DOI: 10.18441/ibam.23.2023.82.239-263
DEBATES CONTEMPORÁNEOS SOBRE EL PODER POLÍTICO DE IDEAS Y DISCURSOS EN AMÉRICA LATINA
CONTEMPORARY DEBATES ON THE POLITICAL POWER OF IDEAS AND DISCOURSES IN LATIN AMERICA
Adolfo Garcé / Sol Montero / Sofía Schuster Ubilla / Fortunato Morales Ávila / Elisabeth Miche / Juan Ignacio Estévez Rubín de Celis / Virginia Labiano
Hay muchas maneras de acercarse a los fenómenos políticos. Hay quienes insisten en el papel de los intereses y de las estructuras de incentivos que motivan la acción de las personas. No solamente están en su derecho. Además, trabajando a partir de estos enfoques, suelen realizar aportes muy valiosos. Las y los autores de los textos de este Foro de Debate, en cambio, preferimos tomar otro camino. Para nosotras y nosotros lo político (y la política) está constituido por palabras, por discursos que comunican ideas y que tienen consecuencias en la esfera pública. Desde nuestro punto de vista, las palabras, y las ideas que connotan, le dan sentido al mundo, definen los intereses de las actorías y preceden a las instituciones.
Venimos impulsando esta agenda de investigación desde el Grupo de Investigación “Ideas, Discursos y Política” de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). La iniciativa de crear este grupo surgió durante el 5to Congreso de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política celebrado en Montevideo. A la reunión fundacional, en la que participaron colegas de toda la región (especialmente de Argentina, Brasil, Chile, y Uruguay), asistieron Vivien Schmidt y Kathryn Sikkink, dos figuras de primer nivel en los debates contemporáneos sobre el poder de ideas y discursos.
Desde 2014 en adelante, el Grupo organizó simposios en los sucesivos congresos de ALACIP, seminarios virtuales para discutir avances de investigación de sus integrantes, y diversas actividades abiertas. Nuestro seminario de investigación fue concebido como un espacio de cooperación, de ayuda mutua, estímulo y auxilio, especialmente apropiado para quienes están haciendo tesis sobre ideas y discursos. Las actividades abiertas nos han permitido difundir nuestra mirada sobre la política entre socias y socios de ALACIP, estrechando vínculos con académicas y académicos de otros países. Solamente a modo de ejemplo, durante la pandemia se llevó adelante el Webinar “The power of ideas in times of COVID-19”, con la participación de los profesores Daniel Béland de McGill University, Canadá y Craig Parsons de University of Oregon, USA.
Quienes formamos parte de este grupo estamos de acuerdo en lo esencial, es decir, en rescatar la dimensión ideacional y discursiva de la política. Pero no necesariamente pensamos exactamente lo mismo. En verdad, venimos de procesos de formación distintos y nos apoyamos en tradiciones académicas diferentes. Entre nosotras y nosotros hay quienes conocen más a fondo la literatura sobre ideas y quienes dominan mejor la producción sobre discurso político. Hay positivistas, interpretativistas, constructivistas, feministas, expertas/os en estudios de caso y cultoras/es de la política comparada. Lejos de ser un problema, estas diferencias generan un clima de reflexión y aprendizaje que beneficia a todas y todos.
Los breves artículos que componen este Dossier son una muestra de esta diversidad, y de la extensa agenda de investigación que nos ocupa. En el primer artículo, Adolfo Garcé sostiene que el enfoque ideacional tiene mucho para aportar a la agenda de investigación sobre la dinámica de instituciones políticas fundamentales como los regímenes de gobierno y las reglas electorales.
Desde una mirada metodológica, Sol Montero se interroga por los presupuestos teóricos y epistemológicos que conlleva el estudio de los discursos politicos y sociales, y rescata el valor de los abordajes constructivistas, de la dimensión interdiscursiva y de las metodologías interpretativas.
En línea similar, Sofía Schuster reflexiona en torno a los discursos y la metodología de la investigación, señalando el vínculo que existe entre análisis de discurso y feminismos, así como las oportunidades y desafíos que se erigen desde Abya Yala al aplicarlo desde una epistemología crítica y situada.
Por otro lado, y partiendo de la consideración de que el discurso plantea la cuestión de que no siempre lo que se dice corresponde con aquello que se hace al decir, su análisis contiene un núcleo problemático que muestra los límites y alcances de la realización de la palabra. En ese sentido, el artículo de Morales y Miche aborda el concepto de acción discursiva y su aplicación en el campo político.
Por último, en su análisis de políticas sociales de transferencias condicionadas de ingresos, Labiano y Estévez argumentan que no son los parámetros de la pobreza per se los que la definen como problema sino la interpretación ideacional que de ella se hace.
Les invitamos a leer estos artículos que buscan compartir algunas de las reflexiones que hemos estado desarrollando al interior del Grupo de Investigación “Ideas, Discursos y Política” de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y esperamos que éstos les permitan generar más preguntas en torno a las ideas y los discursos en el campo socio-político.
Adolfo Garcé / Fortunato Morales Ávila / Juan Ignacio Estévez Rubín de Celis / Sofia Schuster Ubilla / Sol Montero y Virginia Labiano
Durante las últimas tres décadas la ciencia política ha tenido un desarrollo intenso. La multiplicación de asociaciones profesionales y regionales, el establecimiento de carreras de grado y posgrado en nuevos países, y la proliferación de revistas académicas dan la pauta de la expansión, profesionalización y maduración de la disciplina. Al recorrer este camino, la ciencia política se volvió más compleja y diversa, tanto en el plano de los métodos como en el de sus objetos de estudio y enfoques teóricos.
Desde luego, no existe una y solamente una manera de hacer buena ciencia política. Como explicara Craig Parsons en How to Map Arguments in Political Science, publicado por Oxford University Press en 2007, es posible distinguir entre enfoques estructuralistas, institucionalistas, sicológicos e ideacionales. Cada de uno de ellos ha acumulado significativos méritos teóricos y empíricos. Una de las tendencias que puede advertirse en ese contexto, es decir, en el de una disciplina cambiante, vibrante y plural, es el creciente interés de estudiantes y académicos en los enfoques ideacionales.
Uno de los rasgos más curiosos del renovado interés por el poder político de las ideas ha sido su asimetría temática: se ha manifestado mucho más claramente en campos de la disciplina como Relaciones Internacionales, Economía Política o Políticas Públicas que en el estudio de las constituciones, de los regímenes de gobierno y las reglas electorales. En este breve artículo argumento que, esta situación, lejos de ser un problema, genera una excelente oportunidad. Podemos utilizar las herramientas conceptuales y metodológicas generadas por los enfoques ideacionales en otros campos para dar un nuevo impulso, teórico y empírico, al estudio de la dinámica de las instituciones políticas en el sentido más estricto, clásico, del término.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ideas? Los académicos han dado distintas respuestas a esta pregunta. Algunos ejemplos muy citados ayudan a tener una noción general de las definiciones propuestas. En Ideas and Foreign Policy, publicado por Cornell University Press en 1993, Judith Goldstein y Robert Keohane distinguieron entre visiones del mundo, creencias normativas y creencias causales. En su obra Institutional Change and Globalization, publicada por Princeton University Press en 2004, John Campbell, por su lado, propuso cuatro tipos de ideas: dos de ellos, los sentimientos públicos y los paradigmas son ideas implícitas (forman parte del background del debate público); los marcos y programas, en cambio, forman parte abiertamente del debate público. En el capítulo que publicara en el excelente libro editado por Daniel Béland y Robert Cox, Ideas and Politics in Social Science Research, publicado por Oxford University Press en 2011, apoyándose en John Kingdon, Jal Mehta diferenció entre filosofías públicas, definiciones de problemas y soluciones de políticas.
Los académicos, además, han realizado un esfuerzo especial por poner de manifiesto a través de qué mecanismos causales concretos y por medio de la agencia de qué actores específicos los distintos tipos de ideas ejercen su poder político. Goldstein y Keohane, por ejemplo, argumentan que las creencias normativas y causales ejercen su poder político cuando ofrecen mapas de ruta, cuando afectan las estrategias de los actores en los casos de equilibrios múltiples, o cuando cristalizan en instituciones. Campbell insiste en que las ideas solamente ejercen su poder cuando son encarnadas por actores (v.g. decisores, académicos, consultores, políticos). Las instituciones especializadas en generar conocimiento y en diseminar ideas (como los think tanks) y las redes de expertos (como las comunidades epistémicas), también juegan un papel decisivo. Las ideas generan cambios en instituciones y políticas o circulando de un contexto a otro, en procesos de difusión y traducción, o mezclándose con otras ideas dentro del mismo contexto, en dinámicas de bricolaje.
En este ideational turn algunos autores jugaron un papel especialmente significativo. Existe un amplio acuerdo en concederle a Peter Hall un lugar muy especial en esta historia. En The Political Power of Economic Ideas, publicado por Princeton University Press en 1989, su libro sobre el ascenso del keynesianismo, Hall puso de manifiesto de qué modo las ideas económicas permean las decisiones de gobierno. Al poner el acento en las ideas, Hall cambió los ejes de la discusión en el campo de la Economía Política. La nueva pista teórica fue rápidamente explorada por otros autores, como Kathryn Sikkink. En su libro Ideas and Institutions, publicado en 1993, a partir de una comparación entre el desarrollismo en Argentina y Brasil, ella aportó un estudio clásico en la discusión sobre el vínculo entre ideas económicas e instituciones del Estado. Una década más tarde, en Great Transformations, Mark Blyth realizó otro aporte fundamental al estudiar a fondo el papel de la incertidumbre en el mecanismo causal que conecta ideas económicas e instituciones estatales. Es posible que estos autores sean los más conocidos en la pujante escuela de la Economía Política ideacional.
Otro texto de Peter Hall ha tenido una gran influencia, Policy Paradigms, Social Learning, and the State. The Case of Economic Policymaking in Britain, publicado en Comparative Politics en 1993, contribuyó sensiblemente a la difusión del enfoque ideacional desde el campo de la Economía Política al de las políticas públicas, tout court. Este nuevo aporte conceptual de Hall vino a sumarse a otros marcos teóricos que, durante la década previa, ya habían incorporado el papel de las ideas. Tanto en el Marco de las Corrientes Múltiples (Multiple Stream Framework) formulado por John Kingdon como en el Marco de las Coaliciones Promotoras (Advocacy Coalition Framework), elaborado por Paul Sabatier y Hank Jenkins-Smith, las ideas (entendidas como principios, creencias causales, y conocimiento especializado) juegan un papel central. Gracias al aporte de autores como ellos, desde los años noventa en adelante, es raro que los estudios de políticas públicas no incorporen el rol de las ideas.
Otro tanto ocurrió en el campo de las Relaciones Internacionales. A comienzos de los noventa, las ideas empezaron a ganar espacio en los argumentos de los expertos. Para algunos, pienso en el libro editado por Judith Goldstein y Roberth Keohane, Ideas and Foreign Policy, publicado por Cornell University Press en 1993, las ideas son una variable explicativa importante pero su influencia se verifica bajo ciertas condiciones especiales. Para otros, pienso ahora en la escuela constructivista y en autores como Emanuel Adler, las ideas serán cruciales. Lo que realmente importa en la vida social no es lo estrictamente material (la evidencia empírica según el positivismo) sino los significados atribuidos socialmente a dicha realidad material. Es posible, incluso, que el debate teórico sobre el poder de las ideas haya sido más intenso y sofisticado entre los especialistas en relaciones internacionales que en otros como puede concluirse fácilmente a partir de obras como Social Theory of International Politics, de Alexander Wendt, o World Ordering, de Emanuel Adler.
El ideational turn se verificó al mismo tiempo que en la ciencia política ganaban espacio los enfoques (neo)institucionalistas. De hecho, algunos de los académicos que más han contribuido a darle visibilidad a las ideas, como Peter Hall, deben ser clasificados dentro de una de las diferentes versiones del neoinstitucionalismo en ciencia política: el Institucionalismo Histórico. De todos modos, autores como Vivien Schmidt, navegando entre los tres campos de estudio anteriores, han propuesto que no existen tres versiones del neoinstitucionalismo, como sugieren Peter Hall y Rosemary Taylor (elección racional, histórico y sociológico) sino cuatro. La cuarta especie del género es el institucionalismo discursivo que, según esta autora, a diferencia de los otros tres, sí asigna un papel central a ideas y discursos en la dinámica política, en general, y de las políticas públicas en particular.
El enfoque ideacional ha demostrado poder hacer aportes significativos en temas muy importantes, desde las relaciones internacionales a la política monetaria. Sin embargo, ha sido todavía poco utilizado a la hora de estudiar otros asuntos tan o más interesantes que los anteriores. En particular, llama la atención lo poco que se recurre a las ideas a la hora de investigar la dinámica de instituciones políticas fundamentales como los regímenes de gobierno o las reglas electorales. Veamos, a continuación, algunos ejemplos de la agenda pendiente.
Es posible que ninguna decisión institucional sea tan trascendente para las democracias contemporáneas como la de cómo diseñar su régimen de gobierno. Por eso mismo, no puede extrañar que exista una profusa literatura sobre cómo se originaron y cómo han ido cambiando las constituciones. Pero en la literatura politológica sobre este asunto el enfoque ideacional es muy infrecuente. La mayoría de los trabajos académicos prefieren explicar estas decisiones institucionales a partir de las características estructurales de la sociedad o de la competencia por el poder entre los actores más relevantes. Los argumentos de este tipo, construidos deductivamente, suelen ser persuasivos y elegantes. Sin embargo, parecen desconocer la abundante evidencia generada por la historiografía y el derecho constitucional comparado respecto a la influencia decisiva, en la formulación y trayectoria de las constituciones, de algunos modelos como el presidencialismo norteamericano o el parlamentarismo británico. Por ejemplo, es evidente que los presidencialismos latinoamericanos están inspirados en la Constitución de Filadelfia norteamericana.
Asimismo, cualquiera que repase los argumentos esgrimidos por quienes lideraron la elaboración de las primeras constituciones republicanas podrá advertir hasta qué punto pesaban en esas élites los entendimientos compartidos (creencias normativas y causales) heredados de la época colonial respecto a cómo construir el orden político. La sentencia atribuida por Juan Bautista Alberti a Simón Bolívar refleja a la perfección el clima de ideas predominante en esos tiempos de forja: “Lo que precisa nuestra América –habría dicho– son reyes con el nombre de presidentes”. La manera más sencilla y más fácilmente documentable de explicar las características generales del presidencialismo latinoamericano es verlo como una mezcla de dos paradigmas políticos distintos: por un lado, viajando desde el Norte, el modelo norteamericano; por el otro, viniendo desde los tiempos de la colonia, el modelo monárquico.
Este argumento sobre el proceso de elaboración de las primeras constituciones permite poner de manifiesto dinámicas políticas bien conocidas por quienes han investigado procesos de difusión en otros campos. La literatura sobre difusión, originada en el campo de las Relaciones Internacionales, ha sido de gran utilidad en los estudios sobre el cambio de las políticas públicas. Es muy común que paradigmas de políticas públicas “viajen” través de las fronteras. El modelo chileno de pensiones fue adoptado por muchos países. Otro tanto pasó, años después, con los Programas de Transferencias Condicionadas. Los países no solamente imitan políticas públicas. También suelen copiar instituciones. Hace cien años en los países andinos hubo una ola de creación de Bancos Centrales inspirada por el profesor de Economía norteamericano Edwin Kemmerer, el “Money Doctor” de los Andes. En los años sesenta, en tiempos de apogeo del pensamiento cepalino, fue el turno de las oficinas de planificación. Más recientemente, sonó la hora de los ministerios de desarrollo social.
Esto nos conduce directamente a otro posible aporte de la literatura ideacional a la dinámica de las instituciones políticas en sentido estricto. Kemmerer, un economista, fue muy influyente en los años veinte. La comunidad epistémica cepalina fue decisiva en la construcción de las oficinas de planificación. Los expertos en políticas sociales jugaron un papel clave en la construcción de los ministerios de desarrollo social. Las ideas cristalizan en instituciones cuando hay emprendedores que las movilizan. Esto, que ha sido largamente estudiado en Economía Política y Políticas Públicas, merece ser extrapolado al estudio de las instituciones políticas. Los expertos suelen jugar un papel importante en la dinámica de los regímenes políticos. Al fin de cuentas, en todos los procesos de cambio constitucional desde las guerras de independencia en adelante los abogados y universitarios desempeñaron un papel clave. Aportaron información comparada, colaboraron en las negociaciones, inventaron soluciones novedosas.
Lo que vale acaba de argumentarse sobre el cambio constitucional vale también para las definiciones sobre reglas electorales. Aquí también, en los trabajos elaborados desde la ciencia política, es posible advertir el predominio de los enfoques teóricos que analizan los cambios institucionales a partir de equilibrios de poder. Sin embargo, incluso admitiendo esa dimensión, las ideas juegan un papel clave. En términos de Jal Mehta, las ideas formulan el problema (lo “construyen”, dirían Peter Berger y Thomas Luckmann), y ponen a disposición de los actores las propuestas institucionales concretas que formarán parte del menú de las negociaciones entre ellos.
Veamos algunos ejemplos. Las ideas jugaron un papel muy importante en la definición (en la “construcción social”) de algunos problemas políticos que tendrán, como epílogo institucional, algunos cambios electorales. A medida que fue avanzando el proceso de democratización en la región, es decir, a partir de fines de la década del setenta del siglo pasado, se instaló en la región un intenso debate sobre las razones de la fragilidad histórica de nuestras democracias. Este problema fue definido como crisis de gobernabilidad. Dicho de otra manera. A la hora de explicar la fragilidad de la democracia nuestras elites volvieron a razonar como luego de las guerras de independencia. No se definió la tendencia secular al autoritarismo, por ejemplo, como consecuencia de la tendencia a la concentración del poder que viene del siglo xix (y de antes, todavía). El problema, en el continente de las dictaduras, no fue el exceso de autoridad, sino la “ingobernabilidad”. Una vez que el problema queda definido en estos términos, el menú de alternativas de reforma electoral comienza a sesgarse. No puede asombrar a nadie que una de las reformas electorales más frecuentes en la región haya sido la instalación de la segunda vuelta electoral. Dicho sea de paso, también aquí, en la opción por el balotaje, cabe detectar un proceso de difusión.
No fue el único cambio electoral ocurrido durante esos años, por cierto, ni el único en el que puede reconocerse un proceso de difusión. Muchos países de la región incorporaron cuotas de género. Imposible explicar este proceso sin el papel de las ideas. Aquí también hubo, primero, un proceso de definición de un problema: el de la baja presencia de mujeres en el parlamento. En la elaboración de esta idea, y en su instalación como problema en la agenda pública, jugó un papel absolutamente decisivo el activismo de las redes feministas. Un evento anterior, la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1979, fue un estímulo extraordinario para las redes y organizaciones de mujeres. Las redes de mujeres políticas apelaron a esta norma internacional para legitimar su reclamo de cambios en la legislación electoral. La cuota de género fue la solución de política, en términos de Mehta que se fue abriendo paso en la región, a partir del caso argentino.
En suma. En este artículo no sostiene que el enfoque ideacional es el único correcto o válido. Lo que sí se intenta decir, es que asistimos a un creciente interés de estudiantes y colegas en explicar la política a partir del poder de las ideas. También se argumentó, que en la literatura ideacional es posible advertir una asimetría entre el fuerte desarrollo que han tenido los argumentos ideacionales en Economía Política, Relaciones Internacionales y Políticas Públicas, y la significativamente más débil acumulación ideacional en la investigación académica sobre la dinámica de los regímenes de gobierno y de las reglas electorales. Si este argumento es correcto, tenemos una gran agenda de investigación por delante. Hay muchos estudios de caso esperando a ser analizados a fondo. Hay muchos estudios comparados aguardando su oportunidad.
Adolfo Garcé
Los problemas políticos, o, más generalmente, los problemas públicos que interesan a la ciencia política y a la sociología política, están atravesados por una dimensión discursiva. Es más: podría decirse que no hay fenómeno político que no pueda interpretarse y leerse a la luz de los discursos que lo conforman. Es cierto que, en muchas de sus acepciones y vertientes teórico-metodológicas, las ciencias sociales sospechan de los discursos, considerados como un aspecto superficial, cuando no ornamental o directamente encubridor de un núcleo fundamental y más verdadero: los datos, los hechos, las evidencias, la realidad misma. Nos encontramos en el corazón de las reflexiones epistemológicas fundantes de las ciencias sociales, aquellas que atañen al estatus y la cualidad de los objetos de estudio de estas ciencias que se ocupan de lo humano, de lo social, de lo político, y cuyos objetos son complejos, mutantes, inaprehensibles en su totalidad por cuanto los investigadores son parte de los fenómenos que estudian.
En tanto disciplinas descriptivas e interpretativas, las ciencias sociales se proponen desentrañar los sentidos que se producen en el marco de estructuras significativas, jerarquizadas y ordenadas como son las sociedades, los sistemas políticos, las políticas públicas o los movimientos sociales, entre tantos otros temas de interés: ¿qué significa, cómo se explica o cómo funciona una elección, una manifestación, una revolución, una decisión política? Se trata de explicar, como afirmara el antropólogo Clifford Geertz en La interpretación de las culturas de 1973, “expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie” pero que responden a algún tipo de patrón. El “estatus ontológico” de esas expresiones sociales (material o mental, concreto o abstracto), dice Geertz, no es aquello por lo que hay que preguntarse: “Lo mismo que las rocas por un lado y los sueños por el otro: son cosas de este mundo. Aquello por lo que hay que preguntar es por su sentido y su valor”. Las rocas y los sueños son cosas de este mundo, tanto como lo son una manifestación multitudinaria, una piedra arrojada contra un policía, una pancarta de repudio o un discurso llamando al orden o a la revuelta. Son cosas de este mundo, y nos interesa desentrañar su sentido y su valor.
Pero las cosas de este mundo, y especialmente las cosas de nuestro mundo social y político, son efecto de operaciones discursivas. En ese sentido, abordar la dimensión discursiva de esos fenómenos supone adoptar una mirada constructivista de la realidad social, según la cual el investigador, él mismo socialmente situado, crea –en su interacción– las realidades que constituyen los materiales recolectados y analizados, materiales que además pasan por procesos de producción y circulación social. Pero la mirada constructivista recae también sobre los fenómenos mismos: quien estudia discursos se inscribe en la hipótesis foucaultiana según la cual la realidad misma es un efecto de las prácticas discursivas.
¿Qué es, entonces, un discurso? Vale la pena volver a las obras seminales de Foucault: conjunto de “prácticas que forman sistemáticamente los objetos de los que hablan”, a la vez “instrumento y efecto de poder, pero también obstáculo”, el discurso “transporta y produce poder, lo refuerza pero también lo mina, lo expone, lo torna frágil y permite detenerlo”. No es “solamente lo que manifiesta (o encubre) el deseo; es también el objeto del deseo; […] no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, es aquello por lo que, y por medio de lo cual, se lucha, aquel poder del que uno quiere adueñarse”, dice Foucault en El orden del discurso de 1971.
En sus trabajos sobre el carácter discursivo de lo social, Laclau retoma la perspectiva foucaultiana, pero establece dos distinciones claras. En Nuevas Reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo de 2000, Laclau afirma, en primer lugar, que las prácticas discursivas incluyen tanto material verbal como no verbal: el discurso es “el terreno primario de constitución de la objetividad como tal. Por discurso no entendemos algo restringido al habla o a la escritura […], sino un complejo de elementos en el cual las relaciones juegan un rol constitutivo”. En segundo lugar, anula la distinción foucaultiana entre prácticas discursivas y extradiscursivas (instituciones, leyes, economía). Esto no implica afirmar que todo lo real es discursivo, y que el mundo exterior al lenguaje carece de existencia, pero sí implica adoptar una perspectiva epistemológica sobre la realidad: desde esta mirada, un hecho natural como un terremoto puede ser interpretado como un fenómeno climático-meteorológico o como la expresión de la ira de Dios. En ambos casos, las lecturas sobre el hecho se ubican en un determinado campo discursivo (el científico o el religioso) que le da entidad. Un terremoto, la ciencia, la religión: son cosas de este mundo.
Muchos dirán que hoy en día la querella entre positivistas y antipositivistas está perimida; que ya nadie duda de la centralidad de los discursos y de las ideas a la hora de analizar hechos sociales. Y eso es cierto: basta observar las revistas, los programas y las currículos de ciencia política o sociología política para observar que no faltan allí abordajes discursivistas o ideacionales. Sin embargo, es en los métodos de investigación donde retorna, muchas veces, una mirada positivista que intenta reponer datos, evidencia, hechos, intenciones individuales. Pero los discursos no pueden reducirse a datos que funcionen como evidencia, ni a elementos subordinados a los hechos, ni a expresiones de una intención individual. Como dice Fairclough en su clásico Analysing discourse de 2003, estudiar un discurso como una forma de práctica social supone, “en primer lugar, que es un modo de acción […], y, en segundo lugar, que siempre es un modo de acción situado histórica y socialmente […] –que está configurado socialmente, pero también, que es constitutivo de lo social, en tanto contribuye a configurar lo social–”. De allí que los cientistas sociales interesados en la dimensión discursiva de los hechos sociales suelan interrogarse por la metodología. ¿Existe una metodología para estudiar los discursos? Por metodología no nos referimos, por supuesto, a una técnica: podemos disponer de numerosas técnicas (manuales o informáticas) de recolección, sistematización, clasificación e incluso medición de discursos sin que esto redunde en una metodología de análisis. En este punto, los múltiples y cada vez más sofisticados softwares dedicados a recopilar material textual, a identificar frecuencias, a clasificar estilos, temas o modalidades mediante finas técnicas de inteligencia artificial son instrumentos de gran utilidad para el analista en una primera etapa de investigación.
Pero una metodología de análisis de discursos no podrá limitarse a esas técnicas. Nos interesa destacar tres premisas que resultan fundamentales a la hora de abordar materiales discursivos, sean estos verbales, multimodales o no verbales.
En primer lugar, el analista debe construir un corpus. Un corpus es un cuerpo de enunciados que surge como resultado, y no como punto de partida, de la investigación. En el inicio, el investigador se topa con materiales diversos, heterogéneos, múltiples. Los materiales carecen de unidad interna: esta unidad es el resultado de una operación de recorte, montaje y puesta en serie que realiza el investigador guiado por sus intereses, sus preguntas e hipótesis. De allí surge el corpus, que tiene un carácter artificial: en este sentido, no hay algo así como datos discursivos puros y duros que tengan, per se, la capacidad de funcionar como prueba o como evidencia de una hipótesis. Estudiar las regularidades o variaciones de, por ejemplo, las modalidades de habla de las mujeres políticas, requerirá de la construcción de un corpus de enunciados –que dista de ser excluyente y exhaustivo– entre los muchos materiales disponibles (entrevistas, alocuciones públicas, arengas, tweets, afiches de campaña), corpus en el cual esas regularidades o variaciones, o más bien las regularidades en la variación del habla de las mujeres políticas, se hacen visibles.
En segundo lugar, como señala Elvira Arnoux en Análisis del discurso, modos de abordar materiales de archivo de 2008, el método del analista de discursos es el que Carlo Ginzburg define como propio de las ciencias interpretativas: el método indicial. En ese sentido, el razonamiento dominante no es inductivo ni deductivo sino abductivo, esto es, el que establece conexiones, equivalencias, analogías y organiza un “paradigma de inferencias indiciales” a partir del rastreo de pistas, huellas y síntomas que permiten construir interpretaciones. Se trata, según explica Ginzburg en Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia de 2008, ni más ni menos que del “método morelliano” para establecer la autoría y la falsedad en cuadros antiguos, así como del método que emplea Freud en su famoso ensayo sobre el Moisés de Miguel Ángel (y en la lectura sintomática, en general) y el mismo Sherlock Holmes en sus investigaciones detectivescas: de la misma manera, el analista de discursos busca detalles, regularidades o irregularidades llamativas, ruidos, huellas, pistas materiales (tonos, palabras, modos, colores, gestos) que le permitan establecer relaciones entre ese discurso y otros discursos que lo rodean, en el presente, en el pasado o en el futuro (en su dominio de actualidad, de memoria o de anticipación).
Y este es precisamente el tercer elemento metodológico que el analista de discursos deberá adoptar como premisa: todo discurso se inserta en una red de enunciados, está rodeado y atravesado por un interdiscurso que lo constituye. Así, ningún discurso político sucede ex nihilo, aunque su ocurrencia sea única, en tanto se inscribe en una cadena, en una memoria, en una tradición, en una polémica o en una trama que lo desborda y al mismo tiempo lo enmarca.
En definitiva: existe un terreno muy fértil, en el campo de las ciencias sociales y políticas, para adoptar miradas discursivistas capaces de aprehender, interpretar y explicar el sentido de esos fenómenos complejos, cambiantes y multidimensionales que nos involucran como investigadores pero también como ciudadanos, como activistas y como sujetos sociales.
Sol Montero
¿Cómo me entiendo a mí misma y entiendo al mundo? Cuestionar, investigar, reflexionar, querer entender, son acciones muy propiamente humanas, hasta donde sabemos. ¿Cómo –a través de qué mecanismos o con qué herramientas– reflexionamos, creamos, compartimos, cuestionamos estos saberes? Con el lenguaje, con el discurso. La investigación puede tener únicamente fines de entendimiento, goce intelectual y/o autoconocimiento, pero también puede buscar incidir para transformar la realidad que se estudia/investiga a través, por ejemplo, de la toma de decisiones de política pública. De esta forma, lo aquí escrito no solo es aplicable al trabajo a nivel académico, también de ONG, consultorías, personas que toman decisiones, entre otras.
La metodología puede entenderse como la teoría sobre procedimientos que se siguen o deberían seguir para analizar la información de un determinado aspecto de la realidad; considera una serie de métodos y técnicas utilizadas para producir/levantar/construir información a fin de establecer hallazgos y conclusiones respecto de la realidad o fenómeno estudiado.
La acción de investigar progresivamente se ha ido perfeccionando, profesionalizando, tecnificando y desde el siglo xx se han cristalizado dos métodos para realizar investigación: el cuantitativo y el cualitativo. Ambos, aplicando procesos específicos para crear conocimiento y/o sistematizar saberes. Saberes que pueden remitirse al “afuera” (el mundo, las otras personas, la alteridad), al “adentro” (mi misma) y/o a la relación entre ambas.
En todos los casos se utiliza el discurso para concebir, representar, registrar y compartir las ideas que surgen del proceso investigativo. A nivel general, es posible comprender el lenguaje: (i) esencialmente en términos representacionales conceptuales, es decir, como instrumento para representar el pensamiento (Chomsky y toda la lingüística generativa contemporánea); (ii) subrayando su carácter comunicativo, el hecho de ser un medio para la comunicación y la transmisión entre las personas que habilita la acción (Benveniste y toda la lingüística pragmática). En este punto resulta relevante considerar a Patrizia Violi, quien señala que cualquier teoría del lenguaje es también una teoría del sujeto, puesto que la construcción resulta bidireccional.
Entonces, la metodología de la investigación, particularmente la investigación social y política, ha de considerar como factor crucial el estudio y comprensión del discurso. Y discurso entendido en sentido amplio como indicara Foucault: (i) el discurso escrito, (ii) hablado y (iii) las prácticas sociales. Un ejemplo de práctica social es el saludo. En varios países de Abya Yala se puede saludar sin decir una palabra y es diferenciado por género: entre varones se dan la mano y si en la interacción social hay una mujer, entonces se incluye un beso en la mejilla (mensaje socialmente reproducido: se puede acceder más fácilmente al cuerpo de las mujeres). El saludo en tanto práctica social –discurso– se ha modificado levemente debido a las restricciones de cercanía física que impuso la pandemia por COVID-19.
Es a través del discurso que podemos acceder a las ideas y cosmovisiones de las personas, aquellas que les llevan a actuar de determinada forma en la arena socio-política. Cualquiera sea el caso, la utilidad que en general tiene el análisis del discurso para quien realiza investigación radica en tres elementos importantes: (i) muchas investigaciones contemplan, entre sus ‘objetos de estudio’ o ‘unidades de análisis’, piezas o fragmentos de discurso (documentos, intervenciones orales, entrevistas, entre otras), cuyo abordaje requiere herramientas de interpretación y tratamiento; (ii) muchos constructos disciplinares del siglo xx indican que los fenómenos socio políticos están definidos por una perspectiva comunicacional y de lenguaje; (iii) toda persona investigadora se ve enfrentada a la necesidad de criticar conceptos, dilucidar términos, construir definiciones y manejar diversas actividades de pensamiento vinculadas a estructuras lógico-lingüísticas; y también en este caso el análisis del discurso resulta una guía valiosa.
La epistemología es la base en la que se funda la metodología; es la ciencia del conocimiento científico y trata de responder preguntas como: ¿quién es el sujeto del conocimiento? –mujeres excluidas por siglos del proceso investigativo; bajo una epistemología tradicional quien puede generar conocimiento es el cogito cartesiano, sujeto lógico universal quien accede a través de su sistema cognitivo a “la” realidad y “la” verdad–; ¿quién puede generar conocimiento? –históricamente, únicamente los varones fueron quienes podían acceder a la educación superior; y aunque esa exclusión ha ido disminuyendo a través de la historia, en el año 2022 en Afganistán se ha eliminado el derecho de las mujeres a asistir a la Universidad–. Otras preguntas son: ¿cómo se construye teóricamente el objeto de estudio? –tradicionalmente, las mujeres y diversidades sexo genéricas no participan en la construcción del objeto de estudio; ahora bien, los estudios feministas y de género han permitido establecer/identificar nuevos objetos de estudio al estudiarse(nos) ellas(nosotras) mismas–; ¿qué pruebas demuestran la veracidad del conocimiento? –aquí la pregunta es central porque la base de la epistemología tradicional es reconocer que existe “la” realidad y “la” verdad, y ambas son cognoscibles por el sujeto universal aplicando los pasos del método científico–.
Ahora bien, desde los aportes teóricos feministas, Donna Haraway, filósofa y académica, propone el conocimiento situado. Una postura epistemológica y posicionamiento ante el conocimiento que se caracteriza por: (i) relevar el carácter situado en términos sociales e históricos de toda forma de conocimiento –en otras palabras, ningún conocimiento está desligado de su contexto ni de la subjetividad de quien lo produce–, (ii) renunciar a la producción de un conocimiento único como verdad absoluta –epistemología crítica–, (iii) valorar las experiencias y saberes de todas las personas, ampliando la noción tradicional de “conocimiento científico o de laboratorio”.
Desde el conocimiento situado existen tres elementos clave a considerar en la producción de conocimiento, que nos permiten evidenciar las relaciones de poder al interior de los distintos campos disciplinares: (i) ¿dónde se genera conocimiento?, (ii) ¿qué conocimientos se están generando?, (iii) ¿quiénes generan conocimiento? Entonces, resulta clave tener presente lo que nos enseña Haraway: La visión, frente a la idea de la observación, es un concepto situado e histórico. De este modo, las observaciones que se realizan en un proceso investigativo son formas concretas de ver y no son trascendentes ni absolutas, por lo tanto, hay que entender a las formas de conocimiento como limitadas, parciales y responsables. No son generalizables. Esta perspectiva permite acceder a la encarnación de lo particular y específico puesto que solo una visión parcial promete una visión objetiva, como indica Donna.
Entonces, desde la epistemología crítica la subjetividad se reconoce como valiosa y no resulta necesario obviarla y/o eliminarla durante el proceso investigativo (como indicaría la epistemología tradicional). Se visibiliza y valora la categoría de la experiencia como factor subjetivo dentro del proceso investigativo.
Y en este punto, el discurso, la conciencia de mi propio discurso como investigadora es central. Reconocer la propia experiencia, así como las relaciones de privilegio y opresión en que me encuentro como investigadora al momento de iniciar el proceso. Pues estas determinarán no sólo qué seleccionaremos como tema u objeto de estudio, sino también cómo guiaremos el proceso investigativo y los focos que pondremos en los hallazgos, lecciones aprendidas y conclusiones.
En este contexto, el investigar/hablar/escribir situado refleja que valoramos la experiencia. La propia y la de las demás personas. ¿Cómo acceder a la experiencia propia y de las demás personas sino a través de los discursos? Acá resulta importante rescatar lo que señala Patricia de Souza en relación a que mi subjetividad no es inercia, repliegue sobre sí, separación, sino por el contrario, movimiento hacia la otra persona.
Como indica Guilia Colaizzi en su texto “Feminismo y teoría del discurso”: El feminismo es teoría del discurso, y hacer feminismo es hacer teoría del discurso, porque es una toma de conciencia del carácter discursivo, es decir, histórico-político, de lo que llamamos realidad, en su carácter de construcción y productor y, al mismo tiempo, un intento consciente de participar en el juego político y en el debate epistemológico para determinar una transformación en las estructuras sociales y culturales de la sociedad, hacia la utopía –un utopía indispensable– de un mundo donde exclusión, explotación y opresión no sean el paradigma normativo. De esta forma, el análisis crítico del discurso es una herramienta metodológica que permite identificar las características de la sociedad que se habita, dando nombres a situaciones y fenómenos que experimentamos a diario en una sociedad que se estructura y organiza con lógicas capitalistas, hetero-patriarcales, capacitistas, adultocéntricas, de la modernidad y colonialidad.
Ahora bien, una vez puestos los lentes violeta, en Abya Yala sumamos otra complejidad a esta ya intrincada relectura de la labor investigativa. Como dice Pascale Casanova, citada por Patricia de Souza en su texto “Descolonizar el lenguaje”: el idioma legítimo no es un bien colectivo, no está a disposición de todos quienes generan discurso: sólo tiene la capacidad de hablar y ser oída aquella persona que posee el lenguaje autorizado, es decir, el lenguaje de la autoridad. De esta forma, los procesos mentales mediante los cuales generamos reflexión al momento de investigar, los realizamos en un idioma que no es el propio, sino el idioma de la colonización/colonialidad.
Por extensión entonces: ¿cómo puedo pensar(me) / sentir(me) / senti-pensar(me) de forma original y precisa si la herramienta que me habilita para hacerlo, las palabras que manejo para representar la realidad que conozco, me son ajenas? Desde el enfoque de género interseccional surge un nuevo desafío para el análisis de discurso en el campo de las ciencias sociales y de la ciencia política: ¿es posible realizar este análisis a discursos en lenguas indígenas?; ¿cómo se puede aplicar análisis crítico de discurso a una lengua que no manejo/no conozco/me resulta lejana?; ¿habrá que generar nuevas categorías? ¿nuevas metodologías?
En este sentido, cuestionar lo que acontece a nuestro alrededor; cuestionar la realidad; cuestionarnos a nosotras mismas, cuestionar las representaciones que circulan respecto de la realidad y respecto de nosotras mismas necesitará, al menos, de: (i) una epistemología crítica que valore nuestras experiencias de seres mujeres y las subjetividades al momento de realizar un proceso investigativo –desde los feminismos la mirada de los sujetos/las sujetas se hace más relevante–; (ii) una metodología como el análisis crítico del discurso que permita reconocer la mirada y posiciones de los sujetos/las sujetas –desde las feminismos se torna aún más relevante al vincularlo con la idea de ‘sacar la voz’, reconocer la propia voz de las mujeres y disidencias sexo-genéricas, ahora pueden hablar directamente quienes son protagonistas–; (iii) repensar el cómo sistematizamos saberes, toda vez que las ideas que hoy guían nuestros proceso investigativos las generamos y compartimos en un discurso articulado sobre la base de un idioma que ha pervivido como resultado de la colonialidad capitalista patriarcal del saber-poder en Abya Yala; (iv) la identificación de las motivaciones para estudiar un tópico y no otro –motivaciones internas como trayectoria de vida y profesional/investigativa; y externas como fondos disponibles que limitan la producción intelectual a determinadas disciplinas y arenas–. Consecuentemente, desde las perspectivas feministas, el análisis crítico del discurso se erige como una metodología pertinente y aplicable para guiar procesos investigativos en ciencias sociales y ciencia política.
Asimismo, el análisis de discurso, a partir de reconocer las cosmovisiones y posiciones de las personas, permite establecer recomendaciones de política. En este sentido, la importancia y alcance de esta metodología es que puede llegar a impactar la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas, presentando policy implications (implicancia de política pública).
Aplicando este enfoque en el trabajo con diversas instituciones públicas en los últimos diez años, es posible evidenciar que el análisis de discurso resulta aplicable en el ejercicio investigativo tanto para sistematizar y analizar los insumos o inputs (los discursos de comunidades indígenas en torno a los efectos del cambio climático y las acciones para enfrentarlo, por ejemplo); como para generar y compartir los resultados o outputs (presentar un relato que persuada a quienes toman decisiones para considerar la cosmovisión de las comunidades indígenas, por ejemplo y/o para compartir una nueva narrativa inclusiva en torno a cómo enfrentar los efectos del cambio climático en los territorios respetando las diversas cosmovisiones).
Sofía Schuster Ubilla
Partiendo de la consideración de que el discurso plantea la cuestión de que no siempre lo que se dice corresponde con aquello que se hace al decir, su análisis contiene un núcleo problemático que muestra los límites y alcances de la realización de la palabra. En el campo político, por ejemplo, muchas de las actividades discursivas están en el ámbito de la promesa, otorgándole un manto de sospecha a la actividad política. Esta situación tiende a generar una especie de separación entre realidad social y lenguaje, el que podría generar un efecto engañoso al asignarle a este último un rol secundario respecto de la conciencia o de los hechos. Esta situación fue advertida por Althusser, quién reubica el lugar del lenguaje, asignándole un espacio clave en el andamiaje de la reproducción de las relaciones de dominación. En Arendt también es posible reconocer la importancia del lenguaje, sobre todo cuando hace referencia a los elementos que conforman y constituyen la polis.
Es en esa línea donde el concepto acción discursiva entra en juego, haciendo posible el encuentro entre la realidad social y la realidad lingüística. Encuentro que permite al lenguaje plasmarse socialmente, tensionando las relaciones de reproducción de lo decible y posible de hacer. De este modo, el presente artículo, partiendo de los postulados de Austin y sus críticos, en el que el lenguaje es concebido como una teoría de la acción, aborda el concepto acción discursiva y su aplicación en el campo político. Nos preguntaremos específicamente: ¿de qué manera el lenguaje permite explicar la acción política?, y ¿cuáles son sus límites y su potencialidad analítica para el ejercicio de la actividad política? Para dicho propósito haremos una breve revisión del concepto acción discursiva, reconociendo en él su particularidad conceptual, algunos ámbitos de abordaje y las posiciones divergentes en su aplicación. Luego, por medio de un ejemplo extraído de la política chilena, mostraremos algunas posibilidades para su tratamiento en el campo político. Particularmente, abordaremos su relación con el discurso atribuido, tal como lo entiende la semántica argumentativa de Carel y que consiste en apropiarse con convicción de un discurso. Finalmente, formularemos algunas reflexiones dirigidas a problematizar el movimiento que realiza la acción discursiva respecto del espacio propiamente lingüístico y el extralingüístico en su aplicación en el campo político.
Si bien la noción de acción ha estado relacionada al sentido que individuos, –sujetos y actores sociales, que interactúan entre sí–, otorgan a sus actos, los estudios contemporáneos del lenguaje, en su ánimo de establecer una frontera entre la actividad lingüística y la extralingüística, han establecido un objeto de análisis para el campo de la acción discursiva.
En Saussure, esta frontera se expresa en la dicotomía entre lengua –sistema abstracto constituido por signos y que actúa con independencia de la voluntad de los hablantes– y habla –empleo de la lengua y cuyo propósito es la comunicación entre los hablantes–, siendo esta última reservada para la actividad extralingüística. Para los lógicos neopositivistas ha sido la pragmática, la rama de la lingüística que describe el uso que hacen los locutores de la lengua, donde es reconocible la actividad extra lingüística (en oposición a la sintaxis y la semántica que estudian la lengua propiamente dicha). Así también, las reflexiones de Bühler (comparativista), al diferenciar entre acción lingüística –aquello que es posible hacer con el lenguaje– y acto lingüístico –referido a la función propiamente del lenguaje– muestra el espacio de demarcación entre lo lingüístico y lo extralingüístico. Reflexiones que, además, han servido de base para la construcción de una teoría de la acción del lenguaje (teoría de actos del habla) desarrollada por Austin, con un amplio alcance en las ciencias sociales.
Uno de los hallazgos de Austin fue la clasificación entre enunciados constatativos, los cuales describen un acontecimiento; y performativos, compuestos por un verbo en presente y un pronombre en primera persona singular y que junto con describir la acción de un locutor su enunciación equivale al cumplimiento de dicha acción. Por ejemplo, “te prometo que” sería un enunciado performativo en tanto que en su uso se cumple el acto de prometer.
Una vez establecidas las particularidades de los actos performativos y reconociendo en ellos un alcance que incluso afectan a actos no performativos, como por ejemplo las formas lingüísticas imperativas e interrogativas, Austin, para formalizar esta generalización, estableció que al momento de enunciar una frase se presentan simultáneamente tres actos de habla: locutivo (la articulación), ilocutivo (la acción que permiten realizar) y perlocutivo (los efectos de dicho acto). Los actos locutivos corresponden a la acción de realizar el acto (oralmente o por escrito) los actos ilocutivos al acto que se realiza al decir y los actos perlocutivos a las reacciones que provocan los enunciados en el interlocutor.
Por lo tanto, en los actos performativos se encuentra la piedra angular de lo indicado como acción discursiva, pero que a diferencia de lo expuesto en las líneas previas su comprensión no se encuentra inserta fuera de la lengua sino que pertenecen a un elemento propiamente lingüístico (actos ilocutivos).
Pese a las consideraciones de Austin existen voces críticas a sus postulados, las que ponen en tensión que todo acto performativo dice lo que dice hacer. En Austin, recordemos, el acto locutorio es siempre, a la vez, acto ilocutivo. Quien produce el enunciado: te prometo venir, efectúa siempre a la vez el acto de promesa de venir. O al menos, promete, porque si las condiciones de realización –de felicidad en palabras de Austin– no se dan, su promesa no se cumple. O sea, para Austin, el enunciado estaría siempre semantizado, transformado en acción. Sólo las condiciones exteriores haría fracasar esta semantización. Esta posición ha sido refutada desde la semántica argumentativa por Marion Carel y Dinah Ribard en 2021 y 2022, para quienes la semantización de un enunciado puesto en circulación no siempre coincide con lo que hace.
Desde esta perspectiva, el acto locutivo no conduce necesariamente el acto ilocutivo y la acción efectuada difiere entonces de lo que el sentido de las palabras pretende. Por ejemplo, cuando unos padres piden a su hijo/a que diga “perdón”, varios acontecimientos pueden pasar: (1) que el niño pida perdón. En este caso se apropia del sentido del enunciado, pone en correspondencia su gesto y su decir, semantizando su gesto verbal y atribuyéndoselo; (2) pero también puede ocurrir que el niño reduzca las palabras “perdón” a su pura materialidad (cantando el perdón, repitiendo como un autómata el perdón, o cambiando de voz). En este caso, el niño no se atribuye el enunciado “perdón”. Su no atribución no equivale a no realizar ningún acto. Puede cumplir un acto, de insolencia, de desobediencia, etc. Dicho de otro modo, no es porque alguien no cumple el acto de pedir perdón que no hace ninguna acción con su gesto verbal. Y aquí radica la diferencia entre Carel y Ribard y Austin. Para Austin, si las condiciones no se dan, el acto no se realiza.
Por lo tanto, la atribución se da cuando el locutor semantiza el gesto verbal, le da sentido al gesto de pronunciar las palabras que lo constituyen. El locutor, puede dar sentido a las palabras que pronuncia o, al contrario, reducirlas a su materialidad. Sólo la atribución tiene la particularidad de semantizar (significar) el gesto verbal, transformándolo en acción, o sea, lo que Austin llamaría un acto ilocutivo.
Cabe mencionar que no se trata de una cuestión psicológica (o sea, de la intención), sino de una cuestión de hecho. Lo que se comunica en el contenido semántico no corresponde necesariamente con la acción que se dice que se hace. Hay que distinguir entre el hecho de comunicar un contenido semántico y el hecho de actuar conforme a lo que se comunica. En ese sentido, el acto locutivo de transmitir un contenido semántico no conlleva necesariamente el acto ilocutivo descrito por el sentido del enunciado. Por lo tanto, existe una relación de autonomía entre la acción y el lenguaje. Los discursos y su significación son versátiles en su relación con la acción. Las acciones ocurren porque hay lenguaje pero el lenguaje no es condición de posibilidad para determinar la realización de la acción.
Para ilustrar la articulación entre discurso y acción, hemos seleccionado un ejemplo de la política chilena reciente, el discurso Sebastián Piñera, ex Presidente de Chile, cuando en el contexto del denominado “Estallido Social” señaló lo siguiente: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible” (Sebastián Piñera, presidente de Chile, 20 de octubre de 2019).
Pese a la existencia de enunciados –dentro del marco del conflicto– que decretaron explícitamente la aplicación de una medida de excepción constitucional que incluyó el control de la seguridad pública en manos de los militares, el enunciado de Sebastián Piñera constituye, una pieza lingüística clave para la comprensión y alcance de esta medida. De acuerdo con lo revisado, el enunciado no es un performativo explícito (ordeno que el ejército tome las calles de Santiago, por ejemplo, o declaro el estado de sitio) y, sin embargo, realiza una acción. Lo que hace es significar, semantizar la toma de palabra en una demostración de fuerza. Su gesto verbal, o su acción verbal podría ser parafraseada de la siguiente manera:
(1) Los manifestantes han provocado disturbios violentos, por lo que yo, como primera autoridad del país, declaro la guerra a estos manifestantes.
Por lo tanto, aun cuando la acción pretendida por el discurso no se realizó, ya que luego de la circulación del discurso el conflicto se intensificó, se efectuó una acción mediante el gesto verbal: el de tomar la palabra, el de estar al lado de un militar, el de dirigirse a los medios de comunicación, etc. Estos gestos muestran la atribución de este acto. ¿Y en qué se lo atribuye? Pues, en su gesto verbal, en lo que dice. Distinto hubiese sido el caso, por ejemplo, que Piñera hubiese realizado gestos verbales que muestran una distancia con lo dicho, limitando el uso de la palabra a su sola materialidad.
Atribuirse un discurso, unas palabras permite al locutor actuar, realizar una acción inmediata e independiente del efecto perlocutivo que sus palabras puedan tener sobre su interlocutor. Este último punto es clave, ya que este discurso muestra la versatilidad con la que Piñera movilizó la acción de demostración de fuerza. La acción se constituye gracias a que el locutor se atribuye lo que dice, independientemente de que haya o no verbos performativos e independientemente de los efectos que éste pueda tener en lo político-social. Se sitúa en la unión entre lo que dice y su gesto.
A partir del recorrido teórico realizado, hemos observado cómo la acción discursiva se ha configurado en un campo analítico en el que el lenguaje mantiene una interacción con su exterioridad extralingüística, reconociendo en él su capacidad de realización en el plano de la realidad. Sin embargo, decir que emitir un enunciado cuenta con una capacidad de determinar su realización –en función de sus condiciones exteriores de felicidad (Austin)– es simplificar su potencialidad respecto de los procesos de significación. A partir de las reflexiones de Carel logramos establecer que la acción mediante el lenguaje depende del grado de significación con el que el locutor pronuncia su discurso. El proceso de semantización del discurso depende, así, de la manera en que lo dice el locutor, situación que evidenciamos en el ejemplo ofrecido de la política chilena, según el cual, el Presidente de la República significó la toma de la palabra como una demostración de fuerza.
Estas reflexiones aplicadas al campo político nos permiten reconocer las diferentes variantes presentes en los procesos de significación de los discursos, ofreciendo nuevas pistas para su reconocimiento. ¿Qué gestos se semantiza? ¿Cuáles de ellos corresponden a una demostración de poder-fragilidad del locutor en una situación político-discursiva? Son preguntas indispensables que debería plantearse el investigador para indagar en el campo de acción discursiva.
Fortunato Morales Ávila
y Elisabeth Miche
Desde sus inicios, las Ciencias Sociales se han abocado al estudio de la cultura, ideologías, creencias, percepciones y afines. Sin embargo, como identifica Adolfo Garcé en “El institucionalismo discursivo como oportunidad” de 2015, en términos de la Ciencia Política el debate acerca de que “las ideas importan” se ha dado intensamente en las últimas tres décadas y podemos nombrar como referencia del inicio la influyente obra de Peter Hall The Political Power of Economic Ideas: Keynesianism Across Nations de 1989, sobre los cambios de paradigma en la economía. Años de debates, en los que se pasó de la pregunta de si las ideas importan, primero; a cómo influyen, después; y, finalmente, como propone Vivien Schmidt en 2008, a si constituyen un “nuevo institucionalismo”.
Antes de definir qué son las ideas y las tipologías existentes, presentaremos algunas características sobre la lógica ideacional para el abordaje de los fenómenos sociales. Alan Jacobs en Process tracing the effects of ideas sostiene que la teoría ideacional es aquella en la que el contenido de una estructura cognitiva influye en las respuestas de los actores a una situación de elección, y tal estructura cognitiva no es totalmente explicable por las características materiales de la situación de elección. Es decir, no es la situación en sí misma la que le indica al actor cómo proceder sino la interpretación que éste haga de la situación.
Siguiendo el planteo de Craig Parson en How to Map Arguments in Political Science, How to Map Arguments in Political Science, del año 2007, el principal rasgo de una explicación ideacional es que se trata de un argumento particularista y contingente. Este tipo de investigaciones muestran que en determinado momento histórico se eligió un conjunto de ideas –cuando también se podría haber seleccionado otro– que marcó el devenir de la situación. Se trata de una resolución contingente ya que se optó por un grupo particular de ideas del rango de opciones y aunque se pudiera repetir la situación inicial, ésta podría resolverse de otra manera, con diferentes consecuencias. Se argumenta, entonces, que las ideas son causas autónomas y se diferencian de aquellas explicaciones que se derivan de las estructuras o de la psicología humana.
La literatura ideacional suele ser más específica en la descripción de los tipos que en el concepto mismo de idea. Incluso quienes sí se detienen en esta definición caen en dos problemas: o hacen propuestas muy abarcadoras que dificultan la distinción y operacionalización del concepto –tales como, “filosofías públicas”, “paradigmas”, “ideologías”, “visiones del mundo”, “sistema de creencias”, hasta el extremo del “zeitgeist”–. O realizan planteos demasiado exiguos de tal manera que son al mismo tiempo esquemas mentales e instrumentos concretos que guían la acción política –“posiciones políticas respecto de un tema”, pasando por “soluciones de política”, “marcos”, “creencias programáticas”, entre otras–. A su vez, estas conceptualizaciones plantean una influencia distinta sobre la acción política. Mientras que para algunos trabajos las ideas actúan como un “interruptor de intereses”, para otros lo hacen como “hojas de ruta”, “puntos focales”, “armas estratégicas en la batalla por el control”, “narrativas que dan forma a la comprensión de los acontecimientos”, entre muchas otras.
Ante esta pluralidad, y con el objetivo de superar estos dilemas, adoptamos una definición que considera que las ideas son afirmaciones intersubjetivas que incluyen descripciones del mundo, relaciones causales o la legitimidad normativa de ciertas acciones; se construyen social e históricamente, y se constituyen como fuente del comportamiento político. En este sentido, a la hora de analizar empíricamente las ideas en acción, la definición de los problemas públicos se constituye en un escenario especialmente fértil para ello.
Además de informar sobre cómo se construyen los paradigmas políticos que dan sentido al mundo que nos rodea, las ideas políticas se expresan en la manera en la que los problemas públicos se definen. En un estimulante texto de Jal Mehta, The Varied Roles of Ideas in Politics. From ‘Whether’ to ‘How, se analiza la importancia de la definición del problema en la lucha política. El autor propone una metodología para el análisis de las ideas políticas, diferenciando tres niveles de generalidad de éstas: las ideas como filosofías públicas o zeitgeist (ideas as puplic philosophies or as zeitgeist), las ideas como soluciones políticas (ideas as policy solutions), y las ideas como definición del problema (ideas as problem definition).
La manera en la que se definen los problemas en una sociedad no sólo delimita el rango de posibles soluciones con las que dar respuesta a dichos problemas, sino que establece los objetivos más generales de la política. En palabras de Mehta, “la batalla por la definición del problema es crítica para comprender la configuración de la agenda, porque una vez que la definición del problema se vuelve dominante, excluye a las políticas que no son coherentes con la forma de describir el problema”. Como veremos en los ejemplos que ilustran este texto, el fenómeno de la pobreza se presentó como un motivo de preocupación en la opinión pública. Aquí no sólo es importante el hecho de que la pobreza sea nombrada como un problema, sino la manera en la que los actores políticos lucharán por definir cuál es el verdadero núcleo de sentido de dicha “pobreza”, por establecer una serie de parámetros de comprensión del fenómeno, o incluso negando la pobreza como problema.
La definición de un problema responde, por tanto, a un proceso de disputa entre actores con diferentes niveles de poder y persuasión. Este proceso, entonces, no se reduce a un esquema de nombrar, culpar y reclamar (naming, blaming, and claiming). Incluso en ocasiones distintos actores –medios de comunicación, activistas, etc.–, pueden contribuir al proceso de definición de los problemas públicos, sin necesariamente tener el objetivo de hacerlo. En definitiva, a la hora de fijar los problemas públicos y lograr que alguna definición prevalezca sobre las demás se condicionan, al mismo tiempo, las opciones de acción posibles.
Entonces, el análisis ideacional de las políticas públicas asume que toda formulación de políticas implica una lucha discursiva continua sobre la definición y el encuadre conceptual de los problemas, los significados compartidos que motivan las respuestas políticas y los criterios de evaluación que establecen los actores. De acuerdo con Barbehön, Münch, y Lamping en su texto Problem Definition and Agenda-Setting in Critical Perspective, la preocupación de un enfoque ideacional está en entender cómo el lenguaje, el discurso y la retórica construyen nuestro conocimiento de la sociedad y sus problemas y, por lo tanto, cuestionan el supuesto básico de que los problemas forman parte de una realidad “neutral” dada de antemano.
Siguiendo con el ejemplo propuesto, definir el problema de la pobreza como consecuencia de la ausencia de redistribución de la riqueza entraña diferencias notabilísimas respecto de una definición que entiende que la pobreza responde a la ausencia de libertad de mercado y de exceso de intervencionismo estatal. Es más, la pobreza no se define a sí misma por el hecho de existir, sino que su entidad existe en función del orden de significado en el que se inscribe. Por esta razón, para que un problema sea entendido como tal debe presentarse ante la sociedad como indeseable, injusto, inmoral; lo que exigiría una solución. Esto no quiere decir que los problemas no existan, sino todo lo contrario: las construcciones de sentido en las que se inscriben los problemas tienen implicancias de gran alcance al cristalizarse en políticas e instituciones.
Una manera de aproximarnos desde la teoría ideacional es observar las decisiones –políticas públicas– que distintos grupos de actores toman frente a un problema aparentemente similar, de modo que las diferencias en las elecciones se explican en función de la variación de las ideas que los actores tienen sobre el problema. Ilustramos el argumento a partir de una comparación sobre la definición causal y normativa de la pobreza y la desigualdad en Argentina y Chile.
Si bien la pobreza y la desigualdad han sido una constante en la historia de América Latina, no es hasta el primer decenio del nuevo milenio cuando adquieren un carácter de prioridad política. En tal sentido, los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC) se posicionaron como uno de los instrumentos privilegiados en la región para hacer frente a la centralidad que adquirían estas problemáticas. La principal novedad de esta política es la incorporación de la condicionalidad, por la cual la transferencia monetaria está supeditada al cumplimiento de obligaciones en materia de salud, educación u otras.
A pesar de que los PTC se hicieron extensibles a 17 países de la región, su implementación en cada uno fue dispar e incluso muestran importantes diferencias entre ellos. Esto nos indica que un paquete de ideas –las PTC en este caso– no se desplazan de un lugar a otro produciendo efectos similares, sino que dichos efectos responden, como señala Panizza acertadamente en su texto “Discurso e instituciones en la reforma de la administración pública uruguaya” de 2002, a la manera en la que las ideas se relacionan con los principios de lectura del orden político de cada país. Como veremos a continuación, si bien la Asignación Universal por Hijo (AUH) en Argentina y el Ingreso Ético Familiar (IEF) en Chile se engloban dentro de la categoría PTC, presentan diferencias sustanciales y esto se vincula con la manera en la que un gobierno entiende la pobreza y la condición de “pobre”.
La llegada del kirchnerismo al poder en 2003 no puede analizarse sin tener en cuenta las profundas grietas sociopolíticas que reflejó la crisis del 2001. Como momento bisagra, la crisis abrió la puerta a que nuevas consideraciones políticas ocupen centralidad en el debate público e inauguró un nuevo clima de época que justificaba la necesidad de reformas, sobre todo respecto de los colectivos vulnerables: adultos mayores, infancia y trabajadores desocupados o trabajadores pobres. Y éste es, a su vez, el clima de época en el que, años más tarde –en 2009–, se aprobó la AUH como un instrumento para el abordaje de la pobreza y vulnerabilidad en la infancia.
Mientras que en Argentina la crisis del 2001 aparece como la coyuntura crítica para la puesta en marcha de nuevas políticas sociales, en Chile la aprobación del IEF –en 2012– se dio en un contexto de alternancia partidaria en el poder. Tras décadas de gobiernos de centroizquierda bajo la Concertación, la victoria de Sebastián Piñera en 2010 se caracterizó por un discurso basado en las posibilidades de trasladar a la administración del país sus aparentes éxitos empresariales.
Los contextos políticos en los que se aprueban estos esquemas de PTC son centrales en la compresión que ambos gobiernos tienen sobre la idea de la pobreza, las razones que explican su existencia y, en consecuencia, los instrumentos legítimos, deseables y factibles para dar respuesta a la pobreza.
En el caso argentino, en el preámbulo y consideraciones previas de la norma, el Ejecutivo justifica la pertinencia y legitimidad para la creación de un instrumento de política social en “la urgencia en implementar medidas que permitan combatir la pobreza, así como brindar apoyo y asistencia a las familias”. En términos de definición del problema, la pobreza expresa “situaciones de exclusión de diversos sectores de la población que resulta necesario atender” y, en función a la centralidad que adquiere ésta como problema, la AUH “inocultablemente ofrece una respuesta reparadora a una población que ha sido castigada por políticas económicas de corte neoliberal”.
Del otro lado de la cordillera, el mensaje presidencial que acompañó al proyecto de ley del IEF nos da pistas sobre un marco de comprensión radicalmente diferente de la pobreza. Para el mandatario, “las bajas tasas de crecimiento económico durante la última década, la escasez de buenos puestos de trabajos especialmente para mujeres y jóvenes; la falta de acceso a educación preescolar y la mala calidad de la enseñanza que se imparte en muchas de nuestras escuelas y liceos; la ausencia de una verdadera cultura de emprendimiento e innovación; la escasa capacitación de nuestra fuerza laboral y la disolución progresiva de la familia” aparecen como las causas que explican la persistencia de la pobreza.
El contraste entre los casos analizados es evidente: mientras que en Argentina la pobreza se vincula a las consecuencias de las políticas neoliberales del pasado, en Chile la fuerza del argumento recae sobre elementos antagónicos que pivotan entre la responsabilidad individual del pobre –la ausencia de una cultura de emprendimiento– y cierta decadencia de la moral colectiva –la disolución progresiva de la familia–.
Más allá de las consideraciones políticas que ambos gobiernos tienen sobre la idea de pobreza, lo interesante en términos analíticos es entender cómo se traducen estos discursos e imaginarios sobre la pobreza en políticas públicas. Esto último puede observarse en al menos tres dimensiones de los dos programas: a) en términos de condicionalidad, ambos exigen que los controles sanitarios de los niños y niñas estén al día y que la asistencia escolar sea de mínimo el 85% en Chile y del 80% en Argentina. Ahora bien, el IEF establece una serie de “bonos por esfuerzo” extraordinarios al monto inicial de la prestación vinculados con la concreción de ciertos logros de carácter individual y meritocráticos; b) en términos de alcance, en el caso argentino la incorporación de nuevos beneficiarios está vinculada exclusivamente con el cumplimiento de los criterios de elegibilidad, mientras que el caso chileno limita a 70.000 los nuevos beneficiarios anuales, con independencia de que, superado dicho límite, existan más personas en condición de elegibilidad; finalmente, c) en términos de cobertura temporal, en Chile el rango de permanencia en el programa es de 12 a 24 meses, mientras que en Argentina la condición de beneficiario se agota sólo en el caso de que los ingresos de los hogares superen los umbrales establecidos.
Los casos aquí analizados nos permiten concluir que, aunque aparentemente se trate de programas de transferencias similares, las diferencias en la manera de concebir el fenómeno de la pobreza tienen efectos en el tipo y rango de instrumentos que se emplean para dar solución a los problemas. Por tanto, no son los parámetros de la pobreza per se los que la definen como problema sino la interpretación ideacional que de ella se hace. He aquí el vínculo que se da entre ideas, problemas y políticas públicas.
Juan Ignacio Estévez Rubín de Celis y Virginia Labiano