto analizado por Carlos Hernández Pérez en el 2019 y que plantea los cuatro objetivos misionales de la Comisión: esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no repetición de lo acontecido, los que confieren una aproximación holística que vincula el proceso de recuperación de la verdad, no solo a la entrega de un informe final, sino a ejecutar acciones sociales con las comunidades afectadas a través de eventos públicos de reconocimiento, y acuerdos de convivencia y no repetición entre los actores involucrados en el conflicto. La guía contiene el mandato de la Comisión, el cual es un conjunto de trece puntos a esclarecer, temas gruesos a los que los firmantes del acuerdo consideraron que la CEV debía dirigir su labor de investigación, y los que le dan al organismo una intrínseca aproximación metodológica de carácter inductivo, pues establece de por sí un marco de referencia temático conceptual preestablecido a su vez que un periodo de tiempo específico: 1958-2016.

Debido a que la base fundamental del sistema transicional son las víctimas, los enfoques metodológicos ofrecidos en esta guía obedecen a la lógica de concentrarse en los territorios donde estas se encuentran y las comunidades a las cuales el conflicto ha afectado. Centran su atención en grupos sociales de mayor vulnerabilidad que han sido afectadxs y los cuales no han tenido la suficiente visibilidad en reportes anteriores. Estos enfoques son: el de género, el étnico, el de jóvenes, niños y niñas afectados por el conflicto, y el de personas con discapacidad, un enfoque psicosocial y uno cultural. El trabajo metodológico de la Comisión es planteado de manera que el organismo pueda identificar y explicar no solo el fenómeno de la violencia letal dentro del conflicto, sino otras formas, otros repertorios de violencia por parte de los grupos armados a lxs civiles, en adición a crímenes de guerra entre actores armados.

Por otro lado, el texto plantea un enfoque estratégico territorial. Una estrategia que sobre todo corresponde a las características del conflicto mismo y a la necesidad de llegar a aquellas zonas donde éste ha afectado más a la población civil que, para el caso colombiano, son las zonas periféricas donde el Estado tiene poca o nula presencia institucional. La CEV creó 19 Casas de la Verdad a nivel nacional, organizadas en 11 macro territoriales, compuestas por territoriales y un nodo internacional. Estas casas de la verdad fueron pensadas como espacios seguros de trabajo, para que los miembros de la Comisión realizaran sus labores de recolección de la información, al igual que representaban lugares que generan confianza dentro de los testimoniantes y legitimidad institucional frente a las diferentes organizaciones. Por último, está metodología contempló un cronograma para la ejecución misional dividido en cuatro fases, que van desde una fase preparatoria hasta la de elaboración del informe final y seguimiento durante el último año de la CEV.

La Dirección de Conocimiento e Investigación formó grupos a nivel territorial por cada uno de los trece puntos del mandato, apoyándose en la organización territorial de las macroterritoriales con sus respectivas territoriales, y se diseñó una herramienta de recolección de información llamada Mapa de vientos. Iniciando con esta una labor exploratoria de tipo diagnóstico en los territorios como actividad precedente a la toma de testimonios y recibimiento de informes. La dinámica interna de investigación estaba organizada de manera que los equipos territoriales aplicaban guías metodológicas que permitieran la construcción de los mapas de viento al equipo Nacional. El objetivo de este mapa de vientos era construir una representación inicial de la realidad social territorial en que estarían inmersas las acciones de la Comisión. La conformación de una herramienta estratégica que le permitió al organismo realizar una lectura analítica de los contextos regionales desde una perspectiva histórica, enfocándose en la identificación de actores sociales y organizaciones; identificar los primeros casos emblemáticos para la labor de esclarecimiento y establecer estrategias de acción para el cumplimiento de los cuatro objetivos a través de la aplicación de la matriz DOFA (matriz diagnóstica compuesta por Dificultades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas). Claramente, un diagnóstico de los contextos, en donde se realizaría su trabajo, además de establecer las primeras relaciones con organizaciones e instituciones en territorio: así lo menciona en la entrevista el analista experto de la comisión: “(…) a la vez que se hacía análisis de contexto había que estar empezando a hacer relaciones con la población en los territorios, entonces con las mesas de participación de víctimas, con las organizaciones de víctimas, con las instituciones del Estado, las alcaldías, personerías tratar de ir detectando organizaciones sociales y establecer relaciones”. Todo esto, a través de informes periódicos producidos desde los territorios, lo que implicaba un proceso de continuo diálogo entre el equipo nacional de la Dirección de conocimiento e investigación, la Dirección de territorios y los equipos territoriales, que no siempre funcionó de manera adecuada. Pronto las dinámicas internas dieron cuenta de la necesidad de transformar la metodología empleada. Problemas como la falta de rigurosidad en algunos informes, la ausencia de estos en los periodos estipulados de entrega, y la tensión que significó que investigadores regionales redujeran sus labores de pesquisa a la recolección de información, para que analistas de la institución a nivel nacional se encargaran del trabajo de producción textual, provocó a mediados del 2019, un replanteamiento completo del sistema metodológico. Es aquí donde aparece el segundo método.

Este método considera a todos los miembros de los territorios como investigadorxs y no solo como recolectorxs de información. Respecto a este cambio de perspectiva metodológica, el entrevistado menciona que “empezamos a reconocer que había que organizar la investigación mirándola desde núcleos temáticos que permitieran dar respuesta a las inquietudes del mandato, pero centrando la mirada en temas específicos y particulares y no dispersándose tanto”. Los núcleos temáticos aprobados por el pleno de comisionados fueron diez. Estos temas, dentro de los que se encontraban: el papel del Estado y sus responsabilidades en el conflicto, narcotráfico, actores armados, dimensiones internacionales del conflicto armado, impacto en las comunidades, luchas sociales, etc., orientaron desde la segunda mitad del 2019 la investigación de la Comisión. A cada núcleo temático se le asignaron preguntas de investigación y personal encargado de desarrollarlos en cada territorio. Esta etapa se traslapó con la toma de testimonios; para ello la Dirección de investigación y conocimiento diseñó formatos de entrevistas semiestructuradas individuales y grupales, cuyo objetivo era brindar al equipo de entrevistadorxs, las orientaciones necesarias para la escucha y acompañamiento a los testimoniantes: víctimas, responsables de hechos victimizantes, terceros civiles responsables y entrevistas a expertxs sobre temas específicos. Esta es esencialmente la materia prima de la Comisión y en el informe del 2019 se reportaban un total de 10.755 personas entrevistadas. La sistematización de este material se realizó a través del Sistema de Información Misional (SIM), un software de almacenamiento y procesamiento de información, donde los usuarixs investigadorxs de la Comisión podían subir y consultar a través de códigos temáticos. El acceso a esta información centralizada fue organizado por protocolos de seguridad en cuatro niveles de acceso, así lo menciona el experto de la CEV: “(…) el nivel 4 es el acceso para todo mundo, nivel 3 es cuando ya son cuestiones con actores armados fuertes, que solo tenemos acceso los investigadores, nivel 2 solamente pueden acceder a esas entrevistas o documentos entregados a la comisión los coordinadores macro y nivel 1 gestión de reserva muy importante sólo tienen acceso a los comisionados”. Si bien el objetivo central de este método era la
construcción de núcleos temáticos, en
la práctica resultó improcedente, puesto que la información que se estaba recogiendo no correspondía a la tematización específica preestablecida; a este respecto el analista experto de la CEV n.º 3: “(…) pero las entrevistas iban por otro lado, o sea, no estábamos entrevistando a los personajes claves que el modelo investigativo podría ir identificando, entonces que, para el tema de problemas económicos, entonces necesitamos entrevistar a fulano a zutano, no, porque las entrevistas las estábamos haciendo era en los pueblos con las víctimas, con los personeros, algunos políticos, etc., y no correspondían a esas dinámicas de plano”. Este segundo método poseía claras funciones interpretativas, permitiéndole a la Comisión además de la creación de una vasta meta data, la producción de una serie de documentos preliminares de investigación, donde se identificaron los primeros casos de esclarecimiento y patrones de violencia. Sin embargo, la falta de una relación más estrecha entre las fuentes de información sobre violación de derechos humanos con los núcleos temáticos, dificultó la correcta aproximación de los investigadorxs a las fuentes testimoniales. La necesidad de encontrar un enfoque que correspondiera más al tipo de fuente recolectada y la identificación de violencias a través de casos y patrones, se empezó a considerar desde los informes de mayo del 2020 por la Dirección Nacional, dando entrada a partir de la segunda mitad de ese mismo año, al tercer modelo metodológico.

La implementación de este modelo requirió un cambio total de dinámica dentro de los grupos territoriales, quienes ya no estarían distribuidos en territoriales sino en grupos temáticos por macroterritorial, en donde cada macro tenía un equipo encargado del tema específico y de igual manera a nivel nacional. Este método tenía como objetivo central la producción narrativa basada en cuatro categorías analíticas: los hechos o acciones violentas dentro del conflicto; los casos, compuestos por un hecho o conjunto de hechos, con una unidad o identidad específica; los patrones de violencia, los cuales, en el contexto comisionado, son un conjunto de casos con las mismas características de unidad e identidad, y por último, los contextos explicativos, el escenario histórico, político y económico que hizo posible lo ocurrido. El viraje metodológico supone nuevamente una labor de formación interna de los investigadores en los territorios. Se redactaron documentos explicativos y se realizaron nuevamente seminarios de formación metodológica a nivel nacional. La ejecución consistió en la identificación y esclarecimiento de hechos, para construir casos, organizar casos para identificar patrones y construir patrones para desarrollar contextos explicativos, con un marco hermenéutico compuesto por los núcleos temáticos y los enfoques generales.

La aplicación de este método le permitió a la Comisión empezar la producción de informes territoriales centrados en la narrativa del informe final, con nuevo personal específico para esto en los territorios, quienes realizaron una utilización más precisa de la fuente primaria (testimonios), donde la observación de las repeticiones y los impactos de los patrones de violencia dio como resultado la priorización del pasado a esclarecer. No obstante, lo que será contado debía cumplir con al menos tres niveles de evidencia: abrumadora, suficiente o consistente, puesto que las verdades esclarecidas deben ser indubitables, incontrovertibles, transformadoras y resistentes a la crítica. La comisión actúa también contemplando el contexto político social al que se enfrenta, un esfuerzo de blindar la producción narrativa a través de la rigurosidad metodológica. Se definió internamente que el tratamiento de las fuentes, consistentes en las entrevistas, los informes recibidos (de Org. de víctimas, DDHH, fuerza pública, etc.) y almacenados en el SIM, archivos nacionales e internacionales, expedientes judiciales y bibliografía, debían manejarse a través del análisis a profundidad, la verificación y contrastación de documentos con testimonios. Con esta estructura metodológica, la Comisión terminaría la última fase de producción de narrativa de la verdad comisionada sobre lo acontecido a las víctimas en el conflicto armado en Colombia, un camino metodológico de aprendizaje que imprimió sus propios retos al proceso comisionado.

La CEV actúo bajo un marco institucional que la crea y la regula, a la vez que le imprime sus objetivos, mandato y su tiempo a funcionar; también le prescribe enfoques metodológicos que caracterizan la verdad comisionada. La ley presenta un lenguaje compacto sobre el conocimiento de lo que debe hacerse: esclarecer, reconocer para convivir y no repetir, pero muy general sobre el cómo conseguir los objetivos propuestos. Los retos metodológicos de trabajar en la construcción de una aproximación metodológica aplicable a los territorios, fue un proceso interno de carácter dinámico, que partió siempre de lo general a lo particular; caracterizado por una elasticidad metodológica que se iba haciendo cada vez más específica al terreno investigativo, y la fase del proceso, no exento de tensiones a nivel interno entre investigadores nacionales y territoriales, por el dinamismo de adaptación de métodos. La elasticidad metodológica corresponde al tipo de trabajo comisionado, una misión sui generis de tipo holístico, donde no existe una “fetichización” del informe final, sino que se implementan otras metodologías paralelas (no tratadas en este artículo), como, por ejemplo, para pedagogía de la Comisión o para la implementación de acuerdos y reconocimientos públicos entre responsables y víctimas, o la metodología empleada en su estrategia digital, etc. Esta es una Comisión que aprende de experiencias de comisiones anteriores como la sudafricana (ejecución de actos públicos de reconocimiento) y la salvadoreña (utilización de un software o los niveles de evidencia de la información). Lo que se dice y lo que no, está sujeto a un proceso metodológico de tipo inductivo, que establece unas temáticas previas basadas en las características del fenómeno histórico estudiado, el conflicto armado en Colombia. Se construyen casos basados en las repeticiones de los patrones y repertorios de violencia, que sirven de ventanas explicativas ante la imposibilidad que significa incluir todos los casos esclarecidos. El organismo debe construir formas de aproximación metodológica, que correspondan al tipo de verdad comisionada, la que está pensada para esclarecer y reconocer. Un proceso que implica el tratamiento de la fuente oral testimonial, empleado por la historiográfica, pero en donde se da la combinación de géneros narrativos, el de investigación estatal, reporte de violación de derechos humanos e historia nacional, que requirió también la contratación de personal con la experiencia y el conocimiento para la materialización del proceso de esclarecimiento en todos los niveles.

Manuel Cardozo Ruidiaz

SOBRE LOS AUTORES

• Manuel Cardozo Ruidiaz, historiador de la Universidad Industrial de Santander con magíster en Didáctica de la Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia y actualmente doctorando en Historia Latinoamericana en la Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Manuel.CardozoRuidiaz@stud.ku.de.
• Thomas Fischer, profesor de Historia de América Latina y director del Centro de Estudios Latinoamericanos (ZILAS), Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, th.fischer@ku.de.
• Carolina López Giraldo, Universidad de Caldas, Colombia. Directora Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (CEDAT), trabajadora social, docente e investigadora del Departamento Desarrollo Humano Programa de Trabajo Social, carolina.lopez@ucaldas.edu.co.
• Salima Cure Valdiviero, Investigadora independiente, antropóloga y maestra en Estudios Amazónicos de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora en Antropología por la Universidad L’Orientale de Napoli. Integrante del CEPAM, Centro de Pensamiento Amazonias, UNAL, sede Amazonia y del NEPE, Núcleo de Investigaciones en Etnicidades de la UFPE, Universidad Federal de Pernambuco, jscurev@unal.edu.co.
• Laly Catalina Peralta González, profesora asociada de la Universidad del Rosario (Bogotá), PhD en Humanidades (Concordia University), magíster en Antropología Social (Universidad de los Andes) y Socióloga (Universidad del Rosario), laly.peralta@urosario.edu.co.
• Diana Gómez Correal, profesora asociada de la Universidad de los Andes, Colombia, dm.gomezc@uniandes.edu.co.