DOI: 10.18441/ibam.26.2026.91.255-285
Stéphanie Alenda / Christopher A. Martínez / Rodrigo M. Medel / Julieta Suárez-Cao / Mauro Basaure
Este Foro de Debate se propone contribuir a la comprensión de las crisis políticas en América Latina a partir de marcos complementarios que dialogan entre sí: una perspectiva institucional, un análisis de las transformaciones sociopolíticas recientes y una aproximación territorialmente situada. Desde 1980, la región ha registrado al menos veinticinco presidencias interrumpidas sin que ello haya implicado quiebres del orden democrático. Junto a estas dinámicas, América Latina ha experimentado otros episodios significativos de conflictividad sociopolítica, como el estallido chileno de fines de 2019, la destitución de cincuenta y siete legisladores de oposición por el Tribunal Supremo Electoral de Ecuador en 2007, o el escalamiento del conflicto intra-MAS que, en 2024, puso en tensión la estabilidad del gobierno de Luis Arce en Bolivia.
Entre las crisis políticas abordadas en este número se encuentran los presidentes “fracasados”, analizados por Christopher A. Martínez; las revueltas urbanas y otros repertorios de protesta examinados por Rodrigo Medel; las dinámicas de crisis política a nivel subnacional estudiadas por Julieta Suárez-Cao; y una interpretación de la crisis chilena de 2019 como crisis vertical autocontenida, desarrollada por Mauro Basaure. Por su parte, Stéphanie Alenda aborda los riesgos de desestabilización asociados a liderazgos con orientaciones iliberales. En conjunto, los trabajos reunidos ofrecen un panorama que da cuenta de la diversidad de manifestaciones que adoptan las crisis políticas en la región.
Estas contribuciones se enmarcan en el Núcleo Milenio sobre Crisis Políticas en América Latina (NCS2024_065, CRISPOL) financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. El proyecto propone una tipología analítica que distingue entre crisis verticales –originadas en procesos de movilización social–, crisis horizontales –gestadas en el ámbito institucional, ya sea entre distintas ramas del Estado o al interior del sistema de partidos– y crisis mixtas, que combinan elementos de ambas dimensiones. Esta propuesta amplía y sistematiza los aportes de la literatura sobre crisis e interrupciones presidenciales, particularmente en relación con la distinción entre conflictos o desafíos verticales y horizontales. A partir de esta tipología, los trabajos analizan las causas, la lógica interna y los efectos de las crisis políticas sobre la democracia. Este marco analítico resulta especialmente pertinente para comprender la reconfiguración de la inestabilidad regional desde comienzos del siglo xxi, caracterizada por caídas presidenciales sin ruptura democrática, crisis de representación y gobernabilidad, ciclos recurrentes de protesta, procesos de judicialización de la política y la emergencia de liderazgos plebiscitarios.
Christopher A. Martínez compara el rol de distintos actores políticos, especialmente el Congreso y los movimientos sociales, como amenazas centrales a la estabilidad presidencial, y analiza la disposición de los partidos de oposición a recurrir tanto a mecanismos institucionales como no institucionales para destituir al jefe de gobierno. Desde la perspectiva de la política contenciosa, Rodrigo Medel propone distinguir entre revueltas urbanas, huelgas políticas generales y campañas de protesta, subrayando que cada una presenta patrones específicos de organización, temporalidad e intensidad, con efectos diferenciados sobre la estabilidad gubernamental. Por su parte, Julieta Suárez-Cao sostiene que las crisis subnacionales, ya sean horizontales o verticales, pueden permanecer contenidas, escalar al nivel nacional o, inversamente, descender desde este hacia el ámbito subnacional. Esta aproximación permite identificar repertorios de protesta y arreglos institucionales que se ensayan en el plano local antes de proyectarse hacia el centro. En el caso chileno de 2019, Mauro Basaure argumenta que se trató de una crisis predominantemente vertical que no desembocó en un enfrentamiento pleno entre los poderes del Estado. La salida institucional a través del proceso constituyente muestra cómo una revuelta de alta intensidad puede reconfigurar el orden político sin producir un presidente “fracasado”. Finalmente, Stéphanie Alenda examina el ascenso de derechas radicales que colocan la noción de “crisis” en el núcleo de su intervención política. Figuras como José Antonio Kast y Johannes Kaiser no solo capitalizan el malestar social, sino que lo elaboran discursivamente, convirtiendo la crisis –en el sentido propuesto por Michel Dobry– en un recurso estratégico en contextos de fluidez e incertidumbre.
Pese a su impacto internacional, un caso queda deliberadamente fuera de nuestro análisis: la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses y su posterior traslado a Nueva York a inicios de 2026. Este hecho se excluye por dos razones. Primero, ocurrió con posterioridad al cierre de este manuscrito. Segundo, al involucrar una intervención militar de un poder extra-regional sobre un régimen dictatorial, y que implicó violación del derecho internacional, el caso venezolano constituye un tipo de evento político cualitativamente distinto de los casos examinados en este Foro de Debate.
En conjunto, los trabajos muestran el entrelazamiento de presiones institucionales, dinámicas de movilización social y disputas discursivas en escenarios políticos concretos. Lejos de concebir las crisis como episodios meramente disruptivos, este número las aborda como coyunturas de redefinición de coaliciones, reglas e identidades políticas, en las que se pone en juego la resiliencia –o, por el contrario, la erosión– de las democracias latinoamericanas.
Stéphanie Alenda / Christopher A. Martínez
Entre las diversas formas de crisis política asociadas a fricciones interinstitucionales y conflictos sociales, las crisis presidenciales son las que generan las mayores repercusiones –negativas o positivas– para la democracia. Lejos de ser eventos aislados, forman parte de un patrón de inestabilidad que se manifiesta, en concreto, en la ocurrencia de presidencias “fracasadas”: aquellas en las que los jefes de gobierno no logran completar sus períodos constitucionales, pero sin que medie un quiebre democrático (ver tabla 1).
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Procedimientos legislativos |
Renuncias forzadas (impulsadas por la “calle”) |
Casos especiales |
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Collor (BRA 1992) |
Siles (BOL 1985) |
Balaguer (REP 1996) |
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Pérez (VEN 1993) |
Alfonsín (ARG 1989) |
Zelaya (HON 2009)* |
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Bucaram (ECU 1997) |
Serrano (GUA 1993) |
Lasso (ECU 2023) |
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Cubas (PAR 1999) |
Mahuad (ECU 2000)* |
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Fujimori (PER 2000) |
De la Rúa (ARG 2001) |
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Lugo (PAR 2012) |
Duhalde (ARG 2003) |
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Pérez Molina (GUA 2015) |
Sánchez de Lozada (BOL 2003) |
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Rousseff (BRA 2016) |
Mesa (BOL 2005) |
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Kuczynski (PER 2018) |
Gutiérrez (ECU 2005) |
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Vizcarra (PER 2020) |
Morales (BOL 2019)* |
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Castillo (PER 2022) |
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Boluarte (PER 2025) |
De hecho, América Latina ha sido testigo de 25 presidentes fracasados desde el comienzo de la tercera ola de democratización. Entre los episodios más recientes se encuentran la renuncia forzada de Evo Morales en Bolivia (2019), la destitución de Pedro Castillo en Perú (2022), la obligada renuncia de Guillermo Lasso junto a la autodisolución del Congreso en Ecuador (2023), y la presurosa destitución de Dina Boluarte en octubre de 2025, también en Perú.
En la actualidad, son varios países –todos de América del Sur– los que comandan el ranking con el mayor número de presidentes fracasados: Perú con cinco casos, seguido por Bolivia y Ecuador, ambos países con cuatro episodios. Pero, obviamente, estos no son los únicos países que han vivido casos de crisis presidenciales. Con el objeto de capturar el grado de fragilidad de los presidentes de los países latinoamericanos, apliqué una encuesta a 300 expertos de las ciencias sociales de 12 países latinoamericanos. Esta encuesta fue realizada durante el primer semestre de 2022. El número de expertos consultados por país se detalla entre paréntesis: Argentina (25), Bolivia (15), Brasil (40), Chile (46), Colombia (41), Costa Rica (19), Ecuador (19), Guatemala (27), México (41), Paraguay (21), Perú (24) y Uruguay (13).
La pregunta formulada a los expertos fue la siguiente: “Pensando específicamente en el periodo 2000-2019, ¿cuán preocupadas/os cree que han estado las y los presidentes de [PAÍS] de no poder llegar hasta el final de su periodo constitucional?” La figura 1 grafica los efectos aleatorios medios estimados para cada uno de los 12 países, a partir de un modelo de regresión logística ordinal de efectos mixtos multinivel aplicado a las respuestas de los expertos.
En términos simples, un valor cercano a cero indica que la preocupación percibida en ese país coincide con el promedio general de todos los países analizados. Valores positivos reflejan una preocupación superior al promedio, mientras que valores negativos indican una preocupación inferior. En ese sentido, y sin mucha sorpresa, la figura 1 representa con extrema claridad al lado derecho todos los países (los siete primeros de arriba a abajo en el eje y) que en dicho periodo experimentaron al menos una presidencia fracasada.
A primera vista, es interesante la ubicación de Perú. Para el periodo en cuestión, en dicho país solo habían sido forzados a dejar el poder de manera anticipada Alberto Fujimori (noviembre de 2000) y Pedro Pablo Kuczynski (marzo de 2018). Es decir, quedaron fuera del periodo de análisis tres presidentes fracasados: Martín Vizcarra (noviembre de 2020), Pedro Castillo (diciembre de 2022) y Dina Boluarte (octubre de 2025). Si la encuesta hubiese sido realizada hoy, es altamente probable que Perú se ubicara mucho más a la derecha.
Por otra parte, las posiciones de Costa Rica, México, Uruguay y Colombia no son para nada sorpresivas pues no han experimentado ni siquiera una situación cercana a una crisis presidencial entre 2000 y 2019. No obstante, la ubicación de Chile –alejada de países históricamente reconocidos como estables, tales como Uruguay y Costa Rica– se debe a la profunda crisis sociopolítica que lo golpeó a finales de 2019 y que amenazó seriamente con terminar anticipadamente el mandato de Sebastián Piñera.
Ahora bien, ¿por qué algunos presidentes logran estar más tiempo en el cargo hasta completar su periodo constitucional, mientras otros son removidos prematuramente? Acá solo me remitiré a aquellos factores que abordan aspectos sobre el Legislativo y la “calle” (o protestas antigobierno).
La mayor parte de la literatura ha identificado que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo resultan fundamentales. En este sentido, el “escudo legislativo” del presidente, tal como lo propone Aníbal Pérez-Liñán en su libro Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America, desempeña un rol central en la posibilidad de que el primer mandatario logre completar su mandato sin ser interrumpido.
Asimismo, estudios recientes se han centrado en la importancia de los partidos políticos –más que del sistema de partidos, cuyos resultados no son concluyentes– y sus niveles de institucionalización en la creación de entornos que favorecen la cooperación en y fuera del Congreso, y una mirada de largo plazo, en contraposición a dinámicas cortoplacistas y conflictos con potencial de escalamiento. Esto es lo que, en mi libro Why Presidents Fail, denomino el “escudo partidario” de los presidentes y cómo este puede protegerlos dentro y fuera de las murallas del Legislativo.
Además del Congreso y la parte que desempeñan los partidos, la “calle” ha jugado un rol importante en dirimir o impulsar la salida de los presidentes de sus cargos. Las crisis presidenciales no son solo productos de fricciones inter-institucionales. De hecho, la literatura especializada ha encontrado que la ocurrencia de protestas callejeras afecta negativamente la estabilidad presidencial cuando las movilizaciones son masivas, violentas y dirigidas específicamente contra el presidente.
A propósito de lo mencionado en la sección anterior, los diversos estudios sobre inestabilidad de gobiernos evidencian un virtual equilibrio entre el rol que juega el Legislativo y la “calle” en cuanto a la ocurrencia de las crisis presidenciales en América Latina (ver, tabla 1). Vale la pena recordar que este fue un debate académico que tomó lugar primordialmente en la primera década del siglo xxi. El estado del arte actual sobre las presidencias fracasadas e inestabilidad presidencial ya no discute cuál de estos dos actores es más importante, si la “calle” o las instituciones (i.e., el Congreso), pues la evidencia apunta al rol determinante que ambos actores, en general, tienen en la ocurrencia y el desenlace de las crisis de gobierno en la región.
No obstante, aquí se ofrece evidencia complementaria que aporta a comprender el rol de diferentes actores políticos en la supervivencia presidencial. Más que contribuir con evidencia causal sobre ellos, los párrafos siguientes presentan datos sobre las percepciones de expertos sobre cómo diferentes actores políticos se han comportado en relación con la estabilidad de los gobiernos.
Para evaluar la parte que juegan diferentes actores políticos institucionales y no institucionales, realicé la siguiente pregunta a los 375 expertos de los 12 países latinoamericanos arriba mencionados: “Considerando el periodo 2000-2019 en [PAÍS], ¿qué actores han representado el mayor nivel de amenaza a la estabilidad presidencial, es decir, para que el presidente o presidenta no pudiera llegar al final de su periodo constitucional? Ordénelos de mayor (arriba) a menor (abajo) nivel de amenaza”. Las opciones ofrecidas para que los académicos y académicas las ranquearan fueron las siguientes: Congreso, tribunales, movimientos sociales, militares, empresarios, y actor extranjero.
Para analizar las respuestas de los expertos, se utilizó el modelo Plackett-Luce. Esta es una herramienta estadística estándar para evaluar estructuras de preferencia y jerarquías. Específicamente, este modelo conceptualiza la formación de un ranking como un proceso de elección secuencial y exhaustivo: se modela primero la selección del ítem superior entre todas las alternativas, seguido por la elección del segundo mejor entre las opciones restantes, y así sucesivamente, calculando la probabilidad de observar un ranking como el producto de estas elecciones sucesivas.
Los resultados confirman que el Congreso constituye, en promedio, la principal amenaza a la estabilidad presidencial según la percepción de los expertos consultados (0,27), seguido por los movimientos sociales (0,20). No obstante, el predominio del Congreso se concentra en tres casos –notablemente, en Perú (0,65) y Paraguay (0,55), y algo en Brasil (0,31)– donde los conflictos Ejecutivo-Legislativo han derivado en vacancias presidenciales y juicios políticos. El caso de Paraguay es interesante pues la ciencia política paraguaya usualmente menciona el fuerte rol e influencia que el legislativo ha tenido –incluso en tiempos de normalidad– gracias a las atribuciones que la actual Constitución ha puesto en él. En contraste y sin mucha sorpresa, los movimientos sociales lideran en Argentina (0,36), Chile (0,31), Costa Rica (0,30) y Ecuador (0,22), países donde la movilización popular ha operado como mecanismo de presión. Esta división sugiere que la región no presenta un patrón uniforme de fuentes percibidas de inestabilidad, sino dos lógicas cuasi diferenciadas: una más institucional-parlamentaria y otra de protesta social.
Al agrupar los actores según su carácter más institucional (Congreso y tribunales) o más societal (movimientos sociales y empresarios), también emerge un panorama matizado: los actores institucionales registran en promedio 0,41, mientras que los societales alcanzan 0,39. Colombia (0,27) y Guatemala (0,23) destacan por el rol protagónico de los tribunales, reflejando procesos de judicialización de la política que han condicionado la estabilidad de sus gobiernos. Por su parte, México (0,30) y Uruguay (0,26) sobresalen por el peso asignado a los empresarios, sugiriendo que en estos contextos el poder de veto o presión del sector privado es percibido como un factor más relevante de desestabilización.
Finalmente, los militares y el actor extranjero ocupan posiciones marginales en la percepción experta. Los militares promedian apenas 0,13, con valores cercanos a cero en Costa Rica (0,02) y Argentina (0,03), aunque mantienen relevancia moderada en Brasil (0,23), Ecuador (0,22) y Uruguay (0,21). El actor extranjero obtiene consistentemente los coeficientes más bajos en todos los países (promedio: 0,07), lo que indica que, para el periodo 2000-2019, los cientistas sociales de la región atribuyen la inestabilidad presidencial a dinámicas predominantemente domésticas, lo cual –al menos durante dicho periodo– supuso una buena noticia para las democracias latinoamericanas. Esto, sin embargo, podría cambiar a futuro como resultado de la política exterior de Donald Trump hacia la región.
Otro elemento por considerar es la tensión que habitualmente suele debatirse en el espacio público sobre el uso correcto o ilegal de los dispositivos institucionales para destituir a los primeros mandatarios. Para ello, formulé dos preguntas complementarias a los expertos:
a26: En el hipotético escenario de que los partidos de oposición tengan la opción de destituir institucionalmente al presidente de [PAÍS] (por juicio político, acusación constitucional, declaración de incapacidad, etc.), ¿cuán probable es que efectivamente intenten hacerlo?
a27: En el hipotético escenario de que los partidos de oposición no puedan destituir institucionalmente al presidente de [PAÍS] (por juicio político, acusación constitucional, declaración de incapacidad, etc.), ¿cuán probable es que busquen un mecanismo no institucional o ilegal para hacerlo?
La figura 3 compara los resultados de ambas respuestas, ofreciendo la percepción de los valores promedio de todos los expertos encuestados para cada pregunta (los valores del eje x son 1 = “nada probable”, 2 = “poco probable”, 3 = “algo probable” y 4 = “muy probable”). Primero, salvo en el caso de Guatemala, los expertos consideran más probable que la oposición recurra a mecanismos institucionales de destitución cuando estos están disponibles, en comparación con la opción de activar mecanismos no institucionales o ilegales. Esta preferencia por vías legales –al menos en la forma– sugiere que los actores mantienen incentivos para actuar dentro de las reglas y cuando las instituciones ofrecen canales relativamente accesibles para procesar conflictos presidenciales. Parecen escapar un poco a esta lógica, Ecuador y Bolivia, por lo reducida de sus brechas y la mayor probabilidad de que se recurra a mecanismos (no) institucionales para desbancar a un presidente.
Por otra parte, Uruguay es el único país en que se percibe poco probable que los partidos de oposición usen mecanismos institucionales o no institucionales para remover al presidente. Luego, los expertos advierten que en México, Costa Rica y Chile es poco probable que la oposición use mecanismos no institucionales o derechamente ilegales para derrocar al primer mandatario. No obstante, en esos mismos países aumenta significativamente la probabilidad de que los partidos opositores usen mecanismos institucionales para dicho fin. Por último, en Bolivia, Ecuador y Perú, los expertos perciben que es relativamente “algo probable” que la oposición recurra a mecanismos ilegales para destituir al jefe de gobierno si es que no puede usar medios institucionales para lograr dicho objetivo.
Los datos presentados complementan la literatura existente al mostrar que, en algunos países, los presidentes inician sus mandatos con mayor preocupación por no poder completar sus mandatos que en otros (ver figura 1). En segundo lugar, la breve revisión de la literatura que resume el rol de instituciones como el Congreso y la “calle”, esto es, movimientos sociales, es empíricamente examinada mediante las respuestas de expertos. El análisis Plackett-Luce muestra que el Congreso es efectivamente percibido como la principal amenaza a la estabilidad de los presidentes, especialmente en aquellos países con un registro de juicios políticos, pero cercanamente seguido por los movimientos sociales, específicamente en países donde estos han sido históricamente más activos. Por último, la comparación entre la probabilidad de recurrir a mecanismos institucionales versus no institucionales para destituir presidentes revela que, en la mayoría de los países, la oposición mantiene incentivos para actuar dentro de los cauces legales cuando estos están disponibles. Sin embargo, la disposición a recurrir a vías ilegales en varios países cuando las opciones institucionales se perciben como inviables plantea interrogantes sobre la solidez del compromiso democrático de las élites políticas en la región.
Christopher A. Martínez
Como ha ocurrido a lo largo de la historia, en América Latina gran parte de la política se hace fuera de los palacios gubernamentales, desde las calles. No se trata solo de ruido social: las movilizaciones han cambiado leyes, derrocado presidentes y rediseñado instituciones. De las revueltas campesinas a las movilizaciones sindicales e indígenas, pasando por luchas feministas y estudiantiles, la región ofrece una gran variedad de experiencias de acción colectiva.
Si bien la acción colectiva desde abajo ha estado presente desde el origen de los países de la región, en las últimas décadas se ha visto una transformación profunda del rol de la protesta en América Latina. Si durante buena parte del siglo xx los desenlaces de las crisis políticas dependían, en gran medida, de la intervención militar, la situación actual es distinta. La retirada gradual de las Fuerzas Armadas del campo político (un fenómeno documentado desde la tercera ola de democratización y sintetizado por autores como Pérez-Liñán) ha permitido que una parte importante de las crisis presidenciales se desarrolle en un terreno estrictamente civil, sin el arbitraje directo de los militares.
Esta transformación ha desplazado el eje de la inestabilidad también hacia las que denominamos “crisis políticas verticales”, aquellas en las que la ciudadanía (organizada o desorganizada) produce por sí misma una fuerza desestabilizadora contra la autoridad política vigente, comprometiendo seriamente su continuidad.
Este desplazamiento tiene consecuencias teóricas importantes. En un escenario donde los militares se rehúsan crecientemente a ejercer funciones parapoliciales y rechazan intervenir para aplacar olas de protesta o remover a presidentes impopulares, el repertorio contencioso adquiere una centralidad inédita en la política latinoamericana contemporánea. En efecto, la protesta se ha convertido en uno de los principales factores capaz de erosionar la estabilidad presidencial.
En la práctica, buena parte de las presidencias fallidas del periodo reciente se explica por la convergencia entre protestas masivas, reacomodos en las coaliciones parlamentarias y los cálculos estratégicos de actores que leen la movilización callejera como señal de un deterioro irreversible del Ejecutivo. Esa combinación puede activar mecanismos de juicios políticos o precipitar renuncias presidenciales.
Sin embargo, aunque la literatura reconoce desde hace al menos dos décadas el papel protagónico de la protesta en las crisis presidenciales, se ha prestado muy poca atención a las diferencias internas entre los distintos tipos de acción contenciosa.
Sabemos que protestar importa para desatar una crisis, pero sabemos mucho menos sobre cómo el modo de protestar importa. En efecto, la literatura suele agrupar en una misma categoría amplia de “protesta” fenómenos tan heterogéneos como campañas de protesta organizadas, huelgas políticas generales y revueltas urbanas. Cada uno de estos tipos presenta características distintas que pueden generar una interacción diferenciada en su desafío hacia la autoridad. No es lo mismo un ciclo de movilización sostenido con objetivos claros y coordinación nacional que un estallido urbano polifónico y violento; tampoco una paralización del aparato productivo con unívoca conducción sindical equivale a una secuencia de protestas heterogéneas convocadas por actores fluidos y sin liderazgos formales.
Por ello, comprender la nueva centralidad de los desafíos verticales requiere avanzar hacia una tipología más fina de la política contenciosa. Solo así es posible explicar por qué ciertos episodios de protesta producen renuncias presidenciales, mientras otros solo erosionan gradualmente la legitimidad; por qué algunas protestas activan rápidamente mecanismos legislativos de destitución y otras derivan en acuerdos institucionales de largo alcance; o por qué algunas crisis abren oportunidades de reforma y otras producen espirales prolongadas de inestabilidad. Por supuesto, no se pretende en este artículo dar respuesta a todas estas interrogantes. Pero en una región donde las crisis verticales se han vuelto más frecuentes y relevantes, entender las formas específicas de movilización se vuelve indispensable para avanzar hacia una correcta comprensión de las nuevas formas de conflicto vertical en América Latina.
El concepto de política contenciosa se consolidó como un marco analítico fundamental gracias a los trabajos de Sidney Tarrow y, más tarde, a la síntesis propuesta junto a Charles Tilly y Doug McAdam. En El poder en movimiento, Tarrow definió la política contenciosa como un tipo de acción colectiva mediante la cual actores sin acceso regular a los canales institucionalizados dirigen reivindicaciones hacia las autoridades, utilizando formas disruptivas o no rutinarias de intervención pública. Esta intuición inicial fue desarrollada de manera más sistemática en Dynamics of Contention, donde McAdam, Tarrow y Tilly criticaron la fragmentación existente entre estudios sobre movimientos sociales, revoluciones, insurgencias y ciclos de protesta. En lugar de analizarlos por separado, propusieron un enfoque integrador capaz de capturar los mecanismos comunes que articulan estos fenómenos bajo el concepto de política contenciosa, entendida como episodios de interacción donde actores ordinarios dirigen demandas a élites, autoridades u otros actores políticos, empleando repertorios que desafían el orden establecido.
En América Latina, donde la política extrainstitucional ha tenido históricamente un peso considerable, el enfoque de la política contenciosa permite iluminar los momentos en que la presión desde la calle altera el equilibrio del poder. Muchos de los episodios más decisivos de la historia reciente han surgido precisamente desde fuera de los canales institucionales, desafiando de modo directo la autoridad presidencial y configurando escenarios de crisis.
El punto de partida para comprender estas dinámicas es claro: una crisis política requiere, como condición mínima, aunque no suficiente, la existencia de un desafío viable a la autoridad legalmente constituida. Ese desafío puede provenir de tres fuentes: movimientos laterales, es decir, presiones generadas por otros órganos del Estado, como el Congreso o el Poder Judicial; movimientos verticales, provenientes de la ciudadanía movilizada; o configuraciones mixtas, que combinan presiones desde arriba y desde abajo. Lo que estas estructuras comparten es su capacidad para transformar demandas latentes en amenazas concretas a la autoridad política vigente.
Mientras los desafíos horizontales han recibido considerable atención en la ciencia política, especialmente en torno a juicios políticos, bloqueos legislativos o choques entre ramas del Estado, las crisis originadas en la acción colectiva permanecen en relativa opacidad bajo la etiqueta amplia de “protestas”. Con el objetivo de contribuir a una mayor precisión conceptual, en lo que sigue se presentan tres formas de política contenciosa que han adquirido especial importancia en América Latina: las campañas de protesta, las huelgas políticas generales y las revueltas urbanas.
Las revueltas urbanas son, posiblemente, la forma más intensa de política contenciosa que no llega al umbral de una revolución. Como proponen Nicolás Somma, Julia Cavieres y Rodrigo Medel en su artículo “Revueltas urbanas en América Latina: revisión bibliográfica y propuesta conceptual”, una revuelta urbana se define por cuatro atributos ontológicos: (1) ser masiva, (2) desarrollarse en espacios urbanos, (3) involucrar múltiples actores sin liderazgo único y (4) desplegar tácticas disruptivas y violentas.
El Caracazo de 1989 en Venezuela es uno de los primeros episodios contemporáneos que mostró la capacidad de una revuelta urbana para desbordar por completo la respuesta estatal, generar centenares de muertes y abrir un período de desestabilización que erosionó la legitimidad del régimen. En Chile, la revuelta de 2019 tuvo un carácter masivo, extendido y heterogéneo que alteró la estructura política y culminó en un acuerdo transversal para iniciar un proceso constituyente, un ejemplo paradigmático de cómo una revuelta urbana puede desencadenar transformaciones institucionales de gran escala. En Colombia, las protestas de 2021 comenzaron como rechazo a una reforma tributaria, pero rápidamente escalaron a un ciclo de movilización urbana de alta intensidad que combinó marchas multitudinarias, bloqueos y enfrentamientos con fuerzas de seguridad. También puede mencionarse el estallido paraguayo de 2017, cuando manifestantes incendiaron parte del Congreso tras la aprobación de una enmienda que habilitaba la reelección presidencial, un evento que, aunque más breve, mostró la rapidez con que la protesta urbana puede escalar en crisis institucional. Estos casos ilustran el potencial desestabilizador de las revueltas urbanas capaz de alterar la trayectoria política de un país.
Una segunda estructura contenciosa clave son las huelgas políticas generales (HPG), cuyo estudio sistemático ha sido revitalizado recientemente. Se trata de la forma más intensa de huelga política, definida por el paro simultáneo y coordinado de múltiples ramas económicas con el objetivo de presionar a las autoridades estatales sobre asuntos de política pública o decisiones de gobierno. A diferencia de las revueltas urbanas, las huelgas políticas generales son organizadas, típicamente por confederaciones sindicales; apuntan hacia gobiernos, no hacia el empleador; movilizan a trabajadores, no a una ciudadanía heterogénea; suspenden la actividad productiva, afectando directamente la economía.
Un aspecto particularmente relevante de las huelgas políticas generales en América Latina es que, en ciertos episodios, estas incorporaron de manera explícita la renuncia presidencial dentro de sus demandas centrales. Estos casos muestran con claridad su potencial destituyente. La experiencia comparada ofrece varios ejemplos. En Argentina, la combinación de paros nacionales, cacerolazos y bloqueos durante diciembre de 2001, impulsada por la CGT disidente, la CTA y movimientos piqueteros, articuló la consigna “que se vayan todos”, que incluía la renuncia de Fernando de la Rúa, efectiva el 20 de diciembre. En Bolivia, la Central Obrera Boliviana convocó huelgas generales indefinidas tanto durante la llamada Guerra del Gas de 2003, que terminó con la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada, como en el ciclo de 2005, cuando la presión de sindicatos, juntas vecinales y organizaciones del Altiplano culminó en la renuncia de Carlos Mesa. Perú ofrece otro caso ilustrativo: en julio de 2000, la Confederación General de Trabajadores del Perú convocó un paro nacional exigiendo nuevas elecciones y la salida de Alberto Fujimori, demanda que anticipó el colapso del gobierno meses después. Estos episodios permiten distinguir con claridad las huelgas políticas generales que incluyen demandas de renuncia presidencial de otras paralizaciones masivas que no plantearon ese objetivo.
Las campañas de protesta constituyen un tercer tipo de política contenciosa, distinto tanto de las revueltas como de las huelgas generales. Las campañas de protesta deben tratarse como fenómenos sociopolíticos autónomos, definidos por tres elementos centrales: (1) carácter organizado, (2) temporalidad acotada y (3) objetivos específicos.
A diferencia de los movimientos sociales, las campañas no dependen de identidades colectivas o redes duraderas: pueden ser coaliciones temporales que se articulan alrededor de una demanda concreta, como detener una reforma educativa, frenar un proyecto extractivo o exigir la renuncia de una autoridad. Las campañas no están determinadas por un tipo específico de táctica de protesta, pueden combinar repertorios tácticos convencionales, como acciones legales, con protestas disruptivas como ocupaciones de espacios públicos. Se incluyen en este apartado porque un conjunto importante de campañas de protesta en América Latina ha tenido como objetivo declarado provocar la caída de autoridades políticas, ya sea forzando la renuncia presidencial o debilitando de manera decisiva a los poderes del Estado.
Si bien no siempre son inicialmente masivas ni violentas, para que lleguen a constituir un desafío efectivo a la autoridad política vigente, deben alcanzar un nivel de participación suficiente como para volver viable la amenaza. En otras palabras, la masividad no es un rasgo inherente a todas las campañas de protesta, pero sí es el atributo que transforma una campaña organizada en un actor capaz de desestabilizar al gobierno. Sin ese salto cuantitativo y cualitativo, la presión se mantiene en el terreno de la demanda simbólica y no logra activar el umbral de disruptividad necesario para gatillar una crisis política.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador constituye un ejemplo emblemático. La CONAIE desplegó campañas de protesta en 1997, 2000 y 2005, articulando demandas precisas de salida presidencial y combinando marchas, ocupaciones y bloqueos con una coordinación nacional capaz de paralizar al Estado. Estas campañas contribuyeron al colapso de los gobiernos de Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad respectivamente, y muestran cómo una estrategia organizada, sostenida en el tiempo y con objetivos políticos claros, puede erosionar la autoridad gubernamental hasta hacer inviable su continuidad. A diferencia de una revuelta urbana, estas protestas actuaron como secuencias organizadas de presión con un horizonte explícito de cambio político.
A partir de los tres tipos de política contenciosa identificados en la sección anterior, es posible delinear una secuencia lógica que permite comprender de qué manera estas formas de acción colectiva pueden escalar hasta convertirse en una crisis política vertical. El diagrama 1 parte con la distinción básica entre acciones organizadas y no organizadas. Bajo la categoría de acciones organizadas se ubican las campañas de protesta masivas y las huelgas políticas generales, que se caracterizan por contar con coordinación, liderazgo y objetivos explícitos. En el lado no organizado aparecen las revueltas urbanas, cuya naturaleza espontánea, multifocal y descentralizada las distingue del resto del repertorio.
El centro del esquema destaca la condición necesaria que todas comparten: la existencia de un desafío explícito a la autoridad política vigente. Esta formulación permite diferenciar protestas que simplemente expresan descontento o que buscan promover políticas específicas de aquellas que buscan alterar la continuidad del gobierno. El diagrama muestra que tanto las campañas organizadas como las huelgas políticas generales y las revueltas urbanas pueden activar esta condición, aunque cada una lo hace mediante mecanismos distintos. Las campañas requieren masividad o episodios de violencia para volver viable el desafío, mientras que las huelgas generales y las revueltas urbanas poseen, por su propia naturaleza, un nivel de disruptividad suficiente para constituirse en una amenaza directa al Ejecutivo.
La figura abre varias rutas de indagación prometedoras. Una línea evidente consiste en estudiar cuándo y cómo cada tipo de política contenciosa logra activar efectivamente la condición de desafío explícito a la autoridad, identificando umbrales de masividad, coordinación o violencia necesarios para que un episodio escale hacia una crisis política. Otra línea relevante es analizar la interacción entre estructuras laterales y verticales, es decir, cómo combinaciones específicas de movilización callejera y movimientos dentro del Estado incrementan o reducen la probabilidad de caída presidencial. También sería valioso avanzar en métricas comparables que permitan diferenciar con mayor precisión el grado de organización, la intensidad y el alcance territorial de cada tipo de protesta. Por último, un desafío pendiente consiste en integrar esta tipología con estudios sobre polarización, crisis de representación y erosión institucional, con el fin de comprender de manera más completa las condiciones bajo las cuales la protesta se convierte en un mecanismo central de cambio político en América Latina.
Rodrigo M. Medel
Las crisis políticas en América Latina no son eventos exclusivamente anclados en la arena nacional. En una región donde coexisten estados unitarios fuertemente centralizados, esquemas de descentralización asimétrica y federaciones más o menos consolidadas, los gobiernos subnacionales han cobrado un protagonismo inédito en este siglo. La literatura ha desplazado progresivamente la mirada desde las capitales hacia provincias, estados y municipios para explicar fenómenos tan diversos como la apertura de regímenes no democráticos, por ejemplo, la democratización “desde abajo” en México, la persistencia de enclaves subnacionales autoritarios en los países federales latinoamericanos o las prácticas no democráticas en los estados unitarios. Estos procesos muestran que la inestabilidad no solo se juega en el centro: también se produce y se acumula en fragmentos subnacionales que, a veces, permanecen contenidos en crisis territorialmente delimitadas y, otras, desencadenan crisis de alcance nacional.
En este texto parto de la premisa de que las crisis políticas se definen por una condición mínima necesaria, aunque no suficiente: la existencia de un desafío abierto a la autoridad política legítimamente constituida. Este desafío puede provenir de actores institucionales, organizaciones sociales o una combinación de ellos. Cuando esta condición se combina con otros atributos fungibles de estructuras contenciosas (horizontales y/o verticales) se generan configuraciones que pueden desestabilizar temporalmente el orden político. Nuestro entendimiento de crisis políticas es fundamentalmente agnóstico; algunas pueden afectar de manera negativa a la democracia, mientras que otras pueden contribuir a su fortalecimiento.
A nivel subnacional, estas estructuras contenciosas pueden reorientarse con rapidez hacia distintos blancos, aunque generalmente se enfocan hacia autoridades ejecutivas electas a nivel local o regional, y pueden escalar o desescalar en lapsos breves, produciendo episodios agudos de conflicto. Esa plasticidad hace que lo que comienza como una disputa sectorial acotada pueda transformarse en cuestionamientos más amplios a la legitimidad de una autoridad, a una coalición gobernante o incluso al arreglo institucional que organiza las relaciones entre centro y periferia. De manera similar a las crisis políticas nacionales, tanto los conflictos entre actores institucionales situados a nivel nacional o subnacional como las protestas desde la ciudadanía pueden poner en jaque a las autoridades políticas subnacionales constitucionalmente establecidas. A esto se suma que los actores nacionales pueden intervenir, ya sea para contener, instrumentalizar o amplificar la crisis, introduciendo una dimensión adicional de complejidad. El resultado son episodios en los que se combinan disputas jurídicas, maniobras parlamentarias y repertorios de acción colectiva en el espacio público, generando momentos de alta incertidumbre respecto de la continuidad de los gobiernos subnacionales y de las reglas que ordenan el juego político en el territorio.
Sin embargo, el estudio de las crisis políticas subnacionales enfrenta serios desafíos teóricos, metodológicos y empíricos. A partir de nuestro conocimiento previo sobre la política subnacional y la literatura comparada sobre crisis, reflexiono sobre estos desafíos. El objetivo es reconocer los escollos, delimitar las dificultades y proponer soluciones para estudiar de manera empírica las crisis políticas subnacionales, prestando especial atención a cómo se definen, se observan y se vinculan o no con la dinámica nacional. En el plano teórico, discutimos cómo incorporar la dimensión territorial en marcos pensados para el nivel nacional. También distinguimos entre crisis contenidas en lo subnacional, crisis subnacionales con impacto nacional y crisis nacionales con efectos localizados. En el terreno metodológico, analizamos las limitaciones de los datos disponibles, el carácter “bajo el radar” de muchos episodios y la necesidad de pensar nuevas estrategias para capturar las crisis políticas a nivel subnacional. A partir de este diagnóstico, el artículo propone una agenda de investigación orientada a mejorar el entendimiento de las crisis políticas subnacionales en América Latina.
El estudio de política comparada desde su origen ha estado marcado por un fuerte sesgo nacional. Stein Rokkan acuñó este concepto, el “whole-nation bias”, en su libro clásico de 1970, Citizens, Elections, Parties: Approaches to the Comparative Study of the Processes of Development. Las tipologías, bases de datos y narrativas canónicas suelen tomar como unidad de análisis el régimen político a nivel de “Estado nación”, dejando en segundo plano los episodios que se desarrollan en provincias, estados o municipios. No solo eso, esta falta de atención a la escala subnacional descansaba sobre un supuesto implícito que, o bien, asimilaba lo local a lo nacional, o bien declaraba la total independencia entre ambas esferas, dejando de lado la posibilidad teórica de pensar las relaciones que se dan entre los distintos niveles territoriales.
Este sesgo de escala tiene efectos analíticos y normativos. Analíticamente, en el caso específico de las crisis políticas, impide observar cómo se acumula la inestabilidad en los márgenes territoriales, cómo se ensayan allí repertorios de protesta, coaliciones de gobierno y mecanismos de excepción que luego pueden escalar al nivel nacional. Un énfasis excesivo en lo nacional nos lleva muchas veces a cometer errores clave en la medición y la codificación de los fenómenos y los casos de análisis. Un gran ejemplo de esto viene de la investigación pionera de Guillermo O’Donnell. En Modernización y Autoritarismo desarrolla una crítica a la teoría de la modernización donde denuncia inferencias causales distorsionadas debido a la dependencia de indicadores agregados a nivel nacional que eran completamente inadecuados para la realidad heterogénea del desarrollo al interior de los países de la región.
Normativamente, el sesgo nacional refuerza la idea de que solo las crisis que amenazan al Ejecutivo nacional o a la integridad del régimen merecen atención, invisibilizando la erosión cotidiana de la autoridad en arenas subnacionales donde se dirimen conflictos fundamentales sobre recursos, representación y derechos. Esta mirada jerarquizada transmite el mensaje de que los conflictos locales y regionales son de segunda categoría, aun cuando en ellos se deciden cuestiones cruciales como el acceso a bienes públicos, la distribución del presupuesto o el reconocimiento de demandas históricas. De este modo, el sesgo nacional no solo distorsiona el análisis académico, sino que también contribuye a una geografía desigual de la democracia, donde ciertas personas viven en contextos de mayor vulnerabilidad política.
Estudiar las crisis políticas subnacionales exige, entonces, enfrentar desafíos teóricos y metodológicos asociados a la definición de fronteras, al seguimiento temporal de los episodios y a su vínculo con el nivel nacional. Proponemos una tipología preliminar para distinguir tipos de crisis subnacionales en relación con sus efectos. Una distinción útil separa las crisis subnacionales contenidas de aquellas que escalan o se entrelazan con dinámicas nacionales. En un primer grupo se ubican las crisis subnacionales contenidas, en las que el conflicto se circunscribe al territorio en cuestión y se desenvuelve mediante mecanismos locales. Un segundo grupo contiene dos tipos. El primero corresponde a las crisis subnacionales con impacto nacional, en las que la disputa en un territorio específico altera coaliciones, agendas o reglas a nivel de país, ya sea por contagio, emulación o porque involucra actores nacionales. Finalmente, el segundo tipo son las crisis nacionales con impacto subnacional, donde un shock originado en actores del centro se traduce en estallidos localizados, “puebladas” o bloqueos territoriales que reconfiguran el equilibrio entre niveles de gobierno. Esta tipología muestra que la relación entre escalas no es lineal y obliga a diseñar estrategias comparativas sensibles al tiempo, al territorio, a las escalas y a los actores involucrados.
Las crisis políticas subnacionales plantean, además, problemas de observabilidad. Muchos episodios permanecen “bajo el radar” de los grandes medios de comunicación nacionales, de los organismos internacionales, de los observatorios de democracia y de las bases de datos de eventos contenciosos. Renuncias forzadas de alcaldes, juicios políticos exprés a gobernadoras, ocupaciones de edificios públicos o levantamientos comunitarios pueden obtener una cobertura mínima, fragmentada y difícil de sistematizar. Esto genera sesgos en la construcción de evidencia: las crisis más visibles tienden a ser aquellas que afectan capitales provinciales o figuras conocidas, mientras que la inestabilidad en municipios periféricos o territorios rurales queda subregistrada. La investigación sobre crisis subnacionales, por tanto, demanda estrategias de recopilación de datos más artesanales: uso de prensa local, archivos judiciales, actas legislativas, entrevistas y reconstrucciones cualitativas que permitan identificar patrones de conflictividad que los grandes agregados estadísticos suelen perder.
Entonces, las crisis políticas subnacionales pueden permanecer contenidas en el territorio en cuestión o pueden escalar a nivel nacional. También pueden desencadenarse como efecto de fenómenos nacionales o locales y regionales. Las crisis políticas subnacionales producto de desafíos horizontales se manifiestan con claridad en los procesos de juicio político y las disputas intraélite en legislaturas provinciales o municipales. En estos episodios, el desafío a la autoridad proviene de actores ubicados en el mismo nivel de gobierno: coaliciones legislativas que impulsan la destitución de un gobernador, bloques partidarios que negocian cambios en las reglas de sucesión, tribunales que intervienen para suspender mandatos o revertir elecciones. A diferencia de los desafíos verticales, aquí el conflicto se expresa en el lenguaje de la legalidad, aunque no por ello es menos contencioso. La amenaza de destitución se usa como arma de negociación; los procedimientos se aceleran o se reinterpretan y se reconfiguran mayorías circunstanciales que pueden alterar el equilibrio territorial del poder. Estos episodios muestran cómo, incluso sin una movilización social masiva, las arenas subnacionales pueden convertirse en focos agudos de inestabilidad institucional.
Las crisis políticas subnacionales producto de desafíos subnacionales verticales, en cambio, se caracterizan por un enfrentamiento más directo entre autoridades y ciudadanía. Las llamadas “puebladas”, cortes de rutas, ocupaciones de edificios gubernamentales o levantamientos territoriales en defensa de recursos naturales o derechos sociales son ejemplos de cómo la protesta localizada puede desafiar, de manera frontal, la autoridad subnacional. En estos casos, el repertorio contencioso combina acciones disruptivas con demandas que suelen dirigirse tanto a las autoridades locales como al gobierno central, desdibujando las fronteras entre niveles de responsabilidad. La intensidad del conflicto, la duración de las medidas de fuerza y la capacidad de construir solidaridad determinan si la crisis permanece confinada o logra proyectarse hacia la agenda nacional o hacia otros territorios. En cualquier caso, estas experiencias dejan huellas duraderas en la memoria colectiva de las comunidades y reconfiguran las relaciones entre quienes representan y las personas representadas en el territorio.
Mirar las crisis políticas desde la escala subnacional permite cuestionar la narrativa que ubica la inestabilidad únicamente en los grandes episodios nacionales. Los gobiernos provinciales, regionales y municipales son hoy escenarios clave donde se experimentan formas de conflicto, cooperación y reforma que pueden permanecer contenidas o irradiarse hacia el centro. En el libro que editamos en 2014 junto a Flavia Freidenberg, Territorio y poder: nuevos actores y competencia política en los sistemas de partidos multinivel en América Latina, encontramos que la pérdida de peso de los partidos políticos tradicionales comenzaba primero en las contiendas subnacionales. En algunos de los países de la región, años más tarde, los sistemas de partidos colapsaron a nivel nacional. Algo similar ocurre actualmente con el auge de las candidaturas independientes que empezaron a tomar fuerza en las elecciones locales antes de su emergencia nacional. Muchas de estas condiciones son hoy terreno fértil para las crisis políticas.
Al definir la crisis política como un desafío a la autoridad constitucionalmente constituida y al considerar la fungibilidad de las estructuras contenciosas, este enfoque ilumina la diversidad de trayectorias posibles: desde juicios políticos y remociones de autoridades que reordenan coaliciones locales hasta “puebladas” que alteran las relaciones entre estado y ciudadanía, ambos actores territorialmente situados. En lugar de ver estos episodios como anomalías periféricas, la propuesta de este artículo es concebirlos como fragmentos de inestabilidad que, sumados, pueden ayudar a entender mejor la dinámica más amplia de las democracias latinoamericanas. A una escala aún mayor, reconocer, medir y comprender estas crisis subnacionales es una condición necesaria para evaluar la resiliencia democrática de la región en su conjunto.
Las crisis políticas subnacionales importan porque el nivel subnacional es, en sí mismo, políticamente relevante. Arend Lijphart nos recuerda en su artículo de 1975, “The Comparable-Cases Strategy in Comparative Research”, publicado en Comparative Political Studies, que unidades subnacionales, como Texas, Baviera o el Gran Londres, disponen de mayores recursos políticos y financieros que numerosos países independientes con asiento en la Organización de las Naciones Unidas. Esto implica que los gobiernos subnacionales son actores con capacidad propia para definir agendas, distribuir recursos, bloquear o acelerar políticas públicas y moldear patrones de conflicto y cooperación. En ellos se decide el acceso cotidiano a bienes básicos como educación, salud, transporte o seguridad, y se procesan tensiones sobre autonomía territorial, reconocimiento de identidades y explotación de recursos naturales. Reconocer el peso del nivel subnacional obliga a dejar de tratar estas crisis como episodios menores o meramente administrativos y a incorporarlas de lleno en la conversación sobre la democracia y la estabilidad política en la región.
Una agenda de investigación sobre crisis políticas subnacionales en América Latina debería avanzar en al menos tres direcciones. Primero, en la construcción de marcos conceptuales que dialoguen con la literatura sobre crisis políticas nacionales pero que reconozcan la especificidad de la escala subnacional, evitando tanto la simple extrapolación como el aislamiento analítico. Segundo, en el desarrollo de bases de datos y estudios de caso comparados que permitan mapear sistemáticamente los episodios de inestabilidad, sus repertorios y sus desenlaces, integrando evidencia cuantitativa y cualitativa. Este proceso tiene un marcado énfasis bottom-up debido a las dificultades para conseguir datos transnacionales y requiere de la formación de equipos expertos especializados en países específicos. Tercero, en la exploración de los efectos de estas crisis sobre las democracias actuales: su impacto en la rotación de élites, la apertura o cierre de oportunidades para actores emergentes, la adopción de reformas institucionales y la transformación de los vínculos entre centro y periferia. Pensar las crisis desde el territorio abre una ventana privilegiada para entender cómo se reconfigura, fragmento a fragmento, el orden político latinoamericano.
Julieta Suárez-Cao
El estallido social de octubre de 2019 en Chile puede leerse, a partir de un esquema de dos planos (vertical y horizontal), como una crisis política vertical autocontenida. Es vertical porque se origina y se concentra en la relación ciudadanía-Estado: protesta masiva, reencuadres de legitimidad, cuestionamiento del modo en que el Estado distribuye riesgos y seguridades. Y es autocontenida porque, pese a varios momentos en que pareció abrirse el canal hacia el plano horizontal –esto es, hacia una crisis entre poderes y facciones dentro del Estado–, esos intentos de escalación vertical ascendente no se consolidaron. El desarrollo de la crisis en el plano vertical empujó con fuerza el dique que separa sociedad y aparato estatal, pero no lo rompió.
Para comprender en estos términos el estallido social de 2019 conviene fijar, primero, el vocabulario mínimo. Llamaré plano vertical al ámbito de la relación entre ciudadanía y Estado (protestas, contienda, opinión organizada, pérdida de legitimidad) y plano horizontal al ámbito intra-Estado (relaciones Ejecutivo-Legislativo-Judicial, coaliciones, vetos, acusaciones). Hablar de escalación vertical ascendente es hablar de un momento en que uno o más episodios de conflicto en el plano vertical activan o reconfiguran un episodio en el plano horizontal: una protesta que deriva en un juicio político, una movilización que cambia el mapa de coaliciones, etc. Finalmente, una crisis política en el plano vertical autocontenida es aquella donde la intensidad del conflicto en la relación sociedad-Estado, pese a dichos episodios de potencial escalamiento ascendente, no logra traducirse de manera sostenida en una crisis equivalente en el interior del aparato del Estado: el canal vertical-horizontal por el que la crisis política en curso habría podido escalar y transformarse en sistémica no lograr abrirse, pese a haber estado a punto de hacerlo.
El alza del pasaje del transporte público en Santiago actúa como detonante inmediato, pero muy pronto la consigna “no son 30 pesos, son 30 años” señaló que lo que estaba en juego es un conjunto de percepciones acumuladas sobre desigualdad, abusos, endeudamiento y trato injusto. La crisis que se enciende es, antes que nada, una crisis de legitimidad y desempeño del Estado frente a la ciudadanía.
Entre octubre de 2019 y los primeros meses de 2020 se registra un volumen excepcional de protestas: evasiones masivas, cacerolazos, marchas multitudinarias, cabildos y asambleas territoriales, además de episodios de violencia y destrucción. Se trata de una alta intensidad vertical: la relación Estado-sociedad se ve alterada de manera abrupta y prolongada mediante una intensidad y expansividad territorial de la movilización sin precedentes en la historia de Chile. En cambio, el plano horizontal no entra en un estado de crisis equivalente. Hay tensiones dentro del oficialismo, presión sobre el gabinete y un Congreso muy activo, pero no aparece, al menos en los primeros compases, un colapso en las relaciones entre poderes o una ruptura abierta de coaliciones. El país vive una crisis vertical de envergadura mayor, pero no una crisis sistémica.
Es importante separar la intensidad de la protesta del riesgo de escalamiento sistémico. Que la intensidad vertical haya sido extraordinaria no implica, por sí sola, que el sistema estuviese al borde de un derrumbe completo. Para eso se requería algo más: que se abriera de manera sostenida el canal que conecta la crisis vertical con la horizontal.
Ahora bien, el estallido no se redujo a una disputa sobre políticas puntuales. Muy pronto, la protesta incorpora demandas que presionan directamente hacia el plano horizontal. Al menos dos familias de episodios, íntimamente relacionados entre ellos, pueden leerse como conatos de escalación vertical ascendente: los llamados a la renuncia presidencial y a elecciones anticipadas y las acusaciones constitucionales.
En primer lugar, la consigna “Renuncia Piñera” atraviesa las movilizaciones desde los primeros días. No es solo una metáfora: desde la oposición, dirigentes y parlamentarios comienzan a plantear públicamente que el Presidente debería dejar el cargo o convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas. Se trata de intentos explícitos de activar el canal que va del plano vertical al horizontal (V→H): transformar una crisis de legitimidad en la calle en una crisis de continuidad en el núcleo del Estado. Sin embargo, la discusión sobre elecciones anticipadas se mantiene más en el plano discursivo que en el procedimental: no llega a concretarse en una reforma con posibilidades reales de obtener los quórum necesarios.
De mayor impacto en clave de escalamiento, segundo lugar, son las acusaciones constitucionales que tradujeron la presión social a un lenguaje formal. La acusación contra el exministro del Interior Andrés Chadwick, aprobada en el Senado, es un primer acoplamiento: desde la protesta se demandan responsabilidades políticas por la represión policial contra los manifestantes; el Congreso responde destituyendo a quien encarnaba la política de orden público en los días más duros del estado de emergencia. La posterior acusación contra el propio Presidente va más lejos como conato de escalación: si hubiera prosperado, habría supuesto la caída del gobierno, democráticamente elegido, en el corazón de la crisis. Pero el libelo se bloquea en el Congreso. El canal V→H se abre puntualmente, pero se cierra antes de producir un quiebre.
Estos episodios muestran que, durante el estallido y los años siguientes, la crisis vertical generó múltiples oportunidades de escalación ascendente. No se trató de un caso donde el canal estuviera herméticamente cerrado. Lo específico del caso chileno es que ninguno de esos conatos se estabilizó como trayectoria V→H sostenida ni derivó en un estado de doble acoplamiento entre la calle y los palacios del poder.
Dentro del propio plano vertical, el estallido chileno concentra una discusión intensa sobre las causas de la crisis. El esquema conceptual invita a dejarlas en el margen –como detonantes externos–, pero no a ignorarlas. En el debate público y académico aparecen, al menos, cuatro grandes familias de interpretación: la crisis de desigualdad y abuso; el agotamiento de un modelo de crecimiento basado en endeudamiento y mercantilización de derechos sociales; el descrédito acumulado de las élites políticas y económicas; y la percepción de un desajuste entre expectativas de movilidad y experiencias efectivas de precariedad.
La relevancia analítica de estas causas no está tanto en establecer “cuál pesa más”, sino en entender por qué dan lugar a esta trayectoria específica. Un mismo conjunto de malestares podría haber dado lugar a una configuración muy diferente de la crisis política: Pudo haber escalado y haberse transformado en crisis horizontal, pero –pese a que fue una trayectoria que logró dibujarse de manera más o menos nítida– ese no fue el caso. Aunque menos probable, pudo haberse expresado como crisis política horizontal (por ejemplo, si se hubiera activado primero un conflicto intra-élite), incluso con la posibilidad de, desde ahí, haber activado un escalamiento descendente; es decir, desde las instancias de poder político hacia la ciudadanía en un acoplamiento sistémico vertical horizontal.
Esas trayectorias posibles no se dieron y los escalamientos ascendentes y descendentes no tuvieron lugar. En vez de ello, se abrió una válvula desde el mismo sistema político institucional (el proceso constituyente) orientada a evitar precisamente el escalamiento. El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, firmado el 15 de noviembre de 2019, constituye un momento ambivalente. Por un lado, es un producto claro del empuje vertical: sin estallido, difícilmente habría existido un acuerdo transversal para abrir un proceso constituyente. Por otro lado, su forma es la de una válvula de incorporación, más que la de un mecanismo de derrumbe: en lugar de escalar hacia una crisis horizontal plena (impeachment exitoso, renuncia, elecciones anticipadas), la política traduce la presión social en un itinerario largo de reforma constitucional. El canal V→H se abre, pero no bajo la lógica de la escalación de la crisis sino de un pacto que busca bajar el riesgo sistémico.
Para entender la especificidad del caso chileno, el esquema propone mirar no solo los episodios, sino las condiciones posibilitadoras del tránsito. ¿Qué elementos estructurales favorecen, en principio, la escalación vertical ascendente?
Un primer factor es la fragilidad del sistema de partidos y el descrédito de la representación. El estallido emerge en el contexto de un Congreso y una clase política con legitimidad erosionada, fragmentación interna y dificultades para producir mayorías estables. Esa configuración aumenta la permeabilidad potencial del canal V→H: hace más plausible que una parte de la élite intente aprovechar la crisis para reposicionarse, que las acusaciones constitucionales se transformen en recurso habitual y que las demandas de renuncia o elecciones anticipadas encuentren oídos receptivos.
Un segundo factor es la existencia y normalización del impeachment como instrumento disponible. La acusación constitucional no es una figura excepcional ni desconocida: forma parte del repertorio institucional y cuenta con precedentes que la vuelven pensable como solución. Desde el punto de vista del programa, esto importa porque reduce el “costo de imaginar” una trayectoria V→H: no es necesario inventar una salida, basta con activar una herramienta ya existente para tratar de traducir la presión social en crisis horizontal.
Un tercer factor es el desempeño coercitivo del Estado durante el estallido. Las denuncias masivas por uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos introducen una dimensión moral particularmente intensa. Ello refuerza la idea de que la crisis ya no es solo de políticas públicas sino de legitimidad del gobierno en sí; es un insumo fuerte para quienes, en el plano horizontal, empujan por la destitución o por elecciones anticipadas como forma de reparación.
Finalmente, la ecología mediática y digital amplifica la interdependencia potencial entre la calle y el Congreso. Redes sociales, noticieros y dispositivos de comunicación en tiempo real reducen la distancia entre ambos planos: las consignas de la calle entran al hemiciclo y las decisiones parlamentarias son percibidas y evaluadas de inmediato en la calle. Todo ello sugiere una alta permeabilidad simbólica del canal V→H, que en otros contextos ha sido terreno fértil para escalaciones rápidas.
La contracara de esos factores es el conjunto de mecanismos de contención que, combinados, terminan manteniendo la crisis autocontenida en el plano vertical. Se trata de aquellas configuraciones que mantienen cerrado –o solo puntualmente abierto– el canal V→H, preservando un cierto nivel de gobernabilidad relativa.
El primer dique es la arquitectura constitucional. Aunque la acusación constitucional existe y se usa, sus quórums y etapas hacen difícil remover a un Presidente sin un acuerdo muy amplio. No hay moción de censura parlamentaria que permita cambiar al gobierno por mayoría simple, ni facultades presidenciales para disolver el Congreso y renegociar la correlación de fuerzas. El régimen está diseñado para que los mandatos duren. Esta rigidez eleva los costos de la escalación: obliga a la oposición a reunir no solo descontento social, sino también mayorías legislativas difíciles de armar.
El segundo dique es la cohesión mínima de la coalición oficialista, especialmente en el Senado. Pese al desgaste, los partidos de gobierno tienden a cerrar filas en los momentos clave: bloquean acusaciones, descartan apoyar elecciones anticipadas y se resisten a abandonar al Presidente. Desde el punto de vista del esquema, se trata de un mecanismo horizontal de cierre de canal: las presiones verticales llegan hasta la puerta del Congreso, pero no logran fracturar al bloque que controla una de las cámaras decisivas.
Un tercer mecanismo es la estrategia de parte de la oposición, que opta por concentrar su capital político en el proceso constitucional y en el ciclo electoral siguiente, en lugar de apostar todo a la caída inmediata del gobierno. Esta decisión no es homogénea –hay corrientes que sí empujan por la destitución–, pero pesa lo suficiente como para que no se configure una mayoría horizontal dispuesta a llevar la escalación hasta sus últimas consecuencias. El resultado es una forma de “autocontención horizontal”: el propio sistema decide no explotar al máximo la oportunidad de derrumbe que la calle parece ofrecer.
Un cuarto elemento, más difuso, pero no menos relevante, es la memoria de la ruptura democrática de 1973. Para muchos actores, precipitar la caída de un Presidente elegido en medio de una crisis social activa temores de repetir guiones de desestabilización que la sociedad chilena prefiere evitar. Ese recuerdo no impide el conflicto, pero contribuye a deslegitimar las salidas destituyentes a ojos de una parte significativa de la élite y de la opinión pública.
Finalmente, el comportamiento de las Fuerzas Armadas y de orden actúa como un límite adicional al riesgo sistémico. Aunque el desempeño de Carabineros de Chile en materia de derechos humanos es fuertemente cuestionado, las Fuerzas Armadas no se convierten en actor deliberante ni arbitral. No hay pronunciamientos militares que intenten redefinir las reglas del juego, ni movimientos visibles hacia un quiebre del orden constitucional. En los términos del esquema, el canal H→V no se abre desde el lado coercitivo para alimentar un doble acoplamiento; la coerción entra al análisis como problema de legitimidad vertical, no como gatillo de crisis horizontal.
En la lógica de los mecanismos de contención, la salida constitucional ocupa un lugar singular. El acuerdo del 15 de noviembre de 2019, el plebiscito de octubre de 2020, la elección y funcionamiento de la Convención Constitucional y, más tarde, el segundo proceso constituyente, pueden leerse como una cadena de válvulas de incorporación social. No desactivan la crisis vertical –el malestar y la desconfianza persisten–, pero la desplazan: trasladan una parte importante de la disputa desde la pregunta por la sobrevivencia del gobierno hacia la discusión sobre las reglas del sistema.
Desde el punto de vista del análisis propuesto, este desplazamiento tiene dos efectos. Por un lado, reduce el incentivo a insistir en la escalación V→H extrema (destitución, elecciones anticipadas), porque ofrece una vía alternativa para procesar las demandas de cambio profundo. Por otro, permite que el sistema mantenga al menos un canal cerrado durante buena parte del proceso: el conflicto se mantiene intensamente vertical, pero la comunicación con el plano horizontal se mediatiza a través de un itinerario que, aún incierto, se percibe como institucional.
La irrupción de la pandemia en 2020 refuerza este efecto, aunque de forma contingente: las restricciones a la movilidad y el foco en la gestión sanitaria reducen temporalmente la intensidad visible de la protesta y entregan al sistema político un margen adicional para consolidar la ruta constitucional. En términos del programa, podríamos decir que se combinan una válvula (el proceso constituyente) y un shock externo (la pandemia) para contener la escalación sin resolver de fondo las causas de la crisis.
Puestas en conjunto, estas piezas permiten justificar analíticamente la calificación del caso chileno como crisis vertical autocontenida. La trayectoria parte claramente en el plano ciudadanía-Estado, alcanza niveles excepcionales de intensidad y genera varios conatos de escalación vertical ascendente. Sin embargo, la combinación específica de arquitectura constitucional rígida, cohesión mínima de la coalición de gobierno, estrategia selectiva de la oposición, memoria de la ruptura democrática y existencia de una salida constitucional hacen que el canal hacia el plano horizontal se cierre y evite escalamientos.
La sociedad chilena exhibe en este episodio una gobernabilidad relativa moderada: generó las condiciones de una crisis vertical de altísima intensidad y fue incapaz de evitar que esa intensidad se acrecentara, pero asimismo logró mantener cerrado –o solo intermitentemente abierto– al menos uno de los canales críticos. El sistema político cedió en reglas (abrió un proceso constituyente) y en posiciones (sacrificó a figuras como el ministro del Interior), pero preservó la continuidad del gobierno y evitó el doble acoplamiento entre la calle y los palacios del poder. La crisis fue enorme: inmanejable y extensa en tiempo y espacio, pero su curso interno siguió siendo, en lo esencial, el de una crisis vertical mantenida dentro de su ámbito de acción.
Mauro Basaure
La llegada al poder de liderazgos con orientaciones iliberales constituye un fenómeno político de alcance transnacional, cuya expansión se inscribe en transformaciones estructurales de larga data, pero también en reconfiguraciones contingentes de los mercados políticos nacionales. Su despliegue en Europa, América del Norte y América Latina evidencia una capacidad de articulación que desborda los clivajes tradicionales y desestabiliza las coordenadas establecidas de representación política. El caso chileno, en este sentido, ofrece un observatorio privilegiado para examinar la emergencia y consolidación de liderazgos radicales que no solo capitalizan malestares sociales, sino que contribuyen activamente a producirlos y reordenarlos. La trayectoria ascendente de José Antonio Kast –desde su salida de la UDI en 2016 con la que rompe por abandonar los valores fundacionales de la derecha tradicional, hasta su llegada a la Presidencia en 2026– debe ser comprendida no únicamente como un desplazamiento electoral, sino como la expresión situada de transformaciones más amplias en las lógicas de movilización política.
Al igual que en otros contextos latinoamericanos y europeos, la fragmentación del sistema político chileno facilitó la aparición simultánea de otros liderazgos polarizantes. Un ejemplo de ello es la figura de Johannes Kaiser, cuyo Partido Nacional Libertario, legalizado en marzo de 2025 pocos meses antes de la primera vuelta presidencial, superó a la derecha tradicional en esa instancia. La coexistencia de estos liderazgos da cuenta de la plasticidad del campo político nacional en momentos de crisis. Antes que remitirse a divergencias ideológicas sustantivas –ambos partidos coinciden en una afinidad liberal-conservadora que sitúa la libertad individual en el núcleo del orden político–, el análisis comparado revela un proceso de diferenciación estilística y performativa que da cuenta de una disputa por la delimitación simbólica de “la crisis” como categoría política productiva, cuyo sentido se construye estratégicamente en el marco de relaciones de fuerza cambiantes.
En contraste con aproximaciones centradas en factores estructurales –como la desindustrialización, la inseguridad económica o la crisis de intermediación partidaria–, mi análisis privilegia una mirada procesual que atiende a las dinámicas internas de la crisis. Siguiendo a Michel Dobry en su libro seminal Sociologie des crises politiques, la crisis política puede entenderse como un episodio en el que los distintos campos sociales adquieren una fluidez tal que erosiona los habitus institucionalizados y abre la posibilidad de trayectorias alternativas. La noción de “coyuntura fluida” remite precisamente a estos momentos en que las regularidades estructurales pierden eficacia y los actores se ven forzados a reconfigurar sus esquemas de percepción y acción. Adoptar esta perspectiva implica distinguir analíticamente entre las causas que precipitan la crisis y los mecanismos endógenos que la transforman y autonomizan a lo largo de su desarrollo, desplazando así la explicación desde la determinación estructural hacia una lógica relacional y contingente. Cabe, en este sentido, interrogarse acerca de cómo aquellos líderes logran erigirse en emprendedores políticos capaces de politizar la disconformidad latente de amplios sectores sociales frente a la incapacidad de las fuerzas políticas tradicionales para responder a una crisis multidimensional –que abarca la economía, el empleo, la inmigración, el orden público, entre otros ámbitos–, y de qué modo consiguen transformar ese malestar difuso en una plataforma política coherente y eficaz. Este descontento abre un espacio de oportunidades políticas que facilita la irrupción de nuevas derechas, especialmente cuando concurren dos condiciones: por un lado, el desdibujamiento ideológico y el debilitamiento organizacional de la derecha tradicional, un fenómeno ampliamente analizado en la literatura internacional, y, por el otro, la presencia de coaliciones de izquierda que activan y politizan causas progresistas, tal como muestran Gabriel Kessler y Gabriel Vommaro en La era del hartazgo, para el caso latinoamericano.
El análisis comparado de los marcos discursivos de los liderazgos de Kast y Kaiser realizado en este artículo a partir de los insumos empíricos y analíticos aportados por Cristóbal Sandoval en su calidad de asistente de investigación del proyecto Fondecyt n.º 1241113, “La derecha en disputa: ideología, tácticas y redes en el Chile contemporáneo”, permite observar cómo se construye la crisis como objeto político y cómo se articulan narrativas de carácter institucional, moral, político y cultural. Como veremos, estas narrativas no solo describen un estado de cosas, sino que también contribuyen a producirlo performativamente, instalando la crisis como horizonte inevitable y como justificación de soluciones excepcionales, y convirtiéndola en el eje articulador de una determinada visión política del mundo.
Mi enfoque centrado en actores situados permite aprehender el liderazgo político como una práctica inscrita en relaciones de poder específicas, cuya eficacia depende de la capacidad de construir marcos interpretativos que resuenen con disposiciones sociales preexistentes sin quedar determinados por ellas. La crisis, en este sentido, opera como un “significante vacío”, según la expresión de Ernesto Laclau, susceptible de ser investido políticamente y movilizado para reconfigurar identidades colectivas. Los liderazgos radicales se constituyen, así, no solo como intérpretes privilegiados de un malestar difuso, sino como productores de nuevas gramáticas de sentido en las que la crisis es dramatizada, intensificada y performada como inminente y estructural.
En esta línea, The Global Rise of Populism, de Benjamin Moff itt, introduce un enfoque novedoso que desplaza la mirada hacia la performatividad y la mediatización del fenómeno populista. Para el autor, la llamada “crisis” funciona como una puesta en escena que amplifica signos de deterioro institucional y moral, presentándolos como evidencia de un declive permanente que solo un liderazgo fuerte podría revertir. Esta dramatización impulsa estilos comunicativos polarizantes y moralizantes, que rompen con los códigos institucionales y refuerzan la autenticidad percibida de estos líderes. En ese marco, la apelación al desorden y la amenaza se convierte en un recurso central de la ultraderecha, capaz de organizar afectos, delimitar identidades y habilitar marcos normativos de corte autoritario. Lejos de constituir un simple trasfondo, este proceso reconfigura prácticas, percepciones y expectativas de amplios sectores sociales. Así, la politización del malestar –en torno a la inmigración, el orden público, el desempleo o los símbolos nacionales– no puede entenderse como una reacción espontánea, sino como un trabajo de encuadramiento estratégico que transforma disposiciones latentes en orientaciones políticas explícitas.
Kast y Kaiser actúan como agentes capaces de capitalizar esta apertura mediante repertorios performativos que intensifican la percepción de amenaza, erosionan la legitimidad del orden político existente y reconfiguran los criterios de pertenencia comunitaria. Como veremos, ambos líderes dramatizan la inminencia del colapso, posicionándose como intérpretes privilegiados del desorden social. La crisis es, en este marco, un dispositivo que intensifica amenazas, construye antagonismos y legitima respuestas políticas extraordinarias. Adquiere una dimensión totalizante que entrelaza lo institucional, lo cultural y lo moral, construyendo una amenaza existencial que unifica diversas ansiedades sociales. Desde esta perspectiva, la pregunta no se limita a indagar “¿qué crisis describen Kast y Kaiser?”, sino a examinar de qué modo la performan para resignificar el espacio político, expandir los márgenes de lo decible y reconfigurar las categorías identitarias de un “nosotros” vs. “ellos”.
A continuación, desarrollamos estas ideas a partir del análisis de un corpus compuesto por 69 videos publicados entre 2017 y 2025 en los canales oficiales de José Antonio Kast y Johannes Kaiser. La selección incluyó hitos relevantes del devenir político reciente, en particular coyunturas electorales y debates legislativos. El análisis de los marcos interpretativos ha sido desarrollado de manera sistemática por Robert Benford y David Snow en “Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment” publicado en la Annual Review of Sociology. En este trabajo, los autores distinguen tres dimensiones fundamentales: 1) la identificación de las causas y los responsables de la crisis (marco diagnóstico); 2) la formulación de soluciones, tácticas y actores capaces de impulsar el cambio (marco pronóstico); y 3) las apelaciones morales y emocionales orientadas a movilizar a la audiencia (marco motivacional). Este enfoque permite observar no solo los contenidos ideológicos, sino también las estrategias performativas mediante las cuales Kast y Kaiser dramatizan la crisis.
Kast articula su diagnóstico a partir de tres crisis interrelacionadas. La primera es una crisis de la derecha, definida por la pérdida de convicción, el debilitamiento moral y la adaptación a los marcos culturales de la izquierda. A esta se suma una crisis institucional, expresada en el deterioro del Estado, el avance del crimen organizado, la inmigración irregular y un clima generalizado de desorden. Kast atribuye la responsabilidad principal de este escenario al gobierno de Gabriel Boric, a quien señala como actor central en la crisis que atraviesa el país. En la controversia en torno a su afirmación de que “Chile se está cayendo a pedazos” –débilmente sustentada en datos–, y frente a la negativa del mandatario a reconocer esa lectura, Kast respondió que Boric “está desconectado de la realidad” y lo acusó de fallas graves en seguridad, gestión de emergencias, salud, educación y reconstrucción, críticas que extendió también al ámbito económico.
La tercera dimensión es una crisis moral, que si bien no ocupó el centro visible de su campaña de 2025, subyace a su discurso. Kast sostiene que la familia, la fe y los valores occidentales se encuentran erosionados por el relativismo contemporáneo. En noviembre de 2025, en un acto público, prometió “volver a hablar de Dios, de la patria y de la familia”, reinstalando así la “agenda valórica” relegada durante su campaña. Todas estas dimensiones convergen en una narrativa de declive nacional en la que Kast se presenta como el liderazgo capaz de restaurar un orden perdido.
Su proyecto restaurador propone fortalecer el Estado mediante medidas de “política de choque”, reforzar el rol de las fuerzas armadas y de orden, moralizar la vida pública a través de la protección de la familia y la fe, y reorientar el desarrollo económico hacia la responsabilidad individual. La restauración institucional se complementa así con una restauración moral que asigna al Estado el papel de garante de la identidad nacional.
En el plano motivacional, Kast moviliza afectos como el orgullo patriótico, la esperanza y el sacrificio colectivo. Sus símbolos –la familia, la bandera y la fe– articulan una narrativa de regeneración moral en la que la crisis se transforma en una oportunidad redentora. Su liderazgo se ofrece así como un puente entre tradición y futuro, institucionalizando la crisis como fundamento de legitimidad.
Kaiser despliega un diagnóstico más radical y expansivo que el de Kast. En su interpretación, la crisis chilena se manifiesta simultáneamente como una crisis ideológica de la derecha –marcada por la carencia doctrinaria y la subordinación al “sistema”–, una crisis institucional extrema, evidenciada en un Estado que considera incapaz de controlar la delincuencia o enfrentar el narcotráfico, y una crisis moral caracterizada por la pérdida de responsabilidad individual, la indulgencia penal y el avance de una agenda progresista. A estos elementos, suma marcos conspirativos de corte antiglobalista que sitúan la crisis nacional dentro de una disputa geopolítica mayor.
A diferencia de Kast, cuyo horizonte apunta a restaurar la autoridad del Estado, Kaiser propone desconfiar de él y reducirlo de manera sustantiva. Su programa privilegia la autodefensa, el rechazo frontal a organismos internacionales y la oposición a los acuerdos globales. En este marco, sugiere políticas como la portación de armas, el cierre de fronteras y la expulsión inmediata de inmigrantes irregulares, junto con una ética penal orientada al castigo, el trabajo obligatorio en las cárceles y la primacía del esfuerzo individual. El resultado es la proyección de una comunidad compuesta por individuos soberanos que resisten tanto al Estado como al globalismo.
Kaiser moviliza afectos distintos a los asociados a Kast: indignación, ira y un orgullo insurgente. Su discurso performa la crisis como un llamado a la rebelión cultural, donde la política se concibe como confrontación permanente frente a enemigos internos y externos, y donde el ciudadano ideal no obedece, sino que se defiende.
El análisis muestra que ambos actores comparten una gramática común de crisis, aunque la despliegan de manera divergente. Kast ritualiza la crisis como una oportunidad de restauración institucional y moral, mientras que Kaiser la dramatiza como una guerra cultural continua. En tanto Kast busca institucionalizar la crisis para fortalecer el Estado, Kaiser la radicaliza para debilitarlo y promover la soberanía individual. Así, ambos contribuyen a resignificar el espacio político chileno performando la crisis, pero lo hacen a través de estilos diferenciados que dialogan con repertorios transnacionales de la ultraderecha.
El caso chileno abre una agenda comparada para analizar cómo las derechas radicales dramatizan la crisis con el fin de legitimar proyectos políticos, reorganizar identidades y movilizar afectos en el escenario global contemporáneo. Las tres dimensiones de la crisis considerada en este artículo –ideológica, institucional y moral– permiten identificar variaciones similares en otros contextos, tanto latinoamericanos como europeos, revelando un patrón relativamente estable pese a las diferencias contextuales.
En distintos escenarios nacionales, los liderazgos de la derecha radical tienden a deslegitimar a la élite política en su conjunto y a cuestionar las distinciones tradicionales entre izquierda y derecha, a las cuales atribuyen una responsabilidad compartida en la crisis. Sus diagnósticos suelen presentar al Estado como una estructura debilitada o capturada por intereses ajenos al “pueblo”, lo que habilita la autoproyección de estos liderazgos como agentes de reformas drásticas y figuras capaces de encauzar la situación. A ello se suma, con frecuencia, una moralización de la crisis –ya sea atribuida al estatismo, la corrupción o la subordinación a actores externos– acompañada de narrativas que advierten sobre supuestas amenazas culturales, como la agenda progresista o la pérdida de identidad nacional ante la inmigración y el multiculturalismo. Frente a este panorama, estos actores articulan programas que reivindican valores tradicionales, la soberanía nacional y la centralidad del individuo como principios rectores de un orden alternativo.
El análisis comparado de estos casos subraya la importancia de reconocer los atributos particulares de cada fuerza de ultraderecha para comprender con mayor profundidad y matices sus expresiones contemporáneas, impulsando una mirada procesual sensible a las dinámicas internas de la crisis.
Stéphanie Alenda
Stéphanie Alenda, Universidad Andrés Bello, Chile, salenda@unab.cl, Ph.D. en Sociología, profesora titular de la facultad de Ciencias Sociales, Universidad Andres Bello, https://orcid.org/0000-0003-0185-7615.
Christopher A. Martínez, Universidad de Concepción, Chile, chrimartinez@udec.cl, Ph.D. en Ciencia Política. Profesor asociado del Depto. de Administración Pública y Ciencia Política de la U. de Concepción, https://orcid.org/0000-0001-5612-6567.
Rodrigo M. Medel, Universidad de Chile, Chile, rodrigo.medel@gobierno.uchile.cl, Ph.D. en Ciencia Política, profesor asociado de la Facultad de Gobierno, Universidad de Chile, https://orcid.org/0000-0002-6610-3809.
Julieta Suárez-Cao, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, julieta.suarez@uc.cl, Ph.D. en Ciencia Política, profesora asociada del Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile, https://orcid.org/0000-0001-5278-5151.
Mauro Basaure, Universidad Andrés Bello, Chile, mauro.basaure@gmail.com, Ph.D. en Filosofía y Ciencia de la Historia, Magister en Filosofía, Sociólogo, profesor titular de Sociología de la Universidad Andres Bello, https://orcid.org/0000-0003-4111-2474.