DOI: 10.18441/ibam.23.2023.84.251-283
Lucía Miranda Leibe / Nathalia Da Costa / Lorena Armijo Garrido / María Luisa Di Martino / Estíbaliz Linares Bahillo / Daniela Horta
La división sexual del trabajo se ha extendido a todos los espacios, tanto físicos como virtuales. De manera concomitante el sexismo ambivalente se esparce en igual medida ya que sexismo y división sexual de labores se retroalimentan mutuamente. Los marcos legales evolucionan siempre de manera más lenta de lo que lo hacen las prácticas culturales, por lo que la situación de vulnerabilidad legal es flagrante mientras no se consolide una verdadera protección y garantía de los derechos de las mujeres. La estrategia posible de respuesta que queda frente al contexto de inseguridad social es manifestarse y hacer visibles las inequidades de género.
La pandemia por COVID19 dejó grandes secuelas redundando en una mayor precariedad y brechas de género. En América Latina, donde la capacidad de cobertura y asistencia estatal es mucho menor (en comparación con Europa); las lógicas de confinamiento que incluyeron, entre otras medidas, los cierres de escuelas y guarderías, se tradujeron en una reorganización con la consecuente sobre carga de las tareas del hogar y cuidados, significando una situación de desprotección para las mujeres y jefas de hogar.
Los confinamientos debidos a la pandemia en contextos de mercados laborales precarios, como los que predominan en nuestra región, significaron desempleo y empobrecimiento con un fuerte carácter femenino. En base a datos provistos por la Sexta Encuesta Nacional de Microemprendimiento (EME) analizados por Benjamín Sáez (2020) titulada “Emprendimiento y subsistencia. Radiografía a los microemprendimientos en Chile” y de acuerdo a la definición oficial de informalidad: “un 53,1% de las microempresas son informales; (…) donde el 36% presenta un nivel alto de informalidad, sin haber iniciado actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y sin permiso del Municipio”. Si a la definición oficial, se le suma da un abordaje ampliado que, además de quienes no figuran con registro en el SII incorpora a quienes no mantienen una contabilidad completa o no pueden separar los gastos de la empresa de los gastos del hogar, se registra en Chile que un 74 % de los emprendimientos son informales.
Si bien lo forzado de “trabajar desde casa” aumentó fenómenos como los provocados por las innovaciones tecnológicas y la creación de nuevos patrones de negocios desarrollados a través de plataformas digitales, que podía ser vistos como una estrategia oportunidad para generar ingresos en contextos de confinamiento; significaron en la práctica un mecanismo de profundización y resignificación de la informalidad, con implicaciones especialmente negativas para las mujeres en América Latina.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile, las personas que trabajan por cuenta propia son quienes llevan su propia empresa o ejercen por su cuenta y con autonomía una profesión liberal, para lo cual pueden a su vez contratar a otras personas a las que remuneran mediante un sueldo. Dentro de dicha categoría se considera los microemprendimientos. La encuesta EME destaca que los microemprendimientos liderados por mujeres presentan una mayor informalidad, llegando a un 75,3%, lo que equivale a más de 598.000 microempresas.
Más allá de la definición básica es importante ahondar en las brechas género que esto acarrea en la práctica: El 73% de las mujeres emprendedoras no logra superar el salario mínimo y tan solo una de cada diez mujeres que tienen una microempresa logran superar los 576.000 pesos de ganancia mensual. Por otro lado, siguiendo con los datos provisto por la encuesta EME y respecto de la incidencia que el confinamiento tuvo para el desarrollo laboral de las mujeres en combinación con las tareas de cuidado a las que el sexismo las confina: siete de cada diez microempresas realizan las actividades en su vivienda, a domicilio (23%) o en la calle (17,8%).
La evolución de la vida en realidades paralelas tanto on line como off line, nos fuerza a idear nuevas estrategias de denuncia y protesta. Frente a las situaciones de opresión que se viven diariamente por el hecho de ser mujeres, se identifican mecanismos para paliar las desigualdades de género en ambas realidades paralelas. A lo largo de este foro un conjunto de colegas reflexionamos y problematizamos al respecto. En el primer apartado, Nathalia Da Costa bajo el título “Derechos digitales como herramienta para la reducción de la brecha de género” analiza la importancia de incorporar un marco de derechos humanos digitales en este contexto donde lo vertiginoso del avance del espacio digital deja a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad tanto en materia de cobertura como de acceso a las herramientas necesarias para moverse con soltura en la Sociedad Digital.
En el apartado siguiente, Lorena Armijo Garrido, bajo el título “Seguridad y confianza en un mercado laboral precarizado: las tensiones vividas por las trabajadoras por cuenta propia”, reflexiona sobre la tensión entre autonomía, empoderamiento y desprotección social a la que se enfrenta las trabajadoras por cuenta propia; un mercado de trabajo altamente creciente en Chile. Las conclusiones de Armijo llevan a reconocer la imprescindible necesidad de que una ley sobre cuidados reconozca cobertura social en materia de salud y pensiones para quienes dedican parte importante de su vida laboral a realizar este tipo de trabajos no remunerados.
Todo movimiento social tiene por objeto generar concientización respecto de sus demandas por medio de los actos de visibilización organizadas y llevadas a cabo por dicho movimiento. María Luisa Di Martino aborda la literatura testimonial como parte de los repertorios de protesta con que cuenta las escritoras migrantes para visibilizar las problemáticas a las que se ven expuestas en los países de destino. Bajo el título “Escritoras migrantes y movimiento social no organizado”, Di Martino identifica las actividades de concientización que estas mujeres migrantes desarrollan como parte de un movimiento social alternativo, espontáneo, no organizado ni estructurado que se posiciona política y valóricamente a partir de sus literaturas de migración testimoniales.
Dado el avance de la convivencia digital, Estíbaliz Linares Bahillo, bajo el título “Resistencias y estrategias (ciber)feministas ante las agresiones y (ciber)violencias machistas” reflexiona sobre los cambios en nuestras formas de interactuar en el mundo on line. Específicamente, Estibaliz lleva a cabo la necesaria tarea de nombrar todas y cada una de las ciber violencias a las que niñas y mujeres se ven expuestas al interactuar en la sociedad digital. Poder nombrar y definir las ciber violencias es clave para que se puedan elaborar estrategias de resistencia acordes.
La ciber violencia está comprobado que no se queda solo en el ámbito on line, teniendo consecuencias en nuestra vida real del día a día. Resultados del proyecto Aurora plasmados en su Informe Preliminar “Chile y la violencia de género en internet: experiencias de mujeres cis, trans y no binaries”, a cargo de Cecilia Ananías y Karen Vergara (2021); dejan constancia de cuáles son las consecuencias a las que se ven expuestas las mujeres luego de verse expuestas a dichas situaciones de violencia: “273 mujeres les afectó emocionalmente (82,2% de la muestra declaró sufrir este tipo de violencia) y en 92 casos les afectó su autoestima o relación con su cuerpo. También se sintieron vigiladas o inseguras (81 casos), les desencadenó problemas psicológicos (81 casos), les aisló (54 casos) e incluso, en 51 casos afectó su salud a nivel físico” (pp. 8).
Daniela Horta cierra las reflexiones incluidas en este foro analizando como desde el activismo de los ciberfeminismos se puede contribuir a la eliminación de las brechas de género. El aporte de Daniela se titula “Herramientas digitales y activismo: Las claves para el futuro del ciberactivismo feminista latinoamericano”. La autora destaca lo trascendente de las herramientas digitales para que las perfomances de concientización feministas –como ocurrió con la realizada por Las Tesis, titulada “Un violador en tu camino”– puedan lograr su mayor grado de alcance, llegando a tener repercusión a nivel global.
Los repertorios de acción feministas son claves como estrategia de visibilización y denuncia para que las situaciones de precariedad que vivimos las mujeres a causa del contrato sexual que nos confina al espacio privado, puedan ser contestadas. El que se garantice el acceso a conectividad de internet de una forma segura y sin sesgos de género es clave. En América Latina, pese a los grandes avances, siguen habiendo inequidades en los niveles de acceso debido a lo amplio de las regiones y las dificultades que las mujeres que viven en zonas más aisladas o con menores niveles de alfabetización viven.
Los discursos sexistas, en sus vertientes hostiles (abiertos discursos de odio misóginos) y benévolos (que bajo supuestos halagos en forma de piropos reivindican la dominación masculina), se ha demostrado que están detrás de las dificultades para la óptima consolidación de una representación sustantiva de género. En “Discursos sexistas acerca de los intereses de las mujeres en el Parlamento chileno: un desafío pendiente para la representación descriptiva y sustantiva de género” así se comprueba para las dos últimas legislaturas en Chile.
Si bien dentro del Parlamento chileno son las mujeres y los hombres de izquierda, así como los hombres de derecha más jóvenes, quienes muestran una mayor disposición a reproducir discursos que rompan con el sexismo; el compromiso político debe ser transversal para que la reducción de las brechas de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres sea un logro efectivo. Los partidos políticos a través de los cargos de representación ostentados, tienen una responsabilidad que requiere la toma de medidas tanto en materia de regulación así como de aplicación de políticas públicas para paliar la reproducción de desigualdades.
Por otro lado, la rama performática o más movilizadora de las corrientes feministas, con su característica desafección hacia los partidos políticos y en su fin principal por visibilizar las demandas por una sociedad sin sexismo, tiene en el espacio digital una oportunidad de lograr un alcance global. Como destaca Nathalia, se espera que la firma de la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los entornos digitales llevada a cabo en marzo de 2023, sirva como mecanismo de instauración y refuerzo de los mecanismos necesarios para garantizar el desarrollo de una sociedad digital sin brechas de género. El terreno no está allanado, y la arremetida sexista que la extrema derecha está teniendo ya lo empieza a demostrar.
Como expresó Simone de Beauvoir “solo hace falta una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Estos derechos nunca pueden darse por sentados”. Desde que la autora de la famosa obra El segundo sexo advertía en 1971 de la necesidad de estar siempre vigilantes de que se garanticen nuestros derechos, se han podido observar sistemáticos avances y retrocesos en materia de brechas de género.
Basta con observar la historia para comprobar que cada vez que un partido conservador o de extrema derecha asume el poder, se retrocede en el goce y reconocimiento de los derechos conquistados de forma previa por parte de las mujeres.1
Romper de manera definitiva con la violencia y las brechas de género requiere de un cambio de paradigma. En términos institucionales, un servicio civil de carrera que garantice un abordaje desde los intereses estratégicos de género (es decir, los que buscan romper con la reproducción de los estereotipos de género) de manera integral dentro de la institucionalidad estatal es imprescindible.
Las feministas dentro de dicha institucionalidad estatal que promueven el progreso y garantía de dichos intereses estratégicos (más conocidas como femócratas) son clave en este sentido. Pues como bien expresan Susan Franceschet y Gwynn Thomas (2015) en “Resisting Parity: Gender and Cabinet Appointments in Chile and Spain”: “Sin la inclusión de las mujeres (y del resto de grupos históricamente excluidos) en todos los niveles de poder de un Estado no se puede hablar de democracia”.
Lucía Miranda Leibe
La transformación digital, que viene sucediendo cada vez con mayor velocidad, incide directamente en la vida de las personas y en todos los ámbitos de la sociedad, influyendo, además, en la forma en que los derechos son ejercidos, protegidos y vulnerados. Muchos de los derechos humanos se han extendido al espacio digital, pero junto con ellos, también han migrado las desigualdades que se observan diariamente en la sociedad, replicándose y, en algunos casos agravando la situación de exclusión, discriminación y acoso. Esta situación afecta especialmente a las mujeres y niñas, dando lugar a lo que se denomina brecha digital de género. Considerando esto, en estas notas se pretende exponer la situación actual en este ámbito y reflexionar sobre cómo los derechos digitales y las herramientas tecnológicas pueden contribuir a la reducción de las brechas de género.
Los derechos digitales son una poderosa herramienta para el ejercicio de otros derechos, y también, para el ejercicio del poder. Quienes tengan un mayor acceso a las herramientas digitales y a la información (utilizándolas y participando activamente de su creación) se encuentran en una situación sustancialmente mejor que quienes se encuentran en el escenario opuesto, pudiendo alcanzar un nivel mucho mayor de ejercicio, goce y respeto de sus derechos. Estas desigualdades, que se observan en el espacio digital, son las mismas que existen en el espacio físico y afectan diariamente a diversos grupos, entre los cuales se encuentran las mujeres y niñas que, además, enfrentan múltiples riesgos vinculados a la violencia y el acoso.
Como si no fuera suficiente con tener que defender diariamente sus derechos, su condición de igualdad y trabajar activamente en la reducción de las brechas de género en el entorno físico; actualmente las mujeres y niñas enfrentan esas mismas luchas en el ciberespacio. En un principio éstas se centraban respecto de las posibilidades y condiciones materiales de acceso a internet (adquisición de teléfonos inteligentes, tablets, computadores o conectividad); tema que muestra importantes avances, pero aún no ha sido completamente resuelto (según la CEPAL, en 2021, en América Latina, cuatro de cada diez mujeres no están conectadas). No obstante, actualmente también se pone de manifiesto la importancia de que las mujeres y niñas puedan utilizar activamente las herramientas digitales y la información que se obtiene a través de estas, que las usen para romper con los patrones de discriminación, participen del desarrollo y creación de tecnologías e intervengan en la moderación de los contenidos que circulan en internet. Lo anterior, teniendo como propósito que puedan asegurar el ejercicio de sus derechos, eliminar los sesgos de género y promover una igualdad real, sobre todo si consideramos que las aplicaciones, los algoritmos, la robótica y la inteligencia artificial, son desarrolladas por hombres.
Ahora bien, es importante destacar que las herramientas digitales por si solas no tienen un carácter negativo o positivo, sino que esto dependerá del uso que se haga de las mismas, el que a su vez deriva del tipo de sociedad en las que sean utilizadas, del desarrollo de ésta y de las regulaciones jurídicas y políticas públicas que se implementen para su utilización. Si éstas propenden a la eliminación de sesgos y discriminaciones y al disfrute de derechos en igualdad de condiciones, es posible inferir que serían positivas y podrían ayudar a reducir las brechas de género. No obstante, si la legislación y las políticas públicas son insuficientes para regular el espacio digital y las acciones que se desarrollan en el mismo, si no garantizan el acceso igualitario y, en la sociedad, aún se encuentran enquistados los patrones de discriminación, tendrían un carácter negativo y se consolidaría otro espacio en el cual las brechas de género se manifiesten y perpetúen; incluyendo el riesgo de expandir y agravar las vulneraciones de derechos, los actos de violencia, acoso y amenaza que padecen diariamente muchas mujeres y niñas.
Los derechos digitales son, básicamente, los derechos humanos reconocidos internacionalmente, que se replican y encuentran en un espacio llamado mundo digital, virtual o ciberespacio, creado por el ser humano. Esta dimensión, caracterizada por la no espacialidad y la atemporalidad, y su contenido; han producido una transformación en la sociedad, con efectos a nivel político, administrativo, económico y social, provocando la creación de una nueva estructura, conocida como “Sociedad de la Información o Sociedad Digital”.
En este nuevo espacio –que excede el simple uso de internet y de la información que allí se aloja–, en el cual se producen interacciones y se crean relaciones personales, pueden presentarse oportunidades para el desarrollo de las personas, pero también generarse desafíos y riesgos, entre los que se destacan especialmente los de discriminación, exclusión, exposición, acoso y violencia. Muchas de estas acciones afectan directamente a las mujeres y niñas, haciendo más visibles la desigualdad de género y la violencia que, en este caso, es de carácter digital, y se manifiesta de diferentes formas (acoso, amenazas, publicación de información privada, entre otras), generando una situación de inseguridad, que las lleva a abandonar o rechazar este entorno, alejándose al mismo tiempo de cualquier posibilidad de ejercer plenamente sus derechos en el mismo.
Más allá de que la doctrina no es uniforme sobre los derechos que deben ser considerados como digitales, existe un cierto consenso en el reconocimiento de algunos de ellos, como ser: acceso universal e igualitario a internet, libertad de expresión, derecho de acceso a la información, derecho a la privacidad y protección de los datos, derecho al olvido, derecho al anonimato, derechos de propiedad intelectual, derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre otros. Sin embargo, conforme al avance de la tecnología y de la sociedad, es posible vislumbrar que en un futuro inmediato se incorporarán otros; sobre todo si consideramos que gran parte de la vida diaria y de las actividades de las personas están ocurriendo en este espacio, que se está desarrollando aceleradamente.
El establecimiento de regulaciones jurídicas de las acciones que se dan en torno al ciberespacio evoluciona de forma muy disímil en el mundo. En la Unión Europea se promulgó, en enero de 2023, la Declaración de Derechos y Principios Digitales, que se enfoca en situar a las personas en el centro de la transformación digital, fortaleciendo los principios de solidaridad, justicia, participación e inclusión, reconociendo los derechos fundamentales de las personas e incluyendo la promoción de una educación y formación digital de alta calidad con miras a eliminar la brecha digital de género.
En Iberoamérica, en marzo de 2023, se firmó la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los entornos digitales, con el objeto de entregar parámetros para que los Estados puedan adoptar o adecuar sus legislaciones nacionales e implementar políticas públicas en las áreas relacionadas a la protección de datos y a las acciones que se desarrollen en entornos digitales. En esta Carta, y siguiendo los argumentos que se vienen esgrimiendo en varias Cumbres Iberoamericanas, se resalta la existencia de una brecha de género que “se pone de manifiesto en los niveles de seguridad, competencias y participación en los entornos digitales, generándose en particular una menor presencia y apropiación digital de las mujeres en este ámbito, incluso en la educación, el empleo y otras esferas del desarrollo económico y social”, sumando el compromiso de concentrar esfuerzos para la reducción de esas desigualdades.
A nivel nacional, países como España y Francia, han desarrollado normativa sobre derechos digitales que reconocen una gran cantidad de derechos, no solo los fundamentales, incluyendo algunos de carácter patrimonial. En América Latina, si bien países como Chile, Argentina, Brasil o Uruguay fueron precursores en cuanto a la sanción de leyes de protección de datos personales y protección de la vida privada, así como algunos de ellos también respecto del acceso a la información, aún se encuentran en discusión proyectos de leyes que abarquen otros aspectos de la regulación del espacio digital. Particularmente, en Chile, el Proyecto de Ley que regula las Plataformas de servicios digitales, así como de los usuarios de ellas, se encuentra en trámite desde el año 2021. El proyecto de ley que regula la Protección y el Tratamiento de los datos personales, y crea la Agencia de Protección de datos personales, está en el tercer trámite constitucional, habiendo tenido un lento pero sostenido avance desde que el proyecto fuera presentado en el año 2017.
El proyecto de ley marco sobre ciberseguridad y su correspondiente agencia –si bien desde 2017 se cuenta con una Política Nacional de Ciberseguridad–; son algunos de los instrumentos con los que se pretende responder a la necesidad de regulación de este espacio y que pueden constituirse en herramientas que garanticen el acceso y goce de los derechos digitales en igualdad de condiciones. Sin embargo, más allá de que se pueda observar un avance en la regulación jurídica, y tal como sucede en el entorno físico, esto no generaría una reducción de la brecha digital de género si no va acompañada de políticas públicas focalizadas y de cambios en la sociedad, que deben venir de la mano de un proceso de reeducación orientado a romper con los sesgos y estereotipos existentes.
Si bien es posible hablar de cierta reducción de la brecha en cuanto al acceso a internet, sobre todo forzada por la aparición de la pandemia de COVID-19, que obligó a realizar más teletrabajo, teleeducación, compras y tramitación administrativa y bancaria en línea; esto no reportó reducción de la brecha de género en cuanto a la distribución del trabajo de cuidado (que incluye el tiempo que las mujeres dedicaron a ayudar a los niños con su educación), ni respecto del derecho a la desconexión del trabajo, generando, por el contrario, una mayor carga a las mujeres. Muchas mujeres y niñas, al participar de un espacio que mayoritariamente es utilizado por hombres, desarrollado por ellos y conforme a sesgos de género, se vieron expuestas a situaciones de acoso y violencia.
ONU Mujeres indicó que ya en 2015 el 73% de las mujeres en el mundo habían experimentado algún tipo de violencia en línea, situación que se vio agravada en el período de confinamiento y teletrabajo, como consecuencia del COVID-19, dejando más expuestas a las mujeres y niñas que viven en condiciones de vulnerabilidad. No existe seguridad sobre dónde se encuentran almacenados sus datos y la utilización que se hace de los mismos, siendo víctimas de delitos de connotación sexual, estafas, discriminación y vulneración de otros derechos conexos. Según el Informe de 2018 de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, el 90% de las víctimas de la distribución digital no consensuada de imágenes íntimas son mujeres. Conforme lo afirmó ONU Mujeres en 2020, esto ha provocado que el 28% de las mujeres que fueron objeto de violencia en el espacio digital hayan reducido su presencia en línea. Los detalles se pueden ver en: Online and ICT-facilitated violence against women and girls during COVID-19, 2020 y Women Count, 2021.
Ahora bien, en cuanto al acceso a la participación de las mujeres y niñas en la creación y administración de las herramientas digitales, las brechas de género son mucho más notorias y, principalmente, son consecuencia de los prejuicios y estereotipos de la sociedad; en la cual se asocia a los hombres con las carreras tecnológicas y científicas, en detrimento de las mujeres, a las que se las relaciona más con tareas del hogar y profesiones no tecnológicas, manteniendo así las barreras que impiden a éstas el ingreso a ese tipo de educación y desarrollo profesional. Según datos del reporte Gender Segregation in Occupations, en 2019, a nivel global, solo una de cada cinco profesionales de las TIC eran mujeres, constituyendo únicamente el 28% de los profesionales de las ciencias y la ingeniería, observándose este mismo porcentaje respecto de la representación de las mujeres en los puestos directivos.
Asimismo, el informe “Las mujeres en ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas en América Latina y el Caribe” informó que, a nivel mundial, las mujeres representan solo el 35% de quienes cursan estudios de enseñanza superior en STEM/CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y menos del 30% de los investigadores científicos. En el campo de la inteligencia artificial esa cifra se reduce al 12%, en computación en la nube al 14%, y a menos del 6% de diseñadoras de software (2020).
Esto tiene un impacto negativo en la reducción de la brecha digital de género, considerando que la creación de plataformas tecnológicas, softwares y aplicaciones de inteligencia artificial no son neutrales en sí mismas, sino que son realizadas en base a construcciones y parámetros introducidos por humanos, que al ser en su mayoría hombres, llevan a reproducir los sesgos de género. Por lo tanto, si los diseños, algoritmos, inteligencia artificial e información (big data) con que se alimentan las aplicaciones y plataformas y se almacena la información se encuentran cargados de sesgos o estereotipos de género, se replicarán en un caso y, en el otro, se asumirán a través del aprendizaje automático, perpetuando las desigualdades y exclusiones que existen en la sociedad.
Entonces ¿cómo es posible que las herramientas y derechos digitales contribuyan a la reducción de las brechas digitales de género y al acceso y goce de derechos en igualdad de condiciones? Para ello, es necesario que operen cambios en diferentes áreas, desde un enfoque transformador que promueva las formas compartidas de poder e incremente la participación de las mujeres y niñas en el control de los recursos, la toma de decisiones, la creación y administración de plataformas digitales y el diseño de algoritmos e inteligencia artificial. Igualmente, es necesario contar con datos precisos y desglosados sobre la participación de mujeres y hombres en el ámbito de la tecnología y las experiencias en cuanto al uso de internet; además de hacerlos accesibles, asegurando el derecho de acceso a la información.
Así también, es importante que se promuevan las habilidades digitales de mujeres y niñas, ya que, más allá de los avances en este ámbito, aún se encuentran en una situación desigualdad respecto del acceso a dispositivos digitales y conectividad, pero también respecto al acceso a la educación; teniendo como finalidad el fomento del uso de las TIC’s y la participación de mujeres y niñas en carreras STEM/CTIM, para que puedan producir contenido digital, diseñar tecnología y productos y servicios que no estén construidos en base a sesgos de género. Todo esto sin dejar de lado que debe asegurarse la privacidad de los datos en línea de las mujeres y niñas con el objeto de que dejen ser víctimas de la violación de sus derechos a la privacidad, libre expresión, reunión, manifestación y otros derechos humanos como la identidad o la salud, que se ven afectados por los actos de violencia y acoso a la que se ven sometidas también en el ciberespacio.
Así como en el entorno físico las mujeres y niñas se enfrentan diariamente a desigualdades, que son efecto de las construcciones sociales y que dan lugar a la brecha de género en diversos ámbitos de su vida, las mismas también deben lidiar con estas situaciones en el espacio digital. En ese sentido, debemos considerar que la sociedad ha cambiado y que la forma de construir relaciones, interactuar y participar en la misma ahora se da en diferentes espacios –físico y digital que ha llevado a que también operen cambios respecto de cómo se ejerce el poder y sobre la importancia que tiene la información en ese ámbito.
Considerando esto, se hace palpable la necesidad de contar con una regulación jurídica de los derechos digitales que garantice la igualdad, pero también con el diseño e implementación de políticas públicas que se orienten a la educación y capacitación, al desarrollo de competencias que permitan incrementar el acceso, uso y participación de las mujeres y niñas en todas las etapas de creación y aplicación de las herramientas digitales; con el objeto de eliminar la brecha digital de género y establecer medidas de protección ante posibles vulneraciones, que incluyan la persecución y la sanción en caso de que se realicen actos que atenten contra sus derechos.
En este contexto los derechos digitales son una herramienta clave para proteger y garantizar los derechos humanos en la Sociedad Digital y reivindicar los derechos de los grupos excluidos, entre los cuales se encuentran las mujeres y niñas; y deben ser tenidos en cuenta para avanzar hacia una transformación social, cultural, política y económica, a una sociedad más justa.
Nathalia Da Costa
Estas notas abordarán una de las dualidades más reconocidas en la configuración del mercado laboral actual: el anhelo de autonomía individual como posibilidad de crear unas condiciones de trabajo propias; lo cual pone en tensión las exigencias colectivas de protección social asociadas al empleo asalariado. Las trabajadoras independientes resuelven esta dualidad mediante el desarrollo de recursos personales y familiares, lo que debilita a su vez la condición de trabajadora debido al proceso de privatización de las demandas laborales y familiares.2
El crecimiento de la población cuenta propia a nivel mundial muestra una de las transformaciones actuales del mercado laboral y la necesidad de poner atención a las necesidades de este colectivo en materia de condiciones laborales, prestaciones y protección social. Este interés es particularmente notorio en América Latina debido en parte porque representa más de un cuarto de la fuerza laboral, superando ampliamente a los países europeos. Su presencia en la región suele asociarse a un trabajador precario sin contrato, seguridad social o derechos laborales, ni prestación por desempleo y a un salario menor al salario mínimo interprofesional; también puede considerarse una forma atípica de empleo cuando se aleja de la jornada a tiempo completo, trabaja a domicilio o no acredita dependencia laboral. El desarrollo de este tipo de trabajo y su incremento en Chile –es el único grupo que crece dentro de los ocupados– supone mayores niveles de autonomía, sin que esto se asocie con mayores niveles de protección social.
Este trabajo problematiza la relación entre confianza personal y seguridad social desde el trabajo por cuenta propia, respondiendo a la pregunta ¿cuáles son los significados asociados a la seguridad, confianza y protección social que tienen las trabajadoras por cuenta propia en Chile? Estas notas se dividen en dos partes: la primera remite a la relación entre confianza personal y desprotección social y, la segunda, a las dimensiones personal y social que componen la idea de seguridad. Finalmente, se ofrecen conclusiones acerca y las posibilidades existentes de éxito del trabajo por cuenta propia en el mercado laboral y de consumo.
La situación precarizada contrasta con las expresiones de una subjetividad “empoderada”, que reivindica la creatividad del trabajo propio, la autonomía en el uso del tiempo y en la intensidad o extensión de la carga de trabajo, en tanto expresiones de la individualidad y el desanclaje del mercado asalariado como institución social. Incluso, la autonomía se extiende a la capacidad de emprender nuevos negocios o al desarrollo de la autoeficacia que permite cumplir responsabilidades laborales y familiares simultáneas, como ocurre en el caso de las madres trabajadoras.
La autonomía como una expresión de la capacidad de decidir por sí misma y el logro de un trabajo exitoso deviene en confianza individual dando la sensación de superación o repliegue de la vulnerabilidad e inseguridad en las capacidades laborales. Esto ocurre, especialmente, en los grupos con mayor nivel educativo y capital social que han avanzado en independencia y creatividad, a costa de un mayor autodisciplinamiento y subordinación a los clientes. Por el contrario, quienes trabajan por cuenta propia con menor nivel educativo eligen el autoempleo porque no han encontrado trabajo como dependientes y, particularmente las mujeres, lo eligen por necesidad y también son más propensas a ver que sus ingresos disminuyan ante una crisis económica.
La confianza basada en la autonomía se debilita cuando enfrentan riesgos como la vejez, que demanda una inyección periódica de recursos económicos vía cotizaciones previsionales en el sistema de seguridad social. Los datos de la encuesta de microemprendimiento del Instituto Nacional de Estadística de Chile (INE) indican que las trabajadoras por cuenta propia no solo cotizan menos en el sistema de previsión social, sino también realizan más trabajo doméstico y de cuidado, en comparación con los asalariados y los hombres que trabajan por cuenta propia. Incluso es posible observar una correlación negativa entre participación en el trabajo del hogar y cotización previsional, es decir, a mayor participación en el trabajo del hogar, menor cotización. El menor tiempo destinado al trabajo remunerado impacta negativamente en el ingreso, y este a su vez incide en la acumulación en las cuentas y lagunas previsionales. Es esperable a futuro que las cuenta propia reciban exiguas pensiones, viéndose más presionadas a continuar en el mercado de trabajo para cubrir sus necesidades vitales. Pese a realizar más trabajo en el hogar, estas trabajadoras están más satisfechas que las asalariadas con la posibilidad de conciliar trabajo y familia, debido a la disposición flexible del tiempo remunerado y no remunerado. Además, no rendir cuentas a empleadores por un eventual ausentismo por el cuidado de los hijos disminuye su carga emocional. Estas ventajas personales no otorgan directamente un valor agregado a los productos y servicios del negocio o actividad ni generan mayores ingresos que se transfieran en parte a las cuentas previsionales. Por el contrario, la trabajadora por cuenta propia es uno de los grupos más precarios, pese a estar en el mercado de trabajo. Es evidente la dualidad inherente del trabajo por cuenta propia de las mujeres: el fomento de la autonomía y confianza personal en tanto posibilidad de crear un destino propio pone en tensión las exigencias colectivas de protección social asociadas al empleo asalariado. Estas trabajadoras resuelven esta dualidad mediante el desarrollo de recursos personales y familiares, debilitando su condición social de trabajadora, debido al proceso de privatización de las demandas laborales y familiares que viven cotidianamente.
El trabajo por cuenta propia permite contar con jornadas laborales parciales, partidas, continuadas, nocturnas o reducidas que son ajustadas por las mujeres para el cumplimiento de las responsabilidades domésticas. Este acomodo colabora en la percepción de control sobre los tiempos, carga e intensidad de trabajo, incluso pueden rechazar algunos pedidos de clientes cuando los negocios tienen más años de antigüedad o por falta de recursos personales para enfrentarlos. Sin embargo, los empleos en jornada distinta a la completa o rotativa suponen ingresos más bajos y, con ello, un menor compromiso con el ahorro para la jubilación. A esto se suma que la mayoría no cotiza en el sistema previsional, debido a que son trabajadoras informales que ejercen su actividad económica sin registro ante el Servicios de Impuestos Internos, no pagando impuestos. Al pagar menos impuestos es probable que a futuro reciban menos ingresos vía seguridad social y se conviertan en beneficiarias de subsidios estatales que cubran en parte las necesidades básicas.
Pese a que la demanda hacia el Estado por pensiones decentes se intensifica a medida que aumenta la edad, lo cierto es que la identidad de la por cuenta propia, (específicamente, aquella que tiene un espíritu emprendedor) requiere estar siempre atenta del presente, respondiendo a la contingencia con productos o servicios que comercializa, en un escenario cambiante por los requerimientos del mercado y la búsqueda de nuevos clientes. Su oferta tiene poco valor debido en parte al bajo nivel educativo (tres de cada cuatro han alcanzado hasta doce años de estudio) cuyas conocimientos y habilidades débilmente compiten en el mercado de consumo orientado a la innovación, tecnología y conocimiento especializado. El negocio ostenta, por lo general, un modelo sencillo y artesanal, adaptado a las necesidades de las economías locales.
A diferencia del trabajador asalariado que percibe un salario fijo con el que planifica los gastos mensuales de alimentación, vestuario, salud o educación, la trabajadora por cuenta propia debe generar las condiciones para la obtención de un ingreso propio. La seguridad económica del asalariado en ocasiones la asocian a un salario condicionado por un contrato laboral, que puede ser rescindido por el empleador a fin de mes, independiente de la estabilidad o compromiso con la empresa. Más bien, aparece asociado en las por cuenta propia al control del proceso de trabajo (creación de productos o prestación de servicios, acceso y selección de clientes, planificación de la comercialización y difusión, decisiones en la contabilidad, definición de horas de trabajo). A mayor control, mayor ingreso es la premisa del grupo y este control se relaciona con los niveles de esfuerzo personal que destinen al trabajo pagado, pudiendo modificarlo según sus, intereses, necesidades o recursos disponibles. El ingreso dependerá de la dedicación, esfuerzo y control del proceso de trabajo.
La idea del esfuerzo personal devuelve la centralidad de su ser al centro de su subjetividad, convirtiéndolas en protagonistas de sus acciones y, al mismo tiempo, actualiza el tiempo del trabajo pagado en un presente permanente, que invita a reflexionar continuamente sobre las decisiones personales, reafirmándolas en la mayoría de los casos. Este grupo afianza la confianza en sus capacidades buscando la personalización de productos o sello personal, ante el trabajo despersonalizado y masivo que asocian al mundo asalariado.
El trabajo por cuenta propia es ante todo una práctica solitaria, si se compara con el trabajo asalariado organizado en una jerarquía de superiores y colegas. La relación con otras personas se restringe a familiares, amistades y, especialmente por el rol de emprendedora, a clientes que pueden surgir en redes de comercialización y venta de productos o prestaciones de servicios. Del momento de creación del producto o servicio, propio e intransferible se pasa a la etapa de comercialización donde se reactiva el vínculo social mediante la presencia de clientes a quienes se intenta persuadir y conquistar, activando nuevamente las capacidades individuales.
La relación con el Estado es más esporádica que con los clientes y surge a partir del acceso a subsidios, fondos concursables, capacitación o asesorías al negocio para la maximización y movilización del potencial productivo. Ambos tipos de relaciones operan bajo una racionalidad de acuerdo a fines representada por el cálculo económico, pero con una implicación distinta de parte de la cuenta propia. Con los clientes existe cierto margen de negociación, que se restringe cuando depende de uno o dos clientes, mientras que la relación con el estado es de tipo vertical y preestablecida, con normas claras para todos. La profundidad del vínculo está condicionada por la infraestructura, equipamiento y valor del negocio, así como por la dependencia de subsidios.
El vínculo que establecen las por cuenta propia con su entorno no es suficiente para avanzar en protección ante la vejez. Si bien la experiencia internacional muestra que una mayor sindicalización mejora las condiciones laborales y salariales, favoreciendo la disminución de la desigualdad social, lo cierto es que sigue siendo un asunto pendiente, pese al aumento de la sindicalización de la población trabajadora que ubica a Chile sobre el promedio de los países OCDE. La participación de las por cuenta propia en asociaciones sindicales, gremiales, cooperativas, redes y otro tipo de sociedades es muy limitada y se concentra en la obtención de financiamiento estatal o activación de redes de clientes. La demanda hacia un fortalecimiento del sistema de protección social es muy débil y se concentra en algunos grupos asociados al rubro industria.
La débil organización colectiva influye tanto como el desinterés y la desconfianza hacia el sistema de capitalización individual, profundizando la falta de credibilidad del sistema. Las por cuenta propia atribuyen su baja cotización al nivel de ganancia de las administradoras del sistema de pensiones a costa de las imposiciones de sus afiliados. Es decir, habría una alta rentabilidad para las administradoras y un bajo retorno de la inversión para quien cotiza. También atribuyen la baja cotización a la preferencia de ahorrar mediante instrumentos bancarios o inversiones en bienes inmuebles. Difícilmente las cotizaciones previsionales de esta población se incrementarán a futuro, y así lo muestran las cifras. Cuando se promulgó la ley Nº 21.133 que obligaba a los trabajadores independientes a cotizar en el régimen de protección social en 2019, los por cuenta propia pudieron incorporarse al sistema mediante las cotizaciones previsionales, sin embargo, el incremento de cotizantes fue muy bajo. Esta normativa legal igualaba a dependientes e independientes en el acceso a beneficios y coberturas en salud, previsión, seguros de accidentes y enfermedades laborales, entre otros.
La protección ante el riesgo de la vejez de las por cuenta propia la construyen alejada del sistema destinado a este fin. Deciden hacerse cargo de su destino enfrentándolo con los recursos personales que disponen y reconocen que ante los riesgos de la vejez y la enfermedad echarán mano a recursos familiares o tendrán que crearlos. La planificación de este futuro es una ficción que posponen, ocultan o dejan en un lugar secundario porque no cuentan con condiciones materiales actuales para enfrentarlas. Ellas saben que no pueden protegerse por sí mismas, pero también saben que enfrentarán ese momento con los recursos que tengan (sean muchos o pocos).
Hacerse cargo de estos riesgos es una pesada carga que imaginariamente no pueden llevar. En su lugar depositan en la autonomía y en la libertad del proceso de trabajo, la recompensa ante un mercado laboral incierto y precario. Tampoco consideran que los asalariados estén en una mejor posición ante el futuro, por el contrario, este tipo de trabajo sería una fuente de alienación en la cual no desean (o no pueden) participar, ya sea porque no hay control individual del proceso de trabajo (por el contrario, hay segmentación o parcialización de la actividad productiva en el empleo), hay una distancia del proceso creativo (que lo hace ser pasivo ante los vaivenes del mercado) y una ausencia de reconocimiento como persona (que se traduce en un despido).
La percepción de alienación subjetiva no se logra compensar con la provisión de seguridad social y deciden proyectar un futuro más seguro mediante ahorros individuales que, en la práctica, no cumplen según indican las cifras de ahorro. Ante la gran confianza personal y baja protección social, las por cuenta propia despliegan recursos personales y familiares, lo que debilita a su vez, la condición de trabajadora debido al proceso de privatización de las demandas laborales y familiares al cual adscriben.
Lorena Armijo Garrido
La literatura intercultural escrita por mujeres migrantes se enmarca en la literatura testimonial con carácter universal, ya que dichas escritoras migrantes en sus escritos autobiográficos, semiautobiográficos o de ficción, incluyen testimonios de procesos de transformación identitaria complejos derivados de la migración, que se reflejan en la vida de otras personas migrantes. Esta literatura testimonial tiene una dimensión socio-política y cultural clara, ya que es una literatura basada en las historias personales en el contexto socio-político del país de destino. En este caso, se interpreta a partir del proceso migratorio y del proceso de integración socio-cultural. Además, la literatura es considerada una forma de activismo socio-político por parte de las escritoras migrantes.
La literatura testimonial se aborda aquí dentro de un repertorio de protesta, el repertorio de acción contestataria, como parte de otros movimientos sociales. Las preguntas que se quieren responder son las siguientes: ¿cuál es el posicionamiento socio-político y cultural de las mujeres migrantes escritoras?, ¿dicho género literario puede ser definido como marco de un nuevo movimiento social alternativo? En este artículo se analiza la forma de posicionarse de las escritoras migrantes en nuestras sociedades; así como las formas de desafiar las políticas migratorias con la participación desde abajo a través de la escritura y de la cultura como herramienta de reivindicación.
En sus escritos las mujeres migrantes reflexionan sobre la construcción de su propia identidad y la transformación a la que tienen que enfrentarse en un contexto socio-político diferente del contexto de origen; por otro lado, también reflexionan sobre las relaciones de contexto como las estructuras de poder y opresión; los obstáculos y oportunidades; así como otras dinámicas de integración que se dan en el país de destino y en su proceso de integración.
Para responder a nuestras preguntas vamos a definir los movimientos sociales, el repertorio de acción contestataria y el punto de partida para generar nuevos conocimientos alrededor de la literatura intercultural testimonial como espacio para la reivindicación y la participación de las mujeres migrantes escritoras. La teoría de los movimientos sociales se centra en los elementos sociales y políticos excluyendo la vertiente cultural según Jasper (citado en Paredes, Movilizarse tiene sentido: análisis cultural en el estudio de las movilizaciones sociales, Psicoperspectivas, Individuo y Sociedad, Chile), definiendo la política y la cultura como esferas separadas. En cambio, si partimos desde la perspectiva psicológica, del interaccionismo simbólico de Blumer en Collective behaviour, Review of Sociology. Analysis of a Decade, al conceptualizar la interacción de diversos actores sociales, nos lleva a la teorización de un campo de actuación común en el ámbito literario y cultural donde se da una acción colectiva que se podría teorizar como movimiento social alternativo, espontáneo, no organizado y no estructurado. Blumer, de hecho, “centra su atención en los procesos de definición colectiva de problemas sociales, como ejes motivacionales de la participación de individuos en movimientos sociales, donde los movimientos sociales son una forma de actor colectivo que promueve cambios sociales”, en Paredes.
Los nuevos movimientos sociales (estudiantil, pacifista, ecologista) se distinguen de los movimientos sociales clásicos (sindicatos, movimiento obrero, movimiento feminista), según Tomás Alberich Nistal, que están organizados bajo unas reglas y valores colectivos. Estos movimientos clásicos conviven con otros donde las personas no están afiliadas y se suman al cambio social no institucionalizado. Paredes concreta que los movimientos no solo tienen alcance político, sino que tocan las orientaciones culturales y la vida cotidiana. Alain Touraine en “Los movimientos sociales”, de la Revista Colombiana de Sociología, n.º 27, Colombia, definía un movimiento social como una conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta. Según Touraine, un movimiento social está basado en tres principios: el principio de la identidad, el principio de la opresión y el principio de la totalidad. En primer lugar, la acción colectiva tiene carácter cultural, en el sentido de que lucha por el control y la reapropiación del conocimiento y por un nuevo modelo cultural. En segundo lugar, la acción colectiva se dirige hacia el futuro.
Giddens, en La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración, define los movimientos sociales como “un intento colectivo de promover un interés común, o de asegurar un objetivo compartido, mediante la acción colectiva en el exterior de las instituciones establecidas”. Hay una línea muy fina entre los movimientos sociales espontáneos, alternativos, y los movimientos institucionalizados. Ambos se mueven alrededor de un objetivo común, para promover o resistirse al cambio social.
Según Alberich Nistal, en “Asociaciones y Movimientos Sociales en España: Cuatro Décadas de Cambios”, Revista de Estudios de Juventud, “los movimientos sociales son corrientes de acción y expresión colectiva que se manifiestan y organizan de múltiples formas; entre sus características definitorias está el situarse frente a, o independiente del sistema institucional, buscando una transformación social (de cualquier tipo: concreta o general, a corto o largo plazo…)”. Según Kurt Lang and Gladis Lang, en Collective Dinamics, Crowell), “los movimientos sociales son iniciativas colectivas destinadas a realizar cambios en el orden social”. Según Smesler, en Theory of Collective Behaviour, “son esfuerzos colectivos destinados a modificar normas y valores”. Por otro lado, Elizabeth Jelin, en Más allá de la Nación: las escalas múltiples de los movimientos sociales, definía los movimientos sociales como “aquellas acciones colectivas con alta participación de base que utiliza canales no institucionalizados y que, al mismo tiempo que van elaborando sus demandas, van encontrando formas de acción para expresarlas y se van construyendo en sujetos colectivos, es decir, reconociéndose como grupo o categoría social”.
A la luz de las definiciones y conceptualizaciones anteriores, en el ámbito de este estudio se puede hacer una comparación con el repertorio de acción colectiva, que se refiere al campo literario y a las escrituras migrantes testimoniales. “Los repertorios de acción colectiva, superan su noción objetiva, representan formas de hacer o significar relaciones sociales normalizadas, pudiendo a través de la performance construir o reconstruir realidades desde los marcos de sentido colectivo del movimiento social”, según Pizarro en “(Re)Construcción de la realidad y protesta: Un análisis de los repertorios de acción colectiva desde la teoría de las representaciones sociales” (Anuario del Conflicto Social, n.º 12). Habiendo desarrollado conceptualmente los significados relativos a los movimientos sociales, veremos que en el caso de las mujeres migrantes escritoras se podría hablar de movimiento social alternativo, basado en una acción colectiva en forma de testimonio, que es la escritura migrante de individualidades a través de la agencia. Por tanto, la literatura intercultural testimonial se considera un medio de expresión y denuncia que aúna voces de distintas autoras con un objetivo común: compartir la experiencia migratoria y participar en la acción colectiva, que tiene como objetivo la inclusión social y cultural, con el afán de denunciar injusticias y vivencias derivadas de la migración a través de escrituras autobiográficas, semiautobiográficas o ficción.
Se puede decir que este movimiento situado en un contexto específico concreto que es un espacio transnacional, entre el país de origen y el de destino, es generacionalmente mixto, no organizado, no estructurado. Este espacio representado por la literatura migrante universal utiliza la escritura como elemento de reivindicación individual y colectiva, por un lado; y por otro, se presenta como aquella red que recoge a las escritoras migrantes desde el lugar del que pueden desarrollar su activismo y denuncia de la situación de opresión que viven en los países de acogida.
La literatura intercultural o de migración testimonial puede ser aquel marco de referencia de la participación socio-política y cultural y de la movilización, que encierra la agencia representada por las individualidades de las escrituras de las mujeres migrantes. En las escritoras migrantes nos encontramos con la agencia individual que desemboca en agencia colectiva, ya que comparten valores e identidad común, navegando paralelamente al movimiento social feminista antirracista, puesto que se podría definir como movimiento social no organizado y no institucionalizado, y que presenta alternativas al sistema tradicional. Alimentan el cambio social a través de la agencia de forma indirecta, definiendo una relación entre lo político y lo social como una expresión colectiva. Además, las escrituras migrantes, o literatura intercultural, contribuyen a la construcción de una nueva identidad transcultural en movimiento. La literatura testimonial es el espacio desde el cual cuestionar al sistema y la gestión de la migración, en definitiva, es el espacio desde que se proporciona una crítica al sistema.
El movimiento social no organizado ni estructurado de las escritoras migrantes se desarrolla, en este sentido, como acción socio-política y cultural partiendo de las individualidades para llegar a ser acción colectiva no organizada a través de la literatura intercultural testimonial como marco de acción. Un marco de acción será efectivo, según Gamson en “Political discourse and collective action” (Klandermas, Kreisi y Tarrow, International Social Movement Research), “si es capaz de articular ambos registros, lo personal y lo público”. “Una movilización y un movimiento no solo se constituye por la existencia de recursos simbólicos o materiales y oportunidades políticas, sino que principalmente por la capacidad de los activistas y participantes de la movilización de definir e interpretar la situación”. Por ende, se puede definir como movimiento socio-político y cultural y vector de cambio social, que propone una nueva forma de identidad colectiva en el marco de la literatura intercultural, que es la identidad híbrida transcultural o migrante donde actúan de forma conjunta para promover dicho cambio social según lo expresa Homi Bhabha en The Location of Culture.
En las palabras de las escritoras migrantes se pueden evidenciar dichos elementos y se puede identificar dicho marco de acción colectiva con la literatura de migración testimonial. El valor social y político de la escritura de migración se hace evidente en las palabras de las escritoras migrantes. Estas posiciones revelan el desarrollo de nuevas formas de representación y mayor autonomía en relación con los sistemas políticos en forma de acción colectiva.
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Dimensiones que afirman el compromiso de las autoras como acción colectiva |
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Reflexiones positivas |
Ingy Muyabi (Italia/Egipto) afirma: “Hay dos tipos de escritura: una interior y una pública, que sirve a los demás como ejemplo y mensaje sobre los aspectos más duros de la migración y que sirve a quien lee”. |
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Reflexiones negativas |
Las relaciones instauradas con los países de destino son fuertemente coloniales y las autoras las analizan desde un punto de vista decolonial como se puede leer en las escritoras africanas: Nuestra hermana aguafiestas (1977) de Ama Ata Aidoo. También en Más allá del horizonte (1991) de Amma Darko. El baobab que enloqueció (1982) de Ken Bugul. Dientes blancos (2000) de Sadie Smith. |
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Estigmas en el país de |
Las mujeres mirgantes serán siempre consideradas ciudadanas de segunda clase como se evidencia en la novela Ciudadana de segunda (1974) de Buchi Emecheta. En este caso, además, se evidencia la negritud como elemento de estigma en el país de destino. |
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Melancolía y rechazo |
En El baobab que enloqueció (1982) hay una mezcla entre melancolía y rechazo sobre el país de origen. En esta novela autobiográfica, la autora vive un trauma impulsado por la vida occidental frenética y materialista, y vuelve a su país de origen para volver a tener paz. |
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El rol de la literatura |
Gulala Salih (Italia/Kurdistán) afirma lo siguiente: “La escritura te libera de pesos que llevamos dentro. Deja una traza concreta y real para la sociedad. Es importante para mantener viva la memoria individual y colectiva de las personas migrantes”. “La escritura me ha ayudado a focalizarme sobre los problemas derivados de la migración, reelaborar expresiones y emociones personales y dar voz a cuestiones sociales”, según Gabriella Kuruvilla (Italia/India). |
Estas novelas pertenecen a una acción colectiva de denuncia, por un lado, de las condiciones vividas en el país de origen, donde las mujeres viven injusticias, discriminación basada en el género, la clase social, los países de origen suelen ser países pobres y corruptos. Por el otro lado, denuncian las condiciones precarias encontradas en los países de destino, donde siempre serán ciudadanas de segunda clase, debido especialmente al color de la piel que no se puede disimular. Dicha literatura testimonial, por ende, puede considerarse como propuestas de acción política hacia la construcción de un nuevo modelo de sociedad intercultural, donde los valores de la igualdad, la diferencia racial y étnica y la diferencia de clase estén incorporadas con perspectiva interseccional tanto a nivel de lenguaje como a nivel socio-cultural. Por un lado, cada situación y experiencia migratoria es distinta, sin embargo, por el otro, tienen en común dicho valor de denuncia de la condición de las mujeres y de la dificultad del proceso migratorio en relación con la integración social y política en el país de destino. La literatura intercultural escrita por mujeres migrantes representa el instrumento propulsor de cambio social, y produce sensibilización de la sociedad hacia las propuestas de las mujeres migrantes para que se incluyan en la agenda política una nueva forma de identidad a través de la acción colectiva.
En este sentido, Sabrina Efyonayi (Italia/Nigeria) afirma: “Tengo una escritura personal que es para mí sola, bajo la forma de diarios personales. Luego, está la escritura pública, que yo identifico como activismo, porque quiere enviar un mensaje a las personas más jóvenes. Los jóvenes pueden leer una historia y sentirse comprendidos, pueden comprender mejor la realidad y sus vivencias; pueden reflejarse en mi historia. Por tanto, para mí, la escritura es un acto político y terapéutico”. Otra característica de este movimiento social no organizado es su naturaleza transnacional, ya que no tiene fronteras. Por ende, en cuanto al posicionamiento socio-político y cultural de las mujeres escritoras migrantes, se puede afirmar que la escritura testimonial sobre la migración tiene que ver con la agencia y con una acción individual que se transforma en acción colectiva no organizada a través del marco de la literatura intercultural y testimonial. Por ende, la escritura de migración es entendida como testimonio e instrumento de protesta, que se ha ido contagiando en diferentes países dando luz a diferentes novelas sobre el argumento autobiográfico, autobioficcional o de ficción que gira en torno al mismo tema que es la experiencia migratoria. Ellas se mueven en busca de un sitio mejor, un trabajo mejor, por razones sentimentales, o para escapar de la violencia y de conflictos sociales vividos en el país de origen y tener nuevas oportunidades.
Elisabeta Botan (España/Rumanía) argumenta lo siguiente: “La poesía es el medio a través del cual he conciliado diferentes partes de mi ser. La poesía y la traducción expresan partes de mi ser que a menudo están en conflicto”. Esta agencia está conectada con un activismo que se podría traducir en un movimiento socio-político y cultural no organizado por parte de las mujeres migrantes escritoras. Por tanto, en conclusión, el posicionamiento socio-político y cultural de las mujeres migrantes escritoras se basa en la participación socio-política a través de la escritura de migración y testimonial.
Otra migrante, Anna Moi (TRAN Thiên-Nga, Francia/Vietnam) profundizó de la siguiente manera: “La escritura me ha hecho encontrar mi sitio en el mundo. Yo era una exiliada y me ha hecho encontrar un lugar desde el que hablar, porque yo no tenía una voz. Mi madre quería un hijo varón y desde pequeña siempre me ha hecho sentir equivocada”. Dicha comparación transforma lo personal en político, tiene el objetivo de desmontar y denunciar situaciones concretas relativas a la migración, la integración social y la discriminación basada en el género, en la clase y la raza, en el campo de la realidad socio-política.
En relación con esto, finalmente, cabe destacar que en la acción colectiva se reafirman las identidades individuales y colectivas de las mujeres migrantes y escritoras, a través de la participación individual en un marco de referencia de acción colectiva que es la literatura intercultural, o de migración, testimonial. Dichas identidades están interrelacionadas al mismo tiempo que están separadas analíticamente. En otras palabras, dichas identidades individuales a través de la agencia conforman el marco de acción colectiva en una literatura universal que puede ser definida literatura-mundo, una literatura de denuncia y de reivindicación del propio ser migrante. Su posicionamiento socio-político y cultural es claro y está situado a nivel transnacional, sin fronteras, en la literatura de migración como literatura testimonial.
María Luisa Di Martino
Debido a la convivencia social-digital, nuestras formas de interactuar, comunicarnos y relacionarnos han cambiado. La información y la comunicación son los elementos claves de nuestra sociedad, dando paso a una sociedad basada en la importancia del acceso a la información generado por otras personas, o lo que comúnmente se ha denominado como “sociedad de la información” caracterizada por la velocidad, la rapidez e instantaneidad. Así, la sociedad de la información queda categóricamente condicionada por los aparatos electrónicos, o las denominadas TRIC (Tecnologías de Relación, Información y Comunicación).
Es indudable que estas TRIC nos han revestido de comodidades, posibilidades y avances tecnológicos. Hemos aprendido a gestionar otro mundo lleno de oportunidades para el desarrollo individual y comunitario. Sin embargo, este desarrollo tecnológico, social y cultural, también ha traído riesgos digitales marcados por condicionamientos tradicionales provenientes del mundo “real” u off line.
Identidades, diferentes mecanismos, dinamismos y tradiciones quedan transformados, mientras que otros se mantienen, como es el caso de la preproducción, diseño y consumo de contenidos digitales, que quedan vinculadas las opresiones y privilegios/discriminaciones que nacen del sistema heteropatriarcal, racista, capacitista y capitalista. Existe una amplia diversidad de ejemplos dentro de la Red que nos dibujan un panorama ambiguo e infinitamente complejo. Muestra de ello son las páginas web con contenido sexualmente heterodirigido donde se hipererotiza las corporalidades femeninas pero que a su vez conviven con un inagotable contenido alternativo, subversivo y transgresor de referentes digitales, como las y los ya denominados youtubers, instagramers.
Dentro del mundo digital se están instaurando nuevos roles y códigos de género, reproduciendo por ende una marcada desigualdad social. Como mecanismo y estrategia para mantener estos contextos se proyectan violencias; de hecho, al igual que ocurre en la vida off-line, en la vida online se manifiestan agresiones que merecen ser estudiadas. Las características propias del mundo online: rapidez, instantaneidad, globalidad, redes interconectadas, anonimidad y la hiperconexión, hacen que las violencias se intensifiquen y las vivencias y sufrimientos tengan un mayor impacto tanto a nivel individual como colectivo. Es más, al hablar de ciberviolencias conviene mantener una visión global, y no local, considerando que las violencias se sostienen en la comunidad, en las que se traspasan barreras locales y corporales.
En la literatura y academia, así como en los contextos formales, todas estas violencias han sido nombradas con nombres sumamente diversos: sexting, grooming, sextorsion… Términos que a veces son difusos y que cuesta que se permeabilice el arraigo cultural y machista que contienen estas formas de violencias, por lo que conviene considerar una terminología que permita visibilizar el esfuerzo realizado por los diferentes colectivos y movimientos sociales, reflexionando sobre la proyección de estos mecanismos en el mundo digital.
De este modo, tras análisis derivadas de la práctica profesional e investigadora, se han ido acotando diferentes formas de ciberviolencia y aportando una terminología vinculada al contexto detallado. Así, se nombra a las ciberviolencias machistas, comprendiéndolas como las diferentes formas de agresión y de acoso generadas por el sistema heteropatriarcal en los entornos digitales. Dentro de este amplio paraguas, se podrían categorizar otras formas de ciberviolencia. Tras el recorrido de los diferentes estudios y prácticas profesionales llevadas a cabo, se han podido detectar las siguientes estrategias de ciberagresión:
Todas estas violencias no funcionan de forma individual, sino que interactúan entre ellas y se interseccionan. De igual modo, debieran ser sumadas otras formas de discriminación, ya que atendemos a un universo complejo e infinito; así el clasismo, aporofobia, podrían ser otras discriminaciones interesantes a tener en cuenta. Todas ellas se aplican para generar un orden social, un mantener privilegios y discriminaciones provenidas del propio mundo off-line.
Entre las más destacadas, si hablamos específicamente de las violencias que son mayormente sufridas y percibidas por las mujeres, se deberían resaltar la ciberviolencia simbólica, cibercontrol, ciberviolencia sexual o propiamente sexista. En tanto en cuanto a la primera de ellas se refiere, destacar la proyección de cuerpos insanos: delgados, desnutridos y con falta de vida, pero que sin embargo se convierte en estándares idealizados. En la misma medida, de toda la hiperotización de los cuerpos, y en mayor intensidad al interseccionalizar la dimensión racial, en el que observamos que las mujeres latinas, asiáticas o negras sufren mayores estándares de objetivación. Dicho lo cual, en numerosas plataformas y redes las mujeres quedan condicionadas por ser objeto, y no sujeto.
A nivel, más micro, estos daños se comprueban en la propia autoimagen que tienen las mujeres. Si bien esta forma de violencia lleva perenne en nuestra sociedad desde hace décadas, la realidad es que hoy más que nunca la imagen toma una especial fuerza. A través de la imagen nos comunicamos, interactuamos e inclusive establecemos nuevas relaciones, por lo que es entendible que esta violencia tenga un mayor calado en nuestros imaginarios sociales, y en nuestras propias ideas del yo.
Ello hace que muchas mujeres se sientan en una constante revisión del cuerpo y de sí mismas, un desprecio que hace que busquen la necesidad de una mirada exterior y no interior. Es especialmente en las más jóvenes en las que reside una mayor preocupación. Dado su propio desarrollo cognitivo, este tipo de ideales impactan fuertemente en su autoestima, y la realidad es que muchas de las jóvenes sostienen sobre si mismas ideas y actitudes inseguras y con alta carga negativa. Tanto es así, que, en los últimos estudios, y la propia práctica profesional hallamos que la salud mental de las más jóvenes está especialmente dañada, y cada vez es más común encontrar problemáticas ligadas a la alimentación, autoestima o depresión.
En este sentido, es importante mencionar características propias de esta forma de violencia. Es tal la rapidez con la que funciona, están expuestas tal infinidad de estímulos, cánones y estereotipos que conlleva a que no puedan parar, pensar y crear otros marcos más sanos para sí mismas. Lleva también a desconectarse sobre sus propios cuerpos, a no establecer conexiones más directas con sus sentimientos y seres, y a la par proyectar una idea superficial y alineada con esquemas y expectativas capitalistas. Así, además de ideas y cánones sobre sus cuerpos también se establecen ciertas normas del “deber ser”, cómo deben comportarse y actuar.
En líneas generales, entre las exigencias más destacadas, encontramos la idea de mujer consumidora, productiva, imparable y “buena madre”. Unos nuevos ideales que se entremezclan entre ese deseo occidental blanco de “se puede con todo”, y que establece criterios de producción sumamente insanos. También es vendida la idea falsa de mujer “todo-poderosa”; un empoderamiento “falseado” que no hace más que albergar más autoexigencias y situaciones descuidadas para la mujer.
En estrecho vínculo con estas exigencias, dentro del mundo digital como otro mecanismo de coerción y ejercicio normativo, se establecen todas las agresiones sexistas. En numerosas páginas y redes se hallan comentarios sexistas, y se convierte en una práctica normalizada y cotidiana el envío de fotos y videos que ridiculizan y cuestionan lo relacionado con lo femenino. No obstante, sobre esta violencia es imprescindible visibilizar todas las agresiones que se dan contra todas mujeres que deciden aparecer en el mundo digital. Las mujeres referentes del mundo digital (youtubers, instagramers…) reciben tantas agresiones y comentarios sobre ellas que en muchas ocasiones se tienen que alejar del mundo digital, resguardarse del acoso, muy especialmente entre aquellas que tienen su altavoz en contextos más masculinizados, como pueden ser gamers (videojugadoras), o activistas feministas.
Estas mujeres que irrumpen, ya sea por sus discursos o actitudes, en los paradigmas masculinos, y ponen en cuestión el poder hegemónico reciben fuertes agresiones, que ponen en duda sus capacidades y su estar en el mundo digital. Como se decía, es tal la crueldad que hacen que muchas abandonen estos espacios y requieran de procesos de recuperación y sanación. También es importante mencionar las situaciones de cibercontrol. Corresponde diferenciar entre la hipervigilancia y el cibercontrol, ya que muchos estudios muestran que son más las chicas y las mujeres las que controlan las redes de su pareja hombre, que al revés. La realidad es que estos datos deben ser analizados desde un corte más cualitativo, ya que al detallar sus discursos encontramos que las chicas se mueven por su propia inseguridad y miedo a la pérdida del hombre, mientras que a ellos les mueve más una intención de control y sentimiento de pertenencia (¿o apropiación?). Esto implica que mientras las chicas sigan y miren las acciones que realizan ellos en las redes (vigilen); ellos lleven a cano más una muestra de autoridad y control. Por ejemplo, en los casos de violencia de género, estas redes y actitudes hacen que sea más virulenta la situación, y las mujeres sientan una sensación de “no-escapatoria”. Lo cierto es que las redes han generado que las dependencias emocionales que existían antes, se acentúen y se generen nuevas formas de control.
Por último, respecto del ciberacoso sexual, hay decir que entre las actitudes y ejercicios de poder comúnmente más aceptados se identifican aquellos relacionados con la invasión de espacios íntimos o el envío de fotos y videos sin el consentimiento de ellas. Poniéndolo en contexto, son numerosos los casos en que las mujeres y chicas cuentan que hombres se ponen en contacto con ellas a través de las redes sociales (sin ellas quererlo), generándoles una situación incómoda porque las agreden sexualmente, o porque tras haber mantenido una relación (más o menos esporádica) les envían fotos de ellas sin su consentimiento, acabando en situaciones de acoso comunitario. Y como si no fuera poco, este tipo de situaciones, son endilgadas como de total responsabilidad de las mujeres.
Todas estas formas de ciberviolencia son encorsetadas y mantenidas por el imperativo normativo del sentimiento de culpa muy ligado al esquema y rol femenino. Así, a través de la culpa las mujeres que sufren estas formas de ciberviolencia sienten ser merecedoras y responsables de lo que les pasa; cargan con un importante peso social, de hecho, encima de ellas siempre sobrevuela generalmente el estigma de “mala-mujer”. Por lo que ante las agresiones, sus discursos y acciones quedan invalidados, cuestionados y asumen lo ocurrido desde un resentimiento que repercute en la falta de creación de redes de sororidad, apoyo y hermandad. También en no creerse agentes y resistentes a las formas de agresión.
Ante esta híper-realidad, además de ir detectando y visibilizando estas formas de agresión que se están integrando en los medios digitales, los movimientos ciberfeministas y distintos colectivos han creado alianzas y resistencias. Como una práctica subversiva, y utilizando el propio medio digital como altavoz y estrategia de confrontación y transformación, se han ido generando Webs, perfiles concretos y comunidades digitales. De hecho, el movimiento ciberfeminista comienza sus estrategias en los años 90, y desde aquí se piensa que el mundo digital puede ser totalmente subversivo. Especial atención merecen autoras y movimientos como Haraway, Sadie Plant, VNS Matrix. Una ampliación sin límite para subvertir aquello que daña y oprime.
Pero no solo pensemos en parámetros más estructurados, sino en acciones comunitarias y que de forma informal han podido generar oleadas de transformación y subversión. Son numerosos los ejemplos de personas que se han hecho referentes en la Red o videos que se han viralizado y han generado una alianza y redes sororidad transoceánicas, he ahí el ejemplo del video reivindicativo de las chilenas Las Tesis: “el violador eres tú”. Este tipo de muestras ayudan a evidenciar la potencialidad de transformación que también tiene el mundo digital, por lo que además de hablar y visibilizar las violencias antes propuestas, es de suma necesidad evidenciar todos los mecanismos de confrontación y resistencia que se están generando, y con la gran cobertura y amplitud con la que funcionan, son sin duda fuertes estrategias para cambiar y transformas no solo desde fuera, sino desde dentro.
De igual modo, merece especial atención todas las prácticas de autocuidado que se están dando como estrategia ciberfeminista. Como antes se mencionaba, muchas mujeres que son referentes sufren ataques virulentos y dañinos, y esto ha hecho que piensen y creen estrategias de autocuidado, por lo que, sin duda, es un tema que debe estar presente y tenerlo en cuenta al tratar estos temas. Entre las prácticas se suelen mencionar: el retiro periódico de la red, el no contestar y entrar en ciclos de violencia, o mismamente el generar redes de apoyo y autoafirmación. Esta última práctica es de sumo interés, ya que como se decía, una de las características propias de la Red, es la comunidad y el tejido de redes, por lo que, sin duda, utilizar esto mismo para el autocuidado y la protección feminista puede ser de suma ayuda y relevancia.
La sororidad digital es una práctica que emerge, pero que le queda camino y que requiere de mayores espacios de reflexión y lugares propios dentro de la Red, espacios de unión y no de confrontación. Estrategias que nacen desde el propio tejido individual y colectivo, pero que requieren, sin duda, mayor visibilidad, más puesta en práctica y más debate. Hablar desde la vulnerabilidad que generar el propio sistema, y como desde ahí poder cuestionar y repensar prácticas de alianza y hermandad. Aún quedan espacios de reflexión y seguir debatiendo, preguntas que necesitan seguir explorando sus respuestas ¿cómo me protejo de un ciberataque? ¿cómo sostener la conexión digital y corporal al mismo tiempo? ¿es conveniente la desconexión digital?
Estíbaliz Linares Bahillo
Hoy más que nunca el dicho que nació desde el feminismo “nada sobre nosotras, sin nosotras” cobra sentido: las crecientes injusticias y discriminaciones por razones de género, etnia, raza, religión, orientación sexual (y entre otras más) se encuentran claramente plasmadas en nuestra sociedad, lo cual ha conllevado a verse extendidas también hacia el área digital. Sobre todo, en un contexto el cual las estructuras y sistemas son regidas y formadas dejando de lado a mujeres en la toma de decisión –tal como es extensivamente expuesto por el concepto de capitalismo de vigilancia de Shoshana Zuboff–. En este sentido, es importante considerar que nos vemos expuestas y expuestos a un escenario global que se está desarrollando continuamente y que de a poco vislumbra que se están dejando atrás los esfuerzos por alcanzar la igualdad de género.
Uno de los puntos de partida –el cual es esencial para realizar un análisis en esta materia– es el acceso a la conexión a internet. En este sentido, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Internacional de Telecomunicaciones al 2021, el 70% de los países en América Latina tienen las tasas de diferencia de acceso (o sea, las brechas de género) más altas a nivel mundial. Sin embargo, esto debe ser considerado desde una perspectiva considerablemente más amplia, que no solamente se enfoque en el acceso a la conexión a internet –dado que a pesar de que la región ha tenido un crecimiento exponencial a este desde el 2014 al 2022, representando un aumento desde el 49% al 74% respectivamente– sigue representando muchas limitaciones para mujeres y niñas.
Por lo tanto estamos enfrentando una situación de desigualdades que permean en diferentes niveles que van más allá de solamente el acceso a internet. Estas desigualdades han sido contempladas y discutidas por feministas desde los años setenta, sin embargo, no ha sido hasta recientemente dónde se ha visto un impacto a nivel masivo desde los feminismos a través de herramientas digitales. Para comprender como se generaron estos cambios, y, sobre todo, para visualizar un futuro que considere políticas públicas y acciones de los Estados que estén en coherencia con el respecto a los derechos de mujeres y niñas, se debe cuestionar. ¿Cómo la relación entre ciberfeminismos y el ciberactivismo feminista puede contribuir a futuras acciones contra la desigualdad de género? Para reflexionar sobre esta dinámica y responder la pregunta principal existen tres puntos clave: (1) Diferenciar la construcción de los conceptos entre ciberfeminismos y ciberactivismo feminista; (2) posicionar el contexto del desarrollo del ciberactivismo feminista latinoamericano; y finalmente (3) observar las nuevas líneas activistas que están formando nuevas perspectivas sobre ciberfeminismos. Estos entregan una reflexión para el dialogo entre el activismo y la teoría en el área digital, con el fin de tomar acciones conscientes del escenario al cual se enfrentan mujeres y niñas hoy en día.
Las discusiones sobre el concepto de ciberfeminismos se remontan a la década de 1970, con la perspectiva radical de la cultura tecnológica observada como inherentemente masculina, donde la ciencia y las tecnologías –debido a la dominación masculina dentro de estos campos– exiliaron a las mujeres por completo de ella. El término ciberfeminismos fue acuñado por VNS Matrix, un colectivo de arte (inspirado en el Manifiesto cyborg de Donna Haraway) que creó el Manifiesto Ciberfeminista para el Siglo xxi en 1991. Su arte se basó en remapear la cibercultura con un enfoque feminista. Más importante aún –como explican autoras como Wajcman–, el comienzo de este término fue confrontar lo desconocido de manera utópica dado que no sabían cómo se desarrollaría la tecnología como es hoy en día.
Una clave de este concepto era definirlo desde la “no-definición” y dejando el término a libre interpretación con ciertas reglas que explicaban que no se considera como ciberfeminismo, representando su flexibilidad y apertura. Esta definición/no-definición de ciberfeminismo se basó en el proyecto de “Antítesis de los 100” definida en la Primera Ciberfeminista Internacional (1998) organizada por la Old Boys Network (OBN), una alianza ciberfeminista, en Berlín. El objetivo de no definir el concepto era reunir diferentes perspectivas dentro del arte, la cultura, la teoría, la política, los medios de comunicación y la tecnología y atraer a mujeres jóvenes que rechazaban llamarse feministas.
Por tanto, el origen de los ciberfeminismos no puede considerarse ni ligado a una sola teoría ni a un movimiento feminista en particular; en cambio, toca una serie de teorías y prácticas sobre la relación entre género y cultura digital desde múltiples puntos de vista artísticos. Dado que las ciberfeministas se comunican desde diversas perspectivas, autoras como Daniels y Chatterjee consideran que lo más acertado sería considerarlos como ciberfeminismos (plural) y no cómo un único ciberfeminismo, destacando que existen varias perspectivas teóricas y políticas hacia el género, la tecnología e internet, así como la falta de un proyecto político feminista unificado. Por otro lado, y sin considerar definiciones (o no-definiciones) de ciberfeminismo, algo que si es definitivo es que ciberactivismo ha sido la piedra angular de las movilizaciones sociales desde la introducción del internet al mundo, promoviendo prácticas sociales en nuevas plataformas y espacios que permiten formular y planificar acciones para ampliar el alcance del activismo político y social, y este ha sido esencial para los feminismos considerándose ciberfeministas o no.
A medida que el ciberactivismo ha crecido, también ha crecido el ciberactivismo feminista, dónde las personas que se sienten representadas por consignas feministas y que forman parte de los movimientos feministas –previo y durante a la transformación digital– han utilizado las plataformas y herramientas digitales como medios de difusión de información, promoción de la movilización y organización. Y es desde ese entonces cuando comienza la utilización de las redes sociales como hashtags (#) a través de espacios como Twitter, Instagram, Facebook, entre otros; entregando plataformas masivas a consignas tan reconocidas como “Ni Una Menos”. Es por esto que es necesario definir la relación tanto entre el ciberfeminismo, el ciberactivismo feminista, comprender cual es el objetivo de cada uno.
Previo al nacimiento del movimiento liderado por la consigna “Ni una Menos”, en México nace la consigna “Ni una Más”, que exige justicia para los millones de feminicidios de mujeres jóvenes entre los años 1993 y 2014 ocurridos mayoritariamente entre mujeres de origines socio-económicos bajos y rurales. Posteriormente, en el 2015 las mujeres argentinas –ante un caso de feminicidio que conmocionó al país– se organizaron contra dos injusticias sistémicas específicas: las violencias de género, así como también la complicidad de las instituciones y el sistema socio-político que reproduce estas violencias.
A pesar del creciente número de desafíos, es posible observar el desarrollo de nuevos movimientos que generan movilizaciones masivas y la transversalización de perspectivas feministas en diferentes niveles. El ejemplo de #NiUnaMenos fue un punto de inflexión que dio sentido a la aparición de demandas heterogéneas en todos los sectores y países de la región. Además, introdujo teóricamente y en la práctica, perspectivas decoloniales que implementan intersecciones entre género, religión, raza, clase y orientación sexual.
Entre los varios ejemplos de la región, se encuentran casos a nivel regional de ciberactivismo feminista para abogar contra el acoso sexual callejero, los cuales, a pesar de no ser de alcance global masivo, lograron tener alcances en diferentes países en Latinoamérica. La acción principal de difusión de conocimiento, organización y creaciones de plataformas de forma digital fueron liderados por la organización Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC). En este sentido, y como consecuencia de las acciones para concientizar sobre estos temas existieron acciones a nivel de gobierno y/o Estado en diferentes países de la región.
Uno de los casos más emblemáticos que llegó no solamente a ser un fenómeno a nivel regional, sino que también internacional fue la performance “Un Violador en tu Camino” del colectivo Las Tesis el año 2019. Las Tesis es un colectivo transfeminista decolonial nacido en Valparaíso, Chile; formado por Daffne Valdés, Lea Cáceres, Paula Cometa y Sibila Sotomayor. Las denuncias visibilizadas a través de la performance representan la frustración hacia la opresión patriarcal sistemática reproducida por el gobierno, el presidente y el Estado durante el estallido social chileno; dónde tanto Naciones Unidas como demás organizaciones en contra de la violación de derechos humanos (entre ellas Human Rights Watch) reportaron situaciones de abuso sexual, tortura y agresión contra mujeres.
“Un violador en tu camino” generó impacto transnacional replicándose en más de cincuenta países desde México, Reino Unido, España hasta Turquía, India y Kenia. Muchas variables hacen que este ejemplo sea único, como la adaptabilidad a diferentes contextos y la capacidad de hacer de fácil accesibilidad las reflexiones de autoras como la antropóloga y pensadora decolonial Rita Segato. Dicho esto, vale la pena señalar que esta iniciativa genera una diferencia con las performances ciberfeministas de los setenta, ya que, si bien están dirigidas a un público específico, el interés de Las Tesis es generar una performance que pudiese ser compartida, reproducida y comprendida en múltiples contextos –cosa que no se había presentado previamente con una performance política feminista masiva a nivel global–. Por lo tanto, se puede observar como la performance puede ser considerada como parte del ciberactivismo feminista; dado a que utilizó herramientas digitales para alcanzar, compartir y reproducir con –y junto– al público.
Es necesario considerar que existen numerosos casos de ciberactivismo feminista en la región latinoamericana en relación a temáticas que conciernen derechos sexuales y reproductivos, violencias, feminicidios, entre otros. Y es entre estos que los casos nombrados anteriormente toman lugar y relevancia, demostrando el poder y movimiento que puede ser causado gracias a las acciones del ciberactivismo feminista en la región sin existir el nombramiento o definirse cómo ciberfeminismos al llevar a cabo estas acciones.
Veinte años después de que se celebrara la “Primera Ciberfeminista Internacional” se realizó en el 2017 en Londres el evento “Post-Ciberfeminista Internacional” para que las personas y artistas que se identificaran con el post-ciberfeminismo pudieran presentar sus obras y se discutieran a nivel teórico las transformaciones del significado de los ciberfeminismos. A su vez, diferentes instancias y publicaciones siguen surgiendo dados los rápidos avances en Inteligencia Artificial, privacidad y seguridad a nivel global. Sin embargo, a pesar de que los ciberfeminismos intentaron tener un carácter universal, fueron escritos y siguen siendo difíciles de acceder/aportar desde Latinoamérica, dadas las barreras idiomáticas y geográficas.
Maureen Kangere, Jean Kemitare y Lori Michau en su artículo “Hashtag Activism” (activismo #hasghtag), destacan la importancia de las redes sociales como herramienta para consignas y discursos feministas, afirmando la potencialidad de las redes sociales como una herramienta para ir más allá de los espacios tradicionales del discurso (academia y espacios activistas tradicionales) y aumentar el activismo hacia nuevos procesos de movilización social en áreas no occidentales, así como la necesidad de deselitización del acceso a la información. En esta misma línea, han nacido en los últimos años perspectivas feministas desde organizaciones e integrantes de países provenientes de las regiones Latinoamericanas, Asia y el Pacífico, África, entre otros: (1) en 2014 la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), organizó el Encuentro global sobre género, sexualidad e internet en Malasia y se generaron los “Principios Feministas para internet”; (2) IT for Change y DAWN como parte de la iniciativa de Justicia Digital de la Coalición Just Net, crearon los “Principios Feministas para la Justicia Digital”.
Hasta este punto, es posible observar que sigue existiendo una dicotomía entre lo teórico y lo práctico, así como también entre las compresiones y acciones desde el ciberfeminismo/ciberactivismo feminista entre los países “en vías de desarrollo” y/o del “sur global” –con los países “desarrollados” y/o del “norte global”. Estas dicotomías o binarismos son igual de problemáticos como cuándo pensamos en lo offline y lo online. No necesitamos continuar comprendiendo y sobre todo construyendo un mundo en el cual existan diferencias que mueven entre las opciones “blanco y negro” –si no que, debemos apuntar hacia la comprehensividad/integralidad. El mundo offline no es distinto al online, el online es una extensión de lo offline (como dice Suleman Lazarus), así como también debemos comprender que los países y regiones pueden colaborar; y también que lo práctico y lo teórico pueden ser coconstitutivos para generar acciones. La performance “Un violador en tu camino” es claro ejemplo de lo anterior, presentando una sinergia entre las dinámicas que van más allá de lo binario en todos los sentidos.
El ciberfeminismo y el ciberactivismo feminista se ha formado gracias a todos los esfuerzos realizados desde hace décadas a través de la participación de activistas y organizaciones de la sociedad civil en instancias que definen instrumentos y marcos internacionales (tales como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer n.º 67), los cuales han sido clave –y seguirán siendo clave– para el avance de aportes y perspectivas innovadoras y transnacionales.
En consecuencia, más allá de la definición de la cual los feminismos estén sujetos en la era de la transformación digital, es claro que las acciones enfocadas en luchar contra desigualdades de género deben poseer perspectivas comprehensivas. La importancia de esto es que tomen los ejemplos y prácticas de casos pasados para implementar cambios en las mismas líneas con: (a) trasfondos teóricos consistentes, (b) objetivos que sean coherentes con las realidades y contextos de los países, (c) objetivos y acciones transnacionales, para tener mayor construcción y alcance con perspectivas globales.
Los ciberfeminismos y ciberactivismos feministas en Latinoamérica nos han demostrado que necesitamos procesos constitutivos entre la reflexión y la acción, o sea, desarrollo de procedimientos que permitan la construcción de acciones en conjunto con la reflexión. La velocidad de la transformación digital no se detendrá y la organización de los activismos deben considerar recuperar la riqueza teórica y reflexiva del ciberfeminismo con la rapidez y efectividad del ciberactivismo feminista. Lo anterior, a pesar de ser una gran labor a futuro, ya ha vislumbrado aproximaciones a transformaciones sociales a nivel estructural y sistemático de forma más tangible. El ciberfeminismo para ser utilizado como término unificado debe resignificarse desde la multidisciplinariedad y la interseccionalidad, sin tener un foco “occidentalizado” o no-decolonial, que impacten simultáneamente en la teoría y en la práctica, dentro de los dos mundos que son uno: offline y online.
Una consideración primordial para avanzar hacia esto sería a través de la perspectiva de acceso desde una “conexión significativa” como explican Jorge y Foditsch, en su publicación What Policies Do We Need to Make the internet Affordable to All?, de 2022, quienes afirman que la conexión de mujeres y niñas no solamente cuenta con el acceso a internet, sino que, con la alfabetización digital, la educación y el acceso seguro. Especialmente cuando concierne de temáticas en la era digital, debemos tenerlo en cuenta desde una perspectiva interseccional, dado a que esta es la que provee un contexto que no podría observarse fácilmente, como se ilustra en un comienzo del artículo en cuanto a las brechas de acceso.
Es clave para que el ciberactivismo feminista sea efectivo, que considere los niveles en los cuales es posible implementar cambios, incluyendo los diálogos intergeneracionales e institucionales, dónde se presenten diversos enfoques desde las bases de demandas colectivas y desde las voces de personas afectadas/sobrevivientes. Lo anterior abriría espacios a la generación de políticas públicas y acciones a nivel institucional que no provengan desde dinámicas unidireccionales –bottom-up o top-down– si no que se comiencen a generar cambios de una forma transversal, de diálogo y multinivel.
Lo previamente expresado –lo cual es reflejo también de varias perspectivas de trabajo de un sinnúmero de organizaciones, activistas y académicas– permitiría transformaciones sustanciales a nivel local y a nivel país, facilitando uno de los objetivos del feminismo transnacional, el cual es generar redes de movimientos feministas que construyan espacios alternativos para luchar contra injusticias y desigualdades de forma unida. Esto permitirá la propagación de líneas de retroalimentación inmediata, a su vez apoyo, y visibilización de diferentes situaciones a las cuales se enfrentan activistas en el día a día.
Estamos situadas frente a una ventana de oportunidad para que feministas en Latinoamérica recreen acciones que reflejen y resuenen con el ciberfeminismo y se involucren con el término para entregarle nuevos significados sin perder su potencial de transformación y, también, las expectativas y esperanzas de un futuro feminista en la era digital. Porque finalmente, a pesar de que las perspectivas del ciberfeminismo en un comienzo eran utópicas, no debemos alejarnos de un objetivo en conjunto; ni menos dejar de trabajar para que los espacios digitales dejen de reproducir injusticias contra mujeres y niñas.
Daniela Horta
Lucía Miranda Leibe, Universidad Católica Silva Henríquez y FLACSO Chile, lmiranda@ucsh.cl, doctora internacional en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca/Science Po Paris. Especialista en métodos y técnicas de análisis por el Centro de Investigaciones Sociológicas (Madrid). Cientista política por la Universidad de Santiago de Compostela.
Nathalia Da Costa, Universidad Católica Silva Henríquez, Chile, ndacosta@ucsh.cl, doctora en Derecho, académica e investigadora de DIFI-UCSH, https://orcid.org/0000-0002-1969-3009.
Lorena Armijo Garrido, Universidad Católica Silva Henríquez, Chile, larmijog@ucsh.cl, doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.
María Luisa Di Martino, Departamento de Estudios Lingüísticos y Culturales Comparados, Universidad Ca’ Foscari de Venecia, marialuisa.dimartino@unive.it, doctora en Derechos Humanos e investigadora Postdoctoral Marie Skłodowska-Curie en la Universidad Ca’ Foscari de Venecia.
Estíbaliz Linares Bahillo, Universidad de Deusto, Bilbao, estibaliz.linares@deusto.es, doctora y profesora en el Grado de Trabajo Social y Doble Grado de Educación y Trabajo Social. Directora del Máster en Intervención y Mediación Familia.
Daniela Horta, estudiante doctorado, PHD International Political Economy, King’s College London, Reino Unido, daniela.horta@kcl.ac.uk, MA. Public Policy, University of York & Erasmus Universiteit Rotterdam; máster en Studi e Politiche di Genere, Roma Tre, BA Pontificia Universidad Católica de Chile.
1 Friedman, E. J. y Tabush, C. 2019. “Contesting the Pink Tide”, en E. J. Friedman, ed. 2019. Seeking Rights from the Left. Gender, Sexuality, and the Latin American Pink Tide. Durham/London: Duke University Press.
2 La autora agradece el financiamiento del proyecto ANID/FONDECYT/Iniciación nº 11200350.