DOI: 10.18441/ibam.26.2026.92.241-270
Cecilia Graciela Rodríguez Balmaceda / Víctor Tricot Salomón / Joaquín Rozas-Bugueño / José Manuel Rivas Otero / Claire Wright / Fernando Pairican Padilla / Alessandro Cesi
La protesta, la acción colectiva y la movilización social han ocupado un lugar central en la vida política latinoamericana. Tanto así, que probablemente es factible plantear que no se puede conocer a cabalidad la política de los países del continente sino se conoce lo que sucede en sus calles, organizaciones sociales o comunidades. Desde mediados del siglo xx, las calles de la región han sido escenario de luchas por derechos sociales, demandas por democratización, resistencias frente a regímenes autoritarios y reclamos frente a políticas económicas excluyentes. En este sentido, la participación política contenciosa constituye un componente estructural de la ciudadanía y la vida política en América Latina.
Sin embargo, los estallidos sociales que irrumpieron hacia finales de la segunda década del siglo xxi presentan rasgos que los distinguen de ciclos previos y justifican un análisis comparado. La propia noción de “estallido social” es objeto de debate, aunque el término evoca una deflagración repentina y efímera, lo ocurrido en varios países de la región a partir de 2019 no se redujo a episodios pasajeros. Se trató de movilizaciones de amplia extensión territorial, prolongada duración y fuerte densidad política, que se convirtieron en puntos de inflexión en la vida pública de los países donde emergieron.
Planteamos 2019 como un punto de inflexión, cuando América Latina vivió uno de los ciclos de movilización más extendidos de las últimas décadas, proceso analizado en el Foro de Debate, vol. 20, n.º 73 (2020). Desde el “octubre chileno” desencadenado por el aumento del transporte público, pasando por las protestas en Ecuador frente a las medidas de austeridad, la crisis poselectoral en Bolivia y las movilizaciones en Perú, hasta el paro nacional en Colombia contra la reforma tributaria, millones de ciudadanos salieron a las calles para expresar su malestar. Las demandas variaron entre países, pero compartieron un núcleo común: la denuncia de desigualdades persistentes, la crítica a la precarización de la vida y el cuestionamiento de gobiernos, élites e instituciones percibidos como lejanos, ineficaces o indiferentes.
La pandemia de COVID-19 interrumpió abruptamente este ciclo, desactivando momentáneamente las protestas, pero no las causas que las originaron. La crisis sanitaria y económica profundizó tensiones previas y, en varios países, dio lugar a nuevas oleadas de movilización, a menudo más intensas. Seis años después, las trayectorias posteriores a los estallidos muestran que no hubo un único desenlace. En algunos casos, la protesta abrió procesos de cambio institucional; se tradujo en reconfiguraciones de la competencia partidaria o en ciclos de crisis y restauración; y en otros, el impacto fue más acotado o reversible.
Una manera de abordar comparativamente estos efectos es examinar los distintos escenarios generados por las consecuencias de las movilizaciones. Estos escenarios distinguen trayectorias que desembocaron en intentos de transformación institucional, aquellas que reconfiguraron el sistema de partidos y la dinámica electoral, y aquellas en las que el impacto fue más acotado o reversible. La utilidad de esta perspectiva radica en que impide una lectura homogénea del “estallido regional”: aunque compartieron repertorios de acción y un malestar social similar, los resultados dependieron del grado de apertura de los sistemas políticos, de la fortaleza de los partidos, de la organización de los sectores populares y de la capacidad de las élites para absorber o neutralizar las demandas.
Ninguno de los cinco casos analizados produjo una transformación institucional profunda y perdurable, pero sí se observan reconfiguraciones relevantes del sistema político. En Chile, el estallido abrió un proceso constituyente inédito que combinó innovaciones democráticas y, finalmente, un doble rechazo constitucional, con efectos duraderos sobre el clivaje político y la agenda de reformas. En Ecuador, la protesta obligó al retiro de medidas de ajuste y reforzó el papel del movimiento indígena como actor con capacidad de veto, en un contexto de presidencias débiles, “muerte cruzada” y creciente securitización de la política. En Colombia, el ciclo de movilización 2019-2021 fue clave para la llegada al poder de la izquierda por primera vez y la puesta en marcha de una agenda reformista y de “Paz Total”, cuyos límites institucionales son hoy evidentes. En Perú, los distintos ciclos de protesta se entrelazaron con una inestabilidad crónica del sistema político, la fragmentación partidaria y el protagonismo del Congreso como “veto player”, sin cristalizar en una reforma de fondo hasta las recientes modificaciones constitucionales sobre el Congreso. En Bolivia, finalmente, el estallido se inscribió en una secuencia de golpe, restauración y posterior giro conservador, con recomposición del MAS y, más tarde, retorno de la derecha al Ejecutivo, en un escenario de alta conflictividad, pero notables continuidades estatales.
Desde esta perspectiva, los estallidos de 2019 actuaron más como catalizadores que como causas únicas de cambio. En contextos de crisis de representación y desconfianza hacia las élites, la movilización social tensionó los regímenes democráticos sin consolidar, salvo de manera parcial y contingente, nuevos pactos institucionales. La persistencia de la desigualdad, la precariedad laboral, la dependencia de modelos primario-exportadores, la violencia ligada al crimen organizado y el recurso recurrente a estados de excepción o mecanismos extraordinarios de gobierno, muestran tanto la resiliencia, como las limitaciones actuales de las democracias de la región.
Es en este marco que se inscribe el presente Foro de Debate. La sección persigue un doble objetivo: por un lado, sistematizar las características de los estallidos sociales en cinco países –Chile, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia– analizando detonantes, actores, demandas y repertorios de acción; por otro, evaluar sus consecuencias a través de distintos escenarios, que distinguen trayectorias de cambio institucional truncado, de reconfiguración partidaria e inestabilidad prolongada y de impacto más acotado o restauración conflictiva. Los textos que integran este dossier ofrecen cinco estudios de caso que dialogan entre sí y permiten comprender mejor la diversidad de resultados, las continuidades y las rupturas en la relación entre movilización social y cambio político.
Analizar qué ocurrió después de los estallidos de 2019 no es solo un ejercicio de balance retrospectivo. Es también una forma de interrogar las capacidades y límites de las democracias latinoamericanas para procesar demandas sociales en contextos de crisis prolongadas, así como las oportunidades y riesgos que abre la acción colectiva en escenarios de desafección ciudadana. Este Foro de Debate busca, en suma, contribuir a una comprensión más compleja y matizada de la protesta social contemporánea en América Latina y de sus efectos sobre la representación política, los sistemas de partidos y las instituciones democráticas.
Cecilia Graciela Rodríguez Balmaceda / Víctor Tricot Salomón
El estallido social de octubre de 2019 es el ciclo de protestas más relevante desde la vuelta a la democracia en Chile. Las protestas se extendieron a lo largo del país hasta el inicio de la pandemia del Covid-19, dejando al gobierno de Sebastián Piñera contra las cuerdas en el momento más álgido de la movilización (octubre y noviembre de 2019).
Este proceso tuvo características diferentes respecto a movilizaciones sectoriales que le precedieron: Primero, fue un proceso masivo, en términos de la cantidad de manifestantes y la diversidad de sus perfiles. Segundo, fue un ciclo de protestas multi-demanda, que abordó un set amplio de reivindicaciones –desde derechos sociales, pasando por reclamaciones feministas, por la diversidad sexual y el reconocimiento a los pueblos indígenas, hasta la eliminación de los peajes en las carreteras. Tercero, fue una movilización más bien inorgánica, donde ningún movimiento social fue capaz de liderar el proceso; esto no quiere decir que no hubo organizaciones, sino que estas se vieron sobrepasadas por el carácter amplio del estallido.
Como concuerdan distintos autores, el estallido social fue esencialmente un proceso de desborde. A ello, agrego que el estallido fue un proceso de movilización sin mediación. Precisamente, el desborde de la movilización estuvo dado porque, como no hubo una organización que estructurara la movilización, las demandas se diversificaron y lograron convocar a un número amplio de manifestantes; sintiéndose cada manifestante convocado por motivos distintos. Sin embargo, la ausencia de organización hace que la movilización tienda a ser más violenta, porque no hay intermediación que contenga dichas tácticas.
El problema de la intermediación no es patrimonio exclusivo de los actores colectivos. No es novedad sostener que la política institucional en Chile no pasa por su mejor momento. La confianza en las instituciones políticas se ha desplomado, llegando a cifras inferiores al 10% para el Congreso y los partidos políticos, según la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP). Distintos estudios, evidencian que los partidos carecen de vasos comunicantes con la sociedad, lo que reduce su capacidad para procesar el malestar y generar cambios políticos acordes con las expectativas de las personas. Esto hace que las demandas sociales no encuentren estructura en organizaciones y movimientos sociales, ni tampoco sean procesadas por las instituciones políticas.
Si consideramos que el estallido social es una movilización sin intermediación, lo que hace más complejo el procesamiento político de sus demandas, cabe preguntarse, ¿cuáles fueron los impactos políticos del estallido social chileno a seis años de su emergencia? Para responder a esta pregunta, se distinguirá entre impactos de corto y mediano plazo, como también entre efectos directos e indirectos.
El estallido social generó cambios políticos inmediatos. A nivel de opinión pública, la aprobación del gobierno de Piñera cayó drásticamente: de acuerdo con la encuesta del CEP, pasó del 25% en mayo de 2019 al 6% en noviembre del mismo año, marcando un mínimo histórico en la aprobación de un gobierno en Chile, manteniéndose baja hasta el término de su período.
El ejecutivo acusó el golpe de las protestas, dejando sin efecto el alza de la tarifa del metro que había impulsado estas movilizaciones. A menos de una semana de iniciado el estallido, el presidente Piñera anunció una agenda social que contemplaba garantizar un salario mínimo de trecientos mil pesos líquidos (promulgado en abril de 2020), el aumento del componente solidario del sistema previsional (promulgado en diciembre de 2019), el cual fue reemplazado posteriormente por la Pensión Garantizada Universal (enero de 2022), y la limitación de la reelección de alcaldes, concejales, parlamentarios y consejeros regionales a un máximo de dos períodos (promulgada en julio de 2020). Además, a comienzos de noviembre, el gobierno presentó una agenda que otorgaba beneficios y ayudas a las pequeñas y medianas empresas para reactivar la economía. En materia de orden público, el ejecutivo promulgó una ley que aumentó las penas por saqueos y barricadas en contexto de protesta (enero de 2020).
El estallido también obligó al gobierno a redefinir su diseño político. Diez días después del comienzo de las movilizaciones, se llevó a cabo un cambio de gabinete. El ajuste ministerial dejó fuera de La Moneda a la mano derecha de Piñera, Andrés Chadwick (Unión Demócrata Independiente-UDI), Ministro del Interior (jefe del gabinete ministerial y vicepresidente del gobierno) y primo del mandatario. Chadwick venía siendo fuertemente cuestionado por la ciudadanía por los abusos policiales y el manejo del orden público durante el estallido. Además de la salida de Chadwick, el cambio de gabinete les quitó peso en el comité político a los partidos más relevantes de la coalición, la UDI y Renovación Nacional (RN), beneficiándose de este cambio el socio más pequeño de la coalición de gobierno, el partido de centro-derecha liberal Evópoli.
La historia de Chadwick con el estallido no terminó con su salida del gobierno. El 30 de octubre, el parlamento lo acusó constitucionalmente por su responsabilidad en los abusos policiales en el contexto del estallido social. Distintas organizaciones internacionales de derechos humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitieron informes sobre violaciones a los derechos humanos durante el estallido –solo en las primeras semanas de movilización, más de 20 personas murieron, miles resultaron heridas y cientos con graves lesiones oculares. La acusación constitucional fue aprobada y el exministro quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 5 años.
No cabe duda de que el impacto político más importante del estallido fue el proceso constituyente. Tras casi un mes de movilizaciones diarias en todo el país, y una huelga general convocada el día 12 de noviembre por Unidad Social (coalición multisectorial de movimientos sociales) que se tornó particularmente violenta, el gobierno anunció el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, el que inauguraba un inédito proceso para cambiar la Constitución heredada de la dictadura. Por primera vez en la historia de Chile se llevaría a cabo un proceso constituyente democrático, y este estaba cargado de simbolismo: el acuerdo era presentado por un gobierno de derecha y suscrito por la UDI, partido fundado por el principal redactor de la Constitución de Pinochet, Jaime Guzmán.
El proceso constituyente incluyó importantes innovaciones democráticas, en buena medida por la presión de las calles. Para la elección de convencionales constituyentes, se estableció una norma de paridad de género para la distribución de los escaños, la posibilidad de que candidatos no militantes pudieran participar en listas conformadas en su totalidad por independientes y la incorporación de 17 escaños reservados para los pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente.
En el plebiscito de entrada de octubre de 2020, el proceso constitucional vía Convención Constitucional fue aprobado con más del 78% de los votos. En mayo de 2021, se eligió a los convencionales constituyentes. El órgano constituyente tuvo una composición novedosa: el 66.5% de los convencionales electos era independiente, mientras que el 47.1% del total de la Convención era parte de alguna organización social. Al mismo tiempo, un 35% de los convencionales no contaban con ninguna experiencia en política. Como sostengo en otras publicaciones, la novel composición de la Convención fue reflejo de la crisis de intermediación, característica central del estallido. El elemento impugnador de la movilización no solo afectó a los partidos, quienes tuvieron un magro desempeño en las elecciones de convencionales, sino también afectó a organizaciones y movimientos sociales. Si bien, casi la mitad de los convencionales participaban en alguna organización social, estas eran organizaciones más bien nuevas, con un fuerte componente territorial y sin relación con los ciclos de protestas de la década del 2010. Ejemplo de ello es la baja representación del mundo sindical en la Convención, pese a que la Central Unitaria de Trabajadores y la Coordinadora de Trabajadores No+AFP (Aseguradoras de Fondos de Pensiones) llevó candidatos en prácticamente todos los distritos del país. Esto se explica porque la ciudadanía ha asimilado a estos actores con la política institucional, siendo también foco de críticas en torno a las expectativas no cumplidas.
El trabajo de la Convención enfrentó múltiples desafíos: polémicas internas –la más tristemente célebre de estas fue la protagonizada por el exconvencional Rodrigo Rojas Vade, ícono del estallido y que se presentó ante la opinión pública y los medios como un paciente oncológico, quien renunció a su escaño en la Convención tras reconocer que nunca tuvo cáncer; dificultades logísticas para conducir un proceso de cambio constitucional democrático en tan solo un año y en contexto pandemia; y el asedio comunicacional de la prensa, el empresariado y un amplio sector de la política, que abarcaba desde la centro-izquierda a la derecha. La propuesta de la Convención, calificada como identitaria y maximalista por múltiples actores y analistas, fue rechazada por casi un 62% de los votos en el plebiscito ratificatorio de septiembre de 2022.
Tras el rechazo, el sistema político acordó un nuevo proceso constituyente, esta vez con mayores límites de acción, lo que incluía bases constitucionales mínimas acordadas por todo el espectro político y la incorporación de una comisión de expertos que redactaría un anteproyecto. El nuevo órgano constituyente, el Consejo Constitucional, estuvo conformado por cincuenta consejeros, elegidos en 2023. El Consejo contó con mayoría del Partido Republicano, tienda de derecha radical liderada por su fundador y actual presidente del país José Antonio Kast. La propuesta emanada por este órgano fue la antítesis del proyecto de la Convención: una constitución de carácter conservador, que recogía y profundizaba distintos elementos de la constitución vigente. Esta propuesta también fue rechazada: un 56% de los votos se inclinó por la opción “en contra” en el plebiscito ratificatorio de diciembre de 2023.
La experiencia constituyente generó efectos a mediano plazo, que pueden ser considerados como efectos indirectos del estallido, entendiendo que dicho proceso fue resultado de las protestas. En el plano electoral, hay evidencia de que la participación electoral en las elecciones municipales de 2022 aumentó en las comunas más expuestas a las movilizaciones del estallido, sin embargo, no hay evidencia de que estas hayan beneficiado electoralmente a algún sector o partido político en particular. Algunos autores han sostenido que la última elección presidencial (2025), que dio por ganador a José Antonio Kast (Partido Republicano) con un 58% de los sufragios frente a la candidata del oficialismo Jeannette Jara (Partido Comunista), responde a un cambio de clivaje, pasando de uno marcado por el eje autoritarismo/democracia –edificado por el plebiscito de 1988, que dio fin a la dictadura de Pinochet– a otro estructurado por el posicionamiento apruebo/rechazo en el plebiscito ratificatorio de la propuesta de la Convención (2022). Análisis posteriores deberán examinar cuánto de los resultados electorales de los próximos años tendrán relación con la coyuntura constituyente de 2021-2022.
El resultado en el plebiscito de 2022 alteró la hoja de ruta del gobierno de izquierda de Gabriel Boric (2022-2026), reajustando las expectativas políticas en sus reformas centrales: la tributaria y la previsional. La reforma tributaria no fue aprobada por el Congreso y obligó al gobierno a separar el proyecto original en tres partes: impuestos a la renta, medidas antielusión y aumento del impuesto a la minería. Solo fueron aprobados los dos últimos. Por su parte, la reforma previsional fue aprobada en 2025. Sin embargo, esta distó de las expectativas declaradas en el programa de gobierno. En base a un aumento de la cotización mensual, la reforma incorporó un nuevo componente solidario de ahorro colectivo al sistema. No obstante, se estableció que la mayor parte del aumento de la cotización irá a capitalización individual y será administrado por las AFPs.
Pese a la moderación de la agenda del ejecutivo, se aprobaron otras leyes relevantes de carácter progresista, en línea con las demandas del estallido: la disminución de la jornada laboral a cuarenta horas y el aumento del sueldo mínimo a más de 500 mil pesos. Si bien la reducción de la jornada laboral fue ingresada antes del estallido, esta se vio revitalizada por las protestas, ganando apoyo ciudadano.
Otro efecto indirecto ha sido la incorporación de exconvencionales en la política institucional. Pese al fracaso electoral de la Convención, varios exrepresentantes han ejercido posiciones de responsabilidad política y obtenido cargos de representación popular a nivel nacional y subnacional. En las elecciones parlamentarias de 2025, se presentaron como candidatos a diputados veintiséis exconvencionales, resultando electos once. Al Senado se presentaron ocho candidatos que provenían de la Convención, de los cuales fue electo uno. Los casos de los exconstituyentes Constanza Schönhaut, Ignacio Achurra, Martín Arrau y Eduardo Cretton son ejemplificadores. Los dos primeros, ambos militantes del Frente Amplio, resultaron electos diputados en 2025 y tuvieron puestos de importancia política durante el gobierno de Boric. En tanto, Arrau (Partido Republicano) y Cretton (UDI), asumieron cargos nacionales en sus partidos políticos y serán protagonistas de la política nacional durante los próximos años: Arrau actualmente se desempeña como ministro de Seguridad Pública del gobierno de Kast, mientras que Cretton ingresó a la Cámara de Diputados en 2026.
Como se ha argumentado en este ensayo, el estallido fue un ciclo de protesta caracterizado por la desintermediación y ha tenido efectos directos e indirectos a mediano y corto plazo. De forma inmediata, el estallido aceleró la producción legislativa, golpeó fuertemente la popularidad del gobierno de Piñera y abrió un proceso constituyente inédito para la historia del país. A mediano plazo, e indirectamente, condicionó la agenda reformista del gobierno de Gabriel Boric e impactó en la trayectoria política de actores vinculados a las movilizaciones y la Convención. Es altamente probable que, a largo plazo, se sigan observando los impactos del estallido social en distintas dimensiones de la política.
A modo de cierre, es importante señalar que, en general, los movimientos y organizaciones sociales se han mantenido en un estado de desmovilización posterior al estallido. Varias organizaciones están atravesando crisis internas, como es el caso de la Confederación de Estudiantes de Chile y la Coordinadora No+AFP. Sin embargo, existen organizaciones que han mostrado mayor resiliencia, tales como el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), del cual es parte el Gobernador de la Región de Valparaíso Rodrigo Mundaca, la Coordinadora Shishigang, con el Alcalde Matías Toledo en Puente Alto y la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, que año a año da cuenta de su capacidad de movilización. ¿Por qué este tipo de organizaciones han demostrado mayor capacidad de impactar en política y no han atravesado un proceso de desmovilizaciones como otras organizaciones? ¿Qué tienen en común estas experiencias que les permite sortear los problemas de la (des)intermediación? Estas preguntas quedan abiertas y serán revisitadas en trabajos posteriores sobre el estallido y la movilización social en Chile y América Latina.
Joaquín Rozas-Bugueño
El estallido social ecuatoriano de 2019 personificó un hito político que amalgamó, de forma tangible, novedades en cuanto a la movilización y acción colectiva, pero a su vez, continuidades asentadas en la memoria y en la historia política y movimental del país. Siendo posible argumentar, a su vez, que el ciclo de movilización inaugurado en octubre de 2019 tuvo impactos de tipo simbólico, procedimental y, en menor medida, programático. Lejos de tratarse de un episodio aislado, el estallido social constituyó un punto de inflexión en un ciclo más amplio de conflictividad y reconfiguración del sistema político.
En un contexto de presidencialismo fragmentado, volatilidad partidaria y desgaste del ciclo progresista, la eliminación de los subsidios a los combustibles mediante el Decreto 883 del gobierno de Lenín Moreno operó como detonante coyuntural de tensiones acumuladas durante más de una década. La medida, inscrita en una agenda de consolidación fiscal asociada a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), fue percibida por amplios sectores sociales no solo como un ajuste económico, sino como la confirmación de una ruptura entre representantes y representados y de una “traición” al mandato electoral que había prometido continuidad con el correísmo. Circunscribir el conflicto a una reacción frente a una política puntual implica, por tanto, desconocer la profundidad estructural de las disputas distributivas y de reconocimiento que atraviesan la democracia ecuatoriana contemporánea.
Las movilizaciones de octubre articularon demandas redistributivas, vinculadas al costo de la vida, la desigualdad y la precariedad laboral, con reclamos de reconocimiento asociados a la plurinacionalidad, la autonomía territorial y la justicia histórica. En este marco, el movimiento indígena organizado en torno a la CONAIE desempeñó un papel central, desplegando repertorios de acción colectiva como, el paro nacional, bloqueos de carreteras, marchas hacia Quito y ocupación de espacios estratégicos, que desbordó los cauces institucionales tradicionales. La respuesta gubernamental combinó represión y negociación: declaración de estado de excepción, traslado temporal de la sede de gobierno, despliegue de Fuerzas Armadas y, finalmente, apertura de una mesa de diálogo mediada por la iglesia y organismos internacionales. La derogación del Decreto 883 supuso una victoria simbólica para el movimiento indígena y consolidó la idea de que la movilización social podía operar como instancia legítima de negociación extrainstitucional cuando los canales formales se percibían bloqueados. Sin embargo, el patrón de respuesta fue ambivalente: mientras el gobierno retrocedió en la medida específica, la lógica de fondo de la consolidación fiscal se mantuvo, siendo reintroducida de manera más gradual. Es decir, el sistema político mostró capacidad para absorber la presión mediante concesiones puntuales, sin modificar en profundidad el modelo económico ni lo pactado con el FMI, manteniendo el programa de ajuste neoliberal en los sucesivos gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa.
En términos causales, el estallido puso de manifiesto la confluencia de factores estructurales y coyunturales. Entre los primeros destacan la persistencia de altos niveles de desigualdad, la fragilidad del empleo y de las protecciones sociales, la dependencia de un modelo primario-exportador que limita los márgenes de redistribución sostenible, y una desconfianza creciente hacia las élites políticas tras el desgaste de la hegemonía correísta. Entre los segundos, resultó determinante el giro de Moreno hacia una agenda de austeridad que contradijo las expectativas creadas por su elección, así como la forma unilateral y tecnocrática con que se adoptó el ajuste. Esta combinación erosionó aún más los canales de intermediación y reforzó la percepción de que las decisiones de alto impacto distributivo se tomaban por fuera de la deliberación democrática. En este sentido, el estallido no inaugura la crisis, sino que la visibiliza y la acelera.
El impacto más relevante del ciclo abierto en 2019 se observa menos en el plano programático –donde las transformaciones estructurales han sido limitadas– y más en el plano procedimental, simbólico y de correlación de fuerzas. Desde el punto de vista procedimental, la protesta social se consolidó como mecanismo legítimo de intervención política frente a decisiones percibidas como ilegítimas o desconectadas de las demandas sociales. La movilización dejó de ser un recurso excepcional para convertirse en una herramienta recurrente de veto extrainstitucional.
Esta dinámica se profundizó durante la presidencia de Guillermo Lasso. En 2021, la CONAIE sostuvo inicialmente reuniones con el nuevo gobierno; sin embargo, la continuidad de la agenda oficial desencadenó nuevas protestas ese mismo año, intensificadas a partir de junio de 2022 con el denominado “Levantamiento Popular Plurinacional”. Nuevamente encabezada por la CONAIE, la movilización retomó y amplió la agenda de demandas, incorporando cuestiones como la deuda campesina, el precio de los combustibles, el modelo extractivo y la expansión minera en territorios indígenas.
El desenlace reprodujo el patrón de 2019: concesiones parciales, instalación de mesas técnicas y promesas de revisión de políticas sin un rediseño profundo del modelo de desarrollo. En consecuencia, se configuró una “resiliencia conservadora” del sistema político: la estructura fundamental se mantuvo, mientras el costo de gobernar aumentó y la legitimidad se erosionó.
En el plano de los actores, el movimiento indígena emergió reforzado como protagonista central del sistema político ecuatoriano, con capacidad de veto sistémico y creciente proyección institucional. Esta presencia se manifestó tanto en la política contenciosa como en la competencia electoral, ámbito en el que el movimiento ha participado de manera sostenida a través del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), su brazo político-electoral activo desde 1996. Aunque su relevancia electoral se había reducido con el paso de los años, tras el estallido de 2019 el movimiento obtuvo en 2021 los mejores resultados de su historia, alcanzando 27 escaños parlamentarios.
Este ciclo de movilización revitalizó sus estructuras organizativas y proyectó liderazgos como los de Leonidas Iza y Jaime Vargas, expresándose también en el terreno electoral a través de figuras como Yaku Pérez, quien fue el tercer candidato presidencial más votado. El aumento sostenido de su votación y la obtención de una bancada significativa en la Asamblea Nacional tras los sucesos de 2019 ilustran la capacidad del movimiento para articular, aunque no sin tensiones y disputas internas, la dimensión calle-urna. Este reposicionamiento convirtió a la CONAIE y a los sectores aliados en un contrapeso relevante frente a dinámicas percibidas como desdemocratizadoras, sin que ello se traduzca, sin embargo, en una hegemonía alternativa capaz de reconfigurar integralmente el modelo.
El impacto institucional del estallido se manifestó también en la forma en que se gestionan los conflictos y los bloqueos interinstitucionales. La creciente dependencia del aparato coercitivo para asegurar una gobernabilidad mínima durante y después de 2019 sentó un precedente para la securitización de la política. La declaración recurrente de estados de excepción se normalizó como herramienta de gestión, al tiempo que la protesta comenzó a ser tratada crecientemente como problema de orden público. Esta tendencia se profundizó en los años siguientes, en la medida en que la agenda de seguridad se impuso sobre la agenda social. La presidencia de Lasso constituyó un momento clave en esta deriva: enfrentado a una Asamblea fragmentada y hostil, el Ejecutivo recurrió en 2023 a la “muerte cruzada”, un mecanismo constitucional pensado como recurso excepcional, para sortear un juicio político y reconfigurar el tablero electoral mediante elecciones anticipadas. Su utilización, aunque formalmente legítima, reveló la fragilidad del equilibrio institucional y la tendencia a resolver los bloqueos mediante instrumentos extraordinarios en lugar de fortalecer la negociación democrática ordinaria.
El proceso electoral abierto por la muerte cruzada se desarrolló en un contexto de deterioro acelerado de la seguridad, marcado por el crecimiento del crimen organizado, el control territorial de bandas vinculadas al narcotráfico y un incremento drástico de las tasas de homicidio. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio y la violencia asociada al narcotráfico condicionaron fuertemente la campaña y consolidaron la centralidad del clivaje orden-seguridad. La llegada de Daniel Noboa a la presidencia, inicialmente para completar el mandato hasta 2025 y luego revalidada mediante su reelección, simbolizó el desplazamiento del eje estructurante de la competencia política: desde una polarización centrada en disputas distributivas y en el legado del correísmo hacia una polarización organizada en torno a seguridad y “mano dura”. La declaración de un “conflicto armado interno” en 2024 y la calificación de diversas organizaciones criminales como grupos terroristas consolidaron la militarización de la seguridad pública y reordenaron las prioridades estatales, al tiempo que reforzaron la lógica de excepcionalidad como marco de gobierno.
En paralelo, el sistema de partidos atraviesa un proceso de descomposición y reconfiguración que tiene su origen en la ruptura entre Moreno y Correa y en la consecuente implosión de Alianza PAÍS. El vacío dejado por el antiguo partido dominante, en lugar de dar paso a una nueva estructuración programática, alimenta un escenario de alta volatilidad y fragmentación que, hacia mediados de la década de 2020, tiende a recomponerse en torno a dos polos personalistas: el correísmo, articulado en torno a la Revolución Ciudadana y a la figura de Rafael Correa, y el anticorreísmo encarnado en el liderazgo de Noboa y su movimiento Acción Democrática Nacional. Ambos bloques concentran la mayoría de escaños en la Asamblea y reducen el margen de maniobra de fuerzas intermedias, consolidando una polarización más centrada en liderazgos y afectos que en programas coherentes. La reelección de Noboa, sustentada en una narrativa de firmeza frente al crimen organizado, confirma la eficacia electoral de la agenda de seguridad, pero no resuelve el problema de las mayorías legislativas ni la fragilidad del diseño institucional.
En este contexto, la gobernabilidad se vuelve crecientemente reactiva. La ausencia de coaliciones estables obliga al Ejecutivo a recurrir con frecuencia a proyectos de urgencia económica, vetos presidenciales y, nuevamente, a estados de excepción, mientras la Corte Constitucional gana centralidad como árbitro y contrapeso frente a los abusos o excesos de estas herramientas. La democracia ecuatoriana opera, así, bajo una lógica de supervivencia, más orientada a gestionar crisis encadenadas que a profundizar la participación o la representación. La experiencia de 2019 y sus secuelas muestran un sistema capaz de resistir la presión sin colapsar, pero también sin reconstituir un pacto social legítimo y duradero.
A seis años del estallido, el balance sugiere que el impacto del ciclo inaugurado en octubre de 2019 ha sido más simbólico y procedimental que programático. Las causas estructurales que dieron origen a la crisis –desigualdad, precariedad laboral, dependencia extractiva, desconfianza en las élites– permanecen en buena medida intactas, ahora entrelazadas con una grave crisis de seguridad y una emergencia energética que tensionan aún más las capacidades del Estado. La agenda social sigue latente, pero a menudo eclipsada por la urgencia de la de seguridad, mientras la movilización se mantiene como recurso disponible y el uso de instrumentos extraordinarios se normaliza como forma de gobierno. El resultado es una democracia caracterizada por la coexistencia de alta capacidad de movilización social, baja capacidad de reforma estructural e instituciones resilientes, pero erosionadas en su legitimidad. Más que cerrar un ciclo de conflictividad, el estallido de 2019 parece haber inaugurado una fase prolongada de reconfiguración conflictiva del sistema político ecuatoriano, en la que la estabilización del régimen y la reconstrucción de un pacto social inclusivo siguen siendo tareas abiertas.
Cecilia Graciela Rodríguez Balmaceda / Víctor Tricot Salomón
Antes del estallido social, la legitimidad del Estado en Colombia se deterioró debido a la desconexión entre el discurso oficial y la realidad de los territorios. A finales de agosto de 2019, el gobierno de Iván Duque anunció el bombardeo de un campamento de disidencias de las FARC en Caquetá donde murió Rogelio Bolívar Córdova, alias Gildardo Cucho, junto a 13 de sus integrantes. Poco después, se reveló que en el ataque murieron al menos siete menores reclutados forzosamente, hecho que el gobierno ocultó. Esta denuncia, presentada en el Congreso por el senador Roy Barreras, provocó la dimisión del ministro de Defensa, Guillermo Botero, el 6 de noviembre.
El escándalo fue uno de los detonantes de una ola de indignación que se sumó al clima de descontento social ya existente. El Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 ocurrió bajo un gobierno con popularidad en caída libre, donde miles de ciudadanos rechazaron lo que la opinión pública denominó como un “paquetazo” de reformas laboral, pensional y tributaria. A estas demandas se sumaron causas estructurales como la lucha contra la corrupción, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y el cese de asesinatos de líderes sociales. El ciclo de acción colectiva, extendido hasta febrero de 2020, dejó un saldo de decenas de muertos y cientos de heridos y detenidos, siendo el asesinato de Dilan Cruz por el ESMAD el caso más simbólico de violencia estatal.
En marzo de 2020, las medidas de confinamiento por la pandemia de COVID-19 pusieron las movilizaciones en espera, pero estas se reactivaron con mayor intensidad en 2021. El desencadenante fue el proyecto de reforma tributaria de Duque, el cual buscaba aumentar la base gravable y reducir beneficios fiscales para las clases medias; la iniciativa fue finalmente retirada, provocando la renuncia del ministro de Hacienda. Las protestas se prolongaron hasta julio, sumando el rechazo a la gestión de la pandemia y a reformas en salud y pensiones. La respuesta estatal fue desproporcionada: setenta y cinco personas asesinadas, cuarenta y cuatro de ellas por la fuerza pública, además de miles de heridos y desaparecidos. Esto llevó a organismos como Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y Estados Unidos a alertar sobre el uso excesivo de la fuerza policial.
La oleada de manifestaciones de 2019 y 2021 hizo patente la ruptura con la élite política tradicional y la urgencia de atender desigualdades históricas; este proceso culminó en 2022 con la victoria de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país. Su presidencia, sustentada por la coalición del Pacto Histórico, prometió canalizar el hartazgo social mediante reformas estructurales. Este artículo analiza la materialización de estas reivindicaciones en la gestión estatal, examina la reconfiguración institucional y las tensiones sociales derivadas del cambio de poder, evalúa la implementación de la estrategia de la Paz Total y concluye analizando las contradicciones surgidas seis años después de la irrupción de las protestas.
El gobierno de Gustavo Petro inició su mandato con una ambiciosa agenda para transformar las demandas sociales en políticas de Estado. A enero de 2026, el balance de su gestión es desigual. En el plano político, rompió el monopolio histórico de las élites tradicionales y amplió la representación de sectores excluidos. Sin embargo, su gobernabilidad se ha visto afectada por la pérdida de mayorías en el Congreso y divisiones en su coalición, lo que hundió iniciativas como la reforma política y la de la justicia. A este complejo panorama se sumaron sucesivos escándalos de corrupción en su círculo cercano y en entidades clave, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, los cuales han desgastado la confianza ciudadana.
En materia económica, el cierre del último ejercicio destaca por un crecimiento del PIB del 3,2%, cifra que situó a Colombia como la cuarta economía de la OCDE con mejor desempeño según The Economist. Este dinamismo permitió que el desempleo descendiera hasta el 7% y se lograra estabilizar tanto la inflación como el tipo de cambio. No obstante, el déficit público escaló hasta rozar el 8% del PIB, impulsado por un gasto elevado y un recaudo tributario que no alcanzó las metas proyectadas. El panorama se completa con la incertidumbre derivada de la suspensión de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y las constantes tensiones con la autonomía del Banco de la República.
En el plano social, la pobreza monetaria se redujo al 33%, su nivel más bajo en trece años, tendencia que coincidió con una leve reducción de la desigualdad. La reforma agraria alcanzó la entrega de 450.000 hectáreas de tierra y el salario mínimo aumentó un 23,2% para 2026. A esto se sumó la aprobación de la reforma pensional, que amplió la cobertura a sectores excluidos, y la reforma laboral. Esta última, aprobada tras el rechazo de un proyecto previo más ambicioso, fortaleció la protección de los trabajadores al mejorar la remuneración nocturna y dominical, además de extender garantías a aprendices y plataformas sin eliminar la flexibilidad del mercado. En contraste, el Congreso frenó las reformas educativas y de servicios públicos, mientras que la gestión sanitaria se agravó tras el hundimiento de la reforma a la salud y la intervención de varias aseguradoras ante la limitada capacidad operativa del Estado.
En materia de seguridad, el balance es objeto de controversia. Aunque el gobierno destaca récords en incautaciones de cocaína y una de las tasas de homicidios más bajas del siglo, la Fundación Ideas para la Paz señala que los homicidios aumentaron un 3,4%, alcanzando una tasa de 25,3 por cada 100.000 habitantes. Este deterioro coincide con un repunte en masacres, desplazamientos y un incremento del 118% en el secuestro extorsivo. Así, pese a los avances en prevención del reclutamiento, la estrategia de Paz Total enfrenta dificultades por el crecimiento de cultivos ilícitos y el fortalecimiento territorial de disidencias y el ELN durante los ceses al fuego.
Por último, en política exterior, Colombia ganó protagonismo internacional como sede de la COP-16 y al ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2026-2027. Este liderazgo se centró en la justicia climática y la transición energética, banderas que el gobierno acompañó con una postura activa en la denuncia del genocidio en Gaza, la ruptura de relaciones con Israel y el rechazo a intervenciones militares. No obstante, esta proyección ha convivido con una relación tensa y polémica con socios estratégicos, marcada por la posición ambivalente hacia Venezuela, los enfrentamientos directos con la administración de Donald Trump por la política antidrogas –con el presidente Petro incluido en la denominada “Lista Clinton”– y desatinos como la protesta formal de Chile ante críticas del presidente colombiano a José Antonio Kast.
Este balance combina conquistas sociales y económicas con un bloqueo político-institucional que ha limitado el alcance de la transformación prometida. Aunque el gobierno canalizó demandas mediante las reformas pensional y laboral, chocó con la rigidez del sistema y una gobernanza presidencial que, al concentrar las decisiones, dificultó la búsqueda de consensos. Esta dificultad para negociar en las instituciones contrasta con una base de apoyo popular que se mantiene sólida: a 25 de enero de 2026, el presidente Petro registra una imagen positiva del 48,8%, cifra que supera los niveles con los que Santos o Duque cerraron sus mandatos. Sin embargo, ese respaldo ciudadano no ha impedido que el escenario se agrave por la pérdida de mayorías en el Congreso, los constantes conflictos en el gabinete –que provocaron la salida de ministros como Alfonso Prada, Alejandro Gaviria o Guillermo Reyes– y la ruptura con la Alianza Verde, factores que terminaron por minar la estabilidad de la coalición.
El estallido social transformó el sistema de partidos, permitiendo que la izquierda se consolidara como el nuevo eje electoral ante el debilitamiento de las fuerzas tradicionales. Por un lado, el centro político colapsó, lastrado por el desgaste de figuras como Sergio Fajardo, el balance de las dos últimas alcaldías de Bogotá y sus alianzas con sectores conservadores que desdibujaron su identidad. Por otro lado, la derecha atraviesa una profunda fractura interna: el Centro Democrático sufrió una intensa pugna que finalmente se decantó por la nominación de Paloma Valencia, mientras proliferan candidaturas dispersas como las de Vicky Dávila, David Luna o Mauricio Cárdenas. Pese al liderazgo emergente de Abelardo de la Espriella, la oposición permanece desarticulada frente a la cohesión relativa del oficialismo. Sin embargo, este éxito en las urnas no ha garantizado la gobernabilidad; la administración de Petro ha chocado con un sistema de pesos y contrapesos que otorga un enorme poder de veto al Congreso, el Poder Judicial y los órganos de control, obligando al gobierno a pactar constantemente con sectores tradicionales.
El tejido social que sostuvo el Paro Nacional experimentó un proceso de institucionalización y repliegue. Muchos liderazgos juveniles y activistas se incorporaron a la estructura del Estado, canalizando su energía desde la acción directa hacia el ejercicio del poder público, como ocurrió con Susana Boreal, representante a la Cámara, y Juan Carlos Florián, exministro de Igualdad y Equidad. Si bien esto supuso una victoria en términos de representación, la dificultad de ejercer una crítica frontal contra un gobierno de signo afín terminó por desarticular la capacidad de presión de las bases. No obstante, el espacio de la acción colectiva no quedó vacante. Se ha producido una apropiación del repertorio de la protesta por parte de sectores de oposición, quienes ahora recurren a las calles para impugnar las reformas. Así, la movilización ciudadana se ha consolidado como un mecanismo de presión política transversal, utilizado tanto para impulsar el cambio como para defender el statu quo.
Ante el agotamiento de la vía legislativa y el cerco de los organismos de control, el Pacto Histórico ha reactivado la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta salida, descartada en la campaña de 2022, resurge hoy como el último recurso para desarticular el diseño institucional de 1991 y materializar las reformas estancadas. Sin embargo, esta apuesta conlleva el riesgo de una polarización extrema y la incertidumbre de un resultado adverso, lo que remite a la reciente experiencia fallida en Chile.
Bajo este escenario de reformas truncadas, la figura de Iván Cepeda se perfila como la opción más viable para la sucesión del proyecto progresista. Su candidatura se apoya en un talante conciliador y en su peso histórico como contraparte en los procesos judiciales contra Álvaro Uribe; no obstante, su identidad ideológica, vinculada al Polo Democrático y al legado de su padre en la Unión Patriótica, supone una barrera para atraer al electorado moderado. En un panorama donde el oficialismo no enfrenta una fragmentación real –dada la escasa viabilidad de figuras como Roy Barreras–, las posibilidades de Cepeda no dependerán de la unidad de sus bases, sino de su capacidad para movilizar a una ciudadanía que, ante el deterioro del orden público y la ausencia del carisma de Petro, podría mostrarse indiferente frente a un liderazgo menos magnético.
La Paz Total, eje de la política gubernamental para el fin del conflicto mediante la negociación con guerrillas y el sometimiento de bandas criminales, ha naufragado ante la mutación de grupos que operan bajo lógicas de lucro ilícito sin voluntad de diálogo. A diferencia de procesos anteriores con mandos unificados, el escenario actual se define por una atomización de estructuras que han instrumentalizado los ceses al fuego para fortalecer su control territorial. Este desgaste ha forzado un viraje pragmático en el Ejecutivo: del optimismo de la desescalada al restablecimiento de operaciones militares de alta intensidad en enclaves como el Cauca y el Catatumbo.
Esta crisis de seguridad no es solo una percepción; se materializa en la continuidad del asesinato de líderes sociales y el impacto traumático del magnicidio del candidato opositor Miguel Uribe Turbay. A este panorama se suma la tensión internacional por la producción de cocaína, que habría alcanzado un máximo histórico de 3.001 toneladas según datos en reserva de la UNODC. Aunque el Gobierno intenta desplazar el foco hacia el récord de incautaciones –2.800 toneladas en lo que va del mandato–, la presión externa forzó un giro drástico en la cartera de Defensa: el nombramiento del General Pedro Arnulfo Sánchez como ministro, buscando recuperar la autoridad estatal mediante un perfil de “mano dura”.
El estancamiento de la política de paz refleja una brecha estructural entre el diseño institucional y las condiciones concretas de los territorios. Factores como la ausencia de agendas cerradas, el vacío de poder dejado por las FARC y la persistencia de “saboteadores” en ambos flancos del conflicto, han convertido la paz en un proceso dilatado y sin resultados tangibles. Además, el liderazgo carismático de Gustavo Petro, volcado hacia la construcción de grandes relatos colectivos y la movilización de masas, ha demostrado ser un obstáculo para la gestión técnica que exigen los conflictos específicos. La historia colombiana sugiere que los avances más sólidos han provenido de liderazgos menos ideologizados y con un perfil más técnico y sosegado –como los de Virgilio Barco, César Gaviria o Juan Manuel Santos–, capaces de priorizar la gestión discreta y la resolución de problemas sobre el fervor retórico.
La eventual apuesta por Iván Cepeda sugiere un tránsito hacia un cauce institucional, priorizando la resolución de conflictos sobre la retórica de grupo. Sin embargo, este giro hacia un perfil más mesurado encierra un riesgo electoral: la experiencia latinoamericana –Rousseff, Moreno o Arce– demuestra que el capital personalista es casi intransferible. Localmente, el precedente de Juan Manuel Santos sirve de advertencia: pese a heredar una bonanza política y lograr la paz de 2016, su popularidad se erosionó al carecer del carisma de su mentor, Álvaro Uribe. Sin la capacidad movilizadora de Petro, el progresismo podría ganar solvencia administrativa, pero perder el fervor popular. Esto allanaría el camino a una oposición que, ante el desgaste del gobierno, busca capitalizar el descontento en un mercado donde la confrontación suele rentar más que la gestión.
El ciclo político de 2019 y 2021 parece cerrarse con una ironía que pone a prueba la integridad ética del cambio. En el último trimestre de 2025, el gobierno de Gustavo Petro se ha visto sacudido por ofensivas contra las disidencias de Iván Mordisco que contradicen su discurso de protección a la infancia. Según Medicina Legal, al menos doce menores murieron en bombardeos recientes: cuatro en Caquetá el 1 de octubre, siete en Guaviare el 11 de noviembre y uno en Arauca el 13 de noviembre. Estas muertes provocaron la condena de la ONU y abrieron una grieta en el oficialismo; incluso Iván Cepeda condenó estas prácticas. Todo ello constata la dificultad de transformar la inercia bélica de un Estado que persiste en los bombardeos bajo un gobierno que llegó al poder denunciándolos.
Este suceso actúa como un espejo del bombardeo de Caquetá que, hace seis años, catapultó la indignación ciudadana contra el gobierno de Duque. Sin embargo, el contexto actual es distinto. Las protestas sociales lograron su objetivo primordial: desplazar a las élites tradicionales y situar las demandas populares en el centro de la agenda. Se han conseguido avances en lo laboral y pensional, junto a la democratización del acceso a la tierra. No obstante, estos logros conviven con el bloqueo de reformas clave, como la de salud, en un Congreso que ha paralizado la agenda de cambio. La resistencia institucional, sumada a la persistencia de la violencia estatal y la degradación del orden público, sugieren que la victoria electoral no puso fin al conflicto social, sino que trasladó la disputa a un escenario institucional con ritmos de ejecución mucho más lentos de lo esperado.
El balance de lo ocurrido presenta un escenario de tensiones no resueltas, pero con cambios que ya están asentados. Colombia ha mostrado una capacidad inédita para canalizar el descontento a través de los cauces institucionales, evitando una ruptura del orden social. Sin embargo, el camino en 2026 se presenta incierto: el desafío del progresismo ya no es movilizar la indignación, sino demostrar que puede gobernar un sistema diseñado para resistir grandes transformaciones sociales. Este periodo ha consolidado una nueva correlación de fuerzas donde las élites tradicionales, por primera vez, deben negociar con sectores históricamente excluidos que hoy ocupan espacios de decisión.
Al final, el legado de este ciclo se define por una contradicción trágica: la llegada a las instituciones permitió avances reales en representación y justicia social, pero la persistencia de los bombardeos con víctimas menores de edad expone la contradicción más profunda de un gobierno de izquierda liderado por un exguerrillero. Más que un cierre definitivo, lo que se observa es una transición inacabada donde los logros en derechos y tierras chocan con la inercia de un Estado que, incluso bajo un nuevo mando, parece incapaz de tramitar sus conflictos sin recurrir a la lógica de la guerra.
José Manuel Rivas Otero
Desde hace ya una década, el Perú ha experimentado una crónica inestabilidad política, caracterizada por la persistencia del obstruccionismo del Congreso, la permanencia de la corrupción y las presiones propias del espectro fujimorista. Prueba de ello, es el hecho de contar con siete presidentes entre el 2016 y el 2025, de los cuales solamente dos llegaron al poder directamente a través de las urnas. Las crisis políticas se han desbordado de las instituciones para llegar a las calles de forma cíclica, sobre todo desde el año 2019, extendiéndose hasta el día de hoy. Si bien los diversos ciclos de protesta han involucrado distintos actores y agravios, todos se caracterizan por la polarización ideológica y el rechazo a la marcha política del país, así como una reacción desmedida por parte de los diferentes gobiernos frente a ciertos grupos de manifestantes.
En los párrafos que siguen vamos a abordar tres cuestiones principales, para comprender mejor las dinámicas y las dimensiones de las movilizaciones políticas que se han generado en el Perú en recientes años. En primer lugar, cabe detallar los diferentes ciclos de protesta, identificando los principales actores y agravios, así como las crisis políticas que los generaron. Después, se avanzan algunas claves interpretativas para analizar la presencia reiterada de las manifestaciones en el Perú desde el 2019. Finalmente, se ofrece una perspectiva crítica sobre las posibilidades de cambio, con miras a las elecciones generales del 2026.
El primer ciclo de protesta al que nos referimos se produjo en el 2019-2020, y corresponde al mandato del presidente Martín Vizcarra, quien fue nombrado después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczyinski, frente a acusaciones de corrupción. Vizcarra estableció el propósito de implementar una serie de reformas constitucionales y combatir la corrupción, pero se encontró con el obstruccionismo del congreso, sobre todo desde la bancada fujimorista. Con todo, los niveles de aprobación durante gran parte de su mandato siguieron altos (rodeando el 80%) y se produjeron protestas por parte de diversos grupos sociales (universitarios, grupos feministas y sindicatos) a favor de sus propuestas, incluyendo su decisión de disolver el congreso y convocar elecciones legislativas. Dichos grupos también se manifestaron para rechazar la declaración de una presidenta interina por parte de los congresistas. En este contexto, se dio otra ola de protestas cuando Vizcarra fue destituido con éxito por “incapacidad moral” por el nuevo congreso en noviembre de 2020, esto debido a acusaciones de corrupción ocurridas durante su administración como gobernador de Moquegua. La decisión fue muy polémica y provocó otra serie de protestas por quienes apoyaban a Vizcarra, cuya destitución calificaron como “golpista”. El saldo de la represión por parte de la policía fue el asesinato de dos manifestantes y la renuncia precipitada de Manuel Merino, el nuevo presidente, después de tan solo cinco días.
A partir del 2021, se abrió un nuevo ciclo de protesta en torno a la elección del presidente Héctor Castillo, quien había sido maestro y líder sindical. Keiko Fujimori acusó al candidato de fraude y aseguró que era miembro de Sendero Luminoso; con ello lo descalificó tanto por corrupto como por terrorista. Para defenderlo, integrantes de las rondas campesinas viajaron desde el interior del país hasta Lima, donde se encontraron con grupos fujimoristas, anticomunistas, y un movimiento de ultraderecha de reciente creación: “La Resistencia Dios, Patria y Familia”. Algunos encuentros entre los manifestantes se dieron con violencia y se produjo un panorama generalizado de racismo entre los “indígenas campesinos” y los “blancos urbanos”. Se produjeron protestas diarias en Lima y se gestionaron varios intentos (inclusive por parte de generales del ejército) por anular los resultados de las elecciones, de manera que la situación ha sido comparada con el 6 de enero del 2021 de los Estados Unidos. Los observadores de la OEA concluyeron que el proceso electoral se desarrolló conforme a los estándares establecidos –en contraste con sus observaciones sobre las elecciones bolivianas de 2019 (véase el capítulo sobre Bolivia)–, lo que permitió que Castillo asumiera la presidencia.
A pesar de lo anterior, las protestas siguieron a lo largo del 2021 para expresar el continuo rechazo a la presidencia del Castillo por parte de la derecha. Frente a sus intentos por impulsar un paquete de reformas de corte progresista, Castillo se encontró de nuevo con el obstruccionismo del Congreso y varios intentos de destitución por corrupción. En una maniobra que da ecos del 1992, el presidente buscó cerrar el Congreso y decretar un estado de emergencia. El intento fue ampliamente criticado por las instituciones, una parte importante de la sociedad civil y las fuerzas armadas, y como resultado el Congreso lo destituyó. Varios manifestantes obstaculizaron la llegada de Castillo a la embajada de México donde buscaba el asilo político y como consecuencia fue detenido. Este hecho provocó toda una ola de manifestaciones de rechazo a lo largo del país por diversos grupos incluyendo las rondas campesinas y los sindicatos educativos.
Las protestas a favor de Castillo se agudizaron cuando Dina Boluarte asumió la presidencia en el 2022, sobre todo en las zonas rurales del país. El gobierno respondió con el estado de emergencia y violencia, dejando un saldo de sesenta muertos (asesinatos extrajudiciales), trescientos ochenta detenidos, dos masacres (en Ayacucho y Juliaca), y el uso de la tortura. Las protestas carecían de una figura central organizativa, más bien fueron organizaciones y grupos de base de la izquierda e integrantes de las rondas campesinas y las comunidades indígenas. En cualquier caso, los sectores que apoyaron al gobierno, incluyendo los medios de comunicación y la derecha –particularmente el movimiento la Resistencia Dios, Patria y la Familia– acusaron a los manifestantes de ser “terroristas”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones tanto internacionales como nacionales adoptaron una postura muy crítica respecto a la reacción por parte del gobierno, así como de la decisión de mayo del 2023 de la Corte Suprema para declarar que protestar no era un derecho protegido por la constitución, con la finalidad de poner fin al largo y complejo ciclo de protestas.
Si bien durante todo el período se han dado protestas importantes y frecuentes respecto a la minería, el precio de los combustibles y otros temas de forma recurrente, el siguiente ciclo de protestas respecto a la política nacional se dio hasta septiembre del 2025 pero continuó hasta bien entrada el año 2026. En un principio, las protestas se dirigieron contra la presidenta Boluarte, a quien diversos sectores políticos y sociales acusaron de actos de corrupción, y sirvieron para articular una preocupación generalizada por la violencia vinculada al crimen organizado, así como por las altas tasas de desempleo. Siguiendo la suerte de sus antecesores en la presidencia del país, el Congreso la destituyó y en octubre la remplazó José Jerí como presidente. Jerí se abanderó de la reconciliación nacional y la guerra contra el crimen, pero fue recibido con otra ola de protestas masivas debido a acusaciones en su contra por agresiones sexuales y corrupción. La policía hizo frente a las protestas con violencia –el saldo fue un joven rapero asesinado, veinticuatro manifestantes heridos y ochenta y nueve policías lesionados. Como había pasado anteriormente, a los manifestantes los tildaron de terroristas, pero, figuras públicas incluyendo el Cardenal Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio (arzobispo de Lima) defendió a los jóvenes manifestantes públicamente. Dichas protestas se enmarcan en el ciclo de protesta global de la Generación Z (también en países como Marruecos y Nepal), con el activismo en internet –incluyendo hackeos estratégicos– como herramienta clave.
¿Cómo explicar entonces la permanencia de la crisis institucional y los diversos ciclos de protesta en Perú? Diversas claves interpretativas se imponen, entre ellas las siguientes:
El agotamiento del sistema político. El agravio principal de las protestas sociales suscitadas en la última década en Perú se encuentra en las crisis políticas que se han generado de forma reiterada entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. En ocasiones, aproximándose a un sistema parlamentarizado, el congreso ha operado en gran medida como “veto player”, con actores clave incluyendo la bancada Fujimorista, y diversos dispositivos institucionales como el voto de confianza y el poder de destitución. Los bloqueos, las controversias y las destituciones de un presidente tras otro han generado gran polémica y han intensificado la polarización preexistente en la sociedad peruana.
El personalismo y la corrupción. Junto a lo anterior, los escándalos de corrupción que han azotado a la presidencia y otros actores políticos en el Perú, han restado mucha credibilidad a la institución. La mayoría de los presidentes desde 1990 han sido investigados y/o encontrados culpables por delitos relacionados con la corrupción. Inclusive los presidentes que declararon una suerte de guerra contra la corrupción –como Vizcarra, Castillo, Boluarte y Jerí– se encontraron inmiscuidos en sus propios escándalos. Aunado al obstruccionismo del Congreso, el personalismo en el poder ha contribuido a la tormenta perfecta en el sistema político peruano, y con ello la erosión democrática.
Viejos actores de la protesta social. En el periodo abordado en este análisis, se consta que existen viejos actores que han jugado un papel importante en ciclos de protesta anteriores, incluyendo las rondas campesinas, las comunidades indígenas, los gremios educativos, los grupos feministas, y los universitarios. Son actores que han jugado un papel muy importante en distintos momentos de la historia política del país. No obstante, ningún liderazgo claro ha emergido en los distintos ciclos de protesta, con los actores emergiendo como movimientos de base, en algunos casos con vínculos a figuras de la política institucional.
Nuevos actores de la protesta. De la misma manera, se ha visto la clara emergencia de dos actores nuevos de la protesta social que encuentran eco en dinámicas internacionales. Por un lado, están los grupos de la ultraderecha, incluyendo La Resistencia Dios, Patria y Familia, que resuenan con grupos neoconservadores en los Estados Unidos, Brasil, Colombia, y otros. Por otro lado, se encuentra la reciente emergencia de la “Generación Z” en Perú, que se caracteriza por un rechazo a la corrupción, una fuerte preocupación por el futuro laboral de los jóvenes y la instrumentalización del activismo digital. A finales del 2025 se produjeron una serie de protestas bajo la etiqueta de “Generación Z” en diversos países de África, Asia, Europa y América Latina, y la experiencia de Perú ha sido un ejemplo clave a nivel global.
La descalificación discursiva y la represión de la protesta. Una última clave para comprender la naturaleza y las dimensiones de la protesta social en recientes años en Perú se refiere a la respuesta por parte del gobierno y otros actores poderosos, tanto en el plano simbólico como en el plano físico. En ese sentido, cabe destacar la instrumentalización política –y cínica– del dispositivo del “terruqueo”, es decir, acusar a los manifestantes de ser terroristas para descalificar y criminalizarlos. Si bien ya han pasado tres décadas desde el declive de Sendero Luminoso, este sigue siendo una figura clave en el juego político peruano a nivel discursivo. Respecto a la violencia física, es lamentable constatar el uso reiterado de la violencia física y el despliegue del estado de emergencia en un intento para acabar con las manifestaciones, que ha llevado a asesinatos extrajudiciales e inclusive masacres.
A primera vista, el obstruccionismo del Congreso y el personalismo presidencial que han dominado –y desestabilizado– el escenario político del Perú durante una década, parecerían no tener fin. Además, se presentan nuevos agravios, incluyendo la violencia relacionada con el auge del crimen organizado y las acusaciones de agresiones sexuales en contra del presidente José Jerí. Dicha coyuntura, como ya se ha señalado, ha generado una ola de protestas en el país, que iniciaron en septiembre del 2025 (acabando con la destitución de la presidenta Boluarte) y que se han extendido hasta bien entrado el año 2026 (desembocando en la destitución del Presidente Jerí en febrero).
En abril de 2026, se van a celebrar las elecciones generales para el poder ejecutivo y el poder legislativo. La ONPE ha confirmado la presencia de más de cuarenta partidos políticos en la lista, lo que significa que la fragmentación partidista en el país podría llegar a un punto crítico, a no ser que se produzcan coaliciones significativas. Se ha profundizado el escenario complejo de desafección política y desarticulación de los lazos ideológicos entre los partidos y los votantes, que tiene sus raíces en la década de los noventa y la emergencia de los “vehículos electorales”.
A pesar de este contexto, se percibe un interesante cambio institucional en el horizonte. En el 2024, se aprobó una reforma constitucional, con dos cambios particularmente significativos que se implementarán en la práctica después de las elecciones del 2026, a saber:
Tanto el unicameralismo y el voto de confianza por investidura llegaron con la constitución del 1993 (tras el autogolpe de Fujimori) y son dos instituciones que –sobre todo en los últimos diez años– han fortalecido la posición del poder legislativo, facilitando el obstruccionismo frente al poder ejecutivo e inclusive la destitución de varios presidentes. Por lo tanto, existe una posibilidad de que, con el tiempo, el diseño institucional del congreso –que tanto ha contribuido a la inestabilidad política en el país– se vuelva menos problemático. No obstante, todo dependerá de los actores tanto individuales como colectivos y su compromiso con la democracia, los derechos humanos, y el bien común. De momento, parece que el Perú sigue lejos de la reconciliación nacional y de encauzar los diversos ciclos de protesta que han brotado en cada coyuntura de crisis hacia un propósito democratizante y transformador.
Claire Wright
El golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales y el proyecto encabezado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), representó el inicio de la crisis general de los denominados “nuevos constitucionalismos latinoamericanos”. Las raíces de este proyecto se remontan a principios de la década de los ochenta, cuando profundas discusiones en el seno de los movimientos étnicos crearon diversas propuestas de modelos políticos, como una nueva forma de Estado (Plurinacionalidad), los derechos a la autodeterminación (autonomías regionales) y el reconocimiento a los Derechos de la Naturaleza. Estos tres ámbitos, contribuyeron a un ascenso de los movimientos y gobiernos progresistas en América Latina, donde Bolivia logró articularlos durante la experiencia del MAS. Como afirma el historiador Ian Kershaw: “ya no se puede disociar lo que sucede en el extranjero de la vida cotidiana en el propio país”.
Desde nuestra óptica, el reflujo del movimiento boliviano, se enmarca en un contexto general regresivo de la “oleada progresista”. Sin embargo, este caso tiene diversas especificidades, pero dos de ellas nos parecen fundamentales: la ideología indianista y el rol de los movimientos sociales. Como han planteado diversos autores, los principios del Indianismo se encuentran publicados en el libro de Fausto Reinaga La revolución india de 1969. Ticona plantea tres etapas históricas para comprender este pensamiento: la etapa “anti oligárquico y nacionalista (1949-1964)”; la fase de madurez de su pensamiento con “la creación del indianismo (1964-1980)” y la última, denominada “amáutica (1980-1991)”.
Esta ideología se comprende a partir de la misma historia republicana boliviana del siglo xx, sus élites deseaban la desaparición de los indígenas a través del integracionismo cultural, usando el mestizaje como reconocimiento identitario, pero recreando las jerarquías al interior del país. En ese ámbito, el indianismo, como una corriente de pensamiento autónoma, unida al sistema social del Ayllu, terminó por transformarse en el centro del proyecto de reivindicación indígena boliviano. La corriente indianista aportó elementos fundamentales en los ámbitos políticos e ideológicos para las futuras luchas en Bolivia.
Durante los años que gobernó el MAS, la población boliviana experimentó la “modernización” y la “distribución” de la riqueza. La primera fue entendida como la nacionalización de los recursos naturales, y la segunda como reformas económicas para la distribución de la riqueza. En los ámbitos políticos, el liderazgo de Morales actuaba como un articulador entre las diversas organizaciones que componían la alianza de la arquitectura del Estado Plurinacional. Sin embargo, las dificultades en la creación de nuevos liderazgos y la perpetuación de Morales como uno de los principales líderes, abrieron una fisura en el bloque gobernante, las que contribuyeron a crear una crisis mucho más profunda que concluyó en un estallido social restaurador con características conservadoras y opositoras a los derechos indígenas alcanzados.
Evo Morales y Álvaro García Linera abandonaron el país en noviembre de 2019. Fue el corolario de una crisis que comenzó luego del referéndum del 21 de febrero de 2016, donde la victoria del “No” a otra candidatura de Evo Morales coincidió con una recesión económica que afectó a la venta de hidrocarburos bolivianos. En paralelo, la decisión del gobierno de impulsar la explotación del Litio, con la colaboración de gobiernos extranjeros como China y Rusia, generó una crítica ante la pérdida de los recursos nacionales a manos de inversiones extranjeras, en un país donde el nacionalismo luego de la Guerra del Salitre (1879-1883) y del Chaco (1932-1935) es fundamental para comprender la cultura política. Estos nuevos acuerdos económicos, contribuyeron a nuevas confrontaciones entre el presidente Evo Morales y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo).
El cúmulo de problemáticas estalló en octubre del año 2019 con las primeras huelgas sectoriales. Según el gobierno, estas fueron acciones para desestabilizar al MAS y fundamentar la tesis de un “fraude” electoral, concepto que una semana antes de las elecciones comenzó a tomar mayor asidero en la opinión pública y se transformó en una alerta por un posible golpe de Estado en caso de victoria de Morales. Según La Razón –uno de los principales periódicos de Bolivia–, los primeros datos anunciaban un escenario de segunda vuelta: con el 83,85% de los votos escrutados, el MAS lograba un 45,71% de los sufragios, mientras que Comunidad Ciudadana (CC), con el ex presidente Carlos Mesa como candidato, obtenía el 37,84%.
Entre el 20 y el 22 de octubre se produjo el hecho que precipitó la desestabilización del país. A las 20 horas del día 20 ocurrió la detención de los votos de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), los que regresaron aproximadamente 22 horas después, dando como resultado el conteo del 95,63% de los votos, una victoria al Movimiento Al Socialismo por encima de los diez puntos (46,85% contra 36,74%). Con estos datos se anulaba una segunda vuelta, según la norma constitucional que prevé la victoria directa para quien supera el 40% con una diferencia de 10 puntos (Art. 166.I CPE). La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó sorpresa por el cambio de los datos y la explosión social generó una reacción en cadena, alcanzando grados extremos de violencia. El expresidente Carlos Mesa, desconoció los resultados electorales y solicitó una intervención internacional para esclarecerlos.
Ante la creciente ola de violencia, el gobierno invitó a representantes de la OEA como garantes del proceso electoral. Sin embargo, la sensación de fraude se instaló en la ciudadanía boliviana y la OEA exigió una segunda vuelta, lo que fue rechazado por el ministro de Justicia al sostener que sobrepasaba los marcos constitucionales. El 25 de octubre, Evo Morales fue nombrado ganador de las elecciones con el conteo del 99,99% y la oposición, articulada en la Coordinadora de Defensa de la Democracia, les dio un ultimátum al MAS: aceptar una segunda vuelta o nuevas elecciones.
Sin embargo, el desborde social se estaba desarrollando y, como en otros momentos históricos del país, comenzó con el cerco a La Paz (movilización que impide la salida y entrada a la ciudad por actores indígenas, usada en el siglo xviii por la sublevación de Tupac Katari y Bartolina Sisa) y se replicaron movimientos parecidos en ciudades como Santa Cruz, Cochabamba y Potosí. Ante esta disyuntiva, Morales movilizó sus redes internacionales, solicitó el reconocimiento a su victoria y logró el respaldo de noventa naciones, entre ellas China, México y los recién electos Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Argentina.
La oposición activó sus mecanismos de protestas, registrándose el 31 de octubre los primeros dos muertos en Montero (Santa Cruz), a raíz de los enfrentamientos entre la Unión Juvenil Cruceñista y los sectores pro-MAS. No obstante, fue luego de noviembre que inició un punto de inflexión para el gobierno de Evo Morales. El presidente del Comité Cívico Santa Cruz –una de las regiones con mayor bonanza económica en Bolivia y pilar de la oposición al gobierno del MAS–, Luis Fernando Camacho, exigió la renuncia de Morales de forma “inmediata” e invocó la intervención de las Fuerzas Armadas. Por su parte, los militantes del MAS comenzaron a experimentar humillaciones públicas y agresiones con un fuerte carácter racista, entre ellas las experimentadas por la alcaldesa de Vinto Patricia Arce y por el exviceministro Feliciano Vegamonte, eventos que dramáticamente volvieron a hacer emerger el concepto de las “dos Bolivias” como lo explica Reinaga en su memorable libro Revolución India. El resultado fue la indignación de la población indígena que comenzó a disputar las calles, derivando inevitablemente en el colapso de las fuerzas de seguridad entre los días 8 y 9 de noviembre del año 2019. Ante la violencia contra el mundo indígena, la policía tomó la decisión de no salir a detener las movilizaciones en seis regiones (Cochabamba, Trinidad, Santa Cruz, Oruro, Potosí y Sucre), mientras la oposición –aunque colaboraba a favor de los amotinados–, negaba a que se tratara de un golpe de Estado.
Un día después, la tensión hizo naufragar definitivamente el diálogo y comenzó un estallido social en el occidente del país. El comandante Williams Kalimán leyó un comunicado en el que “sugiere” a Evo Morales renunciar. También la Central Obrera Boliviana (COB), uno de los pilares del gobierno del MAS y clave en la historia de las movilizaciones bolivianas, pidió la renuncia al presidente, “para que el pueblo se pacifique”. Ante esa disyuntiva, hacia las 16 horas, comenzó una ola de renuncias de ministros, senadores y diputados que aceleraron la crisis del liderazgo de Evo Morales, quien desde su refugio político en el Chapare, tomó la decisión a las 16.52 de renunciar. Lo siguieron Álvaro García Linera y la ministra de salud Gabriela Montaño. México ofreció asilo político a Evo Morales, quien después de un viaje accidentado, llegó el 12 noviembre junto a otras veinte personalidades del gobierno.
Ese mismo día, la OEA publicó los resultados de la auditoría que revelaron graves manipulaciones informáticas, definiendo la victoria de Morales como estadísticamente improbable, dando inicio a una ola de arrestos de las cúpulas del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La oposición, encabezada por la vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez de Unidad Demócrata, en cuanto segunda vicepresidenta del Senado, asumió la conducción del Estado. Así, el 15 de noviembre, la oposición unida en los liderazgos de Áñez y Mesa, acordaron ir a nuevas elecciones sin la participación de Evo Morales.
Ante la posibilidad del incremento de las movilizaciones –como las que se desarrollaron durante el ciclo 2001 y 2003–, el 23 de noviembre la clase política boliviana optó por llegar a un acuerdo legislativo entre MAS, UD y PDC. En el comunicado llamaron a convocar a nuevas elecciones, oficializadas por una ley promulgada el 25 de noviembre, mediante la cual se declaró expresamente lo siguiente: “quien ya ha ocupado cargos electivos durante los dos mandatos constitucionales anteriores, no podrá volver a ser candidato”. De ese modo, legalmente quedaban excluidos de un próximo periodo dos de las figuras más reconocidas del Movimiento Al Socialismo: Evo Morales y Álvaro García Linera.
El 29 de noviembre, Áñez derogó el controvertido decreto 4078, que durante 14 días garantizó la impunidad a los militares comprometidos en el mantenimiento del orden. La CIDH presentó una investigación en que constató dos masacres ocurridas en Senkata y Sacaba, lo que generó una amplia movilización durante diciembre por parte de la sociedad civil y la adhesión a favor del MAS. El gobierno fue acusado de haber utilizado la misma estrategia militar vista en octubre de 2003, lo que pasó a la historia como la “Guerra del Gas”.
El 4 de diciembre, un grupo de más de cien expertos internacionales en economía y estadística (pertenecientes a instituciones como el Economic Policy Institute y varias universidades de EE.UU., México e India) publicó un documento que descartó la hipótesis de fraude del 20 de octubre, definiendo las declaraciones de la OEA como “engañosas” y denunciando que la sospecha de irregularidades haya sido usada como simple excusa para llevar a cabo el golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos. A pesar de ello, al día siguiente, la OEA reafirmó la tesis de la “manipulación dolosa” del conteo.
Por su parte, desde el exterior, Evo Morales llegó el 13 de diciembre a la República de Argentina junto a Álvaro García Linera y otras exautoridades. Su propósito era esperar las condiciones políticas para retornar a Bolivia a pesar de quedar excluidos de los nuevos comicios. Sin embargo, como uno de los liderazgos más reconocido del Movimiento Al Socialismo, Morales fue nombrado jefe de la campaña electoral y Buenos Aires se convirtió en el centro de operaciones de los dirigentes del MAS, quienes desde Argentina comenzaron a restablecer la unidad y definir la estrategia electoral para las nuevas elecciones como colectivo.
Desde el interior, la Fiscalía emitió una orden de captura contra Morales el 18 de diciembre, acusándolo de sedición y financiamiento al terrorismo. Luis Fernando Camacho, el 29 de diciembre, planteó públicamente que su padre, uno de los principales líderes de la oposición en Santa Cruz, había firmado un pacto con la policía y las Fuerzas Armadas para que no intervinieran contra las protestas que exigían la caída de Morales. Esta información, para la militancia del Movimiento Al Socialismo, demostraba las intenciones del golpe de Estado y Evo Morales lo señaló como la “prueba irrefutable” de que el país experimentó la planificación de un proceso de sedición con el objetivo de derrocarlo. Camacho, además, admitió que su acción fue fruto de un acuerdo multisectorial que involucró mineros, las fuerzas armadas y organizaciones como la CONAMAQ y los Ponchos Rojos. Esta articulación, fue decisiva para que la población volviera a brindar su adhesión electoral al Movimiento Al Socialismo. Sin embargo, a mediano plazo, afectó la cohesión de las diversas organizaciones, ya que nuevos liderazgos ingresaron al gobierno generando una reorganización del MAS y una pérdida de influencia de Morales. El ya expresidente se refugió en el Chapare, transformándose en un crítico a la conducción de Luis Arce y David Choquehuanca, factores que a futuro explicarían la derrota electoral del 17 agosto del año 2025.
Contra todos los pronósticos de la prensa opositora, el MAS triunfó en las elecciones de octubre de 2020 con más del 50% de los votos, bajo la dupla conformada por Luis Arce y David Choquehuanca. Según Pablo Ortiz, no era el proyecto político que se había acabado, sino más bien “el mando único, la repetición sin fin de la figura de Morales como presidente”.
Luis Arce triunfó tomando distancia de su antecesor y promoviendo nuevos liderazgos al interior del MAS. Se asumió como un líder que llevaría Bolivia a un proceso de cambio respetando las normas democráticas e iniciando una nueva etapa de modernización. En nuestra perspectiva, el triunfo del MAS se debió a la confluencia de diversos ámbitos, como los votos de resistencia al golpe, logrando un bloque unificado urbano y rural; también influyó la violencia contra los emblemas y a las mujeres indígenas durante la restauración conservadora. A esto se sumó la incapacidad de la oposición de articularse en un grupo cohesionado, lo que significó la dispersión de los votos opositores al MAS. Esta fue una lección aprendida que contribuyó a la unidad en las últimas elecciones, facilitando el triunfo de Rodrigo Paz.
Al interior del MAS, quienes lucharon por recuperar la democracia reconocieron a los actores que se movilizaron y a los liderazgos que irrumpieron ante esta coyuntura. Uno de los principales grupos reconocidos fueron las mujeres, quienes combatieron en las calles organizadas en las “Bartolinas”. De hecho, durante el gobierno de Arce, una de ellas fue nombrada a cargo del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización de Bolivia. Por su parte, antiguos dirigentes que se autoexiliaron fueron obligados a pasar a un segundo plano; Álvaro García Linera se refugió en Argentina y México, viajando esporádicamente a Bolivia a dictar conferencias y clases en diversas universidades.
Willy Maydana Esprella, exmilitante del MAS y que ocupó diversos cargos ministeriales durante los catorce años de gobierno de Evo Morales, nos explica en una entrevista concedida el 16 de diciembre de 2025: “Nos equivocamos: asumimos en enero 2006 y jamás habíamos trabajado en el Estado, porque siempre había estado un Estado excluyente. En las elecciones pusimos en la lista a diputados y a senadores, la gran mayoría eran dirigentes de las organizaciones fundadoras del MAS. Todos estos grandes dirigentes que venían de la lucha, y de años de tortura y de cárcel, se incorporaron a la gestión pública, dentro de los ministerios y viceministerios. Ser ejecutivos de estas organizaciones no es simple, había que haber militado muchos años”. Y añade: “Los días del golpe nos hemos encontrado con organizaciones muy debilitadas, porque los nuevos dirigentes no tenían nexos con las bases. Nos equivocamos, no fue un error consciente, sino que necesitábamos de estos compañeros, porque queríamos que ellos fueran parte de la construcción de un nuevo Estado. No podíamos hacer un Estado sin ellos, que habían luchado tantos años. Pero dejamos a las organizaciones con cuadros y dirigentes que no habían luchado”.
Otro elemento nos parece relevante antes de concluir: los hechos ocurridos en el país en 2019 se inscriben en las tendencias de cambio regional que atravesó América Latina durante estos años, aunque con connotaciones específicas. En particular, si bien lo acontecido puede considerarse un estallido, a este se sumaron fuerzas políticas de carácter marcadamente conservador y de restauración del orden político pre MAS. Por lo tanto, en Bolivia, se dieron estallidos dentro del estallido. Esto no desvirtúa el hecho de que tales eventos también respondieron a un intento de recuperación del proceso democrático, erosionado por la excesiva concentración del poder en la figura de Morales y algunas cúpulas dirigenciales del MAS.
Tras el golpe, el gobierno de Arce intentó integrar las demandas de democratización con escaso éxito, provocando el distanciamiento de la base social que durante décadas había construido su Instrumento Político bajo la forma del MAS. Esta desarticulación, favoreció la victoria de Rodrigo Paz en noviembre de 2025, marcando el retorno de la derecha al Ejecutivo tras veinte años (sin considerar el gobierno de facto de Áñez). Si bien no se trata de una derecha extrema comparable a otras experiencias regionales (como Milei en Argentina o Kast en Chile), el nuevo gobierno electo ya ha demostrado una orientación opuesta a las principales conquistas sociales de los movimientos indígenas. Una vez más, la centralización del poder se ha traducido en una marginación de las demandas históricas de los pueblos originarios. Tal vez, como nos dijo Willy Maydana Esprella, podemos verlo como un voto de castigo. Se destaca la irrupción del candidato de centroderecha Rodrigo Paz Pereira (32%), que disputó la segunda vuelta con el derechista Jorge “Tuto” Quiroga (27%), frente a la baja adhesión de Andrónico Rodríguez. El denominado “sucesor de Morales” obtuvo solo un 8% y sufrió el estallido de un artefacto explosivo, además de piedrazos, al salir del local de votación. Por su parte, el llamado de Morales de anular las elecciones tuvo un respaldo significativo. Como lo tituló el Órgano Electoral Plurinacional: “el voto nulo arrasó en el Chapare y Rodrigo Paz fue el candidato que más apoyo recibió en las urnas”. De ese modo, el estallido dentro del estallido es un ámbito a explorar para comprender la dinámica de los movimientos sociales de los últimos años o, como lo denomina Raquel Gutiérrez, los “ritmos del Pachakuti”.
Fernando Pairican Padilla / Alessandro Cesi
Cecilia Graciela Rodríguez Balmaceda, Universidad de Burgos, España, cgrbalmaceda@ubu.es. Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca y profesora de Ciencia Política en la Universidad de Burgos.
Víctor Tricot Salomón, School of International Training (SIT), Study Abroad, España, victor.tricot@sit.edu, profesor asociado del SIT y doctor en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca.
Joaquín Rozas-Bugueño, Universitat Autónoma de Barcelona, España, joaquin.rozas@uab.cat. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universitat Pompeu Fabra, investigador del Institut de Govern i Polítiques Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador joven del Núcleo Milenio n.º NCS2024_065 sobre Crisis Políticas en América Latina-CRISPOL, financiado por ANID.
José Manuel Rivas Otero, Universidad de Salamanca, España, jmrivas@usal.es. Doctor en Ciencia Política y profesor permanente laboral de la Universidad de Salamanca.
Claire Wright, Ulster University, Irlanda del Norte, c.wright@ulster.ac.uk. Doctora en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca y profesora de Estudios Políticos e Internacionales en la Universidad de Ulster.
Fernando Pairican Padilla, Universidad Católica de Chile, fernando.pairican@uc.cl. Doctor en Historia, académico de la Escuela de Antropología UC e investigador VIODEMOS.
Alessandro Cesi, Universidad de Nápoles “L’Orientale”, Italia, a.cesi@unior.it, alumno de doctorado.